Una década de luchas se ha traducido en la conquista de derechos básicos, pero hay nuevos desafíos y el gobierno de Duque podría detener ese proceso.
Mauricio Noguera*
Un momento decisivo
Hace una semana se llevaron a cabo las marchas del orgullo gay en todo el mundo. Hoy en Colombia existe la posibilidad de la adopción conjunta, la licencia de maternidad y paternidad, y ciertos grupos de jueces y notarios dispuestos a reconocer a estas familias homoparentales como familias.
Esto se debe a la transformación sustancial que se ha dado en la última década, pues para el 2007 no se reconocía la existencia de las parejas del mismo sexo y las EPS se negaban a afiliarlas como beneficiarias del sistema de salud.
No obstante, dichas garantías no son para todos y todas. Este último año ha sido la prueba de que estamos ante un momento de transformación en lo que respecta al reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI. Se oyen voces desde los márgenes sociales y desde fuera de las ciudades, así como de los que no quieren ser definidos por una sigla.
¿El gobierno entrante estará preparado para asumir estos cambios?
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Los avances
 Matrimonio igualitario. Foto: Pixabay |
Durante el 2017 y en lo que va del 2018, las entidades estatales y departamentales consolidaron un proceso de institucionalización de los derechos de las personas LGTBI. Tal proceso parecía muy lejano en 2006, pues para entonces solo se hablaba de programas, políticas y funcionarios LGTBI en la alcaldía de Bogotá.
Hoy, diversas entidades nacionales cuentan con equipos e informes especializados acerca de los derechos de la comunidad LGBTI. La Defensoría del Pueblo, el Centro Nacional de Memoria Histórica, Medicina Legal, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud e incluso la Policía Nacional o el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, han adelantado acciones al respecto, aunque su alcance y efectividad sean objeto de discusión.
También se han adelantado políticas locales LGBTI, pues además de Bogotá, Cali y Medellín se han sumado varias gobernaciones: Meta, Nariño, Caquetá, Norte de Santander, Cauca, Bolívar y Arauca (que se encuentra en proceso de formular las políticas), entre otras.
En todo esto, el Decreto 762 de 2018 del Ministerio del Interior merece una mención especial, pues después de más de ocho años de trabajo se expidió la Política Pública Nacional LGBTI: un conjunto de normas que organiza principios y enfoques y crea un Grupo Técnico para la Garantía de Derechos de los Sectores Sociales LGBTI.
Esta política consolida lo que hasta hace poco era un acuerdo entre un grupo de entidades y que solo resultaba palpable en la Mesa de Casos Urgentes para los Derechos de las Personas LGBTI.
Ahora se plantea la creación de grupos de trabajo especializados y, sobre todo, existe una ambiciosa agenda de trabajo, cuya fortaleza se encuentra en la base de su formulación, pero que no es del todo visible en el documento final.
Garantías más allá del centro
La movilización de la comunidad LGBTI en el último año ha tenido gran impacto sobre el reconocimiento de sus derechos, la diversificación de espacios de presencia de los sectores LGTBI y la variedad de voces que han hecho contrapeso a lo que hasta ahora había sido un movimiento ligado profundamente a un activismo jurídico centrado principalmente en los derechos de las parejas del mismo sexo.
La presencia de youtubers, columnistas, caricaturistas y artistas que hablan abiertamente acerca de su orientación sexual o identidad de género y expresan posiciones críticas sobre la discriminación en forma mucho más atractiva en redes sociales, también ha incidido sobre la forma como se ve a la comunidad.
Ya sea tratando temas de violencia contra las mujeres trans como lo ha hecho la abogada y columnista Matilda Gonzáles, o a la manera del diseñador Zay Cardona quien creó el espacio Mariquismo Juvenil, en donde desde la caricatura se abordan temas recurrentes (como el terror al enfoque de género o la discriminación a las expresiones identitarias que transgreden los límites de la masculinidad y feminidad), la movilización se produce desde las regiones y en las redes sociales, con tuits, entradas o performances en las calles.
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El activismo LGBTI de las regiones ha sido fundamental para señalar que las garantías alcanzadas en las grandes ciudades tienen alcances limitados. Los derechos reconocidos por la Corte Constitucional no se traducen obligatoriamente en el trato digno y respetuoso por parte de los funcionarios públicos en las regiones.
Así mismo, aspectos de la vida cotidiana local son desconocidos en los centros del país y afectan a personas que transitan fuera de las definiciones clásicas de la sigla LGBTI. Por ejemplo, informes periodísticos que abordan la intersección del ser indígena y el no identificarse con los roles masculino-femenino tradicionales y la heterosexualidad, permiten que nuestras perspectivas se amplíen acerca de las implicaciones de vivir en la ruralidad colombiana, así como darle un nuevo sentido al indigenismo.
