Supuestamente para mostrar una posición abierta hacia la comunidad LGBT, el obispo Juan Vicente Córdoba usó expresiones despectivas y ofensivas. ¿Es este un ejercicio de la libertad de expresión o es un discurso que bordea el delito?
Mauricio Noguera Rojas*
La intervención
El pasado 14 de mayo la Fundación Buen Gobierno y la Universidad de los Andes, en asocio con Colombia Diversa, llevaron a cabo un foro sobre adopción y matrimonio igualitario.
Pese a que el foro contó con un panel de activistas LGBT de larga trayectoria, así como con periodistas, congresistas, académicos como Rodrigo Uprimny y hasta un ministro de Estado, ningún discurso caló tanto en los medios de comunicación como el Juan Vicente Córdoba, obispo de la diócesis de Fontibón, quien señaló: “No sabemos si algunos de los discípulos de nuestro señor era mariconcitos, no sabemos si María Magdalena era lesbiana. No sabemos, parece que no, porque bastantes pasaron por sus piernas”.
Aunque algunos medios destacaron otros apartes de la intervención del obispo, donde señalaba que ser homosexual no es un pecado y que estaba a favor de aceptar el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo, la controversia se refirió específicamente a aquella frase. Radio, prensa y televisión replicaron una y otra vez las palabras salidas de tono de Córdoba.
Algunos medios citaron apartes de la intervención del ministro Juan Fernando Cristo, pero no supimos qué opinaron la congresista Claudia López, el ex magistrado José Gregorio Hernández, la periodista María Jimena Duzán o el profesor Rodrigo Uprimny, quien hace parte del Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. A juzgar por el nulo cubrimiento de lo dicho por ellos, parece que ninguno dijo nada interesante. A propósito, Mauricio Albarracín hizo una reflexión sobre la valiosa intervención de la primera jueza que casó a una pareja del mismo sexo, solo con el fin de ilustrar la calidad del debate que hubo.
Sin embargo, todo se vio reducido a una palabra: “mariconcito”, y lo que pudo ser una oportunidad para subir el nivel de la discusión pública sobre los derechos de las parejas del mismos sexo, se convirtió en la repetición de las frases del obispo.
¿Matoneo?
Para quienes consideramos ofensivas sus declaraciones, el obispo Córdoba ofreció dos argumentos a manera de explicación:
1. Que se dirigía a un foro de jóvenes homosexuales, y
2. Que la expresión sacada de contexto suena “desafortunada”.
Pero ninguna de las dos explicaciones resulta aceptable. Precisamente el hecho de que se estuviera dirigiendo a jóvenes homosexuales hace grave su mensaje. El foro era nada menos que el ofrecido por la Fundación Buen Gobierno, y el contexto era el de una discusión nacional sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo.
En ese foro Juan Vicente Córdoba fue el representante de las mayorías católicas, que al menos hasta 2011 constituían cerca del 70 por ciento de la población colombiana: una gran mayoría.
Su calidad de vocero de los católicos, el contexto donde se encontraba y la cantidad de personas que asistían al foro, hacían de Juan Vicente Córdoba un referente central en la discusión, que podía optar por ser un defensor de una población históricamente discriminada. Pero al optar por el diminutivo y la burla en la expresión “mariconcito”, se convirtió en una especie de agente de matoneo.
Irónicamente, el obispo trató de justificarse diciendo que se dirigía a un público de “jóvenes homosexuales”. Y seguramente algunos de ellos habrán vivido el matoneo (bullying) en el colegio y conocen muy bien el efecto y el contexto donde se dan ese tipo de expresiones.
Al respecto, en el artículo “Niñas, niños y adolescentes LGBTI como sujetos de derecho frente al hostigamiento escolar”, Ramón Mendos dice que: “Cada niña y cada niño que vive cotidianamente bombardeado por el destructivo efecto de la burla y la humillación de sus pares es una niña o un niño al que se le están arrebatando sus derechos”.
 Jóvenes bogotanos participan en la marcha LGBTI. Foto: Diego Cambiaso |
¿Hostigamiento?
Pero Juan Vicente Córdoba no es un bully cualquiera de colegio.
