Reflexiones sobre el 8M: Una deuda histórica con las mujeres colombianas
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Reflexiones sobre el 8M: Una deuda histórica con las mujeres colombianas

Escrito por María Cristina Hurtado

Pese a los avances en materia de género en Colombia, el número de mujeres víctimas de violencia y las barreras de acceso a la justicia todavía son preocupantes. ¿Cuáles son esas barreras?

María Cristina Hurtado*

¡Ni una más!

Las violencias contra niñas, adolescentes y mujeres en Colombia son diversas y atroces: violencia sexual, intrafamiliar o vicaria; explotación sexual en la prostitución, trata y tráfico o explotación reproductiva; reclutamiento armado, feminicidio o desplazamiento forzado; matrimonio infantil, uniones tempranas o abandono estatal. 

Cada 8 de marzo las mujeres nos reunimos para contar las víctimas y agregamos: “ni una más”. Además, conmemoramos nuestras luchas y logros frente a una sociedad patriarcal que condena a las víctimas y frente a un Estado indolente incapaz de hacer efectivas sus políticas de prevención, atención y garantías de no repetición de estas violencias. 

Según la fundación Justicia para Todas en 2023 hubo 239 feminicidios en Colombia y 47 en los primeros meses de 2024. De acuerdo con Medicina Legal, 218 feminicidios en 2023. Esto deja en evidencia que la educación patriarcal crea prototipos de hombres violentos que aprenden desde su infancia que las niñas, adolescentes y mujeres son de su propiedad. 

De ahí que la narrativa más común del feminicida cuando la mujer rompe el círculo de violencia y decide abandonar el hogar o el vínculo sentimental sea: “si no es para mí, no es para nadie”. Esto supone una sentencia de muerte para la mujer y, en ocasiones, una violencia vicaria contra sus hijos o hijas. 

El subregistro de las violencias de sexo y género es alto debido a múltiples factores: el temor a la retaliación por parte de los agresores, la dependencia económica y emocional o la naturalización de la inoperancia e impunidad en la justicia.

La constante infravaloración de la vida, dignidad, integridad y libertad de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, la familia y el Estado se traducen en imaginarios y prácticas discriminatorios por sexo y género que en algunos casos son naturalizados y justificados incluso en la administración de la justicia. 

Foto: Facebook: ICBF - La apuesta del gobierno del Sistema Nacional de Justicia Familiar del ICBF implica la ampliación de plantas de personal y la dignificación laboral de comisarios y defensores de familia.

Por el derecho a una vida libre de violencias

Según cifras de la Procuraduría General de la Nación, en Colombia se registran tres casos de violencia de género por hora y solamente el 10 % de las víctimas accede a algún servicio ofrecido por alguna institución, mientras que la impunidad en los casos denunciados alcanza el 98 %.

De acuerdo con el FORENSIS de Medicina Legal, se dieron 22 607 valoraciones por violencia sexual en 2021. El 81 % de las víctimas fueron menores de 18 años y los principales agresores fueron familiares adultos. El grupo más grande corresponde a niñas entre 10 y 14 años, 41,09 % y el segundo a niñas entre 5 a 9 años, 18 %. Del total de mujeres, el 37,2 % sufrió su primer evento antes de los 13 años. 

Esto constituye una violencia de género y generacional e indica, como diría el gran filósofo Estanislao Zuleta, que la familia no es “un océano de mermelada sagrada” y que muchas niñas, adolescentes y mujeres duermen con su agresor. Por ello, es necesario superar los sesgos familistas que ponen por encima la “unidad familiar” sobre los derechos humanos de las víctimas, condenándolas a convivir con su victimario. En esos casos, el agresor debe salir de la familia y ser judicializado. Las víctimas deben ser protegidas.

Estas expresiones de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres están basadas en formas de socialización que naturalizan y legitiman la violencia y perpetúan las asimetrías de poder, la hipersexualización, la cosificación y la mercantilización de sus cuerpos y sus vidas. 

Por otra parte, la extrema desigualdad en Colombia se agrava por la confluencia de fenómenos como el conflicto armado, los flujos migratorios mixtos, la crisis postpandemia y la pobreza multidimensional que afecta especialmente a poblaciones que se encuentran en zonas rurales y pertenecientes a grupos étnicos históricamente discriminados. Todo esto exacerba la violencia contra las mujeres.

