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¿Qué esperar de la CIDH?

Escrito por Alejandra Coll
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Muchos esperan que después de su visita, la Comisión logre detener las violaciones de derechos humanos. Pero en la realidad ¿qué tanto puede hacer?

Alejandra Coll*

Expectativa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo una visita de tres días a Colombia para revisar la situación en materia de derechos humanos.

Vino, particularmente, a examinar las denuncias de violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco de paro nacional, que comenzó su segunda gran ola este 28 de abril, como prolongación de las manifestaciones de noviembre de 2019.

La visita estuvo rodeada de una gran expectativa, principalmente debido a las facultades de la CIDH en relación con los casos de violencia policial, que aumentaron durante el último mes de protestas. Esto se hizo evidente por las manifestaciones en las afueras de los lugares de reunión de la Comisión y en los hoteles dónde se hospedaron, así como por expresiones de bienvenida en redes sociales.

La visita fue, efectivamente, un respiro en cuanto a disminución de muertes y otras formas de violencia. Sin embargo, aun estando la Comisión en el país, hubo enfrentamientos entre la población y la fuerza pública que dejaron varios heridos.

Pese a la voluntad de la CIDH —expresada en varios comunicados— de conminar al Estado a dejar las violencias contra los manifestantes, es importante decir que sus competencias son limitadas a la hora de dar órdenes a los Estados en materia de políticas de seguridad y cambios concretos en sus actuaciones.

El caso de Venezuela es un ejemplo de esto: a pesar de los continuos requerimientos al Estado venezolano en relación con la libertad de expresión y respeto a la protesta social, la situación tuvo pocos cambios en los últimos años.

La Comisión frente a un Estado hostil

La actitud del Estado colombiano ante el Sistema Interamericano ha sido, paradójicamente, muy similar a la de Venezuela: lanza críticas constantes y es reticente a cumplir con sus obligaciones, entre otras acciones hostiles contra el Sistema.

Una muestra de ello son las declaraciones de funcionarios y funcionarias públicas contra la CIDH, así como el nombramiento de Alejandro Ordoñez como embajador ante la OEA y como líder del equipo que informará a la Comisión sobre el paro nacional, aun conociendo su postura crítica frente al papel y las posturas de la Comisión.

La tarea de la CIDH tiene buenos resultados cuando los Estados muestran voluntad de acoger las recomendaciones y acatar los estándares internacionales en materia de derechos humanos. ¿Es este el caso de Colombia?

Habrá que verlo una vez la Comisión entregue su informe —que incluirá las recomendaciones— producido a partir de la información recogida en su visita de trabajo. Entonces sabremos todos si el Estado Colombiano seguirá con su vieja tradición de acatar (al menos formalmente) las sugerencias del Sistema Interamericano, o mantendrá su más reciente actitud, mucho menos diplomática y de corte más crítico.

La visita fue, efectivamente, un respiro en cuanto a disminución de muertes y otras formas de violencia.

De la Comisión debemos esperar lo que está en su mandato, dictado por la Convención Americana de Derechos Humanos: monitorear la situación, presentar informes y hacer recomendaciones al Estado. Es clave recordar que el Sistema Interamericano, del que hace parte la CIDH, no nace para castigar Estados. Su función es observar la situación de derechos humanos del continente y, eventualmente, analizar casos concretos cuando los recursos judiciales en alguno de los países miembros de la OEA no hayan sido suficientes o no se puedan agotar por razones justificables.

El 9 y 10 de junio, cuando la fuerza pública atacó algunos puntos de concentración de manifestantes en Bogotá y Cali, hubo gran actividad en redes sociales. La gente pedía a la Comisión “salir a la ventana” o “hacer algo” frente a esta situación, teniendo en cuenta que estaban en el país.

La Comisión, dentro de sus funciones, podría haber observado la situación y quizás hacer presencia en algunos puntos críticos; pero esa decisión de intervenir de forma tan directa no era sencilla:

  • Primero, porque fue muy difícil obtener el beneplácito del Estado y la autorización de su visita. Por este motivo su relación con el gobierno ya era tensa.
  • Segundo, porque esa intervención más directa no figura entre sus funciones expresas en la Convención Americana o en el reglamento de la Comisión. Tendría que hacerse una interpretación arriesgada del mandato para salir a la calle a registrar de manera personal las violaciones de derechos humanos o intervenir abiertamente para frenar acciones estatales.

Aun usando sus facultades jurisdiccionales (es decir, aquellas de corte más judicial) la Comisión apenas puede ordenar medidas cautelares y llevar el caso, si resulta admisible y cumple unos requisitos concretos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Más allá de esto, es poco lo que se le puede pedir.

Foto: Twitter Comisión Interamericana de Derechos Humanos - La CIDH no tiene dientes suficientes para que los Estados deban seguir sus recomendaciones

La esperanza en la CIDH

Es entendible que, ante la poca actividad de organismos de control y la desconfianza cada vez mayor en las instituciones nacionales, las esperanzas recaigan en organismos internacionales. Pese a ello, es clave recordar que los organismos de derechos humanos nacen de acuerdos entre los mismos Estados, por lo que ninguna Corte de Derechos Humanos tiene más “dientes” para castigar Estados.

El énfasis de sus mandatos son sugerencias, recomendaciones y, en casos concretos, indemnizaciones a las víctimas que los Estados deben pagar. Éstos, difícilmente, llegarán a acuerdos para castigarse a sí mismos.

Es cierto que hay una amplia discusión teórica sobre lo que el Sistema Interamericano puede hacer a través de sus medidas cautelares, informes y, eventualmente, sentencias cuando los casos llegan hasta la Corte Interamericana. Sin embargo, en la práctica, las órdenes a los Estados se limitan a reparaciones, reconocimientos de responsabilidad y algunas medidas de orden simbólico.

Aun usando sus facultades jurisdiccionales (es decir, aquellas de corte más judicial) la Comisión apenas puede ordenar medidas cautelares

Los cambios profundos de política y diseño institucional de los Estados no suelen estar incluidos en estas decisiones, por respeto a la soberanía. De ahí que, en estos delicados temas, el Sistema Interamericano se limite a recomendar, instar y sugerir. Tener esto en mente es clave para saber qué exigirle al Sistema Interamericano de Derechos humanos y, concretamente, a la CIDH después de su visita a Colombia.

¿Y después de la visita?

Lo que podemos esperar es un informe que dé cuenta de los tres días durante los que oyeron a diferentes sectores de la sociedad. Habrá unas recomendaciones puntuales al Estado, que ojalá conlleven a la creación de un GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), como lo ha sucedido en otras ocasiones, como en México y Nicaragua. La situación en Colombia, en el contexto del paro nacional, tiene la gravedad suficiente como para tomar medidas de este orden.

Más allá de esto, acciones como cambios profundos en la política de seguridad y defensa, modificaciones al discurso de funcionarios públicos que estigmatizan y niegan la realidad, detener la criminalización de la protesta, entre otras, hay que pedírselas al Estado por medio de los jueces.

También podemos demandar con insistencia que las cabezas de los organismos del ministerio público actúen conforme a su mandato y cumplan su función de controlar al Estado y disciplinar funcionarios que actúen en contra de la constitución y la ley. Hasta el momento, esas entidades han brillado por su ausencia, lo que es inadmisible en una democracia.

Ver a la CIDH o a organismos internacionales como “salvadores” evita que nos concentremos en las múltiples tareas internas que hay que adelantar para proteger los derechos fundamentales de quienes protestan. Desconoce, además, las competencias limitadas que éstos tienen para intervenir directamente en las acciones del Estado.

Ante la inactividad de los órganos de control y la falta de receptividad del ejecutivo, sólo nos queda refugiarnos en los organismos judiciales internos, que pueden dar las acciones o en órdenes más contundentes — como ocurrió en Popayán y otros municipios donde se prohibió el uso de cierto tipo de armas (Venom) contra los manifestantes —. Aquí radica, en este momento doloroso, nuestro campo de acción más eficaz como ciudadanía.

Dejar de buscar salvadores/as, para preguntarnos qué podemos hacer desde nuestro lugar en la sociedad, es el paso clave para conseguir el cambio social tan anhelado y necesario en Colombia.

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