Como consecuencia del paro cívico Buenaventura –y las interpretaciones ligeras de su situación– ha estado en el centro de la discusión pública. Este libro hace un recorrido por la historia y los problemas de este puerto y de la comunidad que a pesar de la adversidad intenta sacarlo adelante.
Tatiana Alfonso*
Buenaventura: un puerto sin comunidad
Centro Nacional de Memoria Histórica
CNMH
2015
El paro cívico
Las dos últimas semanas los medios de comunicación y las redes sociales han reportado la declaratoria y desarrollo de un paro cívico en Buenaventura. Después de 15 días de protestas pacíficas de la comunidad, de intentos fallidos de alcanzar acuerdos firmes entre el comité del paro cívico y el gobierno nacional y de acciones desmedidas por parte del ESMAD la situación no parece avanzar en ninguna dirección.
El viernes los medios de comunicación cerraron con dos noticias: por un lado, el ministro del Interior instaba al comité cívico a volver a sentarse a la mesa de negociación y, por otro, el ministro de Defensa anunciaba el envío de más Fuerza Pública para controlar los desórdenes en Buenaventura.
La situación en Buenaventura se convirtió rápidamente en un tema de interés nacional con el respaldo de respetados académicos, e incluso en un asunto identitario con lemas como “Yo soy Buenaventura”. No obstante, la manera como los medios cubren la noticia y el tipo de respaldo de varios sectores sociales hacen pensar que se trata de la erupción repentina de una protesta que se ha intensificado por la acción represiva del estado y que responde a las condiciones estructurales de pobreza y exclusión en las que se encuentra esta ciudad del pacífico colombiano.
Dichas interpretaciones, sin embargo, son incompletas e imprecisas. Es por ello que vale la pena releer en este momento el informe Buenaventura: un puerto sin comunidad, publicado en 2015 por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
La historia detrás del paro
El informe analiza los distintos tipos de violencia que han azotado a los habitantes de Buenaventura, la ciudad donde está el puerto marítimo más grande del país, entre 2000 y 2013. De acuerdo con el informe, Buenaventura está marcada, por un lado, por las tensiones entre las actividades económicas legales e ilegales y, por otro lado, por las iniciativas organizativas y territoriales de las comunidades afrocolombianas.
Si bien el informe se titula “un puerto sin comunidad”, la apuesta del informe es demostrar que la comunidad bonaverense sí está presente, pero que tanto el Estado como los actores privados insisten en desconocerla. Los actores ilegales, por otra parte, reconocen la existencia de la comunidad, pero buscan exterminarla a través de formas de violencia que van más allá de lo imaginable.
El informe analiza los distintos tipos de violencia que han azotado a los habitantes de Buenaventura.
El informe de la CNMH presenta una caracterización geográfica y demográfica de Buenaventura en la que se destaca la mayoría de población afrocolombiana y la ubicación estratégica de la ciudad para el comercio marítimo. El informe cubre un período significativo de tiempo en el que el puerto ha sido sometido a múltiples proyectos de expansión, los actores ilegales han fortalecido su control territorial y poblacional y las organizaciones sociales se han diversificado para integrar la identidad negra rural y urbana.
El libro del CNMH analiza la configuración histórica de la ciudad puerto y muestra la disputa entre los actores sociales acerca de la manera adecuada de organizar el territorio. Buenaventura se ha debatido entre los planes para las actividades extractivas de gran escala y la actividad comercial del puerto y los usos que las comunidades negras rurales y urbanas le dan a su territorio. Estas dos formas de ordenar y usar el territorio han sido incompatibles desde la década de 1990, cuando empezó la privatización del puerto, y han tenido como resultado la fragmentación de las actividades económicas en la ciudad costera del Valle del Cauca.
En efecto, el puerto y toda la productividad económica a su alrededor, así como las actividades comerciales derivadas de él, están completamente separados de las economías locales. Esta dinámica excede la simple diferenciación de esferas económicas porque produce dos territorialidades diferentes en donde la más productiva en términos económicos produce pobreza y desigualdad para los habitantes de la ciudad.
 Habitantes de Buenaventura. Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica |
El informe de la CNMH da un paso más para mostrar cómo dicha fragmentación entre diferentes concepciones de ordenamiento territorial y entre actividades productivas no solo ha producido pobreza y desigualdad, sino que creó las condiciones sociales para la inserción de los grupos armados ilegales a Buenaventura.
El libro explica que en la última parte de la década de 1990 las FARC decidieron ampliar su presencia en la región y empezaron a ejercer presión contra las élites tradicionales y emergentes del Valle del Cauca. Parte de esta estrategia de expansión de la guerrilla consistía en realizar acciones como extorsiones a los empresarios, retención de camiones con mercancías que llegaban o salían del puerto y secuestros masivos en la carretera entre Buenaventura y Cali.
