María Cristina Hurtado, autor en Razón Pública
Foto: Alcaldía de Bogotá

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Entre el 29 de mayo y el 2 de junio del año en curso hubo seis feminicidios en Colombia. La masculinidad no debe ser reconstruida, por el contrario, debe ser abandonada como constructo cultural violento; debe haber un ejercicio de renuncia, deserción y objeción de la masculinidad hegemónica que sigue cobrando la vida de cientos de mujeres.

María Cristina Hurtado Sáenz*

¿La violencia feminicida, un tema que le compete solo a las mujeres?

El compromiso de los varones en la prevención, erradicación y garantías de no repetición de la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres constituye un tópico que raras veces es analizado cuando ocurren fenómenos como la violencia sexual, intrafamiliar, en el contexto del conflicto armado, institucional y en la violencia feminicida, entre otras.

Esto contribuye poco a la búsqueda de responsabilidades autocríticas individuales y colectivas de los hombres y a la transformación de percepciones y prácticas que validad y naturalizan este tipo de violencias. Entre el 29 de mayo y el 2 de junio del año en curso hubo seis feminicidios en Colombia, una de las víctimas fue una niña de 14 años de edad.

Fuente: Fiscalía General de la nación

En el juicio de feminicidio de Valentina Trespalacios, desde el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hasta el abogado representante de víctimas, Miguel Ángel del Rio, coincidieron en el discurso que le recomendaba a las mujeres  “que vieran las señales de peligro”. Es decir, los hombres nos recomendaron a las mujeres cómo protegernos de ellos, trasladándole la culpa a las víctimas con señalamientos como “no pudieron leer a tiempo esas señales, “no denuncian a tiempo”, “vuelven con el agresor” o “perdonan al agresor”.

Es decir, los hombres nos recomendaron a las mujeres cómo protegernos de ellos.

Estas premisas desconocen  la  ineficiencia, la respuesta tardía y a destiempo de las instituciones del Estado  y  peor aún las condiciones de dependencia emocional, afectiva, económica, violencia vicaria, miedo a la retaliación por parte del agresor, estigmatización, pérdida de autonomía y autoestima, naturalización de la violencia, falta de credibilidad en la justicia ante altos niveles de impunidad  y revictimización  entre otras causas, que rodea en su mayoría  a las víctimas de este tipo de  violencia.

El 28 de mayo de 2024 tan solo un día antes del feminicidio de Estefany Barranco, a quien su expareja asesinó en el centro comercial Santa Fe en Bogotá y que fue calificado por la policía de Bogotá como “crimen pasional”, el gobierno sancionó la ley 2536 de 2024 que elimina la posibilidad de casa por cárcel, la exclusión de los beneficios y subrogados penales y elimina la reducción de penas para los condenados por feminicidios.

Se exigieron medidas punitivas y agravación de penas, sin embargo, ningún columnista varón reputado, académico o reconocido líder de opinión se refirió a la responsabilidad de los hombres en la prevención y erradicación de este tipo de violencias. Tampoco analizaron que las violencias contra las mujeres no son más que el resultado inequívoco de la reproducción histórica de prácticas patriarcales que validan la inferioridad de las mujeres respecto de los hombres y su propiedad sobre ellas.

Brillaron por su ausencia, análisis autocríticos de varones cuestionándose y cuestionando al patriarcado que perpetua la violencia, aún a sabiendas de que no hacerlo y poner en evidencia la responsabilidad propia y colectiva de los varones contribuye a legitimarlo. Como bien lo anotó Luis Miguel Hoyos, abogado y filósofo colombiano objetor del patriarcado, en una publicación de X:

“Para mi desgracia el patriarcado induce en algunos congéneres una regresión moral que deshumaniza a las mujeres, negando su personería, su ciudadanía y tratándolas como propiedad comunal, en un acto reminiscente de las peores épocas que resisten a desaparecer,… no se trata de crímenes pasionales, es un crimen de poder y dominación que debe ser reconocido como feminicidio, es crucial que se haga justicia y se disipe la niebla de ignorancia que todavía envuelve la realidad del feminicidio en Colombia. La justicia debe ser feminista”.

La violencia intrafamiliar y de pareja, el corredor de la muerte

El feminicidio es la peor cara de la misoginia, la muerte surte su propósito como escarnio público, simbólico e intimidante para recordarle a las mujeres que se den por notificadas de su deber de obediencia. La conducta feminicida en la mayoría de los casos está precedida de un corredor de la muerte que es la violencia intrafamiliar y de pareja y la notificación al agresor por parte de la mujer de romper con el vínculo violento, acudir a la justicia o solicitar la custodia de sus hijos/as, se convierte en el detonante que pone en peligro su vida y en ocasiones las de sus hijas/os (violencia vicaria).

A esto se suma la falta de arquitectura institucional territorial eficiente y oportuna, principalmente en las comisarías, defensorías de familia y fiscalía, pues muchas de las víctimas contaban con medidas de protección y evaluación de riesgo feminicida y, aún así, el agresor no fue privado de la libertad o la fiscalía consideró el riesgo feminicida bajo y quedó en libertad hasta que cumplió su ideación feminicida.

Sin embargo, en el momento en que escribo este artículo, veo con sorpresa que  la fiscal general de la nación acaba de proponer principios de oportunidad parciales a agresores señalados de violencia intrafamiliar, basada en el hecho de que “las mujeres que acuden a denunciar escenarios de violencia intrafamiliar no necesariamente  quieren que su compañero  o esposo sea privado de la libertad y sea condenado, quieren una solución para la situación conflictiva que  viven”

Estoy segura de que la génesis del conflicto de pareja y familiar no se puede resolver en una instancia judicial donde ya el derecho fue violado. Lo que procede es proteger la vida de las mujeres y los niños/as involucrados. Mal haría el Estado en consultarle a las víctimas mujeres si una persona que constituye un peligro para ellas y su familia debe ser privado o no de la libertad, este tipo de propuestas pueden poner en riesgo a las víctimas y son involutivas.

Hace 16 años, las mujeres en la ley 1257/08 logramos superar el sesgo facilista de conservar la “unidad familiar” a como diera lugar y logramos privilegiar los derechos humanos de las víctimas y su protección inmediata en el delito de violencia intrafamiliar. Además, es claro que no es desistible, querellable, conciliable ni excarcelable, razón por la cual esperamos que la fiscalía ponga en consonancia su declaración con estas ganancias históricas de las mujeres en la justicia.

La responsabilidad ética y autocrítica de los varones en el desmonte de la violencia misógina.

Estudiar la intencionalidad y la genealogía de los agresores y potenciales agresores, sus condiciones emocionales, procesos de socialización primaria, entornos sociales y comunitarios, educativos, familiares, de salud mental, entre otros, es una responsabilidad de las políticas públicas de prevención de las violencias contra las mujeres para no tener que actuar cuando los derechos ya han sido violados.

Las políticas del Estado colombiano no han puesto el énfasis en la prevención y cambio cultural de los imaginarios y practicas discriminatorios y violentos que se traducen en feminidades y masculinidades arquetípicas, soportadas en el amor romántico, la debilidad y sumisión de las mujeres, y el privilegio de los varones. Imaginarios que refuerzan el mito de las princesas dispuestas a ser rescatadas por príncipes que las privan de su autonomía, vidas y proyectos propios, y que se convierten en el caldo de cultivo perfecto para las grandes discriminaciones y ejercicio de violencias.

La masculinidad no debe ser reconstruida, por el contrario, debe ser abandonada como constructo cultural violento.

Las mal llamadas “nuevas masculinidades” y otros ejercicios edulcorantes disfrazados de “deconstrucción” enmascaran una realidad inocultable, la masculinidad no debe ser reconstruida, por el contrario, debe ser abandonada como constructo cultural violento. Debe haber un ejercicio de renuncia, deserción y objeción de la masculinidad hegemónica para pasar a nuevas formas de relacionamiento equipotentes y transgresoras, disidentes del modelo tradicional que ha privado a los varones históricamente  de su ejercicio de las labores del cuidado de la vida, el medio ambiente, la crianza y la socialización, las labores domésticas, la protección de la niñez, entre otros.

Ser potencial agresor de violencia contra las mujeres no constituye un sino inevitable, por el contrario, se puede convertir en una situación superable y modificable.  El verdadero reto es privilegiar la remoción de las practicas violentas patriarcales desde la socialización temprana, los procesos educativos, la equidad y paridad laboral, las relaciones igualitarias de pareja, etc.

Además, es vital el cuestionamiento de prácticas que deshumanizan e instrumentalizan el cuerpo y la dignidad de las mujeres como la trata con fines de explotación sexual en la prostitución, la explotación reproductiva de las mujeres, la pornografía y sus derivados, que van instalando un sustrato cultural donde la vida de las mujeres es de menor valía y son transables como bienes de cambio y uso y no son fines en sí mismas.

La responsabilidad institucional por acción y por omisión

La incapacidad institucional lleva de nuevo a convocar: mesas de crisis, emergencia por violencias de género, los PMU (prevención y manejo de urgencias) y  el relanzamiento de los sistemas de monitoreo  y seguimiento inanes, porque ni siquiera existe  cobertura en el territorio para cumplir con los propósitos  y  el raquitismo institucional y la congestión  hace imposible hacer seguimiento a las víctimas y agresores, manejo de crisis, garantizar  atención psico-social y psico-terapéutica en doble vía. La fragilidad en los procesos de formación específica en justicia de género causa que estos mecanismos hayan demostrado ineficiencia, falta de debida diligencia y coyunturalidad.

Mientras no exista una transformación institucional profunda que garantice justicia digna, eficiente y especializada con enfoque de sexo y género para las mujeres, producción de sentencias ejemplarizantes, ausencia de impunidad  y políticas de prevención y cambio cultural  dirigida crear conciencia autocritica a los varones  para que cuestionen su quehacer violento e inviten a reflexiones autocríticas  en medios masivos de comunicación y educativos; la bomba patriarcal seguirá estando activa y seguiremos contando víctimas (no existe hasta al momento una campaña institucional del Estado Colombiano  en medios masivos dirigida a este objetivo).

Quiero finalizar con una frase del siquiatra Argentino Enrique Stola: “Los hombres no hemos cambiado haciendo cursos ni leyendo libros, hemos cambiado históricamente por que las mujeres dijeron “no” y “basta”, confirmo con profunda tristeza que en Colombia este acto de coraje, autonomía y poder de las mujeres nos está costando la vida.

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María Cristina Hurtado

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María Cristina Hurtado

*Abogada de la Universidad Nacional, politóloga de la Universidad Javeriana, Magíster en políticas públicas y política social, investigadora, docente de posgrados de la Universidad Nacional, exdelegada de derechos de infancia y mujeres en la Defensoría del Pueblo, corredactora de la Ley 1257 de 2008.

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Valentina Trespalacios, las niñas del Tolima y Antonella Petro son apenas ejemplos del periodismo amarillo y estigmatizador que suelen practicar periodistas y medios influyentes de Colombia.

María Cristina Hurtado Sáenz*

Más que contar noticias

Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la promoción de los derechos humanos. Sin embargo, es innegable que algunos refuerzan estereotipos,  percepciones y prejuicios que vulneran derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes (NNA) y de mujeres, contribuyendo a mantener el sexismo y a estigmatizar a las víctimas de violencias de género o inclusive a justificar a sus agresores. 

La violencia mediática se concreta en el uso de plataformas para reproducir ideas contrarias a la dignidad de los NNA y mujeres mediante estereotipos sexistas o que hagan apología de las violencias.

El periodismo a través de salas de redacción, directores de medios, radio, televisión, prensa, medios digitales y redes sociales, contribuye a la construcción social de la realidad. El periodismo también está ligado a la percepción de hombres y mujeres, cuyas opiniones resultan de patrones patriarcales, que a su vez se reproducen en la familia, la comunidad y el Estado. 

La violencia mediática se concreta en el uso de plataformas para reproducir ideas contrarias a la dignidad de los NNA y mujeres mediante estereotipos sexistas o que hagan apología de las violencias.

Le recomendamos: La trata de mujeres, niñas, adolescentes: ¿cómo prevenirla?

El mal balance de los medios colombianos 

El artículo de El Tiempo “Agresión contra mujeres sigue sin verse como un crimen, dice informe de Llyc” (marzo 4 de 2024), analiza el informe de la consultora Llyc según el cual los medios de comunicación abordan mal la violencia de género y  Colombia es el país donde “más se dramatiza” la violencia contra las mujeres. “En el manejo que se da en Colombia a la violencia de género, es recurrente la dramatización en redes sociales, “Una agresión no es un evento triste, es un crimen” señala el informe. 

Para determinar el tratamiento que le dieron los medios a la violencia de género, Llyc se basó en las 21 reglas de buenas prácticas, entregadas por la Red Mediterránea de Autoridades Reguladoras (MNRA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD.”

“Las principales deficiencias de los medios de comunicación, detectadas en el estudio, fueron la alusión a la salud mental de las víctimas, la negación de las violencias de género, la violación a la privacidad y las justificaciones a la agresión por discusiones, adicciones y enfermedades siquiátricas”. 

Es lamentable corroborar que los colombianos fueron quienes más justificaron las agresiones contra las mujeres al suponer que la víctima provocó o sedujo al agresor;

así respondió el 5% de los encuestados en Colombia. 

Es más: el 75% dijo que los medios destacan más los atributos de la víctima que los del agresor y que los medios minimizan indirectamente la responsabilidad del perpetrador.

Valentina Trespalacios

Con el fin de ilustrar estas situaciones, quisiera referirme al feminicidio de la joven de 23 años Valentina Trespalacios por parte de su pareja, el norteamericano Jhon Poulos, el 21 de enero de 2023.  

Este suceso fue intensamente mediatizado y reveló una faceta dolorosa para las víctimas y sobrevivientes: la revictimización. Varios medios pusieron el foco en la víctima, en su vida íntima, su forma de vestir, actividad laboral (DJ), nivel socioeconómico y nivel educativo. 

Los niveles de indolencia y crueldad en las redes llegaron a utilizar adjetivos como “buscona”, “trepadora”, “vaga”, “drogadicta” para justificar lo sucedido y buscar razones para que el agresor la hubiera asesinado, trasladando la culpa a la víctima.

Uno de estos fue el artículo de El Colombiano Jhon Poulos confesó que asesinó a Valentina Trespalacios mientras tenían relaciones: “Lamento la decisión de meterla en una maleta”.

Dicha nota le dio énfasis a la confesión del feminicida: Imagínese matar a alguien a quien uno ama. Es una sensación horrible. Quedé destruido, yo a ella la amaba. Lamento la decisión de meterla en una maleta y tratar de escapar. La habitación me daba vueltas, había consumido muchas drogas”. Este tratamiento particular de la información produjo reacciones de compasión y empatía con el feminicida. 

El crimen tuvo gran figuración mediática porque el agresor era un extranjero y la víctima pertenecía al mundo del entretenimiento, como una suerte de estratificación de las víctimas, ante un universo de 218 feminicidios en 2023, según Medicina Legal,  los cuales en su gran mayoría pasaron desapercibidos.

Además, como dice Yamile Roncancio “En los chats de las plataformas que transmitían audiencias judiciales se leían comentarios como, “eso le pasa por estar buscando gringos para que las mantengan”. “En este caso, los cubrimientos eran acompañados con imágenes en las que siempre se veía a la víctima estereotipada, con poca ropa y siempre en medio de una fiesta, se usaban mientras se hablaba de la tortura sufrida y la forma en la que fue desechada de forma inhumana”.

Es típico de estos cubrimientos periodísticos la difusión de entrevistas con vecinos, el manejo de las versiones de oídas, las filtraciones judiciales y las fotos hipersexualizadas de las víctimas, lo cual redunda en una altísima revictimización de la víctima y su familia y el uso de ellas de manera coyuntural para después abandonarlas a sus precarios recursos. 

A esto suele sumarse la exculpación del victimario debido a sus circunstancias personales (consumo de sustancias, celos, enfermedad mental etc.) y al presunto uso económico y emocional de la que pudo haber sido sujeto por parte de la víctima.

Para la infancia no es mejor

Es frecuente también el tratamiento irresponsable y estigmatizador en los casos de delitos sexuales contra NNA, explotación en la prostitución y trata con fines de explotación sexual donde se refieren a ellas como “niñas en prostitución” o “en actividades sexuales pagas”, o que “prestaban servicios sexuales”. Estas etiquetas desconocen la condición de víctimas de conductas penales que viven algunas NNA.

Adicionalmente, es común naturalizar y legitimar las relaciones sexuales y “sentimentales” entre adultos y niñas y adolescentes, desconociendo que toda actividad sexual con menores de 14 años es un delito sexual agravado, así sea con el consentimiento de la víctima.

Al respecto, es ilustrativa la noticia de la emisora ONDAS de Ibagué (23 de Mayo de 2024) que se tituló “ Niñas del sur del Tolima no fueron raptadas, estaban con sus novios”. En este caso, las niñas tenían 12 y 17 años y sus “compañeros sentimentales” 35 y 37 años.

“El mayor Jorge Iván Puentes comandante del distrito de Chaparral, reveló que la primera pequeña fue hallada en compañía de un hombre de 35 años de edad quien presuntamente sería su compañero sentimental, la adolescente estaba voluntariamente con el sujeto y descartó que se haya tratado de un rapto”.

Salud Hernández y Antonella Petro

Por último y, por ser de actual ocurrencia, relaciono apartes de la columna  de Salud Hernández de la eevista Semana Carta a Antonella Petro”, donde asevera refiriéndose a la hija de 15 años del presidente Petro, Antonella: “Encuentro descorazonador que una adolescente crea que las proclamas incendiarias, calumniar a tus oponentes y mentir sin ruborizarse sean el camino recto que deba seguir la juventud”

Hernández agrega que  “Podría ocurrir que la próxima ocasión en que usted viaje a Italia de paseo, sus amigos europeos le transmitan su alarma al creer que en Colombia los millones que no votaron por su papá y rechazan sus políticas abrazan la esclavitud y la matanza de jóvenes”. 

En respuesta, Antonella Petro le escribe una carta a la periodista donde asevera: “Usted a lo largo de su carta estigmatiza mi vida, mi forma de ser y de pensar (…) Sin embargo parece que usted, respetada periodista, por verme al lado de mi papá buscó la ocasión de utilizarme como instrumento para criticarlo”

Como parte de la respuesta, la hija del presidente también dice: “si su intención es juzgar el discurso de mi padre, lo cual es totalmente válido, podría haberlo hecho sin necesidad de mencionarme (…) No soy una adolescente ni sesgada, ni ignorante como usted intenta plantear en incontables ocasiones en su artículo”.

