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Lo que dijo Santos sobre el proceso de paz

Escrito por Juan Carlos Palou
Juan Carlos Palou

Juan Carlos PalouEsta semana el presidente intentó aclarar las muchas dudas existentes sobre sus  acuerdos en ciernes con las FARC. Con algunas afirmaciones categóricas, otras esquivas y uno que otro titubeo, el presidente dejó ver lo que vendrá de La Habana.

Juan Carlos Palou Trías*

El Presidente Santos en entrevista con la periodista Claudia Gurisatti.

Preguntas y respuestas

En su entrevista de este jueves con el presidente, la periodista Claudia Gurisatti se mostró contundente pero sobria al transmitirle a Santos las principales objeciones de los opositores al proceso de paz.

Despojadas del histrionismo y formuladas sin el tono catastrófico del Centro Democrático, esas objeciones no son otra cosa que hipótesis de riesgo, más o menos razonables, aunque ninguna amerite levantarse “patriótica” y airadamente de la mesa de La Habana. Al menos por ahora.

Las preguntas y las respuestas de Santos permiten anticipar algunos de los campos minados que habrá de recorrer el proceso durante los próximos cuatro meses.

Reciprocidad

La decisión de las FARC de renovar su oferta de cese al fuego unilateral a partir del 20 de julio es la evidencia de que esa organización ha descubierto la opinión pública como un factor de gran importancia en materia política.

Con esta oferta las FARC intentan hacer su aporte a la recuperación del terreno político perdido desde el ataque al Ejército en el departamento del Cauca y los lamentables hechos de violencia que le sucedieron.

La importancia del lenguaje en los procesos de negociación está fuera de toda duda: en la guerra hay que estigmatizar al enemigo, mientras que en la negociación hay que dignificar a la contraparte

Por su parte el gobierno reconoce que la sostenibilidad del cese al fuego unilateral requiere alguna muestra de reciprocidad en el terreno militar. Por ello se ha referido al “des-escalamiento” como el aporte gubernamental al propósito de disminuir la intensidad del conflicto y ha reiterado que no se trata de un cese al fuego bilateral camuflado. Este des-escalamiento estará condicionado al cumplimiento del cese al fuego unilateral.

Cese de hostilidades

La periodista, siguiendo la línea del senador Alfredo Rangel, enfiló sus preguntas hacia las hostilidades. Puede ser que las FARC cesen o disminuyan sus acciones militares o de saboteo contra la infraestructura petrolera o eléctrica, pero ¿qué pasa con el repertorio de prácticas de extorsión, “boleteo”, intimidación y amenazas sobre la población civil?

En sentido estricto, estos comportamientos no estarían incluidos en el cese al fuego, entre otras razones porque, en la coyuntura actual, verificar su suspensión es literalmente imposible porque los hechos militares requieren publicidad para tener los efectos que persiguen las guerrillas, mientras que los delitos mencionados dependen de la invisibilidad para ser más eficaces.   

El Centro Democrático presenta esa limitación práctica como una autorización del gobierno para que las FARC sigan delinquiendo. A lo cual se podría replicar que las FARC llevan 50 años delinquiendo con autorización gubernamental.  La respuesta de Santos a esta objeción fue aseverar  formalmente que la Fuerza Pública combatirá el delito donde quiera que este se manifieste.

El Jefe Negociador de la Delegación de Paz del Gobierno Nacional, Humberto de la Calle.
El Jefe Negociador de la Delegación de Paz del Gobierno Nacional, Humberto de la
Calle.
Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Cambiar el lenguaje

El entrevistado omitió referirse a las decisiones concretas que implicará el “des-escalamiento” militar. Sabe que cualquier cosa que diga al respecto será presentada como una claudicación frente al “narcoterrorismo”. No mencionó, por tanto, la posible suspensión de los bombardeos, ni mucho menos disminuir las acciones terrestres contra los frentes de las FARC.

Se limitó a proponer de modo cauto el “des-escalamiento” en el lenguaje. Se trataría de cambiar las palabras para aludir a la guerrilla, sugiriendo que en lugar de llamarlos bandidos y narcoterroristas se los mencione por su nombre: las FARC.

La importancia del lenguaje en los procesos de negociación está fuera de toda duda: en la guerra hay que estigmatizar al enemigo, mientras que en la negociación hay que dignificar a la contraparte. Ese propósito debe extenderse a las FARC, cuya retórica descalificatoria del Estado y sus instituciones es más que conocida.

En todo caso las decisiones de des-escalamiento militar propiamente dicho deberán manejarse con extrema discreción y cuidado. Esto no será fácil teniendo en cuenta que dentro de la Fuerza Pública hay mucho enemigo agazapado que gustosamente filtrará información a la oposición sobre las “iniquidades” del des-escalamiento.

La justicia  

Sobre este tema Santos reiteró que habrá justicia penal, que no habrá amnistías y que los máximos responsables serán investigados, juzgados y castigados.

Admitió que el castigo a los guerrilleros puede incluir la pérdida de la libertad, aunque esta pena no se cumplirá necesariamente en la cárcel, pues se aplicarían penas alternativas u otras modalidades limitantes de la libertad. Recordó no obstante que las FARC han manifestado que no quieren ser la primera guerrilla en el mundo en negociar la paz para irse a la cárcel.

Admitió que del avance en el punto de la justicia dependerá la continuidad del proceso, cuando dentro de cuatro meses se haga la evaluación correspondiente. En este, como en los otros aspectos de la negociación, “no avanzar es retroceder”.

La periodista señaló que es difícil creer que las FARC vayan a someterse a la justicia que descalifican. A esto el presidente respondió que las FARC saben que esa es una de las líneas rojas que el gobierno ha establecido en la negociación.

En este punto hay muchos vericuetos y obstáculos cuya superación resulta difícil de anticipar. Si, tal como dijo De la Calle, a las FARC “se les aplicarán las penas que dictan las leyes vigentes”, uno puede preguntarse cómo se va a manejar el hecho de que en el Código Penal Colombiano no existe un tipo específico para los delitos de lesa humanidad. La solución de este problema es competencia exclusiva del Congreso y sería un exabrupto que en La Habana se hicieran intentos de tipificación penal de los delitos de lesa humanidad.

Lo mismo puede decirse de las llamadas “penas alternativas”. Solamente el Congreso las puede establecer y, aunque podrían llegar a acordarse en La Habana, la validación del Congreso sería ineludible, y el riesgo de rechazo es una realidad.

Si se aplicara el Marco Jurídico para la Paz, las formulas acordadas para las penas alternativas deberían ser aprobadas mediante leyes estatutarias. A este respecto, siempre podrá decirse que resulta un tanto insólito acordar castigos penales con los delincuentes mismos, como si se tratara de penas confeccionadas a la medida.

En todo caso, De la Calle ya informó que la propuesta del gobierno está sobre la mesa. Allí aparece “el mecanismo realmente novedoso de una comisión independiente” que escogería los casos que deben ser seleccionados para su investigación y juzgamiento.

Los Senadores por el Centro Democrático, Jose Obdulio Gaviria, Alfredo Rangel y Álvaro Uribe.
Los Senadores por el Centro Democrático, Jose Obdulio Gaviria, Alfredo Rangel y
Álvaro Uribe.
Foto: Congreso de la República de Colombia

La participación política

Gurisatti obtuvo del presidente la afirmación de que no habrá curules de regalo para las FARC a ningún nivel. Lo que esa organización obtenga en corporaciones públicas deberá ser alcanzado por la vía electoral, incluyendo el acceso a las “circunscripciones especiales” para los territorios afectados por el conflicto.

Descartó la posibilidad de que la guerrilla haga política con armas y desestimó el riesgo de que esa organización llegue a la liza electoral como una “narco-potencia” con recursos financieros suficientes para aplastar a sus contrincantes políticos.

La respuesta del presidente a esa inquietud dará de qué hablar. Según él, las investigaciones realizadas por el gobierno en el sistema financiero nacional e internacional, con la cooperación de otros Estados, han llegado a la conclusión de que tal capital económico y financiero no existe pues los recursos que obtiene la guerrilla los invierte en financiar una guerra tan costosa que le impide acumular. Además, remató, según el acuerdo sobre la solución al problema de las drogas ilícitas, las FARC serán un socio estratégico en la lucha contra el narcotráfico.

Santos reiteró que habrá justicia penal, que no habrá amnistías y que los máximos responsables serán investigados, juzgados y castigados. 

Independientemente de la solidez de esas afirmaciones y sin demeritar la preocupación de la periodista, excluir la intimidación armada y la narco-financiación de campañas no debe circunscribirse a la participación política de las FARC. Esos dos males existen desde tiempo atrás y quienes los practican no están relacionados con las FARC sino que serían sus contrincantes políticos.

En cambio cabe asegurar que en este problema, como en muchos otros, la desaparición de las FARC como grupo armado ayudaría mucho a sanear y estabilizar la vida política colombiana.

La asistencia de UNASUR y de la ONU

La periodista se concentró en la escogencia de UNASUR para asesorar el diseño del sistema de verificación del posible cese al fuego, bilateral y definitivo.

En este punto la periodista puso al presidente a “gagear” de manera vergonzosa. Santos pareció contrariado con la pregunta y justificó la decisión alegando que no se escogió propiamente a UNASUR sino al actual presidente, el ministro de defensa del Uruguay, de quien se dice que es una autoridad mundial en la materia.

Aunque esa afirmación sea cierta, se notó al presidente intimidado ante el tono recriminatorio de la periodista: “¿fue esa una exigencia de las FARC?”. Después de mucho remoloneo y a regañadientes, Santos aceptó que todo lo que se decide en la Habana es de común acuerdo, incluyendo la escogencia de UNASUR. Pero no quiso aceptar el hecho de que las FARC prefieran la presencia de una organización regional con la cual perciben mayor afinidad ideológica.

Ante esto, uno se pregunta: ¿Qué esconde tanto titubeo? ¿Será el miedo que le tiene el presidente a ser calificado de izquierdista o, peor, de castro-chavista? Para ser alguien que dice querer abrirle el espacio político a las FARC, Santos debería empezar por mostrar que es capaz de revisar sus arraigados habitus de aristócrata bogotano. Y habría que preguntarle a Ernesto Samper qué piensa de la vergonzante negación.   

Muchas otras cosas se dijeron en esta entrevista, que tiene la virtud de poner sobre la mesa las objeciones presentables de la oposición. Las impresentables circulan impunemente por los twitter de Uribe, Ordoñez y compañía.

 

* Consultor independiente

 

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