Lo bueno, lo malo y lo feo en el proyecto de reforma de la justicia - Razón Pública
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Lo bueno, lo malo y lo feo en el proyecto de reforma de la justicia

Escrito por Carlos Alfonso Matiz

Carlos Alfonso Matiz Bulla El proyecto que ha anunciado el gobierno tiene aciertos, desaciertos, avances y retrocesos. Pero no toca la falta de acceso, la lentitud, la impunidad o la corrupción que son problemas de fondo de la justicia.

Carlos Alfonso Matiz Bulla *

Una luz de esperanza

El Proyecto de Reforma a la Justicia, cuyo origen se halla en el conjunto de propuestas elaboradas a pedido del gobierno por un grupo de eminentes juristas, será ahora sometido al examen de las altas cortes y de otros estamentos con la intención de obtener un gran consenso nacional que permita convertirlo en ley.

Los colombianos, acostumbrados a una justicia lenta, ineficaz, mal equipada y de lamentable calidad, sentimos un cierto alivio al descubrir que por fin alguien parece preocuparse por el tema. Los usuarios de la justicia, cansados de su paso minusválido, de su mediocre calidad, y de la impunidad, creemos que el anuncio de la reforma es de cualquier manera una lucecita de esperanza.

Un proyecto tan amplio, por fuerza, contiene ideas buenas, inocuas, regulares y malas.

Lo bueno

Parece adecuado, por ejemplo, desmontar los tribunales cuya tarea es la de determinar cuántas resmas de papel hacen falta al año, elegir quien debe destrabar los ascensores o a quien comprar computadoras y lápices. Creo acertado determinar un porcentaje fijo del presupuesto nacional para la rama judicial, así como restablecer el Ministerio de Justicia y propiciar algunas reglas que mejoren el funcionamiento de la acción de tutela y limiten el abuso que a veces se hace de ella.

Dentro de las buenas ideas incluyo el que se declare por ley que todos los delegados del Fiscal General acatan sus directivas, pues la pretendida independencia de los subalternos es difícil de sostener, y es más conveniente tener un responsable visible.

También me parecen positivos los esfuerzos por darle a la jurisprudencia mayor valor como instrumento en la solución de casos, al regular aspectos básicos de su creación y uso, y obligar a los jueces a considerarla, así sea para apartarse de ella razonadamente.

Aplaudo la intención de buscar con persistencia mecanismos alternativos para solucionar los conflictos (restauración, conciliación, reparación directa, etc.) pues ese es un camino indispensable para llevar menos asuntos ante los jueces y generar una sociedad tolerante que pueda auto gestionar su justicia.

Apruebo incluso la idea de suprimir la intervención de la Procuraduría en los procesos penales (aunque extrañaremos a los contados funcionarios que con decoro luchaban por decisiones más justas) pues así se podrá emplear una importante cantidad de recursos humanos en tareas más productivas, en lugar de destinarlos a hacer acto de presencia o a emitir conceptos que no obligan a nadie.

Lo inocuo

De otra parte, se me antoja que el proyecto busca quitarle presión a recientes peleas de alto nivel, con medidas que poco o nada aportan al mejoramiento del servicio. Eso sugiere la recomendación de que el Fiscal General sea nombrado por el Presidente de una lista de seis personajes propuestos por las Cortes, y la idea de que los magistrados no intervengan en nombramientos de carácter político.

Algunas propuestas pueden tener buenas intenciones pero no afectan la cotidianidad de la administración de justicia. Tal ocurre con la ampliación del período de los magistrados y el del Fiscal General, medidas que, en el mejor de los casos darán mayor continuidad a las gestiones de tales funcionarios, con todas sus bondades y errores.

Dentro de ese universo de sugerencias planteadas por la Comisión de Expertos, hay algunas que me parecen inútiles o insustanciales, como la muy original recomendación de poner en funcionamiento a corto plazo un plan de descongestión, o la de “promover la imparcialidad y la divulgación de información veraz por parte de los medios de comunicación dentro del ejercicio de su labor periodística, alrededor de la administración de justicia”, propuesta cuyo origen y razón de ser no me parecen conectados con la necesidad de mejorar el servicio.

Lo malo

Otras ideas, en cambio, me dejan pensativo, como el aumento en la edad de retiro de los altos magistrados (que sería de 70 años) gracias a la cual podríamos tener en el futuro, magistrados más sabios, más viejos y más conservadores.

Me paraliza la sangre la posibilidad de que se expidan nuevos códigos procesales, para “reducir pasos y acortar términos”, pues el nuestro es un país de interminables intentos de evolución legislativa a los que no se les suele dar tiempo de maduración, de tal forma que nos preocupamos más por mejorar las normas que por optimizar su aplicación.

En otro campo, no estimo conveniente que a los magistrados de la Corte Suprema los juzguen los Magistrados del Consejo de Estado, y que éstos, sean juzgados por aquellos. Esa situación puede enfrentar a las dos altas cortes (guerra de titanes en reemplazo del choque de trenes) o generar una neutralización de fuerzas muy parecida a un matrimonio. En ese caso prefiero la pasividad de la Comisión de “Absoluciones” de la Cámara.

Para terminar, establecer que la tutela sólo pueda instaurarse dentro de los dos meses siguientes a la vulneración del derecho fundamental cuya protección se reclama, resultará muy peligroso en un país en donde la información sobre las decisiones del Estado es precaria o de imposible acceso y en donde abundan los casos de ciudadanos que han sido condenados a sus espaldas y se enteran varios años más tarde de la masacre de su honra y libertad.

Lo feo

Pero más allá de las opiniones frente a cada una de las muchas propuestas −casi todas discutibles o polémicas− la impresión general que deja el proyecto, es que se trata de un intento de resolver por lo alto, lo que ocurre en la base de ese servicio esencial.

Se pregona la intención de obtener un consenso, pero aunque se le consultará a las Cortes, a los partidos y a los grandes expertos, no se escuchará a los usuarios, a los fiscales locales o a los jueces municipales.

Me resulta difícil creer que las soluciones a un tema de tal complejidad puedan encontrarse mediante acuerdos políticos y negociaciones. Quizá se trata de una estrategia de imagen del gobierno, o incluso –ojalá me equivoque– de un mecanismo para desentenderse luego de la responsabilidad final del proyecto.

No resuelve el problema

Quizá por eso las propuestas –excepción hecha de unas pocas– no parecen atacar a fondo los problemas más graves y sentidos de la justicia: la dificultad de acceso a ella, la mala calidad, la morosidad, y la corrupción, ésta última con mayores oportunidades de florecer en cuanto más grande sea la ineficacia de los mecanismos institucionales.

Hay una cierta desarticulación en el proyecto que impide verlo como un verdadero programa. Abundan las soluciones coyunturales y las inspiraciones teóricas que no van de la mano con apreciaciones prácticas y vivenciales.

La reforma, como parece venir, no contiene fórmulas en contra de la congestión de millones de expedientes que agonizan en los despachos civiles o en los anaqueles de la Fiscalía (cinco años después de la implantación del sistema acusatorio) ni roza siquiera las carencias enormes en materia de investigación y capacitación. En esas condiciones, fenómenos como la justicia por propia mano y la cultura de la ilegalidad avanzarán día tras día.

Por último, considero un error enorme el que se persista en la idea de que las dificultades de la justicia las podemos resolver los abogados mediante normas y teorías existenciales, cuando precisamos con urgencia de sicólogos, antropólogos, trabajadores sociales e ingenieros industriales para que aporten en el mejoramiento de esa justicia, enferma por los maltratos propiciados por políticos y abogados, y a la que está a punto de aplicársele un remedio recién inventado, cocinado a cien manos y sin ningún respaldo científico.

* Abogado de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en Derecho Penal. Especialista en Propiedad Intelectual. Especialista en Creación Narrativa. Ha trabajado en la Rama Judicial como Juez de Instrucción Criminal y Fiscal Regional. Condecorado con la Medalla al Mérito por Servicios a la Justicia. Actualmente es abogado independiente.

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