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Guerra, control y territorio: el caso de la masacre de El Salado

Escrito por Tatiana Alfonso

Mujer sobreviviente de la Masacre de El Salado.

Tatiana AlfonsoMargarita VaronIntimidar a la población civil ha sido una táctica fundamental de los grupos que durante tantos han intervenido en el conflicto armado colombiano. ¿A qué propósitos sirve? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cómo enfrentar esta práctica horrenda?

Tatiana Alfonso* – Margarita Barón Perea**

La masacre de El Salado: Esa guerra no era nuestra
Informe de la Comisión Nacional de Memoria Histórica
Bogotá, Imprenta Nacional, 2009.
265 págs.

El lugar que desapareció

 “Ese corregimiento ya no existe” dice una mujer que busca su parcela en un mapa pegado en la pared. El ingeniero catastral responde: “sí señora, sí existe, este es el mapa oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el que usan el departamento, el municipio y la Nación” Ella responde: “no, créame que no existe: ahí no hay nadie”.

Esa conversación tuvo lugar hace menos de un mes en uno de los municipios de los Montes de María. Se trata de una zona muy extensa que las personas de otra parte ubicamos entre Montería y Cartagena, pero que sus habitantes conocen por corregimientos y veredas antes que por su relación con otros municipios y departamentos.

El corregimiento inexistente es El Floral, en el municipio de Ovejas, que colinda con los corregimientos de Verruguitas y la Cañada de Limón del municipio de Carmen de Bolívar.

Hasta ahí todo está claro para el ingeniero catastral. Lo que no sabía él es que el 14 de octubre del 2000, en esos tres corregimientos, un grupo paramilitar asesinó a catorce campesinos en lo que se conoce como la masacre de Macayepo.

Dicha masacre se suma a las otras 42 que sucedieron en los Montes de María entre 1999 y 2001, de acuerdo con el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) sobre la masacre de El Salado. Este informe, publicado en el año 2009, es un referente fundamental para entender la violencia que la población campesina de los Montes de María vivió al quedar en medio de las acciones e intereses de grupos guerrilleros y paramilitares. 

Un pueblo entre la espada y la pared

Carmen de Bolívar, principal población dentro de la subregión de los Montes de María.
Carmen de Bolívar, principal población dentro de la subregión de los Montes de María.
Foto: Wikimedia Commons

El informe de la CNMH está organizado en siete secciones: los hechos, las memorias, los impactos, una interpretación global, el derecho a la justicia, conclusiones y recomendaciones.

La sección sobre los hechos relata detalladamente y en un lenguaje muy gráfico cómo el grupo paramilitar planeó y ejecutó la masacre durante seis días del mes de febrero del 2000. El informe establece que entre el 16 y el 21 de febrero de ese año un grupo de 450 paramilitares se tomaron el corregimiento El Salado en el municipio de Carmen de Bolívar. Encerraron a la población, montaron un “escenario público de terror”, asesinaron a sesenta personas y violaron por lo menos a una menor de edad.

El libro hace una reconstrucción cuidadosa de los hechos a partir de la información que contienen los expedientes que tenía la Fiscalía sobre la masacre y de los testimonios recolectados por los investigadores de la Comisión. También aporta una reconstrucción cualitativa del contexto, basada en la memoria de las víctimas, que hablaron sobre una masacre anterior ejecutada por los paramilitares en 1997 y que sugiere el origen de la masacre del año 2000.

Ante la masacre perpetrada por los paramilitares en 1997, la guerrilla de las FARC reaccionó con un fuerte golpe contra la Infantería de Marina y contra los pobladores de El Salado. Como respuesta a esos hechos los paramilitares les anunciaron a los pobladores: “cuando volvamos, en este pueblo solo habrá ahuyama”. De esta manera sentenciaron al terror y a la muerte a los habitantes de El Salado.

Las víctimas insisten una y otra vez en que el pueblo sufrió una estigmatización como pueblo guerrillero. Esta estigmatización, sin embargo, no tenía en cuenta que las reuniones que realizaban las FARC en el parque del pueblo eran de asistencia obligatoria para todos y que era inevitable prestarles bienes y servicios teniendo en cuenta el tránsito recurrente de esta guerrilla para comprar licor y víveres.

“La paradoja de la guerra expresada en El Salado es que fue un pueblo masacrado por los paramilitares bajo la acusación de ser guerrilleros, para luego ser asesinados por la guerrilla bajo la sindicación de ser colaboradores de la Fuerza Pública; y simultáneamente, esta los acusa de ser colaboradores de aquella. Se trata de una radiografía de la locura de la guerra” (página 113).

