La verdadera bomba social está estallando dentro de los hogares colombianos ¿Qué medidas se han tomado y cómo pueden mejorarse?
María Cristina Hurtado*
Discriminación agravada
La crisis de salud pública, económica y política que está ocasionando la COVID-19 ha merecido ríos de tinta.
Pero, aunque también afectan la vida, la salud y la convivencia, las violencia intrafamiliar y sexual creciente contra mujeres, niñas y adolescentes solo ha producido algunas referencias.
La violencia intrafamiliar y la violencia sexual figuran entre las peores formas de discriminación contra la vida, integridad y dignidad de las mujeres, las adolescentes y las niñas.
La familia y el hogar se han convertido otra vez en el espacio de la peor discriminación: las medidas de confinamiento han sacado a luz y han agravado el drama de las mujeres y la de muchos niños y niñas de Colombia.
Como advierte Naciones Unidas: “Las medidas restrictivas adoptadas en todo el mundo para luchar contra la COVID-19 intensifican el riesgo de violencia doméstica y aumentan la carga de trabajo en el hogar. Además, aquellas que se encuentran embarazadas, temen por su salud a la hora de asistir a controles o se quedan sin servicios. Los gobiernos no pueden abandonar a las mujeres en medio de la emergencia.”
La situación en el caso de Colombia era ya muy preocupante en el momento de llegar la pandemia: la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) del 2015 concluye que el 31.9% de las mujeres han sido víctimas de violencia física por parte de sus parejas o exparejas.
La situación ha empeorado. Los medios reportan que a raíz de la pandemia han disminuido los hurtos o los homicidios, pero hay también una epidemia de violencia dentro de esos hogares.
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Las medidas
Estas violencias plantean un desafío especial para la salud pública y para los análisis epidemiológicos.
Las medidas, ahora más urgentes, han de incluir estrategias y protocolos de prevención y atención expedita para salvar la vida de las víctimas e interrumpir de inmediato las violencias contra mujeres o niñas atrapadas en la impunidad de sus propios hogares.
Las administraciones locales de Bogotá, Medellín o Cali han fortalecido los sistemas de recibo de denuncias. Ponen en marcha nuevas líneas telefónicas, la mayoría de ellas referidas a servicios de salud o de acceso a la justicia (comisarías de familia)
Esta política basada en la demanda de las víctimas puede no ser suficiente:
Primero, porque un gran porcentaje de mujeres dependen económica o emocionalmente de sus parejas y además temen la retaliación por parte de sus agresores –todo lo cual se agrava por el confinamiento obligatorio-.
Segundo, porque los problemas anteriores son más agudos entre las mujeres de los niveles 0, 1 y 2 del Sisbén. Gran parte de este grupo no cuenta con teléfonos o celulares, ni con equipos de computador. Y si lo tiene, en esta crisis de sobrevivencia no tienen cómo pagar este tipo de servicios.
Foto: Alcadía Mayor de Tunja
Se debe dar prioridad a las violencias basadas en género.
A lo anterior se suman los niveles de hacinamiento crítico y la completa falta de privacidad que sería necesaria para hacer las denuncias. La cercanía del agresor hace imposible la búsqueda de ayuda y pone en mayor riesgo a las mujeres y sus hijos, sobre todo si no hay acciones inmediatas de alejamiento del agresor.
Ajustes necesarios
Por todo lo anterior se necesita combinar las estrategias y ajustar las políticas existentes.
El objetivo es brindar protección a la víctimas por parte de las instancias administrativas, policiales y judiciales del Estado, de una manera coordinada y efectiva.
Las primeras medidas consisten en sancionar y hacer que los agresores abandonen el hogar, en lugar de sus víctimas.
Las acciones entonces deberán concentrarse en la respuesta después de la denuncia, y no apenas en recibir la denuncia. Más todavía en vista del altísimo escepticismo y falta de confianza en las comisarías y las defensorías de familia.
El comportamiento histórico de las medidas de protección en cumplimiento de la ley 1257 de 2008 ha mostrado graves fallas, particularmente en cuanto a:
- El acompañamiento y protección policial de las víctimas.
- El cumplimiento y seguimiento de las medidas por parte de los agresores.
- La precariedad en los servicios de salud (incluidas la salud mental y el acompañamiento sicosocial).
- La producción oportuna de pruebas periciales y forenses no revictimizantes, especialmente en los casos de violencia sexual.
- La deuda acumulada de refugios especializados para las mujeres víctimas y sus hijos.
Llevar a cabo estas acciones es el único camino para recuperar la confianza de las víctimas en el aparato de justicia.
La verdadera bomba social está estallando dentro de los hogares colombianos: en todos los estudios epidemiológicos y criminológicos es evidente que el agresor está instalado precisamente en este espacio que creemos más seguro.
Por eso, las autoridades deben dar prioridad a la atención de las víctimas de violencias de género, mediante:
- La identificación temprana del riesgo mediante búsquedas activas.
- Visitas domiciliarias donde puedan aplicarse instrumentos expeditos y confidenciales, en espacios que garanticen la privacidad y se reduzca el riesgo.
- Subsidios económicos, alimentarios y controles de salud.
Foto: Policía Nacional de Colombia
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De esta manera podríamos romper el círculo del miedo, la dependencia y el silencio.
Hoy por hoy muchos ciudadanos extienden un pañuelo rojo de solidaridad y exigencia de responsabilidad social e institucional.
Asimismo, podemos extender un pañuelo violeta de esperanza para que el Estado y las instituciones se acerquen a las mujeres con respeto y responsabilidad política. Podemos ejercer la ética del cuidado que estas políticas exigen, y no esperar que las víctimas, en medio de su precariedad, se acerquen al Estado.
*Abogada de la Universidad Nacional, politóloga de la Universidad Javeriana, Magister en políticas públicas y política social, docente e investigadora, exdelegada de derechos de infancia y mujeres en la Defensoría del Pueblo, corredactora de la ley 1257 de 2008.
