Muchos empresarios se están rebelando ante la amenaza de perder el acceso a la Presidencia de la República, que estaba convertida en un supermercado de favores. La lista de los métodos para hacer esos favores es extensa, pero ahora los gremios tendrían que someterse a unas reglas de juego donde prime el interés general.
Francisco Azuero*
¿Fin del cogobierno?
Un informe reciente de la revista Dinero da cuenta del descontento de algunos sectores empresariales con el estilo que el gobierno Santos ha adoptado respecto del sector privado. Según esta publicación, "Santos está mostrando que tiene un modelo económico en la cabeza y no piensa esperar que los empresarios se lo aprueben para avanzar"[1].
El descontento ha llegado al interior del principal gremio empresarial, la Asociación Nacional de Industriales (ANDI). Según un grupo de afiliados, el gremio "no le mete suficiente energía a enfrentar temas que les tocan el bolsillo a los empresarios". La ANDI representa a todos, dicen los descontentos, pero no puede defender a ninguno.
El estilo del gobierno Santos contrasta con la manera como el gobierno anterior manejó su relación con el sector privado. Según ilustran muchísimas anécdotas, un empresario molesto por cualquier decisión de un funcionario público, por un artículo en un proyecto de ley o por una cláusula acordada en un tratado de libre comercio, llamaba al presidente Uribe (que por supuesto no le pasada a cualquier empresario), se quejaba y en muchos casos lograba que el mandatario interviniera para reversar la decisión o incluso hacer rodar cabezas de funcionarios díscolos, que no ayudaban a consolidar la "confianza inversionista".
Clientelismo empresarial y cazadores de rentas
En la literatura económica existe un nombre para este tipo de comportamiento por parte de los gobiernos: clientelismo empresarial (en inglés "corporate welfare"). El clientelismo político, recordemos, consiste en obtener votos a cambio de favores específicos para el elector: un nombramiento, una beca. El elector no toma su decisión pensando en los intereses generales de la sociedad. Ello pervierte el sistema político y debilita la democracia.
El clientelismo empresarial consiste en hacerles favores a grupos específicos de empresarios o incluso a empresarios individuales. La noción de clientelismo empresarial está relacionada con otro concepto que ha desarrollada la ciencia económica: la búsqueda de rentas.
En la Inglaterra del siglo XIX, David Ricardo demostró que los aranceles o la prohibición de importar granos se traducía en una transferencia de ingreso hacia los propietarios de la tierra, que veían aumentar sus ingresos, no por una actividad productiva, sino por una "renta" ganada por el hecho de que tenían poder sobre un recurso escaso: la tierra.
Ya en el siglo XX se acuñó el concepto de "búsqueda de rentas" (rent-seeking) para ilustrar el comportamiento de aquellos agentes económicos que se concentran en la búsqueda de favores particulares de los gobiernos para sus empresas o sectores.
Quienes han estudiado este fenómeno lograron demostrar que el otorgamiento de rentas no significa únicamente una transferencia de ingresos de unos sectores a otros. Representa pérdidas en el bienestar de la sociedad. Los principales costos de un sistema que gire en torno al otorgamiento de rentas son los siguientes:
- Los empresarios dedican recursos para una actividad que no es productiva, sino eminentemente redistributiva: visitar e influir en la voluntad de los parlamentarios, ministros o directores de institutos oficiales demanda tiempo y recursos.
- En algunos casos, el resultado es inclusive una actividad destructiva: lo que buscan unos empresarios es restringir la actividad económica de otros.
- En lugar de contratar ingenieros para reducir costos o mejorar la eficiencia de sus empresas, el empresario encontrará más útil contratar lobbistas.
- Exenciones injustificadas distorsionan el comportamiento de los empresarios frente a los óptimos sociales. Por ejemplo, una exención a la inversión conduce a tecnificaciones exageradas que sacrifican la creación de empleo.
- Si se dan privilegios a unos empresarios, los demás tenderán a buscar sus propios mecanismos de creación de rentas. Si existe un arancel elevado para el algodón, los textileros pedirán lo mismo. Lo propio harán los confeccionistas, y así sucesivamente. Un ejemplo de ello es la tabla de fletes mínimos de los camioneros que ha suscitado, con razón, la inconformidad de muchos empresarios. Pero ¿con qué autoridad puede oponerse un gremio que ha presionado por el mantenimiento de aranceles altos que los favorezcan, a la concesión de rentas para otros sectores? ¿Qué es un arancel a la importación, sino una tabla de precios mínimos de entrada de productos al país?
