La parapolítica en la justicia transicional - Razón Pública
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La parapolítica en la justicia transicional

Escrito por Juan Carlos Palou
Juan Carlos Palou

Juan Carlos Palou¿Qué tan coherente o deseable es que los parapolíticos entren a hacer parte de la justicia transicional abierta en el proceso con las FARC? ¿Hacen parte integral del conflicto político o su juzgamiento y castigo le compete únicamente a la justicia penal?

Juan Carlos Palou*

El Presidente Santos y Timoleón Jiménez en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba.

La propuesta

Rocío Arias, ex congresista condenada por parapolítica, reabrió el debate sobre el tratamiento judicial que deba darse a los parapolíticos en el proceso de cerrar el conflicto armado.

Según sus declaraciones, un grupo de parapolíticos condenados prepara un documento que enviarán a la mesa de La Habana y donde buscan:

  • Un “indulto retroactivo”, y
  • Que el delito por el cual fueron condenados (concierto para delinquir agravado) sea considerado conexo con el delito de rebelión.

Para justificar su planteamiento Arias asegura que los parapolíticos también fueron victimas de las FARC y que si se acercaron a las AUC se debió a que estaban autorizados por el gobierno de la época. Añade que no sería justo que los políticos apoyados por las FARC tuvieran ventajas frente a los que se aliaron con los paramilitares, pues estos últimos perdieron sus derechos políticos.

El objetivo de la iniciativa es lograr un indulto para los parapolíticos a cambio de legitimar o al menos no controvertir la favorabilidad penal concedida a las FARC. 

Sin embargo, lo dicho por la excongresista es una retahíla de imprecisiones jurídicas, pues no existen los indultos retroactivos. Todo indulto recae sobre delitos cometidos en el pasado pues si se concediera para delitos futuros sería tanto como descriminalizar conductas.  

En nuestra Constitución el indulto está previsto exclusivamente para los delitos políticos y ni a los parapolíticos ni a los paramilitares se les reconoció el carácter de delincuentes políticos. Por lo tanto, el concierto para delinquir agravado en el que incurrieron y por el cual fueron condenados no podría recibir el tratamiento de delito conexo al de rebelión.

Mas allá de las imprecisiones jurídicas de la excongresista, es claro que los objetivos perseguidos por los promotores de la iniciativa serían:

  1. Levantar las condenas que se les han aplicado a los parapolíticos en los últimos años. Aunque muchas de las penas privativas de la libertad ya están cumplidas o a punto de culminar, subsisten las sanciones y restricciones que limitan el ejercicio de los derechos políticos;
  2. Crear un recurso jurídico para ser invocado en caso de que nuevas denuncias o testimonios permitan imputarles delitos que no hayan sido investigados por la justicia ordinaria. En este caso, uno imaginaría que se les debería aplicar la regla de cooperación “tardía” en el aporte a la verdad que se estableció en La Habana.

Los alcances de la propuesta

El Expresidente César Gaviria.
El Expresidente César Gaviria.
Foto: Wikimedia Commons

El hecho de que la iniciativa provenga de parapolíticos ya condenados nos permite suponer que con ella no se aspira a construir una formula equilibrada entre verdad y justicia. Aunque esa es la racionalidad de la Justicia Especial para la Paz definida en La Habana, esta no podría tener ninguna aplicación en el caso de parapolíticos ya condenados, pues la verdad de sus delitos habría surgido como consecuencia de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía o por la Corte Suprema de Justicia.

Además, es poco probable que los interesados estén pensando en obtener esa favorabilidad para correr a los tribunales a hacer nuevos aportes sobre la verdad de los delitos cometidos por las organizaciones criminales con las que se aliaron.

Podría uno concluir entonces que el objetivo de la iniciativa es lograr un indulto para los parapolíticos a cambio de legitimar o al menos no controvertir la favorabilidad penal concedida a las FARC. En esa forma podrían recuperar los derechos políticos.

Por ello no es sorprendente que la propuesta esté dirigida a la mesa de La Habana -no al Congreso ni al gobierno-, pues los beneficios penales perseguidos por los parapolíticos se camuflarían mejor y despertarían menos controversia apareciendo incluidos en un paquete de justicia transicional para “todos los actores del conflicto”.

Esto no deja de ser paradójico, pues de criticar la legitimidad de la mesa de la Habana se pasaría a considerarla el escenario privilegiado para tratar los problemas penales de todos los involucrados en el conflicto armado.  

La fórmula de Gaviria

La propuesta de Arias es una mala versión de lo que en su momento planteó el expresidente César Gaviria en una carta pública que fue objeto de mucha atención. En ella el expresidente señalaba que “por imprevisión tanto del Ejecutivo como del Legislativo” no habían incluido en la justicia transicional a los “miembros de la sociedad civil, empresarios, políticos, miembros de la rama judicial que de una u otra manera han sido también protagonistas de ese conflicto y que tienen muchas cuentas pendientes con la justicia colombiana”.  

Pero uno podría poner en duda que el juzgamiento de los parapolíticos por parte de la justicia ordinaria fuera una omisión de los legisladores y del Ejecutivo, como lo afirma el expresidente. Más bien, podría concebirse como una decisión implícita de política criminal: por su investidura y el impacto de sus delitos, se consideró que los congresistas involucrados en la parapolítica no ameritaban un trato especial dentro de la justicia transicional. En el momento del trámite de la Ley de Justicia y Paz hubiera sido muy controversial incluir a los parapolíticos en el tratamiento penal especial de dicha norma.

La propuesta del expresidente debe evaluarse en función de la noción de cierre del conflicto. Dicho cierre tiene múltiples dimensiones:

  1. La psicológica, que atañe a individuos que han sido victimas o victimarios, y cuyo propósito es conocer la verdad y el alcance de las responsabilidades individuales e institucionales en la violencia ejercida durante el conflicto;
  2. La política, que se refiere al hecho de hacer un tránsito de la situación de conflicto armado a un régimen de paz negativa, en el sentido de que la violencia ha dejado de ser instrumento para el trámite de las diferencias políticas; y
  3. La jurídica, que se expresaría en la seguridad de que el estatus jurídico adquirido con la terminación del conflicto tendrá un carácter permanente y no podrá ser revisado en el futuro por una autoridad judicial, nacional o internacional.  

El planteamiento del expresidente apunta a evitar que el proceso de paz deje vivos muchos rezagos y conflictos insolutos de la guerra, y que solo resuelva los problemas de las FARC con la justicia. Su propósito es garantizar la seguridad jurídica de los no combatientes involucrados en la violencia del conflicto.

Para fundamentar el objetivo de la propuesta, Gaviria asegura que es preciso recuperar el principio de igualdad pues muchos implicados civiles son juzgados con normas mucho más rigurosas de las que se les aplican a los comandantes paramilitares involucrados en acciones de extrema violencia.

Por lo demás, anota que si después de firmado el acuerdo se deja la puerta abierta para que proliferen las acciones judiciales “buscando responsables por las acciones de guerra”, la justicia se vería desbordada y no podría cumplir sus objetivos frente al crimen común que seguirá afectando a los ciudadanos en todo el territorio nacional.

Las acciones de los parapolíticos

Sala plena de la corte Constitucional, en el Palacio de Justicia.
Sala plena de la corte Constitucional, en el Palacio de Justicia.
Foto: Corte Constitucional

Después de 10 años de aplicación de la Ley de Justicia y Paz los colombianos tenemos bastantes elementos para revisar nuestra representación colectiva de los llamados parapolíticos.

Parece conveniente crear condiciones jurídicas para que los delincuentes cobijados por la etiqueta de parapolíticos reciban un tratamiento en la justicia transicional

Hoy podemos afirmar que el discurso antisubversivo del paramilitarismo fue una útil retórica para disfrazar actividades estrictamente delincuenciales, tales como el narcotráfico, la extorsión y la minería criminal. Gracias a dicho discurso los paramilitares pudieron adquirir el estatus de actores del conflicto y recibir el tratamiento de sometimiento a la ley.

La investigación empírica ha demostrado que la coincidencia territorial de los paras y la guerrilla fue mucho menos sistemática de lo que el discurso antisubversivo pretende. La confrontación militar entre ellos fue más la excepción que la regla. Unos y otros se cebaron con la población civil no combatiente, mientras perseguían sus propios intereses.  

Por lo demás, en algunos casos los políticos se aprovecharon de los grupos paramilitares o los crearon para conquistar, ampliar o conservar su poder a través de la manipulación de las elecciones, de los presupuestos públicos y del control territorial. Más que tomar parte en el conflicto, los políticos se aprovecharon del mismo para incrementar su capital político y económico. Algo parecido a lo que ocurrió con los llamados falsos positivos.

No sobra señalar que la misma jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sido cambiante en la caracterización jurídica de los parapolíticos. Así, en una primera instancia esta llegó a afirmar que “(l)os políticos responsables de promover grupos al margen de la ley hacen parte de la estructura criminal y responden penalmente por los delitos cometidos por la organización”.

Sin embargo, recientemente la misma Corte determinó “que los excongresistas no pueden ser tratados como militantes del grupo armado ilegal, por lo cual no se les investigará por delitos de lesa humanidad que hayan cometido los paramilitares”. Estas evaluaciones aumentan la incertidumbre sobre quiénes puedan ser caracterizados como parapolíticos.

La incertidumbre del posconflicto

El acuerdo sobre la JEP de La Habana incluye “otorgar seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado”. Aunque se trata de un valor poco prestigioso en el ámbito de la ideología humanitaria -tanto que se los tratados internacionales descartan la prescripción de los delitos de lesa humanidad-, una aproximación realista aconseja tenerlo en cuenta. Algunas razones para ello son:

  1. Es preciso calmar los temores de quienes pueden anticipar que los acuerdos de paz darán lugar a investigaciones penales que culminen en los castigos máximos previstos por la legislación ordinaria por los graves delitos cometidos durante el conflicto. Al incluirlos en el tratamiento de justicia transicional se puede disminuir la resistencia y el ánimo saboteador de estos actores y facilitar el avance del proceso de negociación y de posconflicto;
  2. Una vez firmado el acuerdo de paz e iniciados los procesos propios del posconflicto, la incertidumbre jurídica de algunos actores involucrados en el mismo puede ser un factor detonante de la recaída en el conflicto. Las bacrim y la reincidencia de los paramilitares se explica parcialmente por la incertidumbre jurídica de los desmovilizados, que solo tuvieron clara su situación jurídica tras la expedición de la Ley 1424 de 2010.

De manera que, aun admitiendo que es un paso doloroso para las victimas y los ciudadanos no involucrados en el conflicto, parece conveniente crear condiciones jurídicas para que los delincuentes cobijados por la etiqueta de parapolíticos reciban un tratamiento en la justicia transicional en términos parecidos a los que se aplicarán a los guerrilleros: disminución de las penas y alternatividad de los castigos contra aportes significativos en materia de verdad.

Pero ello no puede llevar a olvidar que los parapolíticos están más próximos a la delincuencia común que a la política que pretendieron inventar con su discurso antisubversivo.

 

* Consultor independiente.

 

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