A mitad de camino el proyecto para financiar dignamente la educación superior pública

El proyecto de ley 212 de 2024, que reforma los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, está a medio camino de ser ley de la República. Falta su paso por la Cámara de Representantes en una carrera contrarreloj entre el calendario político y las restricciones fiscales del país.

El pasado 24 de septiembre fue aprobado en segundo debate por la plenaria del Senado el proyecto que reforma la educación superior pública del país en materia financiera. El proyecto de ley busca aumentar el presupuesto destinado a las universidades y las instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias públicas del país.

Durante el año 2025 se realizaron distintas audiencias públicas, así como manifestaciones de diversos actores de la comunidad de la educación superior para que el Congreso y el gobierno nacional dieran prioridad a este proyecto de iniciativa parlamentaria (cuyos autores principales fueron Gabriel Becerra, Jennifer Pedraza y Ariel Ávila) y con la firma y el respaldo del ministro de Educación, Daniel Rojas. 

Este proyecto se ha justificado frente a la desfinanciación estructural de la educación superior pública por más de treinta años, que ha mantenido en crisis financiera a diversas universidades públicas del país.

Qué dice el proyecto aprobado en el Senado

El proyecto de ley que sale del Senado de la República incluye ocho artículos. Entre sus aspectos centrales se encuentra la modificación del artículo 86 de la Ley 30 de 1992, que establece actualmente el nivel mínimo de incremento anual de la base presupuestal anclada al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esto es, el aumento de precios de la canasta básica familiar. La reforma lo reemplaza por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), que mide más fielmente el aumento de costos para las instituciones y diferencia el índice por tipo de institución (universidades, instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias), lo cual resulta en un indicador mayor al que usualmente es el IPC anualmente. En todo caso, el proyecto especifica que si el IPC supera al ICES en un año dado, el aumento se anclará al IPC, lo que garantiza siempre el mayor beneficio para las universidades públicas. 

El mismo artículo define que desde el Presupuesto General de la Nación se dispondrán los recursos adicionales (por encima del ICES) para aumentar el acceso, la permanencia y la graduación; cerrar brechas territoriales y sociales; financiar programas estratégicos para la calidad educativa, la investigación y la infraestructura física de las instituciones, así como la financiación de variaciones del régimen salarial y prestacional docente. Todos estos recursos harán parte de la base presupuestal, lo que viabiliza aumentos por encima del ICES, dada la prioridad de financiación anual del gobierno nacional.

Hay un nuevo artículo, equiparable a la nueva versión del artículo 86, pero para crear base presupuestal para las Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones Tecnológicas, Instituciones Universitarias y Escuelas Tecnológicas estatales u oficiales. Esta base partirá desde un mínimo del 0,05% del PIB anual del año inmediatamente anterior. Esto significa que para 2025 esta base presupuestal equivaldría a $853.224 millones. La base aumentará progresivamente para llegar a ser el 0,07% del PIB ($1,2 billones). Este artículo representa un avance fundamental para estas instituciones, porque cerca del 45% de estas no reciben ningún aporte de la Nación para su financiación.

Se modifica el artículo 87 de la Ley 30, que especifica un aumento de recursos que no hacen parte de la base presupuestal y están ligados al desempeño económico del país. Actualmente estos recursos aumentan en un porcentaje mínimo del 30% del incremento anual del PIB, y la reforma lo aumentará al 70%. En el trámite del Senado la oposición incorporó el siguiente parágrafo: “Cuando la tasa de crecimiento del PIB sea superior al doble de lo registrado en la vigencia anterior, el incremento anual de que trata este artículo será del 30%”, el cual busca limitar el crecimiento de este presupuesto, pero en todo caso sigue siendo una mejoría frente a la redacción actual del artículo.

El artículo quinto plantea que las transferencias para funcionamiento e inversión y los demás recursos financiados por el Presupuesto General de la Nación y las entidades territoriales propenderá por un aumento progresivo hasta ser equivalentes como mínimo al 1% del PIB del país. En 2024 esta cifra sería de $17,1 billones, una cifra que históricamente ha sido una consigna desde el movimiento de la educación superior.

Se crea un artículo que busca constituir veedurías ciudadanas con el fin de hacer vigilancia y control a los recursos de las instituciones de educación superior públicas, que en ningún caso sustituye el papel de la Contraloría General ni el de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional.

Se adiciona un artículo nuevo para la asignación de recursos adicionales durante los siguientes quince años, que permitan el cierre de brechas entre las distintas instituciones y mejorar las condiciones presupuestales para oferta, acceso, permanencia, regionalización y calidad entre instituciones.

Qué hace falta para que sea ley

Esta reforma se encuentra a mitad de camino para convertirse en ley de la República. El 24 de septiembre fue aprobado en la plenaria de Senado el proyecto de ley en segundo debate, de cuatro que debe pasar un proyecto de ley ordinario. Se espera ahora que transite en el debate de la comisión sexta de la Cámara de Representantes y luego pase a la plenaria para su último debate.

El proyecto pasó y fue aprobado en la plenaria de Senado, que es uno de los espacios más difíciles en términos de correlación de fuerza para proyectos de avance social como este. Es conocido que en la Cámara de Representantes se cuenta con mejores condiciones para avanzar en el trámite, y por lo tanto se puede esperar un trámite más expedito para los últimos dos debates.

Otro aspecto significativo y que resultó fundamental para su aprobación en segundo debate fue la existencia del aval fiscal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Este es un requisito para que un proyecto se vuelva ley de la República. Sin este aval en el trámite una ley que tiene impacto fiscal puede ser declarada inconstitucional. Por lo anterior, el 23 de septiembre el viceministro general del Ministerio de Hacienda y Crédito Público “emite concepto favorable a la iniciativa objeto de análisis en la medida en que las erogaciones contenidas en la misma están sujetas al Índice de Costos de la Educación Superior”.

Aun con las dificultades fiscales que atraviesa el país, los recursos anuales adicionales que se requieren para financiar este proyecto equivalen al 1,1% del techo fijado por el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP). En ese sentido, si bien hay requisitos de nuevos ingreso y reducción de gastos públicos en distintas carteras ministeriales, el espacio fiscal para financiar adecuadamente la educación superior pública puede ser una realidad a través de este proyecto de ley. 

Si bien el camino se ve más despejado para la aprobación de esta reforma, es fundamental que el movimiento por la educación superior no baje la guardia. Es indispensable insistir al gobierno nacional y a la Cámara de Representantes en que le den prioridad a este proyecto, no dilaten su discusión y mantengan activas las sesiones durante este período preelectoral para avanzar en esta ley que ha sido demandada por las instituciones de educación superior pública durante décadas. 

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