Bonos de carbono: ¿negocio a costa de la vulneración de derechos?
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Bonos de carbono: ¿negocio a costa de la vulneración de derechos?

Escrito por Diego Cortes Valencia

Los bonos de carbono son mecanismos para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero la realidad es mucho más compleja: ¿Qué hay detrás de esta medida? ¿Qué está pasando en Colombia?.

Diego Cortés Valencia*

Amenaza a los pueblos indígenas

Dejusticia publicó un artículo titulado “Bonos de carbono, un mercado ambiental que amenaza a los pueblos indígenas”.

El artículo sintetiza el concepto que construyeron junto a la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes, sobre la tutela presentada por el Consejo Indígena del Pirá Paraná y la Asociación de Capitanes y Autoridades Tradicionales del Río Pirá Paraná (ACAIPI) contra la Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques (Masbosques) y otros.

En pocas palabras, el artículo expone la violación de la autonomía indígena por parte de las empresas responsables de emisiones de bonos de carbono. Esta situación no es un caso aislado, sino que hace parte de un fenómeno internacional que se produce en varios países del sur global.

Los bonos

Los bonos de carbono son un mecanismo de compensación de emisiones de gases de efecto invernadero (CO2 equivalentes). Cada bono corresponde a una tonelada de equivalente de dióxido de carbono capturada o no emitida a la atmósfera.

Estos bonos son emitidos por las empresas que realizan las inversiones para garantizar la captura de carbono. Después son vendidos a las empresas que contaminan en distintas partes del mundo. Una medida que puede definirse como una solución del mercado financiero.

las compañías se aprovechan de las comunidades locales y, en último término, los más beneficiados son las empresas intermediarias y los compradores finales porque se sobrestima el valor real de las inversiones en bonos de carbono.

Un ejemplo es el protocolo de Kioto (1997), acuerdo internacional enfocado en compensar las actividades productivas de empresas que no reducen sus emisiones con un pago equivalente a su contaminación. También vale la pena recordar la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, donde se crearon los pagos por Resultados de Mitigación REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation).

Además de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, tales iniciativas promueven la conservación y la gestión sostenible de los bosques, en donde cada disminución de tonelada equivalente de CO2 corresponden a un bono.

Para 2021, existían cerca de 98 proyectos de este tipo en el territorio colombiano.

Las críticas a estos mecanismos de financiación contra el cambio climático son múltiples: el aprovechamiento de grandes empresas financieras sobre comunidades indígenas, negras o campesinas; las limitaciones de la autonomía de territorios soberanos de comunidades étnicas; la opaca efectividad de los bonos y la especulación financiera construida en el mercado de compra y venta de los bonos.

Negociaciones desequilibradas

Para emitir bonos de carbono, las empresas se acercan a zonas donde la captura de emisiones es factible mediante la protección de selvas y bosques y realizan contratos con las comunidades.

Debido a las características geográficas de estas zonas, la mayoría de la población suele ser comunidades indígenas. Se firman contratos de compensación ambiental para que las comunidades se comprometan a conservar la selva a cambio de recursos económicos. Buena parte de estas acciones se han concentrado en la región amazónica.

Aunque son contratos privados, es común la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas. Hoy hay denuncias de abuso abierto de las empresas en la negociación, como el impedimento a las comunidades de realizar un proceso de consulta previa medianamente responsable.

Por ejemplo, en 2021, las firmas colombianas Waldrettung y Vida Verde Ambiental S.A.S. intentaron firmar un contrato con el Resguardo Indígena Nukak Maku, ubicado en San José del Guaviare. Este intento fue denunciado varias veces, debido a la presión de las empresas para mantener la información confidencial; al parecer, las compañías prohibieron a los indígenas realizar una consulta jurídica. Aunque el proyecto no se concretó, esta situación expone algunas de las vulneraciones a los derechos de las comunidades indígenas cuando negocian bonos de carbono.

Asimismo, por el lado del Consejo Indígena del Pirá Paraná, las denuncias tienen que ver con su autonomía como gobierno propio. Según Dejusticia, el Consejo afirmó que la corporación Masbosques y otras tres empresas no respetaron la autoridad ni los mecanismos de participación propios de los indígenas al utilizar una autorización falsa para llevar a cabo un proyecto REDD+ en el año 2021.

