Los ataques no paran. ¿Por qué tanta obstinación? ¿Podrá hacerlo?
Juan Carlos Palou*
La desmesura de Santos
Como ya se ha dicho, uno de los graves errores que cometió Juan Manuel Santos fue someter el Acuerdo de paz al plebiscito ciudadano que culminó con el triunfo del “no”. El dolor de su derrota se debió acrecentar al reconocer íntimamente que una motivación implícita fue derrotar políticamente a Uribe.
Con una victoria electoral contundente, Santos quería sepultar al Centro Democrático, el partido con el que Uribe le había amargado su segundo período de gobierno con una oposición desleal y destructiva.
Aunque no fue su única motivación, en esta decisión hubo una dimensión de veleidad personal de Santos que puso en alto riesgo un proceso de tanta trascendencia para Colombia. No obstante, muchos partidarios del “sí” apoyamos el proceso del plebiscito porque un resultado positivo le habría conferido al Acuerdo de La Habana una imbatible legitimación democrática. Pocos anticiparon la derrota del Acuerdo.
El daño se consumó y, si bien es imposible esquivar la acusación de que se le hizo “conejo” al plebiscito, hay que reconocer que Santos no se dejó avasallar por el resultado. Con rapidez renegoció el Acuerdo con los representantes del “no” y lo sometió a la refrendación del Congreso, un camino que la Corte Constitucional había avalado previamente.
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La desmesura uribista
Desde entonces, el sector más radical del Centro Democrático ha cabalgado sobre la derrota del “sí” para promover la reforma del Acuerdo o su destrucción. Adicionalmente, el triunfo electoral de Duque fue interpretado por algunos como una reiteración del “no”, es decir, como un mandato político para el gobierno.
Hoy podríamos decir que la desmesura de Santos, que lo llevó al plebiscito, fue transitoria y menos intensa que la de Uribe, pero aun así le hizo un profundo daño al proceso de paz. Pero lo que estamos constatando actualmente es que la desmesura de Uribe está dañando a su proyecto político y al país. Y las primeras victimas son el medroso gobierno de Duque y el Centro Democrático.
Los propósitos de cambio del Acuerdo de La Habana no han tenido aceptación en las instituciones nacionales.
Las aspiraciones del ala radical del Centro Democrático coinciden totalmente con los objetivos de Uribe, que son básicamente dos:
- Evitar que la JEP libere la memoria de los generales y coroneles que tantas órdenes le obedecieron cuando fue gobernador y presidente. Muchos de ellos están sub júdice y conocen muchos secretos que podrían dañar a Uribe si se ventilaran en los estrados judiciales. En este caso, se trata de evitar la verdad de los hechos del conflicto en los que se vio involucrado Uribe.
- Destruir todo vestigio del Acuerdo de paz, principal legado de Santos. En esto Uribe está dominado por una pulsión irrefrenable. Si la destrucción contribuye a reactivar el conflicto, sería un mal menor frente a la posibilidad de que el Acuerdo produzca efectos de reconciliación y paz duradera.
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¿Tienen la legitimidad necesaria?
Pero cabe preguntarse: ¿tiene el gobierno de Duque la legitimidad suficiente para atacar, destruir o desconocer el Acuerdo de paz? En otras palabras: ¿los resultados del plebiscito y de la campaña presidencial son un mandato irrefutable para modificar de fondo o eliminar el Acuerdo de paz?
Hay que recordar que el plebiscito acabó en un virtual empate, pues la diferencia a favor del “no” apenas fue de 53.000 votos, en un evento que convocó 13.066.025 votantes.
Foto: Presidencia de la República |
Tampoco se puede desconocer que la manipulación y la mentira tuvieron un papel decisivo en el resultado del plebiscito. Este hecho fue reconocido por los mismos gestores y por el Consejo de Estado, que se refirió al “engaño generalizado” de los promotores del “no”.
En cuanto al triunfo presidencial, hay que recordar que el candidato Duque, con el propósito de capturar votos del centro político para la segunda vuelta, aseguró que frente al Acuerdo su posición sería: “ni risas ni trizas”. Es decir, se apartó del objetivo de destruir o desconocer el Acuerdo.
También cabe recordar que el apoyo electoral a Duque se explica en parte por el temor a Petro, acrecentado por la derrota electoral de los moderados partidarios del “sí” en la primera vuelta.
Estas consideraciones pueden parecer banalidades o matices sin importancia a los uribistas, pero en realidad son hechos que relativizan sus triunfos políticos más allá de la simple matemática.