- Todos estos mecanismos de repartición de rentas tienden a traducirse en corrupción. Entre más discrecionalidad tenga el gobernante o el funcionario para otorgar favores (exenciones tributarias, permisos de importación), el empresario rentista estará más tentado a pagar para obtenerlos.
- El daño a la sociedad se generaliza, y afecta el funcionamiento del gobierno, del poder legislativo, de los jueces, así como la confianza en el Estado y el nivel de la moral ciudadana.
¿Un supermercado de favores?
En la Colombia de hoy puedo citar varios ejemplos sobre el clientelismo empresarial o la búsqueda de rentas y de su caso extremo, donde la concesión depende de la voluntad del gobernante:
Exención de impuestos:
- El Estatuto tributario establece varios ingresos que quedan exentos de impuestos, y no justifica el por qué se incluyen o se excluyen los diversos renglones de esta lista. En muchos casos la exención está condicionada al concepto de un organismo público, pero no están claros los criterios para otorgar la exención.
- o La renta generada en los hoteles que se remodelen o amplíen está exenta por 30 años, pero es "necesaria la certificación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo".
- o La renta originada en nuevas plantaciones forestales, debe estar "calificada" por la Corporación Autónoma Regional o la entidad competente.
- o Las provenientes de nuevos productos medicinales y software deben tener un "alto contenido de investigación científico o tecnológico", certificado por COLCIENCIAS o por quien haga sus veces.
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Zonas Francas:
Los usuarios de una zona franca pagan una tarifa del 15 por ciento, frente al 33 por ciento que paga el resto de las sociedades. Obviamente, montar una zona franca puede ser un magnífico negocio. La disminución del tributo (es decir la renta) termina repartiéndose entre el promotor (a través del mayor precio en la venta o arrendamiento de los terrenos allí ubicados) y el usuario.
Y ¿quién decide la autorización de las zonas francas? La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), previo concepto de una "Comisión Intersectorial". Esta basará su concepto (Decreto 383 de 2007) en el "impacto que genere en la región, su contribución al desarrollo de los procesos de modernización y reconversión de los sectores productivos de bienes y servicios que mejoren la competitividad e incrementen y diversifiquen la oferta".
Todo lo que tiene que hacer el promotor es convencer a la Comisión Intersectorial y a la DIAN de la bondad de su proyecto. Estos dos organismos pasaron a convertirse, en virtud de estas absurdas disposiciones, en dispensadores discrecionales de rentas.
Contratos de estabilidad jurídica:
Mediante ellos, al empresario firmante no se le aplican las normas que le aumenten los impuestos (pero sí las que se los disminuyan). Y ¿quién puede obtener ese envidiable seguro, de mucho valor en un país caracterizado por la inestabilidad tributaria?: un organismo público, el Comité de Estabilidad Jurídica, encargado de decidir qué contribuyentes tienen derecho a este particular privilegio. Los criterios para otorgar y la misma redacción de los contratos dejan un amplio marco de discrecionalidad a los otorgantes.
Renegociación de contratos de concesiones o de obras públicas:
Los contratistas que aspiren a cambiar las reglas del juego con las cuales se ganaron una licitación pueden hacer la solicitud correspondiente, y esta vez sin enfrentar la competencia de otros empresarios. Nuevamente un Comité, ésta vez de alto nivel, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), se encargará de estudiar y aprobar la solicitud. No se necesita mayor justificación.
Interés general, gremios y legitimidad…
Frente a las distorsiones que generan el clientelismo empresarial o la búsqueda de rentas, tal parece que el actual gobierno quiere relacionarse de una manera distinta con los empresarios. Buena noticia.
El papel de los gremios en este contexto deberá ser el de impulsar aquellas acciones que convengan al interés general: reformas tributarias estructurales, racionalización del gasto público, y evitar que por hacerle favores a unos se perjudique a toda la economía. La acción gremial tendrá entonces plena legitimidad.
El presidente de la ANDI, en la entrevista con Dinero, afirma que este gremio "no va a concentrarse en pedir favores para la empresa de fulano, ni para el sector de fulano". Va a poner por delante los intereses nacionales.
Ojalá esa promesa se cumpla, ojalá que los empresarios se sometan a esas reglas de juego, y ojalá, también, que el gobierno y el Congreso no abran la puerta para negociaciones específicas con grupos particulares. Amén.
* Profesor de la Facultad de Administración, Universidad de los Andes.
@pachoazuero
Notas de pie de página
[1] Revista Dinero, 18 de marzo de 2011. En: http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/rebelion-andi_85474.aspx
