Plan de Austeridad 2025: Poco novedoso para el país, pero contradictorio desde un gobierno de izquierdas

El Plan de Austeridad 2025 busca ahorrar hasta $5 billones reduciendo gastos del Estado. Aunque no es una medida nueva en Colombia, su implementación por un gobierno de izquierda plantea tensiones entre disciplina fiscal y sus principios políticos.

El Ministerio de Hacienda publicó el proyecto de decreto del Plan de Austeridad del Gasto 2025. Con 30 artículos, este borrador especifica mecanismos para reducir los gastos de órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) en 2025.

Esta política busca reducir gastos ineficientes y con ello poder ahorrar entre $ 4 y $ 5 billones de pesos en 2025. Este tipo de políticas no son una novedad en Colombia, pero que haya un énfasis de esta medida desde un gobierno de izquierdas sí es distinto y demuestra cómo las políticas de disciplina fiscal se imponen sobre los principios teóricos y políticos.

¿Cómo se llegó a este punto?

El año 2024 fue una muestra de la brecha entre los recursos públicos estimados para el gasto del PGN y los obtenidos efectivamente por recaudo de la DIAN.

Varias fueron las razones que explicaron este fenómeno: El bajo crecimiento económico del año 2023, que impactó en la renta a recaudar en 2024; los altos anticipos de impuesto de renta que se recaudaron en 2023, y no entrarían en 2024; así como la caída de impuestos de la reforma tributaria del año 2022 por parte de la Corte Constitucional, como la no deducibilidad de regalías.

Esto implicó una reducción del PGN 2024 en $ 28,5 billones de pesos. Como muchos de los gastos que tiene el gobierno anualmente no se pueden reducir, los recortes debían darse en componentes flexibles, como contratos e inversión.

Para miles de contratistas del orden nacional significó retrasos de sus pagos en el fin de año. Hubo demoras en pagos y desembolsos a entidades que reciben recursos de la nación, como los recursos de gratuidad para las universidades públicas, o impacto directos a programas públicos, como Mi Casa Ya.

Para el año 2025, la falta de recursos arrancó desde la misma aprobación del PGN. El gobierno insistió ante el Congreso de la República la aprobación de un presupuesto de $ 523 billones de pesos, con un faltante de cerca de $ 12 billones que se esperaban recaudar con la Ley de Financiamiento (o reforma tributaria). Como el Congreso no aprobó este monto, fue hundida la Ley del PGN 2025 y fue decretada por el gobierno nacional.

Es importante precisar que, como se mostró en un artículo sobre el proyecto de PGN 2025, el presupuesto presentado por el gobierno de $523 billones implicaba reducciones en sectores clave como agricultura y desarrollo rural (-44,4 %); tecnologías de la información y comunicaciones (-35 %); inclusión social (-34,7 %) y ciencia, tecnología e innovación (-25,1 %); entre otros. Por lo tanto, no es cierto que el recorte de sectores importantes para el país estuviera ligado a la caída de la Ley de Financiamiento.

El gobierno finalmente decretó el presupuesto con unos ingresos de $ 511 billones de pesos y gastos de $ 523 billones. Es decir, los gastos se encuentran desfinanciados por cerca de $12 billones que requerirá ser cubierto durante el año con ahorro en algunos sectores (Plan de Austeridad), un nuevo intento de reforma tributaria, o efectivamente recortado gasto a través de la modificación del PGN 2025.

Plan de Austeridad: Nada nuevo en Colombia

Más allá del anuncio de medidas de austeridad como mecanismo para “elevar la eficiencia y efectividad en el uso de los recursos públicos”, esta política no es novedosa en Colombia.

El mismo proyecto de decreto especifica que “el artículo 19 de la Ley 2155 de 2021 establece que el Gobierno nacional reglamentará anualmente mediante decreto un Plan de Austeridad del Gasto para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación”. Esa Ley, reforma tributaria del gobierno Duque, define que se harán estos planes de austeridad en el periodo 2022- 2032. Por lo tanto, más que una medida innovadora de control del gasto en el país es el cumplimiento de una Ley.

Incluso la meta de ahorro, de al menos un 5 % de las transferencias corrientes del PGN, se encuentra explícita en el artículo 19 de la Ley 2155 de 2021.

La mayor parte de los énfasis de la Política de Austeridad vienen heredados de esta Ley anterior. Se menciona en el mismo artículo 19 la limitación en el crecimiento anual del gasto por adquisición de bienes y servicios, reducción de gastos destinados a viáticos, gastos de viaje, papelería, gastos de impresión, publicidad, adquisición de vehículos y combustibles, reducción en la adquisición y renovación de teléfonos celulares y planes de telefonía móvil, internet y datos, reducción de gastos de arrendamiento de instalaciones físicas…”. En el proyecto de decreto menciona estos mismos sectores (artículos 6 al 22).

Cada entidad debe presentar su plan interno de austeridad, que deben ser delimitados por metas y medidos periódicamente (artículos 24 al 27). Estos planes y sus informes correspondientes también hacen parte de la Ley 2155 de 2021. Muchos gastos que sean necesarios de aprobar deberán pasar por el visto bueno del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, lo cual es llamativo por el poder político que ya tiene la directora del DAPRE, Laura Sarabia.

Al revisar varios puntos del proyecto de decreto, no sorprende que puedan existir dichas medidas para reducir gastos. De hecho, sorprende que solo se apliquen en momentos de necesidad presupuestal. Por ejemplo, la no duplicidad de viáticos y gastos de representación, si ya es pagado por otro órgano o entidad, no parece algo que fuera extraordinario, sino que debería ser la norma.

Lo que sí sorprende del decreto de austeridad

La mayor parte del decreto es una especificidad de la Ley 2155 de 2021. Sin embargo, los primeros artículos del decreto van más allá de gastos duplicados o innecesarios y pasan directamente por el funcionamiento y la operación de las entidades del orden nacional.

El artículo 2 se refiere a la planta de personal. Se plantea que cualquier modificación de personal en una entidad debe ser a costo cero o implicar un ahorro. De realmente ser necesaria la ampliación de la planta, se requiere concepto favorable de la directora del DAPRE y conceptos técnicos favorables correspondientes que justifiquen el aumento.

Esta medida afecta directamente a funcionarios públicos, por limitar eventuales planes de ampliación o formalización que aún no se encuentren aprobados. También resulta contradictorio con otras medidas definidas por este mismo gobierno. Como el decreto del Ministerio de Educación que llamó a desarrollar planes de formalización de trabajadores y docentes de las universidades públicas en los próximos dos años. De seguir su curso, estos planes se realizarían con los ya insuficientes recursos de estas instituciones, afectando aún más las finanzas de la educación superior pública. O también con la capacidad instalada de Colpensiones para atender el nuevo volumen de información y afiliados por la reforma pensional o la ADRES para sostener la propuesta de reforma a la salud.

En el mismo sentido se encuentran los artículos 3 y 4, sobre la contratación de personal para la prestación de servicios. Hoy muchas funciones en entidades públicas no pueden ser cubiertas con la limitada planta de personal, y se recurre a los contratos de prestación de servicios para desarrollar labores misionales de las entidades.

El recorte afectará el trabajo de cientos de miles de contratistas en el país, puede sobrecargar las labores de los funcionarios públicos y podría impactar negativamente el desarrollo de actividades de las mismas entidades, afectando el cumplimiento de metas del gobierno y la ejecución del presupuesto en 2025.

El artículo 5 se concentra en buscar limitar el pago de horas extra, evitando extender horarios o jugando con los horarios flexibles cuando sea posible y también limitar la posibilidad de que los empleados no tomen vacaciones para así no compensarlas en dinero.

Estas medidas de la política de austeridad afectarán directamente a empleados y contratistas, sus bolsillos e implica incertidumbre y desempleo para cientos de miles de familias.

¿Austeridad de izquierdas?

Las políticas y medidas de austeridad son características de gobiernos de derecha. Incluso la base del proyecto de decreto está sostenida en una reforma tributaria de Duque. Sin embargo, vemos a un gobierno de izquierdas como el de Petro justificando estas medidas.

Varias de las acciones del decreto son coherentes con medidas de no despilfarro, ni aprovechamiento del presupuesto público por parte de funcionarios del gobierno, lo cual es deseable. Sin embargo, las medidas que tiendan a reducir gastos a costa de los salarios e ingresos de los trabajadores y que reduzcan la capacidad del Estado para garantizar derechos es insostenible como una medida de izquierda.

Se entiende que estas medidas se circunscriben al cumplimiento de la regla fiscal, y que un país con alta vulnerabilidad financiera y cambiaria no puede darse el lujo de alertar a los calificadores y mercados externos y afectar los niveles de inversión en el país.

Sin embargo, queda la duda frente a si no era posible presentar un presupuesto ajustado, recortado en los cerca de $ 12 billones faltantes para 2025 y empezar desde ahí un trámite organizado para una reforma tributaria (necesaria para el país). De esta manera no se tendría que dejar en vilo a miles de contratistas y con falta de caja a los órganos públicos, lo cual afecta finalmente a todas y todos quienes se benefician de servicios o derechos garantizados desde el Estado.

Le recomendamos: Perspectivas macroeconómicas en 2025