Las mujeres no necesitamos que nos digan cómo cuidarnos. Las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencias y a un país seguro en el que vivir. Lo que necesitamos son varones que no nos agredan sexualmente, que no nos priven de la vida y la dignidad. El amor patriarcal no puede ser un riesgo mortal para las mujeres. Superar esto es el principal reto de nuestra sociedad.

Para ello, los varones tienen que asumir su propia responsabilidad en este cambio. Tenemos las normas más garantistas y completas de la región que nos hemos encargado de crear nosotras mismas, arrebatándole a ellos su tradición de aprobar normas a su favor, burlando impunemente estas grandes conquistas históricas.

Las barreras de acceso a la justicia para las mujeres

El subregistro de las violencias de sexo y género es alto debido a múltiples factores: el temor a la retaliación por parte de los agresores, la dependencia económica y emocional o la naturalización de la inoperancia e impunidad en la justicia. 

Además, son cruciales las barreras que existen en el país para abordar este problema con enfoque de género en la justicia: la deficiente arquitectura de las instituciones (comisarías y defensorías de familia, juzgados, fiscalías, medicina legal, policía judicial y de infancia), la falta de talento humano capacitado e idóneo, la insuficiencia de recursos en las instituciones, la precariedad de la cobertura estatal en zonas remotas y vulnerables y la escasa destinación de recursos para la prevención y el cambio cultural en el abordaje de estas violencias. 

En otras palabras, estas son las barreras de acceso a la justicia más importantes: 

  • La tolerancia institucional y social, las prácticas de revictimización, culpabilización y exposición de la privacidad de las víctimas;
  • el paseo de la violencia entre instituciones que provoca en ocasiones el desistimiento de las víctimas;
  • los imaginarios y prácticas discriminatorias por género en las actuaciones administrativas, policivas y judiciales;
  • la falta de credibilidad en la versión de las víctimas y en ocasiones el señalamiento de culpa y responsabilidad de los hechos;
  • la precariedad de servicios especializados de atención psico-terapéutica; 
  • la ausencia de refugios para mujeres y sus hijos en gran parte de los municipios del país;
  • la ausencia de médicas forenses que produzcan pruebas para comenzar investigaciones y proteger con oportunidad a las víctimas según contempla la Ley 1257 de 2008,  “por una vida de violencia contra las mujeres”, y que sigue sin ser una realidad después de 16 años de haber sido redactada por nosotras.

Este es un panorama preocupante y compromete al Estado por falta de debida diligencia. 

El principal reto del gobierno

El desafío para el actual gobierno es enorme, más aún cuando el artículo 203 de su Plan de Desarrollo se propone la creación del “Sistema Nacional de Justicia Familiar”. Este sistema pretende mejorar las defensorías del ICBF, las comisarías de familia coordinadas por el Ministerio de Justicia que dependen de los entes territoriales y otras autoridades encargadas de la protección integral y el restablecimiento de derechos de niñas, adolescentes, mujeres y sus familias.

La constante infravaloración de la vida, dignidad, integridad y libertad de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, la familia y el Estado se traducen en imaginarios y prácticas discriminatorios por sexo y género que en algunos casos son naturalizados y justificados incluso en la administración de la justicia.

Esto implica una ampliación de plantas de personal, la dignificación laboral de comisarios y defensores de familia en el país, una arquitectura institucional sólida y procesos de formación con enfoque de sexo y género. Con ello, se quiere garantizar la autonomía y mejorar la eficiencia de estas autoridades para lograr procesos robustos de restablecimientos de derechos que tengan como centro a las víctimas. Ellas deben poder acceder fácilmente a la justicia, sin ser revictimizadas y sin que sus casos queden en impunidad. 

Adicionalmente, es fundamental que haya una coordinación con el Ministerio de la Igualdad y el Sistema Nacional del Cuidado, cuando entre en funcionamiento, en las responsabilidades de prevención, monitoreo, y atención de las violencias contras las mujeres ya que esta situación puede convertirse en un caso de falta de debida diligencia del Estado colombiano. 

Como feminista y defensora de derechos humanos, espero que la construcción de la “Paz total” incluya la paz en las vidas de las mujeres, niñas y adolescentes del país. 

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