Este caso ejemplifica perfectamente la forma en que una periodista autodeclarada de oposición del gobierno, que incluso ha sido defensora de derechos de infancia y adolescencia en otras columnas y trabajos periodísticos, hace prevalecer su sesgo político sobre el interés superior de los derechos de la adolescente de forma revictimizante y estigmatizante, sin que hasta hoy la columnista o el medio hayan hecho ninguna rectificación o excusa.

Por una nueva ética mediática con enfoque de género

En Colombia, aunque contamos con un marco legal robusto de los derechos humanos de las mujeres y las NNA y con tratados internacionales suscritos por el Estado, no tenemos un código de ética y deontológico único con enfoque de género para los medios de comunicación públicos y privados. 

Un enfoque de ese tipo es necesario, especialmente para los periodistas y las víctimas, pues es necesario establecer límites legales y éticos que dejen claro que la libertad de expresión no puede ejercerse a costa de violar otros derechos humanos.

Foto: CityTv

La violencia mediática se le puede atribuir a cualquier medio de comunicación que, de manera directa e indirecta, promocione o legitime estereotipos discriminatorios por sexo y género y haga apología de la violencia contra NNA y mujeres

De hecho, algunos medios de gran difusión como El Tiempo (Jineth Bedoya, editora de género) y El Espectador (Impacto mujer) tienen expertas en análisis de las noticias con perspectiva de género. 

Adicionalmente, existe la Red Colombiana de periodistas con visión de género, que cumple un papel importante en difundir pautas éticas, sin embargo, la gran mayoría de los medios adolecen de este apoyo. 

A mi parecer, y para abrir la discusión, considero que la violencia mediática se le puede atribuir a cualquier medio de comunicación que, de manera directa e indirecta, promocione o legitime estereotipos discriminatorios por sexo y género y haga apología de la violencia contra NNA y mujeres. 

Cualquier medio que produzca o permita la reproducción de discursos de odio sexistas que causen daño psicológico, sexual, físico, económico, o de otra índole y que atenten o vulneren la vida, salud, libre desarrollo de la personalidad, dignidad, integridad, libertad, seguridad y otros derechos fundamentales. 

Para enfrentar esto, es necesario implementar códigos éticos y procesos de formación y cambio cultural en la representación mediática de las NNA y mujeres que impidan vulnerar sus derechos. Por último, recuerdo la vieja consigna feminista: “Lo que no se nombra no existe”, pero en este caso lo que se nombra y comunica mal, es peligroso, encubre, invisibiliza y daña.

Lea en Razón Pública: https://razonpublica.com/las-marchas-del-8m-la-respuesta-la-policia-las-mujeres-somos-las-enemigas/

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María Cristina Hurtado

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María Cristina Hurtado

*Abogada de la Universidad Nacional, politóloga de la Universidad Javeriana, Magíster en políticas públicas y política social, investigadora, docente de posgrados de la Universidad Nacional, exdelegada de derechos de infancia y mujeres en la Defensoría del Pueblo, corredactora de la Ley 1257 de 2008.

Foto: Public Domain Pictures

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Qué han hecho, qué no han hecho y qué deben hacer las autoridades de Colombia ante la trata y explotación de menores de edad por parte de nacionales y turistas extranjeros.

María Cristina Hurtado*

Esclavitud en nuestros tiempos 

La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (NNA) y mujeres es un fenómeno equiparable a la esclavitud. Esta es una institución fundacional del patriarcado, pero además es uno de los negocios más rentables porque se alimenta de factores como el ciclo vital, la clase social, la orientación sexual, la violencia dentro del núcleo familiar, la feminización de la pobreza, la racialización, la migración y el desplazamiento por el conflicto armado.

Según el informe de la Relatora Especial del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos de la Niñez sobre venta, prostitución y el uso de niñas y niños en la pornografía de 2015, “Las estructuras patriarcales que promueven la dominación sexual masculina y no condenan la comercialización de niñas y mujeres, constituyen un nivel subyacente fundamental de la demanda”.

Por otra parte, el Grupo de Trabajo de la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada Transnacional reunido en Viena y en la Recomendación General número 38 de 2020  de la CEDAW  “insta a los Estados partes a que desalienten la demanda que fomenta la explotación sexual en todas sus formas  y conduce a la trata de personas, con miras a eliminar esa demanda y también se alienta a los Estados partes a que consideren entre otras medidas, en el marco de la legislación nacional respectiva, la posibilidad de aplicar sanciones a los demandantes”.

El informe de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las víctimas de trata de personas hace un reconocimiento explícito de cómo la demanda impulsa un mercado que se sirve de la trata para abastecerse y del género como factor determinante para la comprensión del fenómeno. Del mismo modo, el Protocolo de Palermo y la Ley 985 de 2005 definen que la explotación sexual consiste en la obtención de beneficios económicos o de otro tipo, mediante la participación de una persona en la prostitución o en la producción de material pornográfico.

Miles de hombres son educados por la pornografía y muchos pueden terminar consumiendo pornografía infantil. Pueden ser hombres triunfadores y funcionales, “dignos hijos del patriarcado”. Por ello, más que aumentar penas, hay que aplicar las existentes. Las propuestas de cadena perpetua, por ejemplo, solo contribuyen a que los agresores maten a sus víctimas para que no sean denunciados.

Por otra parte, la meta 5.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible compromete a los Estados a “Eliminar todas las formas de violencia contra las niñas y las mujeres en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación, y considera que la explotación sexual de mujeres y niñas para el 2030 implica que ninguna mujer o niña deba experimentar esta violencia, que es a la vez causa y consecuencia de la feminización de la pobreza y cosificación de lo femenino”.

Lea en Razón Pública: Reflexiones sobre el 8M: Una deuda histórica con las mujeres colombianas

Legitimación e impunidad

Aunque en Colombia la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes constituye un delito agravado, se presentaron más de 1593 denuncias en la Fiscalía en 2023. El departamento que registra más víctimas es Antioquia, con 1159 desde 2010. 

Aunque este sea un delito con un alto subregistro e impunidad, existe un sustrato cultural e institucional que naturaliza y legitima las relaciones sexuales entre adultos y menores de edad. Esto contribuye a su invisibilización. De hecho, el caso mediático del norteamericano Timothy Livingston fue emblemático por un ciudadano que denunció con la policía el ingreso de dos menores de edad a su habitación en el hotel Gothan de Medellín. 

Sin embargo, también enciende las alarmas sobre una situación conocida en el país y naturalizada por la sociedad y la mayoría de las instituciones. De nuevo pone en evidencia la incapacidad del Estado, su desarticulación y posible connivencia que se traduce en impunidad por parte de la policía, la Fiscalía, el ICBF, el MinInterior y el MinIgualdad. De hecho, el informe de la mesa contra la explotación sexual comercial de NNA en Medellín afirma que de 3014 procesos de este tipo de violencia entre 2010 y 2022 casi el 90 % está en indagación y tan solo un 4,1 % ha llegado a juicio. 

No estamos en presencia de un delito de explotación comercial sino de un delito de trata con fines de explotación sexual de NNA, mujeres adultas y personas LGBTI,  donde  redes de proxenetas y tratantes ofrecen en catálogos que soportan el mal llamado “turismo sexual” donde los “clientes” o “puteros” pueden escoger el sexo, edad, raza y orientación sexual de las víctimas. 

Además, existen nexos claros con los grupos narcotraficantes que controlan la economía subterránea de ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena y Cúcuta,  convirtiéndose en una renta criminal millonaria complementaria a la extorsión y el microtráfico y donde los demandantes son nacionales y extranjeros.

La responsabilidad de los varones

Es claro que sin demanda no hay oferta. Sin demanda no hay explotación sexual ni trata. Entonces, la responsabilidad de los varones demandantes y proxenetas es fundamental para el cambio cultural y para la abolición de estas prácticas violatorias de los derechos humanos de NNA y mujeres adultas. 

Miles de hombres son educados por la pornografía y muchos pueden terminar consumiendo pornografía infantil. Pueden ser hombres triunfadores y funcionales, “dignos hijos del patriarcado”. Por ello, más que aumentar penas, hay que aplicar las existentes. Las propuestas de cadena perpetua, por ejemplo, solo contribuyen a que los agresores maten a sus víctimas para que no sean denunciados. 

Además, es clave erradicar la revictimización, la estigmatización y la judicialización de las personas explotadas en la prostitución, la pornografía y la trata, reconociéndolas como sujetos de especial protección constitucional.

Esta suerte de populismo punitivo no tiene un efecto en la disuasión ni disminución de los delitos. La prevención y la transformación de imaginarios que reducen a las mujeres y a la niñez a objetos de consumo y naturalizan estas violencias como “trabajo” son urgentes. Eufemismos como “actividades sexuales pagas”, “oficio” o “servicio” disfrazan la indignidad y la esclavitud de miles de mujeres en el mundo y que convierten a los tratantes y proxenetas en “empresarios” que ahora podrán pagar impuestos y legalizarse. 

¿Qué hacer para promover la prevención?

La mayoría de las víctimas y sobrevivientes de trata y explotación sexual son mujeres que fueron víctimas de violencia sexual por parte de algún miembro de su familia en su infancia y adolescencia o en el marco del conflicto armado. También se da el caso de mujeres desplazadas que se convirtieron en las víctimas perfectas para las redes de tratantes y proxenetas. 

Es necesario reconocer la explotación sexual de la prostitución ajena y la trata con fines de explotación sexual en la prostitución, la pornografía y modalidades análogas de explotación sexual como violencia misógina, basada en el sexo, en el género y en la discriminación.

