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¿Todos a la escuela?

Escrito por Tatiana Alfonso

A propósito de un fallo de la Corte Constitucional, este libro examina la eficacia de las decisiones judiciales y el papel continuado de los ciudadanos para  lograr que los derechos se vuelvan realidades. Es más: a veces el derecho conquistado es ilusorio.

¿Todos a la escuela? Retos de la gratuidad de la educación pública en Colombia: la Sentencia C-376 de 2010

Camilo Ernesto Castillo Sánchez y Esteban Hoyos Ceballos (compiladores)

Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2012.

Tatiana Alfonso Sierra*

Tres discusiones en torno a una sentencia

"Logramos darle educación gratis a todos los niños y niñas de Colombia" dijo orgullosamente Juan Manuel Santos durante la pasada campaña presidencial; ¿y quién podría quejarse frente a semejante logro?

El presidente fue criticado, sin embargo, por usar algo que no era parte de su política educativa, sino consecuencia de una orden judicial. La gratuidad de la educación primaria es consecuencia de una sentencia que la Corte Constitucional expidió en 2010.

Muchas veces el verdadero pleito se da al intentar que la sentencia se cumpla.

Aunque han pasado cuatro años desde el momento del fallo, poco se conoce y poco se ha discutido sobre las implicaciones y las dificultades que conlleva esta decisión judicial. El libro ¿Todos a la escuela? Retos de la gratuidad de la educación pública en Colombia: la Sentencia C-376 de 2010 es un buen punto de partida para esta discusión.

El libro reúne varios artículos que describen y analizan el litigio constitucional por la gratuidad de la educación, los logros de la estrategia jurídica y de movilización social que encabezó la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, y los retos que quedan abiertos con la decisión judicial.

El libro tiene fines pedagógicos para abogados y activistas, e introduce tres discusiones cruciales que vale la pena desarrollar en el contexto nacional.

  • La primera se refiere al uso del derecho y, en particular, de estrategias judiciales dentro de procesos de movilización social;
  • La segunda es una discusión sobre el modo de aplicar las sentencias judiciales en un país donde los jueces son la última esperanza para los más vulnerables, y
  • La tercera es una discusión profunda sobre la forma como esta sentencia puede servir para promover transformaciones en el papel de la educación como factor de movilidad social.

Colegio Distrital Villemar en Fontibón, Bogotá.
Fotos: Bogotá Positiva

El derecho y la movilización social

La decisión de la Corte resultó de una estrategia social y jurídica que hace parte de una campaña latinoamericana para que el acceso a la educación pública sea gratuito en toda la región. En Colombia, la mencionada Coalición demandó una ley que establecía el cobro de derechos académicos porque violaba varios acuerdos internacionales que establecen el acceso gratuito a la enseñanza primaria.

Según explican los compiladores del libro y abogados del caso judicial, la conclusión no  resultó de un cónclave de abogados o expertos, sino del diálogo entre organizaciones sociales y del trabajo con familias afectadas por los cobros académicos en varios sitios  del país. Se trata pues de una forma de luchar por los derechos que se nutre de experiencias populares, cotidianas y que informan las acciones jurídicas y políticas.

Las decisiones judiciales

La segunda discusión que plantea el libro es la de cómo aplicar las decisiones judiciales.  Como lo saben bien litigantes y activistas, los fallos favorables de las cortes suelen ser triunfos agridulces.

La celebración del fallo favorable dura poco porque muy pronto llega la evidencia de que cumplir la sentencia puede ser más difícil que lograrla. Muchas veces el verdadero pleito se da al intentar que la sentencia se cumpla.

lo saben las organizaciones que trabajan para hacer cumplir los fallos sobre la liberalización del aborto, las organizaciones que litigan con y por las víctimas del conflicto armado y la violencia en Colombia, y así lo supo rápidamente la Coalición Colombiana por el derecho a la Educación.

En el caso de la gratuidad de la primaria, como señalan Castillo, Hoyos y Getgen en la introducción del libro, hubo dos cambios normativos que resultaron del fallo. Si bien esas reformas son pasos en la ejecución, siguen siendo fetiches del derecho que pocas veces se hacen realidad para las personas.

En este libro Luis Eduardo Pérez Murcia analiza las dimensiones de la educación como un derecho (disponible, accesible, aceptable y adaptable) y la forma como una política pública puede responder a ello.


