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Delito político y narcotráfico: una mirada serena

Escrito por Juan Carlos Palou
Juan Carlos Palou

Juan Carlos PalouExplicación necesaria del por qué las reacciones indignadas contra la propuesta del presidente Santos, de los problemas que conlleva la figura del “delito político”, de la naturaleza real del narcotráfico y de su conexidad – o no- con ese delito.

Juan Carlos Palou*

Santos rodeado de periodistas

Un debate necesario

Hace algunos días, el presidente Santos abrió la puerta para considerar el narcotráfico como un hecho conexo con el delito político.

Para muchos analistas, la sugerencia resultó inoportuna y no bien explicada, de manera que produjo un rechazo general. Pero en efecto habría que decir que –independientemente del momento y de los argumentos-  las reacciones de personajes como el procurador Ordoñez, el expresidente Pastrana o los congresistas del Centro Democrático hubieran sido las mismas.

La conexidad es un hecho: el narcotráfico es conexo pues es un “delito-medio” para apoyar “delito-fin” –político- que es la rebelión armada. 

Más allá de semejantes reacciones indignadas, es conveniente abrir ese debate y explorar  los alcances de la propuesta, lo cual implica dos ejercicios ciertamente poco fáciles: digerir el concepto de delito político, y otorgar un tratamiento aparentemente “benigno” al  narcotráfico. En este artículo trataré de ahondar sobre ambos temas.

Una figura muy controvertida

La figura del “delito político” tiene una larga tradición en las leyes y la jurisprudencia colombianas, ha sido la base para conceder indultos o amnistías a los grupos e individuos insurgentes,  y ha servido para dejar atrás guerras y conflictos internos.  Sin embargo durante los últimos años se han puesto en duda la validez y la vigencia de esta figura, por razones muy diversas:

1. El discurso humanitario dominante en la comunidad internacional rechaza la violencia cuando esta implica violación de los derechos humanos.

A diferencia de la doctrina clásica sobre el delito político, la posición humanitaria  considera que alegar motivos políticos para justificar actos de violencia es un hecho que agrava en lugar de atenuar su gravedad. La obsesión del humanitarismo en contra de la  impunidad lo ha llevado a rechazar las amnistías e indultos como caminos para poner fin a los conflictos.

2. El discurso antiterrorista, fortalecido bajo los gobiernos de Bush y de Uribe, censura su violencia indiscriminada (bombas, masacres, etc.) y desestima las motivaciones políticas de quienes lo utilizan. El desprestigio de los terroristas ha aumentado por el hecho de que sus principales víctimas sean civiles o no combatientes. Estos delitos deben ser castigados con rigor y no pueden ser tratados como un delito político.

En el caso concreto de Colombia -y bajo la versión del “narco-terrorismo”- lo anterior implicaría que el Estado deba investigar, juzgar y sancionar a los miembros de las FARC que hayan incurrido en actividades de narcotráfico, lo cual sencillamente impediría la salida política del conflicto.

3. Las guerras clasistas. No era difícil reconocer el carácter de combatiente o de  “delincuente político” al enemigo, cuando las guerras involucraban a las clases altas o a miembros de la élite, como en las guerras civiles del s. XIX o aún bajo “La Violencia” bipartidistas. Pero los conflictos de los últimos años han tenido un carácter de clase,  y no es tan fácil admitir ese tratamiento cuando las clases subalternas se alzan en armas.

4. La degradación del conflicto ha desdibujado las fronteras entre el delincuente común, motivado por el egoísmo, y el delincuente político, caracterizado por la jurisprudencia como alguien que tiene el propósito altruista de transformar el régimen constitucional para beneficio de la sociedad. Lo prosaico de los actos de la guerrilla hace difícil concederle la dignidad implícita en la noción de delincuente político.

5. La Corte Constitucional también modificó la figura del delito político cuando en 1997 determinó que no podría considerarse el homicidio de soldados y policías como  conexo con el delito de rebelión.

Así, un guerrillero sometido hoy a juicio es sancionado tanto por el delito de rebelión como por los homicidios intencionales de miembros de la Fuerza Pública, aunque estos se hayan producido en desarrollo de un combate legítimo a la luz del Derecho Internacional Humanitario (DIH). El exmagistrado Carlos Gaviria Díaz concluyó que “con esa jurisprudencia el delito político quedó reducido a un ente apenas nominal, huero e irrisorio”.

Los Expresidentes Álvaro Uribe y George W. Bush en el año 2009 se miran y sonrien
Los Expresidentes Álvaro Uribe y George W. Bush en el año 2009.
Foto:Wikimedia Commons

La propuesta de Santos  

No obstante lo anterior, el delito político sigue teniendo vigencia.

En Colombia tiene rango constitucional y el Marco Jurídico para la Paz lo recuperó en su artículo 3º al establecer que “una ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política”.

En principio, la propuesta de Santos se limita a desarrollar este artículo, pues la única consecuencia de declarar el narcotráfico como un delito conexo sería no impedir la participación política de los guerrilleros que hubieren incurrido en esa práctica, siempre que hubiera sido un medio para financiar su proyecto político armado.

Pero del otro lado esta propuesta implica un cierto grado de benevolencia respecto del narcotráfico. Y aquí la dificultad estriba en los estragos que han causado la droga y la  guerra contra las drogas en Colombia – con su carácter de verdadera “cruzada”- lo cual ha dado al  narcotráfico el estatus político –que no jurídico- de un delito atroz. Por eso las reacciones indignadas contra la propuesta del presidente Santos.

Narcotráfico y delito político

Y sin embargo al evaluar la propuesta sería preciso reflexionar un poco más sobre la naturaleza delictiva del narcotráfico, así:

1. No es “mala in se. El narcotráfico no es un delito atroz, y ni siquiera corresponde a los llamados mala in se es decira las conductas universalmente consideradas dañinas para el género humano, como son el homicidio, el secuestro o la violencia sexual.

2. Es “mala prohibitia”. El tráfico de drogas y el consumo de sustancias sicotrópicas son delitos calificables como mala prohibitia, es decir, producto de una convención social, legal o política, pues en muchas culturas la producción y el consumo de sustancias sicotrópicas no solo es tolerada sino incluso promovida con fines rituales, religiosos o recreativos.

3. Es un delito sin víctima. El prohibicionismo como política pública es un claro ejemplo de globalización, pues consiste en convertir en verdad universal unos prejuicios locales y provincianos (propios del puritanismo norteamericano), gracias a la capacidad de ese país para imponer al mundo las concepciones de sus propios  electores.

Pero dejando de lado a ese Estado poderoso que magnifica la gravedad del narcotráfico,   los criminólogos lo califican como un delito sin víctima, pues todos quienes participan de él (desde el campesino que cultiva coca hasta el consumidor de las ciudades europeas) lo hacen voluntariamente, a todos se les remunera su valor agregado y a ninguno se le impone una carga predatoria.

4. Delitos conexos con el narcotráfico. Las enormes ganancias – y también la violencia- de esta industria resultan de su carácter ilegal y de la violencia de la guerra contra las drogas. Pero el narcotráfico es distinto y puede ser castigado independientemente de estos otros delitos conexos o asociados: así lo prueba el hecho de que los comandantes paramilitares están en Estados Unidos enjuiciados por haber introducido cocaína, sin considerar las muchas muertes que produjeron en Colombia.

5. Delito conexo con la rebelión. Sin duda, la guerra es costosa y necesita recursos para comprar armas, adiestrar combatientes, alimentarlos y sostenerlos. Por tanto no es un  exabrupto reconocer que el narcotráfico ha ayudado a financiar la lucha armada de las FARC? La conexidad es un hecho: el narcotráfico es conexo pues es un “delito-medio” para apoyar “delito-fin” –político- que es la rebelión armada.

Delegación de paz de las Farc.
Delegación de paz de las Farc.
Foto: Delegación de paz Farc-EP

Dificultades y precisiones

Nada de lo anterior implica que la propuesta de Santos esté libre de problemas, comenzando por la necesidad de  garantizar que la conexidad no confiera inmunidad por delitos asociados con el narcotráfico que sean atroces o de lesa humanidad.

También será difícil distinguir entre los comandantes que aumentaron su patrimonio personal con los ingresos del narcotráfico y aquellos otros que los destinaron a la organización armada, para darles un tratamiento diferenciado.

Pero la fórmula no debe impedir, como algunos afirman, que se persigan los bienes obtenidos por las FARC con dineros provenientes del narcotráfico. La ley estatutaria que regule la desmovilización podría decir  expresamente que se mantiene la competencia de la justicia para perseguirlos. Es más: estos bienes deberán ser utilizados para reparar a las victimas

Pero la fórmula no debe impedir, como algunos afirman, que se persigan los bienes obtenidos por las FARC con dineros provenientes del narcotráfico.

No creo tampoco que sea un grave inconveniente que los miembros de las FARC no puedan ser extraditados por el carácter político de su delito. Por el contrario, eso facilitaría la negociación y les conferiría seguridad jurídica a los guerrilleros desmovilizados.  

¿Acaso la justicia norteamericana no ha demostrado laxitud en el tratamiento penal aplicado a los narcos recientemente extraditados, sin consulta ni consideración por los esfuerzos de Colombia frente a ese delito? ¿No podría Colombia, en aras de lograr la paz, modificar su política criminal frente a la relación de las FARC con el narcotráfico? (El mismo presidente Clinton acaba de señalar que la propuesta de Santos no tiene porque ser rechazada por el gobierno de Estados Unidos).

Finalmente, cabe decir que el mayor obstáculo que tal propuesta debe superar es la incomprensión ciudadana y lograrlo no será tarea fácil.  

 

* Abogado de la Universidad del Rosario, Msc. en Políticas Públicas del St Antony´s College, Universidad de Oxford, UK.

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