“Habemus defensora”: ¿se rompió el techo de cristal en la Defensoría del pueblo?

Iris Marín es la nueva Defensora del Pueblo. Su nombramiento representa un hito en la historia de la entidad y de las mujeres en el Estado colombiano. Aquí le contamos algunos de los retos más importantes que tendrá que enfrentar la primera mujer Defensora del Pueblo.

María Cristina Hurtado Sáenz*

La primera mujer Defensora

El feminismo como movimiento social y político emancipador acuñó el concepto de “techo de cristal” para referirse a las barreras visibles e invisibles, difíciles de traspasar y que se traducen en los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en su carrera profesional.

Estas barreras no existen precisamente por carencia de formación y experiencia, sino que están soportadas por un sustrato masculinizado, cargado de privilegios que históricamente han impedido que las mujeres accedan a puestos de poder o dirección. 

Es cierto que se han logrado ganancias históricas para las mujeres en paridad e igualdad y en la lucha y erradicación de discriminaciones históricas en los espacios laborales. Esto ha ocurrido gracias al aumento en la escolaridad de las mujeres y su participación masiva en el mercado de trabajo, la lucha sin cuartel de las organizaciones sociales de mujeres, la academia, las organizaciones defensoras de derechos humanos (DDHH), el feminismo y el Estado mismo. Sin embargo, aún se mantienen espacios restrictivos donde impera la lógica patriarcal y se traducen en brechas de desigualdad por sexo y género.

Un ejemplo ilustrativo de esto es lo sucedido en la historia de la Defensoría del Pueblo de Colombia: tuvieron que pasar 32 años de existencia de esta institución para que una mujer, Iris Marín, fuera elegida como primera defensora del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo fue creada por la Constitución Política de 1991 como un órgano autónomo de control del gobierno y que hace parte del Ministerio Público. Su misión es “velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario dentro del estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista”, como dice el Capítulo II de nuestra carta magna.

Esta historia de 32 años de hegemonía masculina fue interrumpida gracias a la valiente decisión política del presidente de la república Gustavo Petro, quien decidió presentar una terna de mujeres a la Cámara de representantes todas ellas con atributos profesionales, y experiencia  reconocida en la defensa y protección de los derechos humanos. 

De hecho, la defensoría ha contado históricamente con mujeres valiosas que han asumido cargos de dirección en temas especializados a través de sus delegadas, direcciones y defensorías regionales pero el techo de cristal, la falta de voluntad política del ejecutivo y la creciente politización de la entidad no habían permitido que alguna llegara a la primera posición.

Personalmente, he sido en dos ocasiones defensora delegada para derechos humanos de mujeres y de infancia y juventud y guardo gran agradecimiento y respeto por los años que estuve al frente de estas posiciones como defensora de derechos humanos y feminista que me permitieron desplegar mis atributos, conocimientos, perspectiva ética y de derechos a favor de las personas más excluidas, víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a los derechos humanos y al DIH. 

Pero también agradezco haber aprendido de las/os funcionarios de la institución, de las comunidades, las organizaciones sociales particularmente de mujeres y de infancia en los territorios y la institucionalidad, siendo la mayoría de las veces el primer nivel de urgencias y la ambulancia humanitaria más importante del país en medio de la deprivación, exclusión, confinamiento y el conflicto armado.

La época oscurantista y el reto de la nueva defensora

Constituye un hito en nuestra historia institucional que la primera mujer Defensora del Pueblo se haya declarado feminista y haya puesto énfasis en la defensa y protección de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres. Ninguna mujer, hasta ahora, que ha ocupado espacios de poder en las grandes jerarquías del Estado había hecho público esta condición. De hecho, hemos tenido fiscal, procuradora, presidentas de Cortes, alcaldesas y gobernadoras, pero ninguna había expresado de manera contundente su posición feminista. 

El feminismo ante todo es un ejercicio político y ético de igualdad, como anota Amelia Valcárcel en su último libro, La civilización feminista: “El feminismo es el conjunto de teoría, agenda y prácticas políticas que ha guiado la defensa de la igualdad y la ciudadanía de las mujeres, así como la obligación sistemática del antes universalmente asumido privilegio masculino en la sociedad. El feminismo no es un estado de ánimo, sino que es uno de los grandes troncos de las ideas políticas de occidente. Propiciado por el crecimiento de la democracia como forma política, resulta una de las corrientes de fondo más seguras, pero está pasando a convertirse en un tipo de compromiso civilizatorio”.

Lamentablemente, en las dos últimas administraciones, la Defensoría del Pueblo ha perdido notablemente sus atributos y misionalidad debido al alto grado de politización y perdida de espacios y reconocimiento que la ha llevado a un creciente oscurantismo técnico y misional. 

Esta entidad se ha convertido en un fortín político de partidos tradicionales, lo cual, inevitablemente, se ha reflejado en muchas ocasiones en pérdida de su credibilidad y al arrinconamiento e invisibilización de niveles técnicos especializados que han sido la memoria histórica y de conocimiento de la entidad.  

A continuación, y con ánimo solidario y respetuoso, enumeraré a modo de ejemplo algunas fallas pasadas y seguidamente las recomendaciones que hago con respeto a la defensora del pueblo Iris Marín, a quien admiro y con quien he compartido espacios de colegaje y construcción en la defensa y protección de los derechos humanos y la paz y a quien le deseo una excelente gestión.

