Además de seguir atascado en visiones de la igualdad de género de hace veinte años, el Plan no aborda el problema en su conjunto y, lo peor, no asigna el presupuesto.
Angélica Bernal Olarte*
Un mal plan
El documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad” está estructurado alrededor de 25 “pactos” que abordan un enorme número de temas, e incluye múltiples elementos que servirán como motores del “desarrollo” colombiano.
Quiero señalar aquí algunos de los aspectos problemáticos del documento y de la propuesta del gobierno de Iván Duque frente a las ciudadanas colombianas. Estos problemas tienen que ver con su falta de conocimiento en materia de políticas de género y derechos de las mujeres, con la obsolencencia de algunas de las medidas incluidas y con la distancia entre lo enunciado y lo posible, algo patente en el hecho de que en el Plan Plurianual de Inversiones no haya recursos asignados al “pacto” sobre equidad de género.
El Plan de Desarrollo en su versión actual desconoce lo que ha sucedido en los últimos veinte años en políticas de igualdad de género y derechos de las mujeres. En primer lugar, porque el “Pacto de equidad para las mujeres” establece como primer objetivo “fortalecer la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM), como entidad rectora de la política pública de género hacia las mujeres, [para lo que] resulta de vital importancia ampliar sus capacidades técnicas, administrativas y presupuestales, de manera que le sea posible responder ante las crecientes demandas de transversalización del enfoque de género, tanto a nivel nacional como territorial”.
Es difícil pensar que nada haya cambiado en el país para las mujeres.
La existencia misma de la CPEM socava la posibilidad de alcanzar este objetivo porque es una entidad que no se equipara a un ministerio ni a un departamento administrativo, y su capacidad de orientar o influir en el gobierno es débil o inexistente. Ese lugar secundario en la jerarquía de la administración pública implica que su personal y su presupuesto siempre van a ser insuficientes para adelantar una tarea de esta envergadura.
Por esa misma razón, es inalcanzable el objetivo propuesto para que la CPEM lidere “el desarrollo de una política pública nacional que oriente y articule la oferta del Gobierno nacional hacia el cierre de brechas socioeconómicas entre los sexos y el empoderamiento de las mujeres en las dimensiones económicas, políticas, sociales y culturales”.
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Foto: Wikipedia |
La experiencia de las últimas dos décadas ha demostrado que una Consejería no es una institución con la fortaleza necesaria para alcanzar ciertos objetivos en materia de equidad de género. Tampoco será útil para orientar o asesorar a “los entes territoriales, para hacer seguimiento permanente y apoyar la inclusión del enfoque de género en las políticas departamentales y municipales”, una propuesta que demuestra el desconocimiento de las experiencias exitosas de políticas de igualdad de género de gobiernos locales.
Las alcaldías de Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Quibdó, Cartagena y Pasto, y la Gobernación de Antioquia, entre otros gobiernos locales, tienen políticas públicas y mecanismos de género con amplias trayectorias que, en medio de innumerables dificultades, han impulsado valiosas estrategias, como la generación de información sobre la violencia de género, refugios para víctimas, promoción de la participación política, salud, educación, cultura no sexista ni racista, derechos de las mujeres LGBT, entre otras cosas. En este punto, la visión centralista del gobierno desconoce los procesos y logros de los territorios.
Un proyecto anacrónico
En segundo lugar, las medidas incluidas son en su mayoría obsoletas y en poco se diferencian de las primeras propuestas de este tipo formuladas a mediados de los años noventa. Es difícil pensar que nada haya cambiado en el país para las mujeres. Hay brechas de género que se han superado, otras se han reducido, unas se han ampliado y se enfrentan algunas nuevas. Se necesita capacidad reflexiva para plantear medidas sobre la base de lo avanzado y de los nuevos retos.
El aprendizaje más costoso y tardío para el movimiento feminista y el movimiento social de mujeres ha sido que no hay un sujeto mujer idéntico, con una esencia que la convierta en un grupo social homogéneo con las mismas necesidades e intereses. En ese sentido, las políticas de equidad de género no actúan sobre un sujeto único cuya vida solo se determina por cuestiones de género, sino que hay mujeres que sufren racismo, brechas de desigualdad campo-ciudad, diferencias por edad, discapacidades, identidades y orientaciones sexuales, injusticias socio-económicas, entre otras.
