Santos se comprometió a someter los acuerdos de La Habana al voto popular. Pese a las complejidades, a los riesgos y a los obstáculos que conlleva esta figura, el plebiscito es la mejor manera de asegurar la transparencia y la legitimidad del proceso.
Juan Carlos Palou Trías*
¿Para qué un plebiscito?
Desde el punto de vista jurídico, es claro que el acuerdo que eventualmente firmarán el gobierno nacional y las FARC no necesita de refrendaciones para tener validez.
Es probable que los negociadores del gobierno hayan adquirido el compromiso de la refrendación como un mecanismo para apaciguar al uribismo que, al iniciarse las negociaciones, sintió que Santos había traicionado el proyecto político de derrotar a las FARC por la vía militar.
Pero este recurso táctico de apaciguamiento ha adquirido el carácter de un serio condicionamiento para lograr el cumplimiento del acuerdo de paz. Ahora, el presidente considera necesario respetar el compromiso político que adquirió con la ciudadanía cuando anunció el inicio de los diálogos de paz.
En cuanto a las FARC, su preocupación principal está en la necesidad de garantizar el cumplimiento de los acuerdos a través de un mecanismo que les otorgue seguridad jurídica y proyección política.
Polarización
 Plenaria del Senado en el Capitolio Nacional. Foto: Congreso de la República de Colombia |
Parafraseando a Hernando Gómez Buendía, director de Razón Pública, podríamos decir que, frente al tema de la refrendación de los acuerdos, hay dos posiciones claramente identificables:
- La de los maximalistas, encarnados por aquellos sectores de la izquierda radical para quienes la ejecución de los acuerdos será el inicio de la revolución que no lograron a través de las armas. Algo así como “ganaremos en la mesa de negociación y en la refrendación lo que perdimos en el campo de batalla”.
- La de los minimalistas de la ultra derecha, que sueñan con un proceso de desarme, desmovilización y reinserción, que no venga acompañado de ninguna reforma institucional. Algo así como “la guerrilla estaba aniquilada y por ello su reinserción tiene que ser equivalente a una derrota militar: cárcel y exclusión política”.
Estos dos grupos son partidarios de la asamblea constituyente. Los unos para ampliar los logros de la negociación y los otros para revertir esos logros y promover medidas antidemocráticas (como la reelección de Uribe), con el fin de neutralizar los avances de la Constitución con el fin de netde ón de 1991.
La única manifestación de apoyo al proceso de paz ha sido la reelección del presidente Santos.
Se ha reiterado desde diferentes flancos que un órgano político y colectivo como una asamblea constituyente no se integra para refrendar sino para deliberar y decidir esto es, para “rebarajar” las cartas del juego.
En todo caso, el proceso de refrendación no debería estar diseñado sobre la base de las preferencias de estos dos grupos radicales y polarizados. Por el contrario deben buscarse mecanismos que le den cabida a la opinión de sectores capaces de entender que el resultado de un acuerdo no es un juego de suma cero, sino que debe conducir a reformas institucionales que aclimaten el abandono de las armas para fines políticos.
El tamaño de los sectores que podríamos llamar “moderados” no ha podido ser estimado. De hecho, es más realista pensar que esa moderación debe ser construida más que identificada, lo cual muestra el valor potencial de la pedagogía.
Hasta el momento, la única manifestación de apoyo al proceso de paz ha sido la reelección del presidente Santos, cuando el país estuvo dividido en dos mitades relativamente equilibradas. En ese momento el voto por la reelección pudo ser interpretado como un apoyo al proceso de La Habana, pero no necesariamente como un apoyo al resultado del mismo.
Las encuestas siguen mostrando que una importante mayoría de los ciudadanos apoya el proceso de dialogo y simultáneamente rechaza dos de sus posibles resultados: la participación en política de los guerrilleros y la aplicación de una justicia transicional (que es leída en clave de laxitud e impunidad). Si este rechazo se manifestara en las urnas de la refrendación, el acuerdo no pasaría el examen.
¿Cómo se usará?
No sobra recordar que la figura del plebiscito, aunque fue incluida en la Constitución de 1991 como un mecanismo de participación ciudadana, cargó desde el comienzo con el prejuicio histórico de haber sido utilizado como instrumento de legitimación de regímenes autoritarios.
En aquella época, el ponente de la ley de participación ciudadana aseguró que el plebiscito tenía el potencial de ser un Caballo de Troya para la democracia y recordó la experiencia autoritaria de Alberto Fujimori en Perú. Se llegó a decir que se reglamentaba el plebiscito para no dejarlo abierto pero no con la intención de promover su utilización más adelante.
En relación con el acuerdo de paz, con este mecanismo se busca un único objetivo: someter a plebiscito la refrendación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera conseguido en La Habana.
Algunos críticos del actual proyecto de ley estatutaria del gobierno para hacer el plebiscito califican su contenido como una distorsión de la institución constitucional original. Lo cierto es que la Constitución no define el contenido de este mecanismo y se limita a mencionarlo. El legislador estatutario tiene, entonces, amplias facultades para configurarlo.
La nueva norma también modifica el carácter de la aprobación del acuerdo a través del plebiscito, señalando que “tendrá un carácter vinculante para efectos del desarrollo constitucional y legal del Acuerdo”. Esta advertencia termina con un parágrafo según el cual “el Congreso, el Presidente de la República y los demás órganos, instituciones y funcionarios de Estado, dentro de la órbita de sus respectivas competencias, dictarán las disposiciones que les correspondan para acatar el mandato proveniente del veredicto del pueblo expresado en las urnas”.
Las críticas
 Segunda posesión del Presidente Juan Manuel Santos. Foto: Presidencia de la República |
Las FARC han criticado el plebiscito por tres razones:
- Por ser un mecanismo no acordado en la mesa de negociación;
- Por conferirle al gobierno un poder exagerado: “trasladar todo lo acordado y lo que resta por acordarse en la Mesa de La Habana a la llamada Comisión Legislativa en vía de creación, al propio Congreso si fuere del caso, al Ejecutivo y a los demás órganos, instituciones y funcionarios de Estado, a fin de delegarles lo que fuere de la órbita de sus respectivas competencias”.
- Porque la mayoría necesaria para aprobar el plebiscito será el 13 por ciento del censo electoral, lo que consideran un empobrecimiento democrático.
Por su parte, la principal crítica de algunos sectores democráticos radica en que las “maromas legislativas” del gobierno en materia de refrendación (modificación del régimen del referendo, el plebiscito, etc.) lo han mostrado como el actor que intenta manipular las normas en su propio beneficio o en el de su proyecto político.
De todos los mecanismos de refrendación que se han discutido el más idóneo y realizable es el plebiscito.
La otra crítica consiste en que el gobierno incurre nuevamente en una estrategia que le había fallado: promover reformas jurídicas unilaterales que las FARC van a rechazar
La sensatez y el equilibrio
El propósito de someter a un plebiscito el acuerdo final de paz con las FARC es un serio riesgo para el proceso, pero demuestra el compromiso de las partes con la transparencia y la publicidad.
De todos los mecanismos de refrendación que se han discutido el más idóneo y realizable es el plebiscito. Por eso, las partes deberían acordarlo.
Por lo demás, no es descartable que en un tiempo prudencial después de terminado el conflicto se pueda convocar una asamblea constituyente, sin el fragor de las armas o la desconfianza de un incipiente posconflicto.
* Consultor independiente.
