La historia de abandono y corrupción de este simbólico complejo hospitalario es una advertencia sobre los límites y los defectos de nuestro sistema de salud.
Jorge Arango Díaz*
Un símbolo
Mientras el contagio por COVID-19 sigue aumentando en Colombia, los gobernantes locales aprovechan el período de cuarentena para buscar recursos y espacios para atender la emergencia.
Una de las necesidades más urgentes es ampliar la capacidad de respuesta del sistema de salud. En lo tocante al espacio hospitalario, los retos son considerables: para no ir más lejos, la Alcaldía de Bogotá estima que la ciudad necesita pasar de 300 a 2.000 Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) para cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En ese contexto, la discusión se ha enfocado en cómo llegar a esa meta. En Twitter, el senador Gustavo Petro afirmó que el hospital San Juan de Dios “está listo” para recibir UCIs, a lo que la alcaldesa Claudia López respondió:
“Gustavo, tuviste la visión de recuperar el lote del San Juan de Dios, pero lo dejaste sin un solo servicio ni cama. Enrique hizo los estudios/PEM y consiguió la plata para construir un hospital allí. Nosotros continuaremos la construcción. Usa tu twitter y liderazgo con sabiduría”.
Petro insistió en que el hospital sí tiene “la infraestructura para conectar las camas de cuidados intensivos”. Pero Maria Mercedes Maldonado, ex secretaria de Hábitat de la administración Petro, afirmó que “el edificio central no estaría listo para servir de unidad de cuidados intensivos” y agregó que “hay que defender el San Juan sin manipular el tema del coroanvirus”.
En todo caso, la discusión sobre el San Juan de Dios va más allá de lo que ocurra con un edifico concreto, pues involucra la visión sobre el sistema de salud que queremos. ¿Cuál es la historia de este complejo hospitalario y qué le impide servir para contener la epidemia?
La importancia del San Juan
El Centro Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá es un bien público y un monumento nacional, de acuerdo con la Ley 735 de 2002.
Por ser un hospital universitario, el San Juan de Dios funciona mediante convenios docente- asistenciales para las prácticas de estudiantes de instituciones públicas y privadas. El objetivo de este tipo de hospitales es prevenir y curar enfermedades, así como investigar y servir a las comunidades en temas relacionados con la salud.
La administración Peñalosa le dejó a la nueva alcaldesa el trabajo sucio de demoler la Torre Central.
La importancia de este hospital ya ha sido reconocida en dos instancias judiciales:
- La sentencia C-1250 de 2001 de la Corte Constitucional declaró infundadas las objeciones que había presentado el entonces presidente Andrés Pastrana a la Ley 735;
- Y en 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó reabrir el hospital para que cumpla con sus funciones constitucionales y legales.
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Los antecedentes de la infamia
La historia del San Juan de Dios se remonta a 1561, cuando se fundó en Santafé de Bogotá el Hospital San Pedro, en los predios que donó para tal fin el arzobispo fray Juan de los Barrios y Toledo.
En 1723, después de doscientos años de ruegos, el Rey Felipe V ordenó construir un hospital para atender a sus súbtidos en estas tierras. Así, en 1739 se creó en ese mismo lugar el hospital de Jesús, María y José, cuya administración quedó a cargo de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
En 1864, la administración del hospital quedó en manos de la Beneficiencia de Cundinamarca, cuyo mal manejo le trajo permanentes premuras económicas. Según algunos, ese mal manejo precipitó la privatización del hospital en 1979, cuando el presidente Turbay creó una entidad de carácter privado para administrarlo: la Fundación San Juan de Dios.
Abandono, corrupción e irregularidades
Después de muchos años de corrupción y de abandono, el hospital fue clausurado en 2001 y los antiguos trabajadores, a quienes no se pagó liquidación ni pensión, ocuparon parte del hospital como forma de protesta.
El 8 de marzo de 2005, el Consejo de Estado declaró la nulidad de los decretos que habían creado la Fundación San Juan de Dios, y decidió que el hospital era propiedad del departamento de Cundinamarca y no de la Nación.
Foto: Empresa de renovación urbana
La indicación dejada por el gobierno de Peñalosa es que el edificio debía demolerse.
Es casi seguro que esta no será la última pandemia ni la más grave de este siglo.
