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La paz en la política de defensa y seguridad de Duque

Escrito por Juan Carlos Palou
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Juan Carlos PalouLa PDS no habla del acuerdo con las FARC pero dice mucho sobre la posición del gobierno frente a él. ¿Cuál es su fundamento ideológico y por qué lo nuevo en realidad no es nuevo?

Juan Carlos Palou*

La aspiración del uribismo

Altos funcionarios del gobierno y congresistas del Centro Democrático aseguran que, debido a que ganaron las elecciones oponiéndose al acuerdo de paz, quedaron autorizados y, en efecto, obligados a rechazarlo o a cambiar su contenido.

Se invoca la diferencia entre una política de gobierno y una política de Estado. La primera comprometería al gobierno Santos, la segunda sería vinculante para Duque, aunque éste la podría modificar según los mecanismos previstos por la ley.

La pretensión del uribismo es presentar la mayor parte de los compromisos del acuerdo como propios de una política de gobierno, que por lo tanto puedan ser reformados o desconocidos de manera directa o “informal” al cambiarse el gobierno.

Pero para hacerle reformas al Acuerdo o incumplir sus compromisos, el presidente Duque adoptó la táctica del ninguneo. La Política de Defensa y Seguridad (PDS) y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) evitan mencionar el acuerdo de paz y desconocen así los compromisos para darle cumplimiento.

Los acuerdos firmados se dispersan en múltiples capítulos que desfiguran el sentido unitario del Acuerdo. Es una forma de legitimar las modificaciones al tiempo que esquivan el desgaste de un debate abierto.

¿La paz versus la legalidad?

El fundamento ideológico de la PDS se encuentra en la presentación escrita que hicieron el presidente, su ministro de Defensa y su Consejero de Seguridad:

  • El presidente sostiene que “la base del derecho a la paz es la vigencia de la Constitución y el ejercicio legítimo de la autoridad, no la justificación del crimen” (énfasis propio). Sin mencionarlo, sugiere que el acuerdo de paz se alejó de la legalidad, cobijó actos de violencia bajo la “excusa del delito político” e igualó las instituciones democráticas con las organizaciones delincuenciales.
  • El ministro de Defensa añade que en la política no hay espacio “para justificar o validar el terrorismo y el crimen como medio de acción política en la democracia, ni permite que se mantengan discursos justificativos frente al delito”.
  • Finalmente, el Consejero de Seguridad aclara que la PDS apunta a “restablecer el principio de autoridad y la defensa de la legalidad”. Reitera entonces que “la justificación del delito, el terrorismo y el narcotráfico no tienen espacio en la PDS”.

Este énfasis en la legalidad como fin y principio de la política de seguridad y del Plan Nacional de Desarrollo, envía de manera tácita el mensaje de que el acuerdo de paz puede leerse en clave de ilegalidad o quebrantamiento del Estado de Derecho.

Para hacerle reformas al Acuerdo o incumplir sus compromisos, el presidente Duque adoptó la táctica del ninguneo

Esa interpretación desconoce que para adelantar el diálogo con las FARC se partía del supuesto de que la legislación ordinaria era insuficiente para transitar de la guerra a la paz. Por eso fue necesario adoptar un conjunto de normas, excepcional y temporal, apto para regular el proceso de transición.

Así lo planteó el Acto Legislativo 01 del 2012 conocido como Marco Jurídico para la Paz, que se adoptaría durante la transición. De manera que el propósito no era quebrantar el Estado de Derecho sino dotarlo de las herramientas para cerrar el conflicto armado interno.

Lea en Razón Pública: ¿Una ley imposible? Objeciones al proyecto de Ley estatutaria de la JEP

Seguridad Democrática 2.0

JEP
Foto: JEP
Duque en la JEP.

En un artículo anterior de Razón Pública se dijo que la PDS no es una política pública como lo anuncia su título y que carece de un diagnóstico apropiado. Compartiendo esa opinión, diría que es más bien un documento que ofrece un marco ideológico y unas pautas para el manejo de las políticas de seguridad.

Por ejemplo, el sesgo ideológico de la PDS le permite afirmar que la Política de Seguridad Democrática de Uribe “doblegó la voluntad de la acción criminal de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), logrando su disolución como organizaciones terroristas y narcotraficantes…”.

Mientras tanto, la administración Santos sólo es responsable “de la grave pérdida de iniciativa estratégica” del Estado en la lucha contra los grupos criminales. La desafortunada administración Santos, casi inexistente, le permite al gobierno retornar a la política de Seguridad Democrática, como retomando el hilo de un proceso inconcluso.

 Lo cierto es que hay una marcada semejanza entre las políticas de Uribe y Duque:

  • Ambas caracterizan los territorios en función de su situación de seguridad como paso previo para determinar el tipo de intervención en ellos.
  • Las Fuerzas Militares protagonizan los procesos de recuperación del control territorial.
  • La política de seguridad ciudadana y la Policía Nacional tienen un papel subordinado.

