Desde las universidades, la movilización y la aprobación legislativa: el camino de la reforma financiera a la Ley 30 de 1992

En cuarto y último debate fue aprobada la reforma financiera a la Ley 30 de 1992. Este es un hecho de trascendencia histórica porque han sido décadas de propuestas y movilización desde el movimiento de la educación superior para lograr esta reforma.

El pasado 15 de diciembre, en la plenaria de la Cámara de Representantes, se aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley número 212 de 2024 del Senado: “Por la cual se modifica parcialmente el capítulo V del título III de la Ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones”. Entre las arengas de estudiantes que se encontraban en las barras del recinto legislativo, se concretó una reforma histórica que, por su aprobación, unificó al sector de directivas, docentes, estudiantes y trabajadores de las instituciones de educación superior públicas.

Este camino no se reduce al último año y medio desde la radicación de este proyecto de ley, sino que es el acumulado de décadas de luchas y movilizaciones, de propuestas de reforma construidas y debatidas desde las mismas universidades y de intentos fallidos de reforma en los últimos años.

La Ley 30 y la condena a la desfinanciación 

Los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 definen la estructura financiera de las universidades públicas. Estas detallan que los recursos de las instituciones estarán compuestos por aportes de la Nación y que lo correspondiente a su base presupuestal (artículo 86) no podrá disminuir nominalmente por debajo de la inflación. Este criterio, que en principio buscó mantener el poder adquisitivo de las universidades públicas (para que su presupuesto no perdiera valor real), se convirtió en una especie de regla anual que los gobiernos siguieron desde 1993. 

Que el dinero quede atado a su presupuesto histórico y aumentado por la inflación significa, en la práctica, que el presupuesto se mantiene congelado. Este contexto, que explico con más detalle en este artículo, ha presionado a las universidades públicas a crecer sin el presupuesto suficiente, lo cual ha deteriorado sus finanzas; ha obligado a las instituciones a vender servicios para autofinanciarse (recursos propios), y ha implicado congelamiento de la planta docente, deterioro de la planta física y crecimientos sin garantías de calidad para las instituciones.

Van más de treinta años bajo la implementación de esta Ley y así como sus impactos sobre las instituciones se han sentido, también las respuestas derivadas del descontento del movimiento de la educación superior. 

Las luchas y el proceso de construcción de la reforma financiera a la Ley 30

La agitación social propia de las universidades públicas se ha expresado en términos de recursos y necesidades financieras de estas instituciones. Por ejemplo, la protesta del movimiento universitario por los recursos del pasivo pensional en 2007 para que las instituciones no cargaran de sus propios recursos para el funcionamiento de estos pagos. 

En 2011, las universidades se movilizaron contra la reforma a la Ley 30 de 1992 del gobierno de Juan Manuel Santos, que, entre sus soluciones de corte neoliberal, incluía la creación de instituciones de naturaleza mixta (público-privadas) y la autorización del ánimo de lucro en la educación. El rechazo a esta iniciativa de profundización de la crisis se articuló en un paro nacional de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), que logró el retiro de la iniciativa. La MANE construyó en los años posteriores una propuesta de reforma alternativa a la Ley 30 de 1992 que incluyó un capítulo que reformulaba los artículos 86 y 87, para que los recursos aumentaran conforme a las necesidades reales de las instituciones, e incluía la incorporación del Índice de Costos de la Educación Superior (ICES). 

En 2018 volvió a agitarse el movimiento de la educación superior, atado a la crisis presupuestal que estaban presentando las universidades durante ese año y que implicaba un déficit presupuestal en alguna de estas instituciones. La movilización por el rescate financiero a las universidades públicas en octubre de 2018 se configuró como un paro nacional en el que no solo participaron las universidades, sino que también fueron protagonistas las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias públicas (ITTU).