Derechos de las personas Trans
Aunque la lucha de las personas trans siempre ha sido parte de la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI, la agenda jurídica ha sido copada en gran medida por el activismo gay y lésbico.
Esto no deja de ser interesante, pues una de las sentencias que inauguró en la Corte Constitucional la lucha por los derechos de las personas trans fue la del caso de Pamela, una mujer trans en Cali que solicitó en 1993 un cambio de nombre que le había sido negado.
En el año 2015, además del cambio de nombre, se garantizó el cambio de sexo en el registro civil de personas trans por vía del Decreto 1227 de 2015. Para el 2017, el cambio de sexo registral incluyó a menores de 18 años, evitando aquellos casos donde los padres pudieran obstaculizar el proceso de construcción identitaria con la aquiescencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Hoy vemos el posicionamiento de mujeres trans en distintas esferas:
- La directora Brigitte Baptiste del Instituto Humboldt;
- Profesoras trans en universidades como la Javeriana o la Pedagógica;
- Funcionarias departamentales como ocurrió hace poco en Bogotá y Nariño;
- Activistas trans que con su denuncia local han llamado la atención sobre una violencia que no cesa contra estas mujeres tanto en Chaparral Tolima como en el barrio Santa fe en Bogotá.
Estos nuevos liderazgos han tenido impacto más allá de las fronteras colombianas. Por ejemplo, la defensora de derechos de las mujeres trans Katalina Ángel ha desarrollado su trabajo con la Red Comunitaria Trans del barrio Santa Fe en Bogotá. En mayo de este año presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación de las personas LGBTI privadas de la libertad en las Américas. Ello en parte debido a sus experiencias personales frente a la violencia carcelaria y, en gran medida, a su trabajo de difusión sobre los derechos en cárceles directamente con otras mujeres trans.
La fragilidad del futuro
 Presidente y Vicepresidenta electos, Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Foto: Jurisdicción Especial para la Paz |
La consolidación de derechos de las parejas del mismo sexo, su institucionalización, la diversificación de los activismos y, en particular, el fortalecimiento del activismo Trans parecen ser la garantía de un futuro prometedor para la comunidad LGBTI, sin embargo, el futuro es amenazante y las condiciones actuales del país dan cuenta de la fragilidad de lo alcanzado.
Si bien en 2017 muchos celebramos el hundimiento del referendo que buscaba impedir la adopción por parte de parejas del mismo sexo y que incluso afectaba a individuos heterosexuales, la llegada de Iván Duque a la presidencia junto con Viviane Morales supone un riesgo a los derechos hoy reconocidos de las personas LGBTI.
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Esto sin contar con el destituido exprocurador Alejandro Ordóñez, quien en ejercicio de su cargo atacó por vías jurídicas los avances en la garantía de derechos de dicha comunidad.
Por otro lado, la ausencia de propuestas y referencias de Duque sobre las personas LGBTI, contrastan con sus pocos pronunciamientos sobre el tema. Duque no solo habló de proteger derechos patrimoniales para las parejas del mismo sexo, sino que limitó sus pronunciamientos a un aspecto que dentro del espectro de derechos de personas LGBTI, es mínimo.
Su partido político ya inició los ataques contra las víctimas LGBTI del conflicto armado. No contentos con haber presionado deliberadamente para que la sigla LGBTI fuera eliminada de los acuerdos de paz, en cabeza de la senadora Paloma Valencia, el Centro Democrático solicitó nuevamente la eliminación de la sigla en el texto de la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz.
Aún desconocemos el papel de Ordóñez y Morales en el gobierno de Duque, pero las acciones iniciadas en el Congreso por Paloma Valencia contra la dignidad de las victimas LGBTI del conflicto armado, dejan claro que todos los avances están en riesgo:
- La Política LGBTI nacional puede ser derogada;
- En el contexto actual de violencia contra decenas de defensores de derechos humanos en el país, los activistas en las regiones corren riesgo; y
- Las luchas trans que empiezan a tener una voz más potente, pueden ser acalladas por el unanimismo homofóbico y transfóbico que rodea al gobierno entrante.
Avances importantes con un riesgo enorme que requieren la continuidad de liderazgos trans, mayor compromiso institucional y una férrea movilización social.
*Abogado de la Universidad Nacional, especialista en asuntos de género de la FLACSO (Argentina), defensor de derechos de las personas LGBTI.
