El contexto particular del conflicto armado interno desde hace varias décadas en nuestro país, a pesar de los procesos de búsqueda de paz y de justicia transicional, provee un desafortunado escenario de afectaciones específicas que horadan gravemente el goce y ejercicio pleno de los derechos humanos y particularmente de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes.
“El uso de la violencia sexual como arma de guerra en la confrontación armada en Colombia es cada vez más evidente, esta hace parte de un conjunto de prácticas comunes en el contexto de degradación de la guerra. El control físico de las mujeres, retención, violación, desnudez forzada, aborto forzado, contagio forzado de ITS, prostitución forzada, esclavitud sexual, trata con fines de explotación sexual entre otras graves violaciones a sus derechos humanos, hacen parte del control simbólico de un territorio y de una población. Por lo general la intimidación y la amenaza directa obligan a las mujeres y a sus comunidades a guardar silencio y a no denunciar estas prácticas atroces e invisibles de la guerra”. (Hurtado Sáenz María Cristina).
De acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, la violencia sexual puede constituir un acto de genocidio, un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad, que no son susceptibles de amnistías o indultos en el marco de la justicia transicional. La agresión sexual es funcional al mantenimiento de la desigualdad entre hombres y mujeres, la jerarquía patriarcal y de la misoginia, donde el terror de las mujeres que se activa ante la amenaza de ser víctimas de este tipo de violencias es un mecanismo de control sobre ellas.
En el 2008, en el marco del gobierno de Álvaro Uribe, en uno de los momentos más crueles de la exacerbación del conflicto armado interno con presencia de múltiples actores armados, siendo Defensora Delegada para derechos de mujeres e infancia en la Defensoría del pueblo, dirigí con un grupo de trabajo que se movilizó por todo el país, la investigación “Promoción y Monitoreo de los Derechos sexuales y reproductivos de mujeres víctimas de desplazamiento forzado, con énfasis en violencias intrafamiliar y sexual”, uno de los testimonios que más me dolió y que logró ilustrar los límites extremos a los que llegó nuestro conflicto fue la de una joven de Policarpa Nariño, transcribo a continuación apartes de este: «llegó un grupo armado muy grande, rodearon la casa ahí y empezaron a amenazar a la gente, a los trabajadores, en ese momento mataron a un muchacho sangre fría le pegaron dos tiros en la cabeza, yo me traté de ocultar en la pieza, , tumbaron la puerta y me encontraron, entraron 3 de ellos y abusaron de mí, me golpearon y a las demás muchachas nos pegaban con las armas, dijeron: “esta es carne fresca”, entonces nos metieron en la pieza a las 3, mi suegra mi cuñada y mi persona, entonces la suegra mía le dijo: “No, no le vayan a hacer nada a ella porque está en embarazo”, y uno de ellos contestó “eso es mucho mejor, así me gusta más”».
Esta investigación practicó 2.200 encuestas a mujeres, y recogió variedad de testimonios de víctimas de diversos actores armados, los cuales no fueron denuncias pues ninguna mujer está en capacidad de denunciar ante las autoridades a un actor armado que tiene control territorial y que puede retaliar contra ella o su familia, razón por la cual el nivel de impunidad es del 98%. Si bien en la mayoría de los procesos de paz en el mundo al cual no se escapa Colombia es común el negacionismo de la violencia sexual por parte de los actores armados ,en esta dirección es importante dimensionar la importancia de que la JEP haya abierto el macrocaso 011 sobre violencia sexual ya que esta es más común en las zonas que siguen bajo el dominio de grupos armados pese a la firma del acuerdo de paz , estos lugares suelen ser disputados por distintos actores entre los que se cuentan paramilitares, disidentes de las extintas FAR-EP y narcotraficantes. El reto de la JEP, entre otros, es superar la impunidad de este tipo de delitos, evitar la revictimización, y lograr la participación y escucha de más de 35.178 víctimas registradas por estos crímenes por parte de todos los actores armados entre 1957 y 2016, guardo la esperanza de que muchas de las investigaciones de quienes nos hemos dedicado al análisis crítico de este fenómeno y somos defensoras de derechos humanos de las víctimas, sean tenidas en cuenta, de hecho la presión de las organizaciones de mujeres y de las víctimas fue la que en últimas logró la apertura de este macrocaso que constituye uno de los grandes retos para la JEP ya que nuestro cuerpo, dignidad e integridad son los primeros lugares de la realización de nuestros derechos humanos.