Derechos humanos de niñas/os adolescentes y mujeres

Es necesario recuperar y fortalecer la agenda necesaria de trámite político con las organizaciones sociales de mujeres y feministas y de defensa de la infancia que, lejos de ser una pretensión de cogobierno, se convierta en una verdadera agenda de incidencia.

Además, es inaplazable la formulación de un sistema de alertas tempranas que prevenga, registre y analice las graves violencias sobre niños/as adolescentes (NNA) y mujeres, como el feminicidio, la explotación sexual en la prostitución, la trata con fines de explotación sexual, la violencia sexual intrafamiliar y en el marco del conflicto armado, la violencia vicaria, el matrimonio infantil, el desplazamiento forzado, el reclutamiento forzado y su conexidad con los delitos sexuales, entre otras violencias.

Muchos informes de riesgo emitidos por el sistema de alertas tempranas e informes defensoriales han llamado la atención sobre estas graves violaciones, pero no han sido atendidos por los gobiernos de turno para actuar en prevención. A mi parecer, esto constituye graves casos de falta de debida diligencia del Estado, los cuales incluso podrían ser llevados ante tribunales internacionales para buscar responsabilidades del Estado colombiano por acción o por omisión.

Es prioritario robustecer la transversalidad del enfoque de derechos humanos de las mujeres por sexo y género a las demás instancias de la institución y fortalecer las duplas de género y la defensa técnica y el acompañamiento a víctimas por parte de las/os defensores/as públicos con formación específica en justicia de género e infancia y adolescencia. 

Lamentablemente, la politización de estas nóminas y la pérdida gradual de exigencias técnicas ha llevado a que sean proveídas por personas que no cumplen con los requisitos exigidos. Esta situación también se ha trasladado a los funcionarios de planta provisional de los más altos grados que en ocasiones no cumplen con el conocimiento especializado, ni la experiencia necesaria. Esto genera desequilibrios al interior de la entidad, baja en la calidad de atención a las víctimas y sobrevivientes y una pérdida paulatina del enfoque técnico de la institución. 

Un reto fundamental para la Defensora es recuperar el liderazgo y la credibilidad de la institución que se ha expresado históricamente a través de informes defensoriales en profundidad con equipos técnicos especializados en el análisis de campo, con la participación de las comunidades afectadas y con recomendaciones de política pública. Muchos de estos informes han contado con apoyo de la cooperación internacional y las organizaciones sociales de derechos humanos. 

Esta expresión de la magistratura moral es definitiva para la toma de decisiones de política pública y para el análisis de graves afectaciones a los DDHH y el DIH. Por ello, es necesario fortalecer en recursos y equipos la dirección de Promoción y Divulgación, para que lidere los procesos de formación a funcionarios/as con enfoque de derechos humanos de mujeres y de género, para recuperar experiencias y saberes comunitarios y ancestrales en la construcción de paz por parte de las mujeres, para la formación en doble vía con las comunidades y organizaciones sociales, y para que, ojalá, se cuente con una Escuela de Derechos humanos y DIH que sea referente para el país.

Es inaplazable recuperar la iniciativa legislativa de la defensoría del Pueblo que ha sido abandonada en su totalidad en las dos últimas administraciones. Personalmente tuve la fortuna de participar en la corredacción y construcción colectiva con la sociedad civil y las organizaciones de infancia del Código de infancia y adolescencia ley 1098/06, la cual fue presentada por iniciativa legislativa de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría y, posteriormente, hice la secretaría técnica y fui corredactora desde la delegada de mujeres para la construcción colectiva con las organizaciones de mujeres  y las instituciones del Estado de la ley 1257/08 “Ley por una vida libre de violencias contra las mujeres”. 

Los dos ejercicios legislativos pusieron a tono las legislaciones desuetas y de corte patriarcal a las exigencias de la Convención internacional de los derechos del niño/a y de otro lado a la Convención interamericana de Belén Do Pará. Es lamentable que la Defensoría haya perdido el liderazgo en el seguimiento e implementación de la ley 1257/08, definitiva en momentos de agudización de las violencias contra las mujeres, y su participación en audiencias en el Congreso de la República determinantes en la tramitación de leyes.

La Defensoría también ha brillado por su ausencia en la elaboración de conceptos contundentes y soportados para la Corte Constitucional, que en muchas ocasiones en el pasado fueron definitivos para la producción de autos como el 092 que declaró el efecto desproporcionado del conflicto armado y el desplazamiento  en la vida de las mujeres y que tomó como uno de sus soportes la investigación defensorial, el informe Promoción y Monitoreo de los Derechos Sexuales y reproductivos de mujeres víctimas de desplazamiento forzado con énfasis en violencia violencias intrafamiliar y sexual, que tuve la fortuna de dirigir.

Por una Defensoría feminista

Así las cosas, el reto civilizatorio y democrático de la nueva Defensora del Pueblo, Iris Marín, implica una ruptura con la tradición de los últimos años y la demostración de independencia y ejercicio crítico.

Para traducir en clave de mujer la agenda de igualdad, seguridad y paz, veo con esperanza el futuro de la entidad y aplaudo con pasión la llegada de una feminista declarada. Pido a las diosas que iluminen su camino y el de la Institución que tanto respeto. 

Termino recordando a Florence Thomas “Ser feminista es y ha sido la opción de vida más digna para las mujeres”. Sé que la defensora reconoce el aporte enorme de miles de mujeres que le prestamos nuestros hombros para subirse en ellos y empezar una construcción colectiva y amorosa.

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