¿Una política novedosa?

Pese a reeditar las políticas de Uribe, el gobierno afirma que la PDS es novedosa por varias razones. Por un lado, el agua, la biodiversidad y el medio ambiente se reconocen como activos estratégicos de interés nacional, lo cual tendrá “profundas repercusiones”. Es un avance interesante que, según como se lleve a cabo, podría empezar a resolver algunos de los problemas más acuciantes de la degradación ambiental (deforestación, minería ilegal, etc.).

gobierno y estrategia de defensa
Foto:  Facebook Iván Duque
El DANE no cuenta con cifras completas.

Por otro lado, se habla del carácter multidimensional de la política de seguridad, que permite inclusive elevarla al rango de motor de la transformación “estructural” de los territorios afectados por la criminalidad y la violencia. Esta atribución es desmesurada e inconveniente, pues la seguridad es condición necesaria para transformar los territorios, pero no su motor o principio eficiente.

El documento de la PDS no tiene la intención de afrontar un problema básico de nuestra Fuerza Pública: la confusión de papeles entre la Policía y las Fuerzas Militares. 

Otras “novedades” se cobijan bajo la idea de transformación estratégica:

  • El respaldo ciudadano a través de la Red de Participación Cívica, que es una reedición de la Red de Cooperantes promovida por Uribe. Lo nuevo es que esta red será multipropósito —un elemento que agrava la preocupación porque hace recordar la deriva paramilitar de nuestro pasado e incluso los colectivos chavistas tan visibles y activos en los últimos tiempos—.
  • Otro concepto presuntamente novedoso es el de “espacios vacíos de institucionalidad o con precaria institucionalidad”, una desmejora de la ancestral teoría de la ausencia de Estado, pues no existen tales territorios vacíos. Siempre se encuentran en ellos órdenes políticos alternativos, aunque sean ilegales y precarios.
  • Promover el tránsito del control militar y policial de los territorios al control institucional. Desde el Plan Nacional de Rehabilitación (1980), éste ha sido el propósito de todos los programas estatales para controlar los territorios periféricos o afectados por la violencia. Más allá de éxitos parciales, los resultados no han sido buenos. Así que formular este objetivo no es novedoso a menos que se muestre un camino mejor para lograrlo.

También se plantea como novedad la idea de que la política pretende ir más allá de la desarticulación de los grupos criminales y de las economías ilícitas, para enfrentar las condiciones que permiten su existencia y reproducción. Este enfoque se ha promovido desde hace mucho tiempo, al detectar las limitaciones de una estrategia concentrada en acabar con las cabecillas u objetivos de alto valor: cada capo que cae es reemplazado por otro, previa la lucha interna por llenar el vacío de poder.

Las circunstancias que ocasionan el delito son profundas, complejas y de lenta transformación. Hay que enfrentar con políticas integrales y no exclusivamente de seguridad. Pero el gobierno Duque las está tratando exclusivamente desde el ministerio de Defensa a través del Plan Estratégico Sectorial (PES) —plan militar— y los planes de campaña del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Área Colombiana y el Plan Operativo de la Policía Nacional.

Puede leer: El plan de Duque para la defensa y la seguridad.

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional

El documento de la PDS no tiene la intención de afrontar un problema básico de nuestra Fuerza Pública: la confusión de papeles entre la Policía y las Fuerzas Militares. De hecho, las alusiones exclusivas a la Policía Nacional son muy escasas pues casi siempre aparece mencionado el dueto Fuerzas Militares-Policía Nacional.

Puede leer: Seguridad ciudadana en Colombia: balance y retos.

De hecho, ya hemos visto al Ejército patrullando áreas urbanas como Bogotá mientras que el Sistema de Seguridad Rural —una responsabilidad principal de la Policía— sigue siendo una noción abstracta y difícil de evaluar y caracterizar.

Dada la naturaleza de las amenazas que enfrentamos, es comprensible que los militares asistan a la Policía en algunos casos. Pero la PDS probablemente detendrá el proceso gradual hacia la autonomía de la institución policial y su traslado a un ministerio distinto del de Defensa. Esta política propiciará el predominio de las Fuerzas Militares, e incluso el documento les permite contribuir temporalmente a “la reconstrucción de zonas afectadas… mediante el desarrollo de obras de infraestructura y la prestación de servicios sociales básicos a la población”. ¿Estaremos hablando de acciones cívico-militares o de la militarización de la vida social y política?

Es inquietante que el Ministro de Defensa del presidente concluya su escrito con esta frase: “Queremos unas Fuerzas Armadas éticamente heroicas en el campo de batalla” (énfasis propio). ¿Cómo interpretar esa afirmación en un país que no está en guerra ni afectado por un conflicto armado interno?

*Consultor independiente, asesor del programa de cultivos ilícitos.

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