Saltarse las formas organizativas de los pueblos indígenas es una constante. La alcaldesa del municipio de Miraflores (Guaviare) denunció la existencia de proyectos en cinco resguardos indígenas, donde se han violado la autonomía y el gobierno propio. Además, precisó que no tienen copias de los contratos y no todos los resguardos del municipio firmaron, lo cual produce tensiones y conflictos entre los integrantes de las comunidades indígenas.

Algo muy similar sucedió en Nariño, donde el gobernador del resguardo de Cumbal firmó un proyecto de bonos de carbono sin informar a la comunidad.

En pocas palabras, es posible afirmar que, poco a poco, este tipo de situaciones resulta en una serie de prácticas injustas en la negociación del contrato, la ruptura del tejido social de las comunidades indígenas y el surgimiento de conflictos entre los resguardos.

Especulación con los bonos

Varias investigaciones concluyen que los bonos de carbono, en distintas regiones del continente, no tienen el valor que las empresas afirman.

Tal es el caso de Verra, empresa estadounidense y una de las compañías más importantes en materia de bonos de carbono. Patrick Greenfield, en The Guardian, informa que más del 90% de las compensaciones de carbono de la selva tropical que ha certificado Verra no tienen ningún valor. Además, los métodos de contabilidad del carbono forestal empleados por los desarrolladores fueron un 23% y un 30% más altas que las estimaciones del Berkeley Carbon Trading Project.

Algo muy parecido se ha denunciado a partir de las metodologías de valoración, donde se inflan los precios de los bonos que no tendrán efectos reales en el medio ambiente. Este tipo de prácticas se conocen como la venta de “aire caliente”.

Por ejemplo, en los proyectos Matavén y Kaliawiri, la empresa Primax Colombia S.A.S utilizó bonos de carbono para reducir el pago de impuestos y para que en el 2021 pudiera presentar deducciones de 25 millones de dólares. Con esta estrategia, se estarían sobreestimando los precios de los bonos y reduciendo los ingresos públicos que podrían destinarse a la lucha contra el cambio climático.

Además, la mayoría de estos bonos se emiten sobre zonas con bajos niveles de deforestación. Dicho de otro modo, están pagando por árboles que ya existían, mientras que en zonas de alta deforestación no se promueve ningún cambio significativo. De esta manera se estarían financiando acciones contra la deforestación que en la práctica no existen.

Foto: Cancillería - La mayoría de los bonos de carbono se emiten en zonas donde las presiones de deforestación son bajas.

Los bonos y la crisis climática

Los bonos son una respuesta de precios de mercado para las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, algunos integrantes de comunidades indígenas han puesto en tela de juicio la idea de asignar un valor de mercado específico a la conservación de la selva.

Las empresas emisoras y certificadoras ven la contaminación como una externalidad negativa de la explotación económica de los recursos —no como un límite ambiental que debe ser respetado por el modelo económico—. Así, en virtud de los bonos de carbono, las compañías tendrían el “derecho” de contaminar siempre que lo hagan a cambio de comprar en bonos el daño equivalente.

Pero en el contexto económico actual, esta medida aumenta la desigualdad entre quienes pueden mantener sus sistemas de producción extractivista y los países del sur global donde ese extractivismo supera el límite de tolerancia ambiental.

Además, las compañías se aprovechan de las comunidades locales y, en último término, los más beneficiados son las empresas intermediarias y los compradores finales porque se sobrestima el valor real de las inversiones en bonos de carbono.

Las anteriores denuncias sociales y técnicas demuestran que los bonos de carbono son mecanismos insuficientes para luchar contra el cambio climático. De hecho, pueden agravar la crisis si no existe una regulación clara y efectiva, tanto a nivel nacional como internacional.

No es posible que estas grandes empresas se aprovechen de su poder de mercado y de la falta de información de las tribus locales, como se pudo constatar en el caso de las comunidades indígenas de la región amazónica.

Qué hacer

El gobierno debe acelerar la reglamentación de este tipo de proyectos.

La regulación existente, que abre camino a estos mercados, no atiende la complejidad de las variables económicas, ambientales y sociales asociadas con la compra de bonos de carbono. En particular, la legislación vigente no exige estrictamente el desarrollo de consultas previas, lo cual viola los derechos de las comunidades étnicas.

Las empresas que ejecutan proyectos REDD+ atentan contra el gobierno propio de los pueblos indígenas. Por eso debe haber mejor acompañamiento estatal en los proyectos que se desarrollan en las regiones.

en el contexto económico actual, esta medida aumenta la desigualdad entre quienes pueden mantener sus sistemas de producción extractivista y los países del sur global donde ese extractivismo supera el límite de tolerancia ambiental.