Debería saber que el uso de la burla y de estereotipos de género para descalificar a una persona no solamente es de mal gusto, sino seriamente nocivo para una sociedad que aspira a ser pluralista.
Dejando de lado la expresión “mariconcito”, también hay que señalar que pasó sin mayor análisis la presunción del obispo acerca de la heterosexualidad de Maria Magdalena, “porque bastantes pasaron por sus piernas”.
Flaco favor hizo el obispo al avance de la sociedad al dar estas declaraciones, especialmente cuando el Estado colombiano se ha comprometido con el artículo 8 de la Convención para erradicar la violencia contra las mujeres, incluyendo la lucha contra los prejuicios sociales basados en estereotipos de rol.
Las declaraciones del obispo prueban también que la tarea del Estado aún es grande en esta materia. Si tomáramos las expresiones de Córdoba en su entera dimensión es decir, en un contexto donde la discriminación empieza por la burla desde los colegios, puede decirse que los estereotipos de género siguen sin erradicarse y que Colombia es un país que discrimina a quienes no ostentan una orientación sexual heterosexual.
El foro donde se dieron esas expresiones era uno abierto al público y difundido de manera masiva. Por eso podríamos llegar a pensar incluso en la existencia de un delito de hostigamiento.
Libertad de expresión
No obstante debo resaltar que el derecho a la libre expresión, en palabras de la Corte Europea de Derechos Humanos, se refiere no solo a “la información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también a aquellas que ofendían, perturbaban o distorsionaban. Esa es una exigencia del pluralismo, de la tolerancia y de la amplitud de miras, sin lo cual no existe una sociedad democrática”.
Es decir, si bien el obispo Córdoba pudo ser abusivo en sus palabras, un genuino debate democrático no puede darse al acallar las opiniones ofensivas mediante la agresión o el uso del derecho penal, sino a través de una discusión donde se oigan muchas voces, incluso las incómodas.
Resulta en todo caso importante reconocer la gran responsabilidad que tienen los líderes religiosos y políticos, así como el impacto de sus palabras.
En 2012, un grupo de expertos en el derecho a la libertad de expresión propuso un plan de acción para atacar los discursos de odio y discriminación. Una de sus conclusiones bien podría ser aplicada a Juan Vicente Córdoba y a todos aquellos que, como él, ocupan cargos de liderazgo: “Los líderes políticos y religiosos deberían abstenerse de emitir mensajes de intolerancia o expresiones que podrían incitar a la violencia, hostilidad o discriminación. Tienen además un papel crucial que jugar, hablando de forma pronta y contundente contra la intolerancia, estereotipos discriminatorios y la incitación a los discursos de odio”.
 Foro de adopción igualitaria en la Universidad del Rosario. Foto: Sentiido |
Tres lecciones
Las palabras del obispo Córdoba nos dejan tres lecciones fundamentales:
1. La Iglesia católica tiene un gran poder de representación y congregación, y sus líderes tienen la capacidad de usar ese liderazgo para ser ofensores o defensores de los excluidos, para perpetuar estereotipos o para desdibujarlos.
2. Las voces de disenso siempre son importantes, aun cuando lo que dicen no nos agrade. En este punto, Colombia Diversa nos dio una lección sobre la naturaleza de un Estado laico al reconocer en Juan Vicente Córdoba a una voz disidente y representativa que merecía ser escuchada en el foro sobre matrimonio igualitario.
3. Los medios de comunicación son libres de decidir qué publican o qué no. Pueden repetir una sola voz, una sola frase (en este caso “mariconcito”), o pueden fortalecer el ejercicio de la libertad de expresión y pluralizar las voces sobre un tema.
La reflexión que nos queda es la importancia social de reafirmar el derecho a la libre expresión. Cuando en los medios de comunicación hay más voces diversas, los discursos estereotipados pierden su fuerza– y el matoneo se enfrenta como debe ser, con argumentos en la discusión pública-.
* Abogado de la Universidad Nacional, especialista en asuntos de género de la FLACSO (Argentina), asesor del Equipo de Género de la Subdirección de Políticas Públicas de la Fiscalía General de la Nación.
[1] Los puntos de vista del autor expresados en esta publicación no necesariamente reflejan una posición institucional.