Al mismo tiempo, los carteles de droga de la región pasaban de ser organizaciones familiares verticales a ser organizaciones en red que eran útiles para las actividades económicas empresariales relacionadas con el puerto. Con la desaparición de los cabecillas del cartel del Norte del Valle los mandos medios empezaron a competir entre ellos por el control de las actividades económicas y los enlaces de la cadena productiva. Buenaventura era uno de los puntos clave para sacar del país los estupefacientes, por lo que fue escenario de gran parte del enfrentamiento entre los mandos medios de la nueva generación de narcotraficantes y de las tensiones por el intento de control territorial de las FARC.
A comienzo del siglo XXI esta situación se convirtió en la justificación perfecta para la arremetida paramilitar que empezó en el año 2000 con la inserción del Bloque Calima. Este bloque paramilitar estableció alianzas con las élites económicas que necesitaban seguridad y justicia privadas para asegurar el flujo de capitales en el puerto.
A partir de 2002 dichos grupos ilegales consolidaron sus relaciones con actores políticos regionales, lo que hizo todavía más difícil la participación política y burocrática de los líderes afrodescendientes que defendían otra forma de ordenamiento del territorio. Adicionalmente, los grupos paramilitares recrudecieron su estrategia de terror y las masacres y asesinatos de miembros de las comunidades negras aumentaron.
La combinación de estos dos mecanismos –la violencia y la institucionalidad burocrática– reforzó los patrones de exclusión de las comunidades rurales y urbanas sin ningún acceso a bienes y servicios de seguridad, justicia o bienestar. Según el libro, esta forma de inserción y control de los grupos armados ilegales y las nuevas burocracias bloquearon los mecanismos legítimos de movilidad social, lo que provocó el surgimiento de bandas criminales locales que ejecutan las órdenes de los grupos ilegales y que, además, se han convertido en el único modo de subsistencia económica de los jóvenes.
Un informe esclarecedor
 Libro a reseñar. Buenaventura: un puerto sin comunidad Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica |
El informe del CNMH hace un recuento detallado de las formas de violencia prevalentes en Buenaventura y explica su intensificación durante el período de desarme de los paramilitares que, en el caso del Bloque Calima, fue parcial, ambivalente e irregular, por lo que propició el surgimiento de las bandas criminales.
Utilizando la misma estructura narrativa, detallada y con voces de las víctimas, el informe abarca todo el proceso de reconfiguración de los grupos paramilitares desde 2005, con la emergencia de los Rastrojos, hasta las disputas de poder entre este grupo y sus rivales iniciales –los Urabeños– hacia 2013. Con estas nuevas disputas aparecieron nuevas formas de violencia –como las casas de pique– y se consolidaron el terror, la desterritorialización y la invisibilización de los pobladores de Buenaventura.
El informe de la CNMH se realizó, gracias a la solicitud de organizaciones sociales y comunitarias de Buenaventura.
A partir de esa caracterización histórica el libro explica los daños que esta dinámica ha tenido sobre la población. Los daños van desde lo evidente para los bogotanos (falta de infraestructura, bienes y servicios básicos, empobrecimiento, exclusión) hasta las restricciones sobre las expresiones culturales de las comunidades (como la pérdida de los cuerpos de sus muertos que les impedía hacer los rituales de la muerte) y la necesidad de abandonar el territorio para salvar su vida.
En la última parte el informe expone los procesos organizativos y las estrategias de supervivencia de las comunidades. En esta sección están más presentes todos esos actores que hoy vemos en múltiples videos en las redes sociales y los noticieros.
El informe de la CNMH se realizó, de hecho, gracias a la solicitud de organizaciones sociales y comunitarias de Buenaventura, y justamente por eso la narración se hace desde las voces de las víctimas. Buenaventura es uno de los lugares con mayores niveles de organización colectiva de las comunidades negras en el país y con más líderes afro con claridad política que hacen una defensa férrea de sus territorios. Al mismo tiempo, es uno de los lugares en donde dichas formas de organización urbanas y rurales han sido más fuertemente atacadas por la lógica de crecimiento económica del puerto y por la violencia desmedida de actores ilegales.
El informe del CNMH leído a la luz del actual paro cívico revela que, en efecto, Buenaventura es un puerto con una comunidad fuerte, organizada y con demandas claras de inclusión y reconocimiento como ciudadanos con derechos plenos que el resto del país ha ignorado por demasiado tiempo. El paro cívico no es una simple protesta por el abandono del Estado; el Estado siempre ha estado en Buenaventura, el problema es que se trata de un Estado que trata a sus ciudadanos de manera desigual y que se hace el de la vista gorda ante las dinámicas económicas que propician la violencia y la exclusión social.
* Estudiante del doctorado en Sociología de la Universidad de Wisonsin-Madison.