La importancia de la tierra

El libro también reconstruye los hechos de violencia posteriores a la masacre, en los procesos de retorno y recuperación del territorio por la población civil y la Fuerza Pública. En su análisis, el informe de la Comisión explica los efectos que estos procesos tuvieron sobre los campesinos y analiza finamente cómo la población respondía a las exigencias de las FARC en medio de la tensión entre coacción y persuasión.

El libro explica que la incursión en el territorio por parte de los paramilitares se hizo siguiendo una lógica de exterminio orientada a desaparecer al enemigo. La crueldad y los métodos de violencia utilizados enviaban un claro mensaje orientado a vaciar el territorio y  a destruir completamente los espacios sociales.

La ocupación del territorio por los grupos violentos empujó a los campesinos al abandono masivo de sus tierras. La desaparición del pueblo implicó la desaparición de un proyecto colectivo, la destrucción del tejido social y el choque de los campesinos con un mundo urbano donde se enfrentaron a la pobreza y otras formas de vida.

El libro también señala la importancia del control territorial para las guerrillas y los paramilitares, aunque no reconstruye una relación entre las acciones de estos grupos armados y la tenencia de la tierra antes y después de la masacre. Hoy en día, tal como ilustra la conversación con la que empieza este texto, las repercusiones sobre la tenencia de la tierra son evidentes y cruciales para pensar la construcción de un nuevo proyecto colectivo y de la paz territorial en la que el país se está embarcando.

La tenencia de la tierra en Colombia se caracteriza por ser altamente informal. Se estima que la posesión de entre el 50 y el 60 por ciento de los predios del país es informal, lo que quiere decir que los campesinos no tienen seguridad jurídica sobre lo que poseen. La violencia y el despojo hacen más complejo el problema de la tenencia de la tierra. Las personas que salen de sus territorios y después vuelven sin tener claros sus derechos o sin poderlos exigir legalmente enfrentan el problema de no poder recuperar la tierra que por décadas sintieron como propia. 

Una buena propuesta: el barrido predial

Mujer sobreviviente de la Masacre de El Salado.
Mujer sobreviviente de la Masacre de El Salado.
Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica

El informe de la CNMH ha sido un documento esencial para la construcción de la memoria oficial de nuestra violencia. Considera las voces de las víctimas y reconstruye los patrones de violencia sistemática y organizada en las acciones de los grupos armados en los territorios.

En el momento de la publicación del informe, la CNMH incluyó algunas recomendaciones para la política pública que fueron relevantes en el momento en que Colombia apenas estaba empezando a reconocer y divulgar el sufrimiento de un país en guerra. Sin embargo, esas recomendaciones se quedan cortas frente a los procesos de reconstrucción que hoy en día están en marcha en los territorios.

En este momento la política pública va más allá de la construcción de memoria, de la restitución de predios y de la reparación simbólica y material a las víctimas. Colombia está promoviendo la construcción de una paz sostenible y duradera que exige también hacer propuestas sobre las formas en las que los habitantes pueden recuperar su vida cotidiana en condiciones dignas para tener y trabajar la tierra.

Una de esas políticas es el ordenamiento social de la propiedad. Dicha política debe implementarse a través de barridos prediales. Un barrido predial, en palabras simples, es recorrer el país con instituciones y comunidades para identificar todos los predios y reconocer, a través de métodos participativos, los derechos de propiedad en el campo.

Esa es una razón fundamental para releer el informe de la masacre de El Salado. Creemos, sin embargo, que hay que leerlo con otros ojos y que los informes de memoria deben servir a uno de sus propósitos fundamentales: evitar la repetición de los hechos violentos.

El barrido predial debe entenderse entonces dentro de una política amplia de construcción de paz en la que es responsabilidad del Estado garantizar la participación plena de las comunidades víctimas de violencia y de las autoridades locales para que no se repitan los hechos de El Salado en la que la guerra de otros los atrapó y violentó.

La apropiación de políticas como el ordenamiento social de la propiedad rural implementadas a través del barrido predial por parte de las comunidades y autoridades locales es esencial también para que, una vez reconocidos los derechos de propiedad tan vulnerados por los actores violentos, sean las comunidades quienes puedan dirigir sus propias vidas y mantenerse fuera de la violencia de otros. 

 

* Estudiante de doctorado en Sociología de la Universidad de Wisconsin-Madison.

** Abogada, gerente y fundadora de Colombia Rural.

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