El fortalecimiento del gobierno indígena debe empezar por formalizar las Entidades Territoriales Indígenas como parte de la estructura político-administrativa del país, tal como ordena el artículo 286 de la Constitución. Dicho proceso podrá llevarse a cabo con el cumplimiento del Decreto Ley 632 de 2018, específicamente, por medio de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.

El Estado debe exigir transparencia en los procesos contractuales, las metas, las metodologías de valoración y el cumplimiento de reducción de emisiones, aunque los contratos sean entre entes privados. Será preciso estudiar el impacto de nuevas condiciones sobre la seguridad jurídica, para evitar demandas de las multinacionales amparadas en los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Internacionales de Inversión.

Por último, el gobierno debe clarificar el papel que tendrán los distintos mecanismos en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. También debe precisar cómo se tomarán las medidas para reducir los impactos negativos en términos económicos y sociales en las poblaciones más vulnerables del país.

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8 Comentarios

Maria Pérez octubre 15, 2023 - 10:57 pm

Los bonos y la crisis climática
Los bonos son una respuesta de precios de mercado para las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, algunos integrantes de comunidades indígenas han puesto en tela de juicio la idea de asignar un valor de mercado específico a la conservación de la selva.

Las empresas emisoras y certificadoras ven la contaminación como una externalidad negativa de la explotación económica de los recursos —no como un límite ambiental que debe ser respetado por el modelo económico—. Así, en virtud de los bonos de carbono, las compañías tendrían el “derecho” de contaminar siempre que lo hagan a cambio de comprar en bonos el daño equivalente.

Pero en el contexto económico actual, esta medida aumenta la desigualdad entre quienes pueden mantener sus sistemas de producción extractivista y los países del sur global donde ese extractivismo supera el límite de tolerancia ambiental.

Además, las compañías se aprovechan de las comunidades locales y, en último término, los más beneficiados son las empresas intermediarias y los compradores finales porque se sobrestima el valor real de las inversiones en bonos de carbono.

Las anteriores denuncias sociales y técnicas demuestran que los bonos de carbono son mecanismos insuficientes para luchar contra el cambio climático. De hecho, pueden agravar la crisis si no existe una regulación clara y efectiva, tanto a nivel nacional como internacional.

No es posible que estas grandes empresas se aprovechen de su poder de mercado y de la falta de información de las tribus locales, como se pudo constatar en el caso de las comunidades indígenas de la región amazónica.

Qué hacer
El gobierno debe acelerar la reglamentación de este tipo de proyectos.

La regulación existente, que abre camino a estos mercados, no atiende la complejidad de las variables económicas, ambientales y sociales asociadas con la compra de bonos de carbono. En particular, la legislación vigente no exige estrictamente el desarrollo de consultas previas, lo cual viola los derechos de las comunidades étnicas.

Las empresas que ejecutan proyectos REDD+ atentan contra el gobierno propio de los pueblos indígenas. Por eso debe haber mejor acompañamiento estatal en los proyectos que se desarrollan en las regiones.

en el contexto económico actual, esta medida aumenta la desigualdad entre quienes pueden mantener sus sistemas de producción extractivista y los países del sur global donde ese extractivismo supera el límite de tolerancia ambiental.
El fortalecimiento del gobierno indígena debe empezar por formalizar las Entidades Territoriales Indígenas como parte de la estructura político-administrativa del país, tal como ordena el artículo 286 de la Constitución. Dicho proceso podrá llevarse a cabo con el cumplimiento del Decreto Ley 632 de 2018, específicamente, por medio de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.

El Estado debe exigir transparencia en los procesos contractuales, las metas, las metodologías de valoración y el cumplimiento de reducción de emisiones, aunque los contratos sean entre entes privados. Será preciso estudiar el impacto de nuevas condiciones sobre la seguridad jurídica, para evitar demandas de las multinacionales amparadas en los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Internacionales de Inversión.

Por último, el gobierno debe clarificar el papel que tendrán los distintos mecanismos en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. También debe precisar cómo se tomarán las medidas para reducir los impactos negativos en términos económicos y sociales en las poblaciones más vulnerables del país.

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Alejandra Cortes octubre 15, 2023 - 10:59 pm

El articulo pone en evidencia la violación a los derechos de las comunidades indígenas. La especulación financiera, la falta de transparencia en los contratos y la sobrevaloración de los bonos plantean preocupaciones significativas. Además, la ausencia de regulaciones claras y el abuso de las empresas en las negociaciones son señales de un sistema que favorece a las corporaciones a expensas de comunidades vulnerables.