La legitimidad institucional
Por otro lado, si observamos el campo institucional, es evidente que los propósitos de cambio del Acuerdo de La Habana no han tenido aceptación en las instituciones nacionales ni en las internacionales. Esto confirma que el uribismo siempre ha tenido problemas con las instituciones, pues esta relación por definición implica límites y restricciones que irritan el alto sentido de infalibilidad de su líder.
Durante los primeros nueve meses del gobierno de Duque hemos asistido a una acumulación de derrotas jurídicas y políticas que demuestran que en las instituciones hay una seria resistencia a su intento de reformar o acabar con la JEP. Los hechos notorios son:
Duque insiste en que su propósito es lograr un consenso para la reforma del Acuerdo.
- Las objeciones a la JEP fueron derrotadas. Después de un desgastante debate en el Congreso, estas fueron negadas por ambas Cámaras, según lo confirmó la Corte Constitucional.
- La comunidad internacional ha criticado el manejo ambiguo del gobierno frente al cumplimiento del Acuerdo de paz: el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha presionado para que le ofrezcan garantías a la JEP (sanción de la ley estatutaria) y pueda cumplir su función de aplicar la justicia transicional a los actores del conflicto armado colombiano.
- El New York Times denunció las peligrosas decisiones que adoptan el Ministro de Defensa y la nueva cúpula militar. Y el mismo diario afirmó que el gobierno de Duque está sofocando la implementación “pacífica” del Acuerdo de La Habana.
- Parlamentarios norteamericanos enviaron una carta exigiendo a Trump que apoye el desarrollo del Acuerdo de paz en Colombia. Al mismo tiempo que le exigen al secretario de Estado, Mike Pompeo, que presione a Duque con ese fin, critican las acciones de su embajador en Colombia. De hecho, gracias a la cercanía entre el embajador y el exfiscal Martínez fue posible agilizar la entrega de pruebas contra Jesús Santrich para impedir la liberación ordenada por la JEP y por el juez que le otorgó el habeas corpus. En este episodio quedó la sensación de que hubo una alianza poco transparente. Finalmente, la Corte Suprema decidió abocar el conocimiento del caso Santrich por tratarse de un aforado constitucional.
- La opinión pública quedó perpleja al constatar que un día después de la decisión de la JEP concediéndole la garantía de no extradición a Santrich, apareció una serie de pruebas que la JEP había solicitado y que se le habían negado invocando la naturaleza de la extradición. Así quedó en evidencia la táctica marrullera para desacreditar a la JEP.
- La histriónica renuncia del exfiscal Martínez buscaba crear una sensación de caos y hecatombe institucional, mientras ocultaba sus múltiples conflictos de interés en las investigaciones de Odebrecht. Se trataba de aclimatar un estado de conmoción para reformar nuestras maltrechas instituciones. Lo cierto es que el estado de alarma y la movilización en defensa del Estado de Derecho que convocó el fiscal saliente no obtuvieron ninguna respuesta de la ciudadanía. Según se dice, Duque rechazó la posibilidad de declarar el estado de conmoción interior como se lo proponían algunos asesores.
Foto: Facebook Centro Democrático |
Todos estos contratiempos e incidentes muestran que las instituciones nacionales e internacionales se han identificado con el Acuerdo de paz y lo defienden como cosa propia.
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El declive del uribismo
Duque insiste en que su propósito es lograr un consenso para la reforma del Acuerdo que amplíe el margen de apoyo político al mismo. De esa manera atendería el reclamo del ala radical del Centro Democrático sin romper con las fuerzas políticas que defienden el Acuerdo.
Este es un propósito difícil de conseguir debido al alcance de las reformas que tienen en mente los uribistas (por ejemplo, excluir a los comandantes de las FARC del Congreso de la República). Además, el gobierno de Duque cada vez se va conformando más como un partido de gobierno que se niega a establecer pactos políticos que puedan limitar su margen de acción.
El legendario talento político de Uribe parece haber entrado en una etapa de declive: la prueba está en que no ha podido construir una coalición amplia de gobierno en el Congreso y en que las encuestas de opinión arrojen malos resultados tanto para Duque como para Uribe.
Sin embargo, esta situación de precariedad política del uribismo puede aumentar la tentación autoritaria del gobierno, que se aferraría a alternativas como la declaratoria de conmoción interior. En todo caso, el mal desempeño en las encuestas ya no permitirá hablar de estado de opinión.
*Consultor independiente, asesor del programa de cultivos ilícitos.