Un apartado aislado del PND se denomina “Pacto de equidad para las mujeres”, pero no tiene en cuenta las diferencias y desigualdades entre ellas, y deja de lado amplios sectores de mujeres que enfrentan injusticias también por ser parte de pueblos y comunidades afectadas por una sociedad desigual e injusta.
El Plan incluye disposiciones como:
- El impulso de presupuestos sensibles al género,
- La creación de una comisión intersectorial sobre cuidado,
- Una mayor integración de las mujeres al mercado laboral,
- El fortalecimiento de los sistemas de protección social, para el “cuidado (primera infancia, infancia y adolescencia, personas con discapacidad y dependencia funcional, adultos mayores)”, entre otras.
Estas medidas de manera aislada han mostrado un impacto mínimo, cuando no han sido totalmente ineficaces.
En las estadísticas nacionales se mide el trabajo del cuidado, pero el Estado ha sido incapaz de actuar para detener la creciente informalidad en el trabajo que ha llevado a las familias a niveles de pobreza alarmantes. Políticas sustentadas en este tipo de visión de la equidad de género no desestructuran las relaciones de poder que siguen marginando a las mujeres de la toma de decisiones individuales y colectivas, y mantienen intactos las jerarquías sociales, los prejuicios y los estereotipos que vinculan a las mujeres exclusivamente con estas actividades.
Puede leer: Las mujeres en el Plan Nacional de Desarrollo.
Sin plata no se puede
En tercer lugar, la revisión del Plan Plurianual de Inversiones demostró que el Pacto XIV, “de equidad para las mujeres”, no tiene presupuesto asignado. Es claro que, si hablamos de un conjunto de acciones que no están financiadas, en realidad estamos hablando de intenciones y palabras, pero no de medidas o política. Si se observa el detalle de la Tabla 2, “Plan Plurianual de Inversiones 2018-2022”, por pacto y línea, se puede ver que del pacto XIII se pasa al XV y justamente el XIV no tiene una asignación presupuestal:
Fuente: Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad”. Página 1107.
El gobierno puede justificar esta omisión con la posibilidad que tiene de obtener recursos de otros pactos, que de manera transversal terminarían financiando las acciones propuestas. Pero si es esa la explicación, de nuevo se abre la pregunta sobre cómo avanzar en derechos de las mujeres sin recursos específicos ni de obligatoria destinación para este fin.
El problema del presupuesto es un debate vertebral en los estudios feministas actuales: ¿es posible pensar políticas públicas de equidad de género desarticuladas del resto de la acción del Estado? ¿Podríamos quedar satisfechas con un presupuesto específico para estas medidas mientras, por ejemplo, no se asignan recursos para el Plan Marco de Implementación de los acuerdos de paz (CONPES 3932-2018), que incluye en su capítulo de género 51 indicadores que miden el cumplimiento de medidas afirmativas?
Las mujeres no pueden ser ciudadanas con plenos derechos en una sociedad desigual e injusta en su conjunto.
¿Es satisfactorio un Plan que desmantela derechos laborales adquiridos, da via libre a la extracción minera, socava la ya golpeada descentralización, reproduce privilegios sociales y no plantea una lucha frontal en contra de la desigualdad o la pobreza en el país?
Incluir un pacto de equidad de género en estas condiciones es tramposo además de ineficaz. Las mujeres no pueden ser ciudadanas con plenos derechos en una sociedad desigual e injusta en su conjunto. La equidad es un principio ético necesario para avanzar hacia sociedades más justas. Por eso poco se puede esperar de gobiernos que dicen estar a favor de la equidad de género pero favorecen solo a las élites políticas o económicas.
Puede leer: Las mujeres, los hombres y el mercado laboral: ¿por qué las diferencias?
Muchas políticas públicas de género han aspirado a que haya más mujeres en cargos directivos, mientras que las amplias mayorías luchan por llevar alimento a sus familias en condiciones indignas. Por ello la equidad de género así planteada no puede servir como excusa para respaldar un pacto como este, que permite que una minoría acceda a privilegios a costa de la explotación de colectivos empobrecidos.
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En este momento político del país quienes creen en la igualdad y en la justicia debe mantener encendidas las alarmas y convocar a la movilización social para exigir un Plan de Desarrollo que respete la Constitución, las leyes y los derechos adquiridos. Hay que exigir las profundas reformas que se requieren para alcanzar la igualdad y equidad en el país.
*Doctora en Filosofía; profesora asociada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