Corte Constitucional en audiencia.
Foto: Portal de Alcaldes y Gobernadores de Colombia

En el tema de la accesibilidad, explica Murcia, la educación tiene costos directos e indirectos. La Corte Constitucional eliminó los costos académicos pero no dijo nada sobre los servicios complementarios como textos escolares, transporte o alimentación en la escuela. Parece lógico que el derecho a la educación de un niño sigue en duda cuando, aún exento de la matrícula, no puede llegar a la escuela porque no tiene plata para el transporte. Para la Corte, sin embargo, no fue tan lógico y no se pronunció sobre los costos indirectos. Esto significa que seguimos en deuda con “los niños y las niñas” de las que hablaba Santos porque la educación aún no es totalmente gratis.

Por otro lado, tal como señala Ethel Castellanos en su artículo para el libro, la ejecución de la sentencia enfrenta desafíos presupuestales que, dada la organización territorial de la educación, implican repensar el régimen de transferencias para que los departamentos y municipios puedan ofrecer educación gratuita.

Avanzar hacia la gratuidad de la primaria requiere del compromiso de las instituciones y, sobre todo, de dolientes que luchen para hacer realidad esta sentencia. Las decisiones judiciales gozan de gran publicidad, pero la fama es efímera y sus efectos reales sobre la vida de la gente no llegan sin la acción continuada de esa misma gente.

Derecho y cambio social

Finalmente el libro que reseño pone sobre el tapete la discusión sobre el efecto real de la judicialización para el cambio social.

La sentencia ciertamente remueve uno de los obstáculos para el acceso a la educación tal como lo imaginaron las organizaciones, los abogados y los compiladores del libro. Pero queda por responder la pregunta de si esta reforma en efecto ayuda reducir la desigualdad y la falta de movilidad social o si es una forma de reproducir este problema. El libro se queda corto en las reflexiones sobre dicha relación, y por eso las introduzco brevemente a continuación.

Muchos expertos han dicho que el problema de movilidad social en Colombia empieza por la desigualdad del sistema educativo; es lógico pensar entonces que al remover la barrera de acceso a la primaria la situación comenzará a mejorar. Sin embargo, que la educación sea gratis no significa que sea buena. El asunto no es que todos vayamos a la escuela, sino a cuál escuela vamos y qué calidad de educación recibimos.

Parece lógico que el derecho a la educación de un niño sigue en duda cuando, aún exento de la matrícula, no puede llegar a la escuela porque no tiene plata para el transporte.

Por otro lado hay que reconocer que en Colombia ser educado no significa salir de la pobreza. Importa mucho en dónde y cómo fue educada la persona, los materiales y recursos a los que tuvo acceso, la dedicación de los maestros o aún la gente con la que estudió.

Por todo lo anterior, el acceso a la educación primaria no es suficiente para la movilidad social. Se necesita educación de alta calidad para que la población de menos recursos pueda competir con todos esos otros capitales que las élites tienen independientemente de la escuela.

Finalmente, es importante pensar en la gratuidad en diferentes niveles educativos de manera que todos los que van a la escuela puedan ir al bachillerato y a la educación superior de su preferencia.

Peor todavía: la gratuidad puede tener efectos negativos sobre la movilidad social si no se acompaña de mejoras en la calidad. Si tal como se espera, la educación llega a ser gratuita en todos los niveles, la educación básica de baja calidad puede reproducir las desigualdades.

Si las élites reciben educación básica de alta calidad y los demás educación básica de baja calidad, son las primeras las que van a entrar a las universidades públicas altamente competitivas.

Historias de este estilo abundan en países como Brasil o Perú, donde la educación universitaria pública es gratis pero, a diferencia de lo que uno esperaría, no son las personas de menos recursos económicos los que van, sino estudiantes de clase media y alta que tuvieron una buena educación básica y pasaron el examen de admisión.

La gratuidad, entonces, es un logro para los abogados y muy probablemente ayudará a elevar los índices de alfabetización y con ello, a mejorar en uno que otro estándar internacional.

Pero para que la celebrada sentencia de la Corte tenga efectos reales sobre la movilidad social y económica de las personas de menos recursos, falta darle la cara al problema de la calidad.

 

* Estudiante de doctorado en Sociología de la Universidad de Wisconsin-Madison

 

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