Para ello, es esencial el control y la sanción social y judicial de estas conductas criminales y la producción de sentencias ejemplarizantes. Además, es clave erradicar la revictimización, la estigmatización y la judicialización de las personas explotadas en la prostitución, la pornografía y la trata, reconociéndolas como sujetos de especial protección constitucional. 

Antes que poner la atención a las “personas en actividades sexuales pagas”, es urgente que haya una atención especializada en salud mental y física acorde con la afectación de estos hechos, oportunidades de acceso a educación, trabajo digno, vivienda y apoyo en crianza de hijos para quienes deseen salir de la prostitución y para prevenir que más mujeres y NNA sean explotadas sexualmente. Esto debe aplicarse en especial a las mujeres desplazadas internamente, rurales, afro, indígenas, en situación de pobreza y exclusión social y migrantes.

Es inaplazable sancionar efectivamente la conducta de los explotadores sexuales directos e indirectos, aplicando la legislación penal vigente sobre explotación sexual:

Por último, la Corte Constitucional deja claro en la Sentencia C-636 de 2009 que la principal protección en este tipo de delitos es la dignidad humana “Como la prostitución es una actividad que comporta graves consecuencias para la integridad de la dignidad de las personas, pese a la tolerancia jurídica de que es objeto, la Corte encuentra legítimo que el Estado dirija sus esfuerzos a desestimularla, a reducir sus efectos e incluso a erradicarla”. 

Aquí se abre un debate entre “la regulación” o la “abolición” en mujeres adultas. Como feminista y defensora de derechos humanos considero que el cuerpo, la dignidad y los derechos humanos inalienables de las mujeres no pueden ser motivo de transacción alguna, pero es un análisis complicado y espinoso al que invito a discutir fraternalmente.

Le recomendamos: Así es la explotación sexual de menores en Medellín

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María Cristina Hurtado

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María Cristina Hurtado

*Abogada de la Universidad Nacional, politóloga de la Universidad Javeriana, Magíster en políticas públicas y política social, investigadora, docente de posgrados de la Universidad Nacional, exdelegada de derechos de infancia y mujeres en la Defensoría del Pueblo, corredactora de la Ley 1257 de 2008.

Foto: Alcaldía de Medellín

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Pese a los avances en materia de género en Colombia, el número de mujeres víctimas de violencia y las barreras de acceso a la justicia todavía son preocupantes. ¿Cuáles son esas barreras?

María Cristina Hurtado*

¡Ni una más!

Las violencias contra niñas, adolescentes y mujeres en Colombia son diversas y atroces: violencia sexual, intrafamiliar o vicaria; explotación sexual en la prostitución, trata y tráfico o explotación reproductiva; reclutamiento armado, feminicidio o desplazamiento forzado; matrimonio infantil, uniones tempranas o abandono estatal. 

Cada 8 de marzo las mujeres nos reunimos para contar las víctimas y agregamos: “ni una más”. Además, conmemoramos nuestras luchas y logros frente a una sociedad patriarcal que condena a las víctimas y frente a un Estado indolente incapaz de hacer efectivas sus políticas de prevención, atención y garantías de no repetición de estas violencias. 

Según la fundación Justicia para Todas en 2023 hubo 239 feminicidios en Colombia y 47 en los primeros meses de 2024. De acuerdo con Medicina Legal, 218 feminicidios en 2023. Esto deja en evidencia que la educación patriarcal crea prototipos de hombres violentos que aprenden desde su infancia que las niñas, adolescentes y mujeres son de su propiedad. 

De ahí que la narrativa más común del feminicida cuando la mujer rompe el círculo de violencia y decide abandonar el hogar o el vínculo sentimental sea: “si no es para mí, no es para nadie”. Esto supone una sentencia de muerte para la mujer y, en ocasiones, una violencia vicaria contra sus hijos o hijas. 

El subregistro de las violencias de sexo y género es alto debido a múltiples factores: el temor a la retaliación por parte de los agresores, la dependencia económica y emocional o la naturalización de la inoperancia e impunidad en la justicia.

La constante infravaloración de la vida, dignidad, integridad y libertad de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, la familia y el Estado se traducen en imaginarios y prácticas discriminatorios por sexo y género que en algunos casos son naturalizados y justificados incluso en la administración de la justicia. 
Foto: Facebook: ICBF - La apuesta del gobierno del Sistema Nacional de Justicia Familiar del ICBF implica la ampliación de plantas de personal y la dignificación laboral de comisarios y defensores de familia.

Le recomendamos: Conmemoración del Día de la Mujer: más allá del 8 de marzo

Por el derecho a una vida libre de violencias

Según cifras de la Procuraduría General de la Nación, en Colombia se registran tres casos de violencia de género por hora y solamente el 10 % de las víctimas accede a algún servicio ofrecido por alguna institución, mientras que la impunidad en los casos denunciados alcanza el 98 %.

De acuerdo con el FORENSIS de Medicina Legal, se dieron 22 607 valoraciones por violencia sexual en 2021. El 81 % de las víctimas fueron menores de 18 años y los principales agresores fueron familiares adultos. El grupo más grande corresponde a niñas entre 10 y 14 años, 41,09 % y el segundo a niñas entre 5 a 9 años, 18 %. Del total de mujeres, el 37,2 % sufrió su primer evento antes de los 13 años. 

Esto constituye una violencia de género y generacional e indica, como diría el gran filósofo Estanislao Zuleta, que la familia no es “un océano de mermelada sagrada” y que muchas niñas, adolescentes y mujeres duermen con su agresor. Por ello, es necesario superar los sesgos familistas que ponen por encima la “unidad familiar” sobre los derechos humanos de las víctimas, condenándolas a convivir con su victimario. En esos casos, el agresor debe salir de la familia y ser judicializado. Las víctimas deben ser protegidas.

Estas expresiones de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres están basadas en formas de socialización que naturalizan y legitiman la violencia y perpetúan las asimetrías de poder, la hipersexualización, la cosificación y la mercantilización de sus cuerpos y sus vidas. 

Por otra parte, la extrema desigualdad en Colombia se agrava por la confluencia de fenómenos como el conflicto armado, los flujos migratorios mixtos, la crisis postpandemia y la pobreza multidimensional que afecta especialmente a poblaciones que se encuentran en zonas rurales y pertenecientes a grupos étnicos históricamente discriminados. Todo esto exacerba la violencia contra las mujeres.

Las mujeres no necesitamos que nos digan cómo cuidarnos. Las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencias y a un país seguro en el que vivir. Lo que necesitamos son varones que no nos agredan sexualmente, que no nos priven de la vida y la dignidad. El amor patriarcal no puede ser un riesgo mortal para las mujeres. Superar esto es el principal reto de nuestra sociedad.

Para ello, los varones tienen que asumir su propia responsabilidad en este cambio. Tenemos las normas más garantistas y completas de la región que nos hemos encargado de crear nosotras mismas, arrebatándole a ellos su tradición de aprobar normas a su favor, burlando impunemente estas grandes conquistas históricas.

Las barreras de acceso a la justicia para las mujeres

El subregistro de las violencias de sexo y género es alto debido a múltiples factores: el temor a la retaliación por parte de los agresores, la dependencia económica y emocional o la naturalización de la inoperancia e impunidad en la justicia. 

Además, son cruciales las barreras que existen en el país para abordar este problema con enfoque de género en la justicia: la deficiente arquitectura de las instituciones (comisarías y defensorías de familia, juzgados, fiscalías, medicina legal, policía judicial y de infancia), la falta de talento humano capacitado e idóneo, la insuficiencia de recursos en las instituciones, la precariedad de la cobertura estatal en zonas remotas y vulnerables y la escasa destinación de recursos para la prevención y el cambio cultural en el abordaje de estas violencias. 

En otras palabras, estas son las barreras de acceso a la justicia más importantes: 

  • La tolerancia institucional y social, las prácticas de revictimización, culpabilización y exposición de la privacidad de las víctimas;
  • el paseo de la violencia entre instituciones que provoca en ocasiones el desistimiento de las víctimas;
  • los imaginarios y prácticas discriminatorias por género en las actuaciones administrativas, policivas y judiciales;
  • la falta de credibilidad en la versión de las víctimas y en ocasiones el señalamiento de culpa y responsabilidad de los hechos;
  • la precariedad de servicios especializados de atención psico-terapéutica; 
  • la ausencia de refugios para mujeres y sus hijos en gran parte de los municipios del país;
  • la ausencia de médicas forenses que produzcan pruebas para comenzar investigaciones y proteger con oportunidad a las víctimas según contempla la Ley 1257 de 2008,  “por una vida de violencia contra las mujeres”, y que sigue sin ser una realidad después de 16 años de haber sido redactada por nosotras.

Este es un panorama preocupante y compromete al Estado por falta de debida diligencia. 

El principal reto del gobierno

El desafío para el actual gobierno es enorme, más aún cuando el artículo 203 de su Plan de Desarrollo se propone la creación del “Sistema Nacional de Justicia Familiar”. Este sistema pretende mejorar las defensorías del ICBF, las comisarías de familia coordinadas por el Ministerio de Justicia que dependen de los entes territoriales y otras autoridades encargadas de la protección integral y el restablecimiento de derechos de niñas, adolescentes, mujeres y sus familias.

La constante infravaloración de la vida, dignidad, integridad y libertad de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, la familia y el Estado se traducen en imaginarios y prácticas discriminatorios por sexo y género que en algunos casos son naturalizados y justificados incluso en la administración de la justicia.

Esto implica una ampliación de plantas de personal, la dignificación laboral de comisarios y defensores de familia en el país, una arquitectura institucional sólida y procesos de formación con enfoque de sexo y género. Con ello, se quiere garantizar la autonomía y mejorar la eficiencia de estas autoridades para lograr procesos robustos de restablecimientos de derechos que tengan como centro a las víctimas. Ellas deben poder acceder fácilmente a la justicia, sin ser revictimizadas y sin que sus casos queden en impunidad. 

Adicionalmente, es fundamental que haya una coordinación con el Ministerio de la Igualdad y el Sistema Nacional del Cuidado, cuando entre en funcionamiento, en las responsabilidades de prevención, monitoreo, y atención de las violencias contras las mujeres ya que esta situación puede convertirse en un caso de falta de debida diligencia del Estado colombiano. 

Como feminista y defensora de derechos humanos, espero que la construcción de la “Paz total” incluya la paz en las vidas de las mujeres, niñas y adolescentes del país. 

Puede Leer: Un triunfo para la infancia y las mujeres: la prohibición de la alienación parental

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María Cristina Hurtado

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María Cristina Hurtado

*Abogada de la Universidad Nacional, politóloga de la Universidad Javeriana, Magíster en políticas públicas y política social, investigadora, docente de posgrados de la Universidad Nacional, exdelegada de derechos de infancia y mujeres en la Defensoría del Pueblo, corredactora de la Ley 1257 de 2008.

Foto: ICBF

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Foto: ICBF

La Corte Constitucional prohibió el uso del Síndrome de Alienación Parental a la hora de decidir la custodia de los hijos. ¿Qué significa esto y por qué era un concepto polémico?

María Cristina Hurtado*

Sentencia histórica

En una sentencia histórica, T-526-2023, con ponencia de la magistrada Diana Fajardo, la Corte Constitucional “proscribe el uso del instrumento diagnóstico conocido como Síndrome de Alienación Parental, que no está acreditado actualmente en la ciencia en tanto lesiona los derechos prevalentes de niñas/os y adolescentes; reproduce estereotipos de género y genera eventos de discriminación y por tanto violencia contra la mujer en razón del género”.

El supuesto síndrome, que no tiene ningún respaldo científico, fue el delirio misógino creado por el psiquiatra norteamericano Richard Garner que lo definió en 1985 de la siguiente manera: “es la manipulación o instrumentalización de uno de los padres, generalmente la madre, quien crea una campaña de difamación contra otro en el marco de las disputas generadas en los procesos de custodia y cuidado personal de los hijos/as.”

En mis columnas y artículos he analizado el sesgo patriarcal de las normas que regulan el derecho. Lamentablemente, el supuesto Síndrome de Alienación Parental (SAP) hizo carrera en nuestro país y ha sido usado para arrebatar la custodia de los hijos a las madres en favor de los padres que, muchas veces, están involucrados en eventos de violencia intrafamiliar o sexual.

Muchas sentencias proferidas por jueces o actos administrativos de comisarios y defensores de familia han estado plagados de términos que muestran este sesgo: “madre maliciosa”, “interferencia parental”, “refuerzo negativo parental”, “implantación de falsas memorias”, “programación parental” o “coordinación parental”.

De esta forma, se estigmatiza a las madres y se les resta importancia a sus testimonios y sus denuncias pues quedan enmarcadas en un cuadro clínico de manipulación, venganza y mitomanía a partir de estereotipos de género.

Por otra parte, se menosprecian los testimonios de los hijos o hijas víctimas de violencia intrafamiliar o sexual por parte de los padres. En consecuencia, corren el riesgo de quedar desprotegidos al tener que convivir con sus agresores.

Puede Leer: Los retos del Instituto de Bienestar Familiar

¿Cómo surgió la sentencia?

En la sentencia, la Corte analiza el caso de una madre cuya pareja tenía antecedentes de violencia intrafamiliar y a quien una Comisaría de familia le otorgó medidas de protección. Pese a eso, el hombre denunció a la mujer por manipular a su hijo alegando el SAP. Adicionalmente, el juzgado suspendió su régimen de visitas por lo que el acusado interpuso una acción de tutela que fue escogida por la Corte Constitucional para ser revisada.

el supuesto Síndrome de Alienación Parental (SAP) hizo carrera en nuestro país y ha sido usado para arrebatar la custodia de los hijos a las madres en favor de los padres que, muchas veces, están involucrados en eventos de violencia intrafamiliar o sexual.

En un acto de reconocimiento del interés superior de la infancia, la Corte Constitucional amparó los derechos del adolescente el cual había relatado en varias instancias que había sufrido agresiones físicas y psicológicas por parte de su padre, lo que “le ha generado sufrimiento y angustia constante cuando tiene que relacionarse con su progenitor.” Además, afirmó que el adolescente tenía derecho a “ser oído y a que sus consideraciones para la construcción de su vida en términos de dignidad sean tenidas en cuenta.”

En este caso, los operadores aplicaron una mirada familista pues le dieron prioridad al derecho del padre de recibir visitas sobre el interés superior del menor de edad. En ese sentido, el testimonio del hijo no fue tenido en cuenta por lo que la Corte dejó en claro que “la Alienación Parental puede constituir una trampa que evita que se investiguen otras razones por la que los hijos/as muestren rechazo al padre o madre.” Ningún menor está obligado a convivir con su agresor.

Adicionalmente, la Corte anotó que “se verifican hechos de violencia institucional por las decisiones que reprodujeron sin mayor reflexión la presunta existencia de un fenómeno de alienación parental y omitieron tener en cuenta la violencia existente para proteger a la madre del adolescente.”

Un fallo que reconoce a las madres

Es fundamental que la Corte no solo proscriba el uso del SAP sino que afirme que “se utiliza con fundamento en estereotipos de género para invisibilizar situaciones de violencia intrafamiliar y de género”. Por otra parte, es importante que haga un llamado a los operadores judiciales para que apliquen el enfoque de género como deber del Estado de prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género.

Aquí hago insistencia en la necesidad de desarrollar procesos de formación dirigidos a remover y transformar imaginarios y prácticas discriminatorias por sexo y género de los operadores de la justicia y administrativos. En otras palabras, el denominado SAP no tiene sustento científico, pone en duda la capacidad de juicio y discernimiento de los menores de edad y reproduce esquemas de violencia contra la mujer.

Si bien la Corte acepta que pueden existir eventos en que los niños puedan ser instrumentalizados por sus progenitores, “esta situación deberá ser analizada ampliamente teniendo en cuenta instrumentos validados por la ciencia y con enfoque de derechos, que reconozca y no mine su agencia, valorando su proceso de maduración acorde a su edad”, pero jamás recurriendo al perverso Síndrome de Alienación Parental.

Este es un triunfo colectivo de la Corte Constitucional, de la sociedad civil, de las víctimas, de los organismos internacionales de derechos humanos, del periodismo y de los defensores de derechos humanos de infancia y mujeres.

Con este fallo, la Corte recoge las recomendaciones hechas por organismos internacionales de derechos humanos como el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer de Naciones Unidas Reem Alsalem, y la Organización mundial de la salud (OMS), que en 2020 eliminó el SAP de la clasificación internacional de enfermedades.

Foto: ICBF - El “Síndrome de alienación parental” no tiene sustento científico. Además, reproduce esquemas de violencia contra la mujer.
Foto: ICBF - El “Síndrome de alienación parental” no tiene sustento científico. Además, reproduce esquemas de violencia contra la mujer.

hago insistencia en la necesidad de desarrollar procesos de formación dirigidos a remover y transformar imaginarios y prácticas discriminatorias por sexo y género de los operadores de la justicia y administrativos.

Además los conceptos propuestos por el ICBF, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Salud apoyan el carácter violatorio de derechos de infancia y de mujeres de este falso y peligroso síndrome, además de denunciar la falta total de soporte científico.

Pero lo más importante es que este fallo reconoce años de lucha valiente de las víctimas, madres, organizaciones de derechos humanos de infancia y de mujeres, abogadas que hemos apoyado esta causa, psicólogos, psiquiatras y en particular de la valiente periodista colombiana Alexandra Correa.

En los últimos cuatro años, Correa investigó los testimonios de las víctimas del SAP que perdieron la custodia de sus hijos o hijas tras denunciar violencia sexual o intrafamiliar contra sus parejas y denunció los efectos perversos de este síndrome nacional e internacionalmente. Además, acompañó a las víctimas y exigió una respuesta por parte de las instituciones.

El reto es lograr que a partir de esta valiosa sentencia las instituciones apliquen el enfoque de género en las sentencias y en actos administrativos de jueces comisarios y defensores de familia en Colombia. Es fundamental que se valoren los testimonios de los niños y adolescentes víctimas de violencia sexual e intrafamiliar y que las distintas entidades del Estado hagan pedagogía de esta sentencia tanto a operadores como a la sociedad en general.

La justicia no puede seguir legitimando y validando ideologías patriarcales.

Lea en Razón Pública: ¿Regular o prohibir el alquiler de vientres en Colombia?

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María Cristina Hurtado

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María Cristina Hurtado

*Abogada de la Universidad Nacional, politóloga de la Universidad Javeriana, Magíster en políticas públicas y política social, investigadora, docente de posgrados de la Universidad Nacional, exdelegada de derechos de infancia y mujeres en la Defensoría del Pueblo, corredactora de la Ley 1257 de 2008.