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DANIEL ZARCO octubre 15, 2023 - 11:09 pm

El poder económico de estas empresas puede modular la situación a su favor por medio de formas poco transparentes y en donde el sector público puede verse involucrado. Hay todo un repertorio de cambios y cuestiones que deben tomarse a la seriedad del asunto y más si estamos ante un privado y contemple entre obtener más ganancias y afectar al medio ambiente. La avaricia y egoísmo de las multinacionales escogerán la que mas le conviene, al fin y al cabo tienen como pagar el daño que ocasionan aunque eso vaya en contra de la vida de comunidades, pueblos e inclusivo en las grandes urbes.

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Juanita Gonzalez octubre 18, 2023 - 3:11 pm

interesante artículo puesto que además de dar información sobre el negocio de los bonos de carbono, presenta soluciones claras para la problemática. No es de extrañar que las grandes industrias vean la contaminación por carbono como un negocio más, pasando por alto los derechos de comunidades indígenas, sin preocuparse realmente por el ambiente y lo que esto provoca. Es importante que el Estado exija claridad en los procesos y contratos que se dan entre ambos.

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Angie Soto octubre 20, 2023 - 10:07 am

En mi opinión, los bonos de carbono son una medida positiva para abordar el cambio climático y promover la transición hacia una economía baja en carbono. Al establecer un precio al carbono, se crea un incentivo económico para reducir las emisiones y fomentar la adopción de tecnologías más limpias y sostenibles. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los bonos de carbono no son una solución completa al problema del cambio climático. Son una herramienta complementaria que debe ir acompañada de políticas y acciones más amplias para reducir las emisiones a nivel global. Además, es fundamental asegurar la integridad y transparencia de los proyectos respaldados por los bonos de carbono. Es necesario contar con mecanismos de verificación y seguimiento rigurosos para garantizar que las reducciones de emisiones sean reales y permanentes.

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Laura Rodríguez octubre 22, 2023 - 6:04 pm

La noticia revela una realidad compleja y profundamente preocupante en torno a los bonos de carbono en Colombia, se menciona que las empresas venden estos bonos como una solución para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático, sin embargo, la situación es muy diferente a lo que se pinta, ya que, las prácticas asociadas con los bonos de carbono están violando los derechos de las comunidades indígenas y están exacerbando las desigualdades económicas y sociales existentes. A mi punto de vista esto es una falta de respeto por parte de las empresas, ya que por el simple hecho de tratar de obtener bonos de carbono, irrespetan la autonomía del territorio, así mismo su forma de vida y sus valores culturales.

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Daniel Sanabria octubre 22, 2023 - 10:01 pm

Un modelo capitalista que busca sabotear a un más al débil y de extraer recursos de manera indiscriminada sin temor al escrutinio real y legal con obligaciones morales, humanas y ambientales. Es simplemente una idea estúpida tapar el sol con un dedo y más cuando se maneja de manera financiera en contextos de manipulación, acoso y poder infundado sobre comunidades aisladas que cuentan menos con apoyo social y gubernamental.

Que no haya una clara participación del gobierno local y estatal solo demuestra que estos poderes de interés están cada vez más atados en los supuestos líderes democráticos que deberían cuidar y proteger el pueblo y el territorio. Qué mal que siga existiendo un mercado tan absurdo que buscar pagar con dinero la posibilidad de continuar la destrucción de los hábitats, los territorios y las comunidades.

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Lorena Medina octubre 24, 2023 - 11:46 am

Desde mi punto de vista los bonos de carbono son una buena iniciativa para proteger y reforestar los bosques, el problema es cómo se han venido regulando ya que las empresas privadas encargadas de hacer de intermediario entre los empresarios y los proyectos pueden esconder la información y no es una obligación con el país contar que hacen con ese dinero, mientras que si fuera un ente público o propiamente del estado tendrían una responsabilidad social que deben cumplir por el contexto, además de que es el mismo estado que cobra los impuestos a cada empresa, sería más fácil de regular con empresas públicas, aunque bien es cierto que en Colombia cualquier entidad puede robar dinero por la corrupción que esta siempre presente. Si la situación sigue así sería mejor que les sigan cobrando los impuestos normales a las empresas y no hacer una iniciativa que genera más problemas sociales y una solución nula en el problema ambiental.

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