El Ministerio de Igualdad y Equidad

Es evidente que esta entidad es necesaria en muchos sentidos, también es cierto que el diseño institucional requiere profundos cambios. Si el Ministerio de la Igualdad se cae, en todo caso la lucha social y política continúa, pero ojalá no haya que volver a empezar justo luego de un gobierno que apoyamos y del que esperamos más.

La experiencia del Ministerio de Igualdad y Equidad en el actual gobierno es representativa de las difíciles circunstancias que rodean a las iniciativas de cambio social desde el Estado. Quienes se hayan mantenido al tanto de lo que ha sido el lento proceso de institucionalización de las políticas de género e igualdad saben que son instancias que nacen con muchas tareas y responsabilidades, pero, paradójicamente, con presupuestos exiguos y una planta de personal escasa. Muchas veces los cargos de máximo nivel decisorio son ocupados por feministas con un gran compromiso político de transformación de las vidas de las mujeres, con la intención de tomar medidas para orientar recursos que permitan desestructurar las relaciones de poder que hacen indignas y en ocasiones invivibles las vidas de las mujeres y, sin embargo, chocan con una realidad cada vez más evidente: las lógicas institucionales mantienen una inercia tal, que cualquier intento de cambio es obstaculizado o resistido, cuando no negado y perseguido. 

Grandes responsabilidades, escasos recursos

Desde los años noventa y hasta 2023 las estudiosas colombianas diagnosticaban que crear instituciones como consejerías, oficinas, asesorías, etc., en materia de género y derechos de las mujeres no era suficiente porque no tenían un nivel jerárquico tal que permitiera disponer de recursos de poder, presupuestales y de personal para cumplir sus propósitos, pero tal parece que un ministerio tampoco suplió esa necesidad. Aunque el movimiento de mujeres en sus diversas expresiones ha venido posicionando desde hace décadas la creación de un ministerio de la Mujer, este gobierno decidió, siguiendo experiencias extranjeras como las de España, Argentina, Chile, entre otros países, crear un Ministerio de Igualdad. En diciembre de 2022, el Congreso de la República aprobó la creación del Ministerio de la Igualdad y de la Equidad, como la entidad responsable de las políticas, programas y proyectos orientados a la reducción de brechas de desigualdad y a atender a las poblaciones históricamente desatendidas por el Estado. Para los asuntos de género y de las mujeres se creó un viceministerio. 

Mas allá de las debilidades que fueron evidentes en el diseño institucional por el gran tamaño del nuevo ministerio, por la diversidad de temáticas y poblaciones, por la duplicidad de funciones con otras entidades estatales, problemas todos atribuidos a la concertación con el Congreso para lograr la aprobación del nuevo ministerio, lo cierto es que la vicepresidenta y ministra (hasta esta semana), Francia Márquez, se enfrentó al difícil  desafío de poner en marcha una entidad desde cero, en medio de un debate político racista y sexista cuyos representantes han mantenido una permanente vigilancia para denunciar los errores y la débil gestión pública de la nueva entidad.    

Las dinámicas del poder

Las dinámicas del Estado no solo son inerciales, también reproducen lógicas del poder sexista, racista y clasista; de allí la indiferencia e incluso la displicencia que encontró la ministra Francia Márquez en muchas de las entidades estatales frente a sus iniciativas. 

Reconocer este problema estructural no implica dejar de mencionar dinámicas problemáticas de la entidad como los ritmos lentos de toma de decisiones y de materialización de las acciones, en ocasiones por falta de conocimiento de lo público y por desconfianza hacia las personas con experiencia en los asuntos públicos. Esta desconfianza obedece al deseo de emprender una gestión para la transformación, incluso en aspectos que son imposibles desde el Estado. Hay que agregar el grave caso de acoso sexual que se hizo público en las últimas semanas que involucró al exviceministro de pueblos étnicos, pero el tratamiento que se le dio en medios y por diversos actores políticