
¿Quiénes son los manifestantes? ¿Qué papel han tenido las autoridades locales? ¿Por qué parece tan difícil llegar a acuerdos sin violencia? *
Álvaro Guzmán Barney**
Los manifestantes
En la pasada edición de esta revista mostré algunos antecedentes históricos, nacionales e internacionales, para entender las movilizaciones masivas y la ola de violencia que ha ocurrido recientemente en Cali.
Junto con estos factores de largo aliento, es necesario entender quiénes son los actores involucrados en las movilizaciones:
- En primer lugar, los manifestantes. En su mayoría jóvenes y mujeres, provienen de los barrios aledaños a los lugares de manifestación y bloqueo, donde han tenido experiencias de organización comunitaria y barrial. Son los actores principales de las movilizaciones pacíficas.
- En medio de ellos se mueven organizaciones que tienen experiencia e intereses políticos y que le hacen oposición al gobierno y, en general, al uribismo.
- Es probable que también participen, aunque de forma marginal, milicianos de organizaciones armadas como el ELN. No hay ninguna evidencia de que dirijan o que tengan una participación importante en las manifestaciones.
- También hay grupos de jóvenes vinculados con la criminalidad, las pandillas y el vandalismo. Hacen mucho daño en las estaciones de transporte público, pero no se pueden confundir ni con el primero ni con el segundo No representan ni se deben identificar con la protesta juvenil.
En general, se trata de un conjunto heterogéneo de personas que comparten el descontento y la oposición al gobierno. Se oponen a lo que llaman el sistema “neoliberal fascista”, reivindican la voz de los sectores inconformes y tienen apoyo ciudadano en entornos amplios. Pero su estrategia de bloqueo a la movilidad también causa rechazo entre los mismos sectores populares.
Los manifestantes, en su mayoría jóvenes y mujeres, provienen de los barrios aledaños a los lugares de manifestación y bloqueo, donde han tenido experiencias de organización comunitaria y barrial
Por su parte, el gobierno ha leído los bloqueos como una estrategia “castrochavista” o “petrista”, impulsada por la guerrilla. O, como afirmó Uribe, como una “revolución molecular disipada” del comunismo internacional para tomarse el poder con el “terrorismo”.
Los gobernantes locales
En segundo lugar están las autoridades civiles locales. Su respuesta a las manifestaciones ha sido ambigua y se ha limitado a pedir que se levanten los bloqueos para que se reactive la economía.
La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, le ha pedido al gobierno nacional un plan de apoyo económico y social para el departamento. La gobernadora ha decretado medidas confusas, como cerrar las fronteras del departamento, cuando debería estar estimulando la movilidad para reactivar la economía.
Por su parte, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ha buscado el diálogo y la concertación con diferentes grupos de manifestantes, pero solo ha logrado acuerdos precarios. Sin embargo, se debe reconocer que es el único que ha rechazado la intervención de civiles armados que disparan a manifestantes desde camionetas blancas blindadas, tal vez con el apoyo o la indiferencia de la Policía.
Pero el alcalde cuenta con muy poca credibilidad entre la ciudadanía por el manejo inadecuado de los recursos públicos, que incluso ha tenido tonos de corrupción y por el que ha tenido que rendir cuentas ante la Fiscalía.
La comunidad indígena
Desde el comienzo del paro, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) organizó a la comunidad indígena del Valle en una “minga”.
A diferencia de otras oportunidades, la “minga” no se movilizó hacia Cali para presentarle sus demandas al gobierno central. Llegaron a la ciudad para participar de las manifestaciones, los bloqueos y las demandas de los distintos sectores. Su intervención fue esencialmente pacífica, aunque coactiva con los ciudadanos que pedían la libre movilización.
Bloquearon la vía de Cali-Jamundí, pero permitieron el tránsito cada hora y cambiando sucesivamente el sentido. En la zona del oeste de Cali, los indígenas participaron abiertamente en el bloqueo, pero facilitaron la marcha de las “camisetas blancas”, es decir de los ciudadanos que pedían levantar el bloqueo y acabar los enfrentamientos.
El resultado de la interacción entre indígenas y manifestantes de las “camisetas blancas” en el oeste fue bien recibido por la opinión. Se logró traer alguna normalidad al lugar y se facilitaron acuerdos precarios de movilidad, a diferencia de lo sucedido en Pance.
La minga también tuvo un lugar de concentración en la Universidad del Valle. Las directivas universitarias actuaron correctamente al facilitar la llegada de la minga a la Universidad, ya que esto contribuía a distensionar el ambiente. Después de graves enfrentamientos entre la minga y residentes del sector de Pance y Ciudad Jardín, en el sur de la ciudad, la minga decidió retirarse de la Universidad del Valle y de Cali.
Aunque históricamente han tenido demandas que tienen que ver con el acceso a la tierra y el asesinato de líderes sociales, esta vez su agenda no era clara. Pero su presencia en las manifestaciones mostró que en muchos sectores el racismo de la sociedad caleña sigue vivo.

Militares, policías y paramilitares
A finales de mayo, el gobierno decretó la “asistencia militar” para controlar el orden público en Cali, el Valle del Cauca y otras ciudades y departamentos.
Hasta hoy no se conocen acciones ilegales por parte de los militares o incidentes en su patrullaje urbano. Pero la legitimidad del Ejército y la Policía en Cali es baja. Las élites afirman que no pueden confiarles su seguridad, y el resto de la población es testigo de la corrupción policial en sus barrios, en especial en relación con el microtráfico de drogas. La Policía no puede entrar en algunos sectores de la ciudad,
En las movilizaciones recientes han aparecido civiles que disparan contra los manifestantes. Preocupa mucho la visión de ciertas élites según la cual el Estado no está en capacidad de responder por su seguridad y que llama a las armas en manos privadas. Solo algunas voces han planteado que las armas deben ser del monopolio del Estado y que éste solo puede usarlas dentro de la ley, aunque esto no ha sucedido en la práctica.
En Cali, los policías han usado armas letales contra los manifestantes, algunos sin uniforme ni identificación. Es muy probable, además, que apoyen a los civiles armados que actúan como paramilitares urbanos.
¿Qué hacer para salir de la crisis?
Las movilizaciones han mostrado una intensa polarización entre quienes defienden un modelo económico neoliberal y autoritario, y los sectores que han sido tradicionalmente excluidos y buscan una sociedad más incluyente.
En mi opinión, el debate electoral que se avecina comenzó este año de forma violenta y precipitada. Es importante que este debate se pueda dar en un ambiente de paz y que se puedan oír las distintas propuestas para sacar adelante al país, la región y la ciudad. Entre los polos, hay opciones civilistas y democráticas que pueden dar respuestas a las demandas y problemas de fondo.
José Antonio Ocampo ha hecho propuestas realistas y prácticas sobre la reforma tributaria que necesita el país: una reforma que grave progresivamente a quienes concentran la riqueza y que incluya un ingreso mínimo subsidiado para los menos favorecidos.
En el plano local y regional hay que propiciar el diálogo entre los sectores tradicionalmente incomunicados para llegar a acuerdos, así sean inicialmente inestables. Esto implica identificar los actores y buscar puentes de comunicación entre ellos. Hay que hacer compatibles el derecho a la protesta pacífica y la libertad de tránsito en el nivel local. Esto es posible y la minga indígena lo demostró en la práctica, a pesar de las barricadas, que son una forma de coacción y que tienen límites, como también parece que lo entendieron.
En el plano local y regional hay que propiciar el diálogo entre los sectores tradicionalmente incomunicados para llegar a acuerdos, así sean inicialmente inestables
Los bloqueos pueden contribuir a empeorar el empobrecimiento de la población. En ese sentido paradójico, son una estrategia de los pobres contra los pobres, que no se sabe a quién beneficia.
Hay que proponer el desarme de la sociedad y el uso legal y estricto de las armas, exclusivamente para las fuerzas armadas del Estado. Se deben condenar los excesos en los que incurrieron los manifestantes, pero también denunciar los asesinatos de líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, reinsertados de las guerrillas e indígenas. Tal vez así se pueda recomponer la sociedad y alcanzar un estado de paz y convivencia.
* Este texto fue motivado por un conversatorio informal sobre la situación en Cali convocado por Hernando Corral. Agradezco su invitación y los comentarios y reflexiones de Gonzalo Sánchez. Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor.