El régimen y la ideología

Esta cita de Andrés Caicedo podría servir para entender por qué el Paro Nacional en Cali adquirió una forma particular donde estalló el descontento social.

Otras frases, como las que alaban a esta ‘Sucursal del Cielo’ (definida por Neruda como un ‘sueño atravesado por un río’), podrían describir las líneas de apoyo a los llamados ‘puntos de resistencia’, las expresiones artísticas, las ollas comunitarias; en fin, todo un movimiento organizado, impregnado de calidez barrial y creatividad juvenil. Pero ninguna frase logrará penetrar, como la de Caicedo, en el subsuelo de exclusión social donde se enraízan tanto la voluntad de resistencia como el coraje y el vandalismo.

Que la explosión del descontento no se limita a Cali; nadie lo niega. Que no puede explicarse a partir de tendencias continentales, tampoco. Mas allá de lo local y más acá de lo internacional, está la crisis social nacional: resultado de los estragos producidos por un régimen y por una ideología.

• Al primero lo definen las reformas neoliberales que van desde Uribe hasta Duque, pasando por Santos. Un régimen que socavó conquistas sociales y alejó ese Estado social de derecho que prometió la reforma constitucional de 1991.
• La ideología es el uribismo, que se nutre de un otro fantasmal (el ‘narcoterrorismo’, el ‘castrochavismo’, la ‘revolución molecular disipada’) para apuntalar un moralismo patriotero que nos retiene en la retórica de la guerra, mientras anula los compromisos en materia de justicia social consignados en los Acuerdos de Paz.

Apagar el incendio con gasolina

Este paro, que de alguna forma es la segunda parte del que comenzó en 2019, se multiplicó en formas de protesta social que ya no tienen dueño.

El pliego de negociación, que está empolvado desde hace más de un año en algún escritorio de la Casa de Nariño, fue rebasado por una multiplicidad de demandas provenientes de distintas regiones, etnias y sectores de la economía. La juventud, más que nadie, vino identificando su propia agenda.

Y aunque nadie niega el papel de convocante que cumplió el Comité del Paro, es evidente que a mucha gente salió a la calle, en plena pandemia, por la rabia que le producían las actitudes desafiantes de este gobierno, su silencio cómplice frente al asesinato de líderes sociales, su catastrófico manejo de la pandemia, las ‘jugaditas’ a las que acudió para quedarse con los órganos de control y para legislar por decreto.

El presidente no supo tramitar políticamente el momento. Tratemos de entenderlo: no negoció porque no tiene permiso para hacerlo y tampoco tiene liderazgo propio (ni un solo voto propio, ninguna experiencia como concejal de algún remoto municipio o como presidente de una junta de acción comunal). En general, Duque no conoce este país, no tiene empatía con él, y no tiene músculo político para tomar decisiones osadas.

Entonces, fiel al talante ideológico del partido que lo puso allí, no podía hacer otra cosa que reprimir policialmente la protesta. Y esto, debido el historial militarista de nuestra policía, se tradujo en tratar a quienes marchan como el ‘enemigo interno’, llevándose por delante todos los formalismos en materia de derechos humanos y desprestigiándose —si es que puede hacerlo más— en el plano internacional.

Mala táctica: querer apagar con gasolina el incendio que él mismo ayudó a encender con su inhumana propuesta de reforma tributaria.

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El estallido en Cali

A Cali no le faltaba sino esa chispa para incendiarse con su propia leña seca.

¿Qué tan lista estaba ya esa leña para la combustión? Es algo que cualquiera puede entender con revisar las cifras del DANE sobre los efectos, tanto de las mencionadas reformas neoliberales como de la pandemia en Cali. Esa revisión de estadísticas puede complementarse con explicaciones más recientes (entre las cuales recomiendo el valioso volumen del Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica (CIDSE) de la Universidad del Valle, Pensar la resistencia: mayo del 2021 en Cali y Colombia.

En cualquier caso, quien repase las cifras del DANE entenderá cómo las políticas que favorecen al capital financiero acabaron golpeando al aparato productivo de una ciudad que no ha sido predominantemente industrial. Cali no produce empleo al ritmo de su incesante aumento poblacional, pues tampoco cesan las causas del desplazamiento forzado que producen la guerrilla, el paramilitarismo y los carteles de la droga en las áreas circunvecinas.

Así las cosas, la pandemia vino a agravar el hambre, el desempleo y la inseguridad. En últimas, llegó para hacer más aguda la falta de oportunidades para una juventud que, aquí más que en ninguna otra ciudad colombiana, está atrapada en el ‘ni-ni’ (ni estudia, ni trabaja). Ése era el mapa socioeconómico el día anterior al 28 de abril, cuando el magma represado comenzó a hacer erupción.

El mapa socioeconómico, sin embargo, no acaba de explicar otros fenómenos que se manifestaron durante la protesta social en Cali. No ayuda a entender, por ejemplo:

• el derribamiento de la estatua de Sebastián de Belalcázar, y su impacto en el simbolismo caleño;
• la afectación diferenciada de los bloqueos;
• la resignificación de ciertos espacios como ‘Puerto Resistencia’, el ‘Puente de las Mil Luchas’, ‘Samcombate’, etc.;
• el espectáculo de ‘rambos’ criollos disparándole a la Minga indígena, como quien caza ‘indios’ en una película del Oeste;
• el desgarramiento interno que ese hecho produjo en el seno de la ‘gente de bien’;

el vandalismo que sobrepasa los esfuerzos por mantener creativa, intensa y pacífica la protesta social.

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La segregación en una ciudad ‘triétnica’

Para entender todo esto hay que ir más atrás en la historia de la ciudad y comprender el modo como se han venido acomodando —e ignorando— diferentes ‘razas’, flujos migratorios y narrativas. En este cruce de caminos llamado Cali, impulsado por la Vía al Mar, agrandado por las oleadas de inmigrantes de todas las violencias, con mucha mano de obra sobrante y con poca industria, emergió en la década de los ochenta el más grande asentamiento de miseria de Colombia (anterior, incluso, a las comunas nororientales de Medellín o a Ciudad Bolívar de Bogotá). El Distrito de Aguablanca: 250.000 habitantes largamente ignorados por las administraciones locales.

Hoy, décadas después, la integración de la población del oriente y de las laderas a la ciudad sigue siendo una tarea pendiente. Lo corroborará quien se aproxime a Cali y perciba el fenómeno de la segregación territorial en esta ciudad ‘triétnica’ que no tiene, como Bogotá, un ‘norte’ y un ‘sur’, pues se caracteriza por la vecindad entre conjuntos residenciales de clase alta y barrios informales. El visitante notará que no todos los colores tienen igual posición en el imaginario de la ciudad, así asistan por igual a un partido del Cali o del América, o al Festival Petronio Álvarez. Le llamará la atención la candorosa extrañeza de las damas de alta sociedad, incapaces de entender por qué es ofensivo tomarse fotos de farándula con ‘negras sirvientas’ como decoración de fondo, si eso siempre fue bien recibido entre la gente de bien que comparte un pasado señorial.

Todo esto persiste porque la cálida bienvenida de la que Cali se ufana, tiene sus límites: que el pobre, el negro y el indio no se avecinen demasiado. Persiste la sospecha hacia el negro en ésta, la ciudad más afro de Colombia y la segunda en América Latina, después de Salvador de Bahía. Produce enojo la presencia de ‘chivas’ cargadas de indígenas en los barrios residenciales. Para ciertos ‘rambos’ criollos, los ‘indios’ deben ser devueltos al Cauca, a bala si es preciso; deben, como dijo Duque, volver ‘a sus resguardos’ o, como dijo el presidente del partido conservador, ‘a su entorno natural’.

Abrirles la puerta a los desesperados

Ése es el tamaño de la cerrazón de puertas de que habla el personaje de Andrés Caicedo.

Con relativa independencia de las soluciones políticas a la crisis nacional, Cali tendrá que abordar su propia crisis sistémica y de integración social, produciendo empleo, ampliando el aparato educativo y la cobertura en salud. Y, especialmente, ocupándose de una juventud que ya salió a reclamar, con mayor osadía y con una capacidad de organización que no tuvieron las generaciones precedentes, su derecho a un futuro. Insensato sería, de parte del sector empresarial, las clases medias y el liderazgo político, ignorar el significado de esta fraternidad de madres y universitarios, de líderes barriales y de combos de amigos.

Antes de preguntar quién va a pagar los destrozos del mobiliario público y de las estaciones del MIO (lo pagaremos todos), hay que preguntarse con qué reformas profundas se va a pagar la vida de los muertos y se van a sanar las heridas que está dejando este episodio de protesta social. Sólo en la medida en que se pague la gigantesca deuda histórica con los marginados del progreso, Cali dejará de ser esa ciudad que les cierra las puertas a los desesperados. Sólo así se podrá conquistar, también, una ciudad más segura en sus calles y barrios, y menos propensa a nuevos estallidos sociales.