Este paro se enmarcó en la exigencia del rescate financiero y el pago de la deuda histórica con las universidades públicas, que el Sistema Universitario Estatal (SUE) estimó en $17,2 billones en 2018 (a precios de hoy superan $23 billones) y que corresponden al faltante presupuestal para mantener criterios de calidad que se fueron perdiendo en proporción desde 1993 (relación de estudiantes por número de docentes de planta, metros cuadrados por estudiante, laboratorios, etc.).

El paro de 2018 culminó en una firma histórica de acuerdos entre el gobierno nacional y las delegadas y delegados de organizaciones estudiantiles y profesorales, que incluyó el aumento de recursos para las universidades e ITTU públicas, que ascendieron a más de $4,5 billones, con aumentos hasta ese momento no vistos de puntos adicionales al IPC para la base presupuestal.

Adicional a la estimación del faltante presupuestal, el SUE elaboró una propuesta de reforma financiera a la Ley 30 que incluyera componentes crecientes en términos de estudiantes, el pago de la nómina docente sujeto al Decreto 1279 de 2002, las necesidades de infraestructura, entre otros. Otros actores con propuestas centradas en el componente financiero de la Ley 30 fueron los documentos del Centro de Pensamiento de Políticas Públicas en Educación Superior de la Universidad Nacional, con una propuesta para universidades (publicada en 2020) y otra para la financiación de las ITTU (publicada en 2022).

Estas propuestas sirvieron de insumo para el Proyecto de Ley 084 del 2022, elaborado por los congresistas Jennifer Pedraza, Gabriel Becerra y Ariel Ávila. Este proyecto avanzó unánimemente en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, pero luego fue relegado y archivado por falta de respaldo del Ministerio de Educación Nacional, a cargo de Aurora Vergara.

La ponencia aprobada en el primer debate fue resucitada con la radicación del Proyecto de Ley 212 de 2024 del Senado, formulado en conjunto por el Ministerio de Educación Nacional (en cabeza de Daniel Rojas Medellín) y por Jennifer Pedraza, Gabriel Becerra, Ariel Ávila, Jaime Raúl Salamanca y otros 58 congresistas.

El proyecto fue tramitado en medio de movilizaciones y debates del movimiento universitario, con audiencias públicas y asambleas. Si bien pervivió el debate en torno al alcance de una reforma financiera respecto de una reforma integral a la Ley, la gran mayoría del movimiento estudiantil se unificó en dar prioridad a la reforma financiera debido a las posibilidades de correlación de fuerzas políticas en las calles y en el Congreso.

Lo que deja la reforma y lo que queda pendiente

La reforma representa un avance en materia financiera para las universidades y las ITTU públicas de todo el país. Los detalles del proyecto aprobado, que se pueden leer en este artículo, muestran una mejora sustancial respecto del proyecto actual. 

El alcance del proyecto en materia financiera debe analizarse en relación con la correlación de fuerzas políticas y las viabilidades fiscales de las reglas de juego macroeconómicas vigentes. En un contexto de dificultades financieras del presupuesto público nacional, la priorización de recursos para la educación superior es un mensaje relevante tanto del gobierno nacional como del Congreso de la República.

Los recursos podrán aumentar a un ritmo mejor que con la ley actual. Aun así, quedan aumentos e inversiones más altos a la discreción del gobierno nacional y del Congreso de turno. En ese sentido, es importante que el movimiento de la educación superior entienda que se tratará de una disputa por la distribución del presupuesto anual de los incrementos adicionales destinados a las necesidades de las instituciones. De esto dependerá lo rápido o lento que sea el cierre de la brecha de financiación histórica que menciona el SUE, y que puede estar en un horizonte de diez a quince años.

Son buenas noticias para la educación superior pública en su conjunto. Es un triunfo que implicó la conjunción de múltiples factores y actores alineados en este propósito. Con los recursos adicionales, mejorarán las condiciones de acceso, permanencia y calidad en las instituciones y universidades públicas y las ITTU podrán seguir cumpliendo el papel de formación, investigación y extensión al servicio de las necesidades del país por muchas décadas más.

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