La acusación contra Arias Cabrales: una expresión de justicia - Razón Pública
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La acusación contra Arias Cabrales: una expresión de justicia

Escrito por Carlos Alfonso Matiz

Carlos MatizUn testimonio personal sobre los hechos del Palacio de Justicia y una explicación jurídica sobre la decisión reciente de la Fiscalía. No es cuestión de ideologías sino de pruebas.

Carlos Alfonso Matiz*

El 8 de noviembre de 1985 los estudiantes de derecho de la Universidad Externado de Colombia no pudimos saludar con el usual "buenos días". La tragedia del Palacio de Justicia nos afectaba con una intensidad especial: tres de nuestros más brillantes maestros habían muerto junto con otros magistrados de la Corte Suprema y varias decenas de civiles, en circunstancias que a todos parecían imposibles. Las fuerzas militares, en respuesta a la toma del movimiento M -19, adelantaron un operativo que con acierto se ha llamado la "retoma", cuyo objetivo principal no fue rescatar los rehenes o proteger a la más débil rama del poder público, sino abatir a los guerrilleros y recapturar el espacio físico del Palacio. El uso de explosivos, tanques y disparos -sin medida ni consideración- caracterizaron la estrategia del Ejército, cuya desproporción y torpeza alcanzó a ser denunciada por algunos medios de comunicación, a quienes el gobierno impartió orden de silencio.

La escasa información inicial fue suficiente para comprender que la reacción del Estado había propiciado el final dramático, cuyos detalles estábamos lejos de conocer. Nos congregamos frente a la biblioteca con la intención de realizar una manifestación hasta la sede de la Corte, convertida por aquel acto de guerra, en escombros humeantes aún vigilados por tanques blindados. Nuestro profesor Antonio José Cancino supo llamar a la calma y evitó la marcha. Días después, un desfile de hombres y mujeres -cuyas penurias se notaban en sus trajes- visitó la universidad en homenaje silencioso a los magistrados asesinados. Eran los empleados de la rama judicial.

Para entonces la justicia era aún más pobre y débil de lo que es hoy, y era ingenuo pensar que ella podría encargarse de la investigación. La Justicia Penal Militar, concebida como beneficio para los militares y no como verdadero fuero, no se atrevería a castigar a un oficial de alto rango, mucho menos si se trataba del enfrentamiento con un grupo subversivo. Asumimos que los crímenes quedarían en la impunidad por la presión de los funcionarios responsables y gracias a la manipulación que -como es regla en estos casos- se haría sobre investigadores, testimonios y evidencias.

Con el paso de los meses se conocieron los horrores de la "retoma": ejecución de rehenes, torturas, desapariciones y una lista de hechos que explicaban los lamentos fantasmales que en las noches se elevaban desde las ruinas del Palacio de Justicia hacia la casa presidencial. Las "investigaciones exhaustivas" comenzaron con la creación por decreto de un Tribunal Especial, cuyas conclusiones no convencieron. La Comisión de Acusaciones de la Cámara impartió una absolución de rutina al Presidente Belisario Betancur, y la justicia Penal Militar dictaminó que los únicos culpables eran los guerrilleros protagonistas de la toma. La Procuraduría General sentó un precedente al imponer sanción disciplinaria al General Arias Cabrales -comandante del operativo- pero el Consejo de Estado la revocó. La Nación fue condenada por el Consejo de Estado a indemnizar a las familias de varias personas muertas en el episodio, al constatar evidentes "fallas del servicio" en la operación militar. Pero tales decisiones, aunque contenían una declaración tácita de responsabilidad frente a los militares autores de las "fallas", no implicaron sanciones personales. Sólo con la expedición del Informe final de la Comisión de la Verdad -carente de valor sancionatorio- se obtuvo un pronunciamiento oficial sobre la gravedad de lo ocurrido y las principales responsabilidades.

La reciente solicitud de la Fiscalía para que se condene a prisión al General Jesús Armando Arias Cabrales -a cuyo cargo estuvo toda la dirección del "rescate"- tiene un valor histórico enorme, pues el oficial jamás ha sido sancionado y se trata de un proceso penal por desaparición forzada, delito de gravedad y significado especiales.

La desaparición forzada es un típico delito de Estado empleado para aniquilar ciudadanos "inconvenientes". Vulnera una pluralidad de derechos fundamentales de las víctimas y sus familiares; impide a unas y otros acudir a las autoridades; y dificulta las investigaciones. Es un medio de intimidación brutal que somete a los allegados del desaparecido a la incertidumbre sobre su suerte, y a la zozobra por el peligro que corren si protestan o buscan a quien fue arrebatado. Las víctimas se convierten en instrumentos del terror que los delincuentes desean irradiar al resto de la sociedad. Y para que esos efectos perversos perduren, basta con que los delincuentes callen y mantengan la desaparición.

Muchas cosas han cambiado en Colombia para que podamos presenciar la solicitud institucional de sanción en contra del General que comandó la "retoma". Fue necesario  construir una justicia mucho más fuerte e independiente y crear la Fiscalía General, que con todo y sus defectos, tiene la posibilidad de hacer cosas inimaginables para un Juez de Instrucción Criminal de los años 90. La Rama Judicial, liderada por la Corte Constitucional, ha logrado retirar de la Justicia Penal Militar el conocimiento de aquellos delitos ejecutados por uniformados que, en tanto aniquilan derechos fundamentales de los asociados, son considerados actos ajenos al servicio, de competencia de los jueces ordinarios. Se ha avanzado de manera notoria en el campo del derecho penal, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, para permitir el manejo de figuras como el delito de desaparición forzada, que no sólo es imprescriptible, sino que además se considera continuado, es decir, de existencia permanente mientras no se conozca el paradero de las víctimas.

La acusación contra el Señor Arias Cabrales, más que una victoria de la izquierda o una derrota para los sectores conservadores -para quienes el General es un héroe, víctima de persecución política- constituye una expresión viva de la justicia y un avance notable en la lucha por los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a los atropellos del Estado. La acusación nos devuelve la esperanza y confirma nuestras posibilidades de llegar a ser un país civilizado. En el futuro, quienes tienen en sus manos la defensa de las instituciones, dudarán al ejecutar un operativo de rescate a sangre y fuego, y lo pensarán antes de realizar un acto de desaparición, pues saben que la responsabilidad por esa clase de atentados perdurará tanto como pueda alcanzarles la vida, y tienen consciencia de que ni su rango será suficiente para asegurar la impunidad, ni la delegación de funciones bastará para limpiar la propia culpa, a costa de los subalternos.

De condenarse al General Arias Cabrales por delitos de "lesa humanidad", la sentencia  tendrá un valor inmenso en todos los escenarios. Incluso una eventual absolución dejará con vigor el precedente de la investigación y la constancia histórica de la acusación, como manifestaciones de la búsqueda de la verdad que fue posible.

En lo personal no lamento que la justicia haya tardado tanto; prefiero valorar la persistencia de la memoria que a veces consideramos perdida, la vehemencia de quienes lucharon todos estos años por obtener un resultado, y los avances de las instituciones que nos han permitido llegar hasta este punto, algo difícil de imaginar para aquellos aprendices de derecho que hace 25 años lamentábamos el holocausto y creíamos segura la impunidad de los responsables.

*Abogado de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en Derecho Penal. Especialista en Propiedad Intelectual. Especialista en Creación Narrativa. Ha trabajado en la Rama Judicial como Juez de Instrucción Criminal y Fiscal Regional. Condecorado con la Medalla al Mérito por Servicios a la Justicia. Actualmente es abogado independiente.

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