Sin embargo, en 2008 la Fundación San Juan de Dios –cuya existencia había sido declarada ilegal– le vendió al Instituto Nacional de Cancerología unos predios sobre los cuales no tenía la propiedad. La venta fue finalmente anulada en 2015 por la Superintendencia de Notariado y Registro.
¿Recuperar o demoler?
En 2015, la Alcaldía de Bogotá, en cabeza de Gustavo Petro, se dio a la tarea de recuperar el San Juan de Dios y expropió el complejo hospitalario por vía administrativa. Así, obligó al Distrito a reabrir el hospital, en cumplimiento de la orden que había dado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Durante la administración Petro, la Alcaldía suscribió un contrato interadministrativo con el Ministerio de Cultura y la Universidad Nacional para que esta última elaborara un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), no solo del San Juan de Dios, sino de todo el Complejo Hospitalario de la Hortúa, que incluye:
- El Complejo Hospitalario del San Juan de Dios;
- El Instituto Nacional de Cancerología;
- El Instituto Materno Infantil;
- El Hospital de La Samaritana;
- El Instituto Dermatológico Federico Lleras Acosta;
- El Hospital Santa Clara;
- y el Hospital de la Misericordia.
Pero durante su alcaldía, Enrique Peñalosa logró modificar dicho Plan de Manejo en tres ocasiones, y abrió la posibilidad de demoler la Torre Central del Complejo Hospitalario del San Juan de Dios.
El propósito de Peñalosa era construir dos nuevos hospitales que funcionarían bajo el régimen de la Ley 100 de 1993, y no bajo la Ley 735 de 2002, como debería operar el San Juan. Eso quiere decir que el hospital se operaría bajo el sistema fracasado de intermediación de las EPS, y no como un hospital universitario.
Anteponiendo el interés de los inversionistas en salud, Peñalosa desmanteló la planta de lavandería hospitalaria del San Juan, su cocina, y el depósito de linos para ropa de cama y uniformes. Además, chatarrizó 800 camas hospitalarias que en esa época valían diez millones de pesos cada una, y dispersó todas sus historias clínicas, que son fundamentales para la investigación en salud. En 2019, varios ciudadanos le pedimos a la Academia Nacional de Medicina pronunciarse al respecto, pero la Academia guardó absoluto silencio.
De salida, la administración Peñalosa le dejó a la nueva alcaldesa el trabajo sucio de demoler la Torre Central. Así, Peñalosa logra dos cosas:
- Por un lado, encubre todas las faltas enunciadas anteriormente;
- Y, por el otro lado, desprestigia a Claudia López y le resta puntos para una futura contienda presidencial.
Foto: Empresa de renovación urbana
¿Se puede prestar un buen servicio de salud siendo este privado?
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Presente y futuro
El San Juan de Dios cuenta con la Ley 735 de 2002, que le permite funcionar por fuera de la intermedicación financiera y el modelo de la Ley 100 y, además, tiene un fallo judicial que obliga al Gobierno a recuperarlo.
La financiación del Complejo Hospitalario debe provenir, principalmente, de tres fuentes:
- Los convenios docente-asistenciales que se suscriban con las escuelas de salud, públicas y privadas. Solamente en medicina, existen más de 65 de estas escuelas.
- El apoyo financiero del Régimen Subsidiado, que hoy se encuentra en manos de entidades financieras;
- Y los presupuestos anuales que desde 2003 debieron asignarle los ministerios de Salud, Cultura y Educación, y la Secretaría de Salud de Bogotá.
Al igual que una solución a la COVID-19, la salud pública en Colombia depende de la ética ciudadana y comunitaria. La batalla por el San Juan de Dios muestra que las empresas privadas no son confiables en el manejo de la salud humana, no porque no quieran, sino porque su interés esencial es el lucro.
Bajo el capitalismo rampante y hegemónico, es casi seguro que esta no será la última pandemia ni la más grave de este siglo. Por eso, es indispensable defender el agua, el aire, la alimentación, el paisaje y la justicia, para prevenir el sufrimiento y el deterioro en la calidad de vida de toda la humanidad.
Tenemos el deber de corregir el futuro para tener, al fin, una segunda oportunidad sobre la tierra. Si no somos todos, no somos ninguno. Esta es una oportunidad de mejorar el mundo: aprovechémosla.
* Médico de la Universidad Nacional de Colombia y promotor de los deberes comunitarios en salud.