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El contexto particular del conflicto armado interno desde hace varias décadas en nuestro país, a pesar de los procesos de búsqueda de paz y de justicia transicional, provee un desafortunado escenario de afectaciones específicas que horadan gravemente el goce y ejercicio pleno de los derechos humanos y particularmente de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes.

“El uso de la violencia sexual como arma de guerra en la confrontación armada en Colombia es cada vez más evidente, esta hace parte de un conjunto de prácticas comunes en el contexto de degradación de la guerra. El control físico de las mujeres, retención, violación, desnudez forzada, aborto forzado, contagio forzado de ITS, prostitución forzada, esclavitud sexual, trata con fines de explotación sexual entre otras graves violaciones a sus derechos humanos, hacen parte del control simbólico de un territorio y de una población. Por lo general la intimidación y la amenaza directa obligan a las mujeres y a sus comunidades a guardar silencio y a no denunciar estas prácticas atroces e invisibles de la guerra”. (Hurtado Sáenz María Cristina).

De acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, la violencia sexual puede constituir un acto de genocidio, un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad, que no son susceptibles de amnistías o indultos en el marco de la justicia transicional. La agresión sexual es funcional al mantenimiento de la desigualdad entre hombres y mujeres, la jerarquía patriarcal y de la misoginia, donde el terror de las mujeres que se activa ante la amenaza de ser víctimas de este tipo de violencias es un mecanismo de control sobre ellas.

En el 2008, en el marco del gobierno de Álvaro Uribe, en uno de los momentos más crueles de la exacerbación del conflicto armado interno  con presencia de múltiples actores armados, siendo Defensora Delegada para derechos de mujeres e infancia en la Defensoría del pueblo, dirigí con un grupo de trabajo que se movilizó por todo el país, la  investigación “Promoción y Monitoreo de los Derechos sexuales y reproductivos de mujeres víctimas de desplazamiento forzado, con énfasis en violencias intrafamiliar y sexual”, uno de los testimonios que más me dolió y que logró ilustrar los límites extremos a los que llegó nuestro conflicto fue la de una joven de Policarpa Nariño, transcribo a continuación apartes de este: «llegó un grupo armado muy grande, rodearon la casa ahí y empezaron a amenazar a la gente, a los trabajadores, en ese momento mataron a un muchacho sangre fría le pegaron dos tiros en la cabeza, yo me traté de ocultar en la pieza, , tumbaron la puerta y me encontraron, entraron 3 de ellos y abusaron de mí, me golpearon y a las demás muchachas nos pegaban con las armas, dijeron: “esta es carne fresca”, entonces nos metieron en la pieza a las 3, mi suegra mi cuñada y mi persona, entonces la suegra mía le dijo: “No, no le vayan a hacer nada a ella porque está en embarazo”, y uno de ellos contestó “eso es mucho mejor, así me gusta más”».

Esta investigación practicó 2.200 encuestas a mujeres, y recogió variedad de testimonios de víctimas de diversos actores armados, los cuales no fueron denuncias pues ninguna mujer está en capacidad de denunciar ante las autoridades a un actor armado que tiene control territorial y que puede retaliar contra ella o su familia, razón por la cual el nivel de impunidad es del 98%. Si bien en la mayoría de los procesos de paz en el mundo al cual no se escapa Colombia es común el negacionismo de la violencia sexual por parte de los actores armados ,en esta dirección  es importante dimensionar la importancia de que la JEP haya abierto el macrocaso 011 sobre violencia sexual ya que  esta  es más común en las zonas que siguen bajo el dominio de grupos armados pese a la firma del acuerdo de paz , estos lugares suelen ser disputados por distintos actores entre los que se cuentan paramilitares, disidentes de las extintas FAR-EP y narcotraficantes. El reto de la JEP, entre otros, es superar la impunidad de este tipo de delitos, evitar la revictimización, y  lograr la participación y escucha de más de 35.178 víctimas registradas por estos crímenes por parte de todos los actores armados entre 1957 y 2016, guardo la esperanza  de que muchas de las investigaciones de quienes nos hemos dedicado al análisis crítico de este fenómeno y somos defensoras de derechos humanos de las víctimas, sean tenidas en cuenta, de hecho la presión de las organizaciones de mujeres y de las víctimas fue la que en últimas logró la apertura de este macrocaso que constituye uno de los grandes retos para la JEP ya que nuestro cuerpo, dignidad e integridad son los primeros lugares de la realización de nuestros derechos humanos.

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María Cristina Hurtado

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María Cristina Hurtado

*Abogada de la Universidad Nacional, politóloga de la Universidad Javeriana, Magíster en políticas públicas y política social, investigadora, docente de posgrados de la Universidad Nacional, exdelegada de derechos de infancia y mujeres en la Defensoría del Pueblo, corredactora de la Ley 1257 de 2008.

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Me invadió un gran sentimiento de agradecimiento y me conmoví profundamente cuando un comité organizador liderado por mi  maestra y  socia de causas Florence Thomas  me invitó a participar en el reencuentro feminista 60+, el 12, 13, y 14 de Septiembre de este año en Santa Marta,  un espacio de pegamento y memoria histórica que nos convocaba a algunas mujeres feministas mayores de 60 años  a unir las piezas de años de militancia en una tarea conjunta desde diferentes orillas del feminismo para identificar nuestro aporte  pero también los retos ante la coyuntura actual y la realidad de los derechos humanos de las mujeres alrededor de discusiones fraternas.  Fuimos 95 mujeres en un Reencuentro de grandes construcciones en” la casa, en la calle y en la cama”, y sobre todo puentes de afecto, respeto y colaboración con esta lucha por la igualdad, la equidad y la dignidad de las niñas, las adolescentes y las mujeres.
Muchas transitamos por la 2a y 3a ola del feminismo y la mayoría aplaudimos y buscamos puentes con la 4ª ola de este poderoso y vigoroso relevo histórico y generacional, muchas aportamos  y lo seguimos haciendo corajudamente desde la academia, el Estado y las políticas públicas, las organizaciones sociales de mujeres ,los territorios, la política, el arte y diversos escenarios a las grandes construcciones de la participación y representación política de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la interrupción voluntaria y legal del aborto, las leyes contra las violencias ejercidas contra las mujeres en los espacios privados , familiares, comunitarios, y en el marco del conflicto armado y por “una vida libre de violencias”, el acceso a la propiedad y la tierra, el efecto del conflicto armado en nuestros cuerpos, ,la construcción de la paz en un país donde ya no queremos “parir más hijas/os para la guerra”, el arte y la cultura ,el abolicionismo vrs el regulacionismo ,el acceso a la justicia, la lucha contra la explotación sexual y reproductiva, entre otros.

Así poco a poco nos convocamos desde nuestras diversidades y experiencias individuales y colectivas y recorrimos los caminos de la memoria y el compromiso, de los triunfos y las derrotas, de las deudas históricas con la vida digna de las mujeres y los retos para las nuevas generaciones. Hemos hecho parte de grandes cambios legislativos, en la cultura y en la sociedad, y en la remoción de imaginarios y prácticas discriminatorias por sexo y género,  hemos  construido lineamientos de políticas públicas, protocolos, modelos de atención, proyectos comunitarios y políticos,  y movilizaciones sociales por la democracia, la paz y la vida entre otras, pero principalmente hemos producido leyes con enfoque de sexo y género  y hemos transformado otras tantas  con sesgos patriarcales y misóginos  que no consultaron nuestras voces, como bien anotaría Montaigne hace 5 siglos: “ las mujeres tienen razón de rebelarse contra las leyes porque las hicimos sin ellas”, pues bien las mujeres de este país en los últimos 60 años, hemos nombrado lo innombrable, “porque lo que no se nombra no existe”, las leyes cada vez se parecen más  a nosotras, colectivamente hemos construido a vía de ejemplo la legislación para la  despenalización   del aborto , la ley de violencias contra las mujeres ley 1257/08, la ley de feminicidio 1761 de/15, la ley de violencias contra mujeres en el marco del conflicto armado 1719/14 y muchas otras que les arrebataron a los varones su exclusivo privilegio de legislar en algunas ocasiones a favor de sus derechos y en detrimento de los nuestros.

Personalmente desarrollé un análisis crítico sobre el actual proyecto de ley presentado por el gobierno “por medio del cual se regula la subrogación uterina para la gestación en Colombia” y que en  el marco de un negocio jurídico neoliberal cosifica e instrumentaliza el cuerpo de las mujeres y hace realidad el cuento terrorífico de “La Criada” de Margaret Atwood,  a través de la compraventa de bebes humanos por parte de terceros a quienes se les privilegia sus “deseos” sobre los derechos fundamentales e inalienables de  sujetos protegidos  convencional, constitucional y legalmente como superiores, considerando a los seres humanos como medios y no como fines donde desaparecemos las mujeres y somos sustituidas por “personas gestantes” y los niños y niñas son llamados como “ productos de la gestación” imponiéndose la lógica del mercado sobre la de la dignidad humana, proyecto de ley que he analizado críticamente  en este medio.

Me llevo en mi alma entre muchos, uno de los lemas del encuentro que ha signado mi vida como feminista desde los 27 años: “SER FEMINISTAS ES Y HA SIDO SIEMPRE LA OPCION DE VIDA MAS DIGNA PARA LAS MUJERES”, agradezco a todas las mujeres que me prestaron sus hombros para subirme en ellos y pongo los míos para la construcción colectiva y amorosa.

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María Cristina Hurtado

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María Cristina Hurtado

*Abogada de la Universidad Nacional, politóloga de la Universidad Javeriana, Magíster en políticas públicas y política social, investigadora, docente de posgrados de la Universidad Nacional, exdelegada de derechos de infancia y mujeres en la Defensoría del Pueblo, corredactora de la Ley 1257 de 2008.

Foto: Alcaldía de Santa Marta

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El gobierno presentó un proyecto de ley que regula la subrogación materna. ¿Cuáles son las implicaciones del proyecto para las mujeres y sus hijos o hijas?

María Cristina Hurtado*

El proyecto

Fui invitada como experta por los Ministerios de Justicia y Salud a la presentación del proyecto de ley «por medio del cual se regula la subrogación uterina para la gestación en Colombia», que ha sido presentado al Congreso por el gobierno nacional. Después de esta invitación, el Ministerio de Justicia consideró pertinente enviar mi concepto a la Cámara de Representantes, donde se iniciará el debate.

El siguiente es un análisis desde la perspectiva de los derechos humanos de las niñas, los niños y las mujeres, por el alto riesgo que implica este proyecto para estas poblaciones —que al menos en teoría cuentan con una especial protección legal, constitucional y convencional—.

Lea en Razón Pública: Maternidad subrogada: mujeres alquiladas y bebés a la venta

¿Derecho civil o derechos humanos?

El Código Civil colombiano define el «negocio jurídico» como la declaración legítima de voluntad destinada a producir efectos jurídicos. El proyecto de ley se basa en la premisa de que se trata de «preservar la protección de los derechos fundamentales de las personas involucradas en los negocios jurídicos que regulen los términos y condiciones de la subrogación uterina para la gestación».

Al considerar a las mujeres como simples medios o técnicas de reproducción asistida, se las cosifica (como si el útero se separara del cuerpo), y se desconoce el principio de inalienabilidad de sus derechos. Por esto mismo puede ponerse al servicio de otras personas o parejas que no quieren o no pueden concebir por razones médicas, biológicas, personales o egoístas.

Foto: Twitter: Irene Montero - Irene Montero, ministra de Igualdad de España, quien ha estado asesorando a Colombia, afirma que su país debe reconocer contundentemente que la subrogación uterina es una forma grave de violencia reproductiva.
El derecho civil regula las cosas, los bienes y el interés público, mientras que los derechos humanos regulan la protección y vigencia de los derechos fundamentales de los seres humanos, especialmente los de mujeres, niños y niñas, quienes son sujetos de especial protección.

Estos derechos incluyen la vida, integridad, dignidad, inalienabilidad, autonomía y los derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Es importante destacar que el cuerpo, o una parte del mismo, como el útero, no puede considerarse una mercancía y no debería ser objeto de transacciones comerciales o «negocios jurídicos».

Al considerar a las mujeres como simples medios o técnicas de reproducción asistida, se las cosifica (como si el útero se separara del cuerpo), y se desconoce el principio de inalienabilidad de sus derechos. Por esto mismo puede ponerse al servicio de otras personas o parejas que no quieren o no pueden concebir por razones médicas, biológicas, personales o egoístas.

Es llamativo que, aunque el proyecto de ley hace referencia a los tratados internacionales sobre los derechos de los niños, evita mencionar explícitamente a las mujeres y los niños y niñas, usando eufemismos que ocultan su corporeidad y derechos. Por ejemplo, a las mujeres se les llama «la persona gestante» y a los niños y niñas se les refiere como «el producto de la gestación».

De esta manera, se impone la lógica del derecho civil sobre la de los derechos humanos, y se usa un lenguaje clínico, médico y comercial que relativiza los derechos fundamentales de las personas, especialmente los de las mujeres, quienes son las únicas que pueden ofrecer el servicio de subrogación uterina para la gestación.

El negocio en lugar de los derechos

A ocuparse de la  “compensación”, el proyecto del gobierno está aplicando una lógica del derecho civil de las cosas y los bienes. Este enfoque legal incluye términos como «daño emergente» y «lucro cesante» en relación con la capacidad reproductiva de las mujeres.

Además, se deja abierta la valoración económica de los gastos médicos, de transporte, asesoramiento legal y psicológico, y cualquier otro costo que sea consecuencia de la subrogación, incluyendo aquellos tratamientos para inducir el embarazo, el parto y el postparto.

Así, los intereses comerciales de los intermediarios, como los centros de fertilidad, bufetes de abogados, psiquiatras, médicos y psicólogos, pueden desvirtuar el supuesto propósito “altruista” del proyecto de ley.

¿Neoliberalismo o altruismo?  

Los intereses de los beneficiarios e intermediarios de este «negocio jurídico» se basan en el individualismo neoliberal y se disfrazan de «altruismo». Se promueven los «deseos» por encima de los «derechos». Esto va en contra del principio liberal de «no daño». Así, se cosifica a las personas (úteros) al tratarlas como objetos o sujetos disponibles para ser comprados o alquilados.

En la exposición de motivos del Proyecto de Ley se analizan las posibles líneas de regulación que podrían aplicarse: prohibición, regulación altruista o regulación comercial.

La regulación altruista sería compatible con la propuesta del gobierno. Sin embargo, el proyecto no aclara los alcances teóricos y prácticos del concepto «altruismo». No queda claro si este concepto se extiende o no a los intereses comerciales de los intermediarios, además de los derechos de las mujeres gestantes, que a menudo son pasados por alto.

Es más, como señala  Martha Albert, “toda forma de gestación y parto de un bebé para otras personas, convierte el cuerpo de la mujer en mercancía y es lesiva de sus derechos, así sea en las formas altruistas”.

¿Regular la violencia de género?

Llama la atención que países desarrollados como España, Italia, Francia, Alemania, o Suiza hayan adoptado una perspectiva prohibicionista para proteger los derechos humanos de niñas, niños y mujeres. Esto se basa en la noción de que los derechos son inalienables, y en la importancia de la integridad, la dignidad humana y la protección del bien jurídico de la autonomía personal.

En esa misma dirección, el gobierno progresista de España, a través de la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha venido asesorando al Estado colombiano. La ministra explica que «nuestro país debe lanzar un mensaje contundente en el sentido de reconocer en las normas esta práctica como una forma grave de violencia reproductiva».

Esto plantea la pregunta: ¿puede un Estado regular la violencia reproductiva contra las mujeres?

Contradice la Constitución y los tratados internacionales

En la sentencia ST- 357 de 2022, la Corte Constitucional afirma que cualquier regulación de la maternidad subrogada debe abordarse de manera integral y con un enfoque de género. La Corte reafirma la primacía de los derechos inalienables de la persona, sin discriminación alguna. Su exhortación no obliga al Estado colombiano a regular la gestación subrogada; en mi opinión, esto iría contra la inalienabilidad de los derechos de las mujeres y los niños y niñas de la misma Constitución nacional

El proyecto del gobierno no tiene en cuenta las convenciones internacionales de derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, como la Convención de Belém do Pará, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, y normas nacionales como la Ley 1257 de 2008 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

La regulación de la maternidad subrogada implica que las mujeres renuncien al derecho fundamental a la filiación de sus hijos e hijas y cedan este derecho a terceros. Esto va en contra de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia.

Los deberes del Estado

Otro vacío imperdonable es no incluir las responsabilidades del ICBF con relación a los niños y niñas que son el resultado de la subrogación uterina. Hay que definir estas responsabilidades para garantizar la protección de sus derechos y la atención adecuada en casos de peligro, abandono, violencia o cualquier otra situación que ponga en riesgo su integridad y dignidad.

Además, los defensores y defensoras de familia deberán estar capacitados para restablecer los derechos de los menores en caso de que sean vulnerados, y el ICBF deberá establecer líneas técnicas claras para el seguimiento de estos casos. Es esencial abordar estos asuntos para garantizar la protección integral de los niños y niñas involucrados en estos procesos.

De esta manera, se impone la lógica del derecho civil sobre la de los derechos humanos, y se usa un lenguaje clínico, médico y comercial que relativiza los derechos fundamentales de las personas, especialmente los de las mujeres, quienes son las únicas que pueden ofrecer el servicio de subrogación uterina para la gestación.

Dar prioridad al deseo de particulares por encima de los derechos humanos de los niños/as y mujeres, y desconocer años de lucha por los derechos humanos de los movimientos sociales de derechos de mujeres, el feminismo y las organizaciones de derechos de la infancia sería un gran error.

Impropio del “Gobierno del Cambio”  

Es oportuno recordar la frase del presidente Petro en su discurso durante la presentación de reformas fundamentales en el Congreso: «El derecho no es para quien pueda pagar, eso es neoliberalismo».  Además, en la presentación del Plan de Desarrollo, Petro rechazó la idea neoliberal según la cual todos los aspectos de la vida humana, incluyendo los derechos, son garantizados y regulados por el mercado.

Si varios países desarrollados que defienden los derechos humanos de sus ciudadanos han optado por prohibir este negocio neoliberal por considerarlo violatorio de los derechos humanos de estas poblaciones, resulta difícil entender por qué un gobierno de izquierda y progresista optaría por regularlo en vez de prohibirlo.

¿Por qué no presentar un proyecto de ley que lo prohíba a la Corte, en vez de uno que lo regule? Espero que el debate en el Congreso sea constructivo y pluralista, involucrando voces críticas y propositivas respecto de este proyecto, algunas de las cuales también votaron por este gobierno.

Le recomendamos: Maternidad subrogada en Colombia: es hora de regularla

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María Cristina Hurtado

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María Cristina Hurtado

*Abogada de la Universidad Nacional, politóloga de la Universidad Javeriana, Magíster en políticas públicas y política social, investigadora, docente de posgrados de la Universidad Nacional, exdelegada de derechos de infancia y mujeres en la Defensoría del Pueblo, corredactora de la Ley 1257 de 2008.

Foto: Alcaldía de Medellín - “El uso de la violencia sexual como arma de guerra en la confrontación armada en Colombia es cada vez más evidente”.

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Para evitar que los delitos sexuales queden en la impunidad, es necesario garantizar que las mujeres puedan denunciar sin miedo y exigir que la JEP les dé prioridad*.

María Cristina Hurtado Sáenz*

Prácticas macabras

El uso de la violencia sexual como un arma de guerra fue y sigue siendo una práctica común en el conflicto armado colombiano. Este término incluye violaciones, trata de personas, contagio de ITS, embarazos, abortos forzados y otras violaciones de derechos humanos. Se trata de una forma macabra de ejercer control sobre un territorio y su población que pocas veces sale a la luz porque las víctimas son obligadas a guardar silencio.

Dependiendo del contexto, la violencia sexual puede constituir un crimen de guerra o de lesa humanidad. En cualquier caso, se trata de una práctica que no es susceptible de amnistía ni indultos dentro del Proceso de Paz.

Todas las prácticas de esta índole operan como un mecanismo de control sobre las mujeres y, por consiguiente, perpetúan la desigualdad de género y fortalecen el orden patriarcal. En algunos contextos –como en Yugoslavia o Ruanda– han servido para impulsar y promover genocidios y “limpiezas étnicas”.

El hecho de que la violencia sexual no fuera sancionada severamente por las cortes de numerosos países hasta la irrupción de los movimientos feministas pone en evidencia que el sistema jurídico ha sido cómplice de la guerra y del patriarcado.

¿Por qué las mujeres no denuncian?

Los operarios de justicia suelen creer que la falta de denuncias sobre este tema es se debe a dos grandes razones:

  1. La aprobación (expresa o tácita) de las víctimas frente a la violencia sexual
  2. Factores externos que las víctimas están en capacidad de controlar o resolver como las amenazas de los grupos armados o el miedo a la revictimización.

La evidencia indica que estos no son los verdaderos motivos que impiden que las víctimas denuncien, pero los operarios de la justicia rara vez prestan atención a la evidencia y a las víctimas.

La gravedad de los crímenes sexuales cometidos en el marco del conflicto armado exige que estos delitos sean investigados por la Fiscalía y por tanto no tiene sentido afirmar que el ejercicio penal esté sujeto a la declaración de voluntad de la víctima o la formulación de la denuncia.

Además, la definición de violencia sexual aceptada por los estándares internacionales reconoce que se trata de un conjunto de prácticas que incluyen fuerza, coacción o amenaza que impiden que la víctima pueda oponerse.

Lo cierto es que la tolerancia social e institucional frente a diversas modalidades de violencia sexual es una práctica notoria y extendida. Resulta inadmisible que las instituciones competentes estén supeditadas a que las víctimas, sus familiares o las comunidades a las que pertenecen interpongan una denuncia cuando existen tantos obstáculos para que puedan hacerlo.

También es común que los jueces y fiscales tengan creencias y actitudes machistas, subestimen la gravedad del abuso sexual y estigmaticen o maltraten psicológicamente a las víctimas que acuden a denunciar.

En ocasiones, incluso muestran solidaridad hacia los agresores, usan un lenguaje que refuerza los estereotipos de género y ponen en duda el relato de las víctimas o las someten a un juicio moral.

Estas prácticas representan un obstáculo más para que las mujeres denuncien y contribuye a que los delitos sexuales queden impunes. Para solucionarlo, habría que mejorar la formación en derechos humanos para los servidores públicos e insistir en la importancia de la igualdad de género.

En la mayoría de los casos, las víctimas no cuentan con las herramientas necesarias para reconocer su condición de víctimas, buscar ayuda psicológica y llevar a cabo el trámite legal correspondiente. Además, cuando se atreven a denunciar, se ven obligadas a probar que no fueron ellas quienes “provocaron” al violador, que no mantenían ninguna relación con su victimario y que no consintieron el hecho. Todo esto refuerza los sentimientos de culpa y de vergüenza y refuerza la idea de que fueron ellas quienes provocaron la violación.

Le recomendamos: La violencia sexual como arma contra las mujeres y su derecho a protestar

¿Qué pasa en las zonas rurales?

La precariedad del sistema judicial y del sistema de salud hace que el proceso sea especialmente difícil para las víctimas que viven en zonas rurales donde los grupos armados tienen el mando y los mecanismos de protección son frágiles o inexistentes. Los casos de violencia sexual casi siempre quedan impunes porque las mujeres no tienen acceso a la justicia.

En el marco del conflicto armado, la violencia sexual suele detonar otras violencias como el desplazamiento forzado, la prostitución y la trata de personas

con fines de explotación sexual. Sobre esto, recomiendo conocer y apoyar la importante labor que el Colectivo Petra Mujeres Valientes lleva a cabo con víctimas y sobrevivientes.

Las niñas y adolescentes que tienen vínculos afectos con actores armados suelen sufrir amenazas y violencia física, sexual y psicológica. Algunas son obligadas a prostituirse y otras son asesinadas o desaparecidas por sus parejas o por otros actores armados. Por ejemplo, Dairo Antonio Úsaga David, alias Otoniel, el máximo jefe del ‘Clan del Golfo’ enfrenta varios delitos de abuso sexual de mujeres y niñas. Y se presume que diría varias redes de prostitución y trata de mujeres con fines de explotación sexual.

Las víctimas de violencia sexual que viven en zonas rurales se ven obligadas a recorrer grandes distancias para poder acceder a valoraciones médicas y legales, lo cual facilita que abandonen los procesos. La falta de una valoración psiquiátrica y psicológica es especialmente grave cuando las víctimas no tienen evidencia física de lo sucedido.

Además, las víctimas casi nunca pueden escoger el sexo de la persona que les hace las pruebas pese a que se trata de un derecho contemplado por la Ley 1257/008, lo cual ocasiona que dejen el proceso por miedo a la revictimización. Vale la pena mencionar que estas pruebas incluyen preguntas sensibles –como el número de compañeros sexuales y la fecha del último encuentro sexual– que pueden dejar los prejuicios de los operarios al descubierto.

Justamente por sus creencias, muchos operarios no les hablan a las víctimas de violencia sexual que quedan embarazadas sobre su derecho a interrumpirlo voluntariamente. Este año, por ejemplo, una niña de tan solo nueve años fue obligada a parir en el Tolima.

También hay ocasiones en que los hospitales no reportan casos de violencia sexual por miedo a que los grupos armados tomen represalias contra ellos.

Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica - A las mujeres víctimas del conflicto aún se les debe mucho.

Vea en Razón Pública: Justicia para las víctimas de violencia sexual de las FARC

El papel de la JEP

La violencia sexual es más común en las zonas que siguen bajo el dominio de grupos pese a la firma del Acuerdo de Paz. Estos lugares suelen ser disputados por distintos actores entre los que se cuentan paramilitares, disidentes de las extintas FARC-EP y narcotraficantes.

En lugares como Tumaco, alta Guajira, bajo Cauca, Chocó y Pasto abundan la explotación y la trata con fines sexuales de niños, niñas y adolescentes. La presencia de costumbres y creencias religiosas sumada a la de actores armados y narcotraficantes facilita estas prácticas y dificulta que las mujeres denuncien, pues si lo hacen son juzgadas e incluso amenazadas.

Las dramáticas situaciones descritas anteriormente y el hecho de que el 96% de los delitos sexuales que tuvieron lugar en el conflicto armado siguen impunes ponen de manifiesto la necesidad de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abra un macroproceso de delitos sexuales y priorice la resolución de los mismos.

El análisis contextual del conflicto armado con enfoque de género es indispensable para identificar los patrones delictivos que han perjudicado a niños, niñas y adolescentes durante años.

Así mismo, es necesario garantizar la participación de las víctimas en el proceso y desarrollar estrategias que permitan proteger sus derechos y darles visibilidad a sus historias sin revictimizarlas.

Es hora de mejorar la comunicación entre las entidades estatales y las organizaciones de mujeres, formular mecanismos de protección y prevención de crímenes de violencia sexual en escenarios de guerra y judicializar los delitos que siguen impunes. Solo así podremos hablar de justicia para las mujeres, niñas y adolescentes que vivieron –y viven– el conflicto armado en carne propia.

*Este análisis toma varios aportes del documento “Aportes y recomendaciones para la elaboración del Protocolo de investigación de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales y de medidas jurídicas y psicosociales para la atención de víctimas”. La autora participó en su elaboración.

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María Cristina Hurtado

Escrito por:

María Cristina Hurtado

*Abogada de la Universidad Nacional, politóloga de la Universidad Javeriana, Magíster en políticas públicas y política social, investigadora, docente de posgrados de la Universidad Nacional, exdelegada de derechos de infancia y mujeres en la Defensoría del Pueblo, corredactora de la Ley 1257 de 2008.

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La verdadera bomba social está estallando dentro de los hogares colombianos ¿Qué medidas se han tomado y cómo pueden mejorarse?

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María Cristina Hurtado

*Abogada de la Universidad Nacional, politóloga de la Universidad Javeriana, Magíster en políticas públicas y política social, investigadora, docente de posgrados de la Universidad Nacional, exdelegada de derechos de infancia y mujeres en la Defensoría del Pueblo, corredactora de la Ley 1257 de 2008.

ISSN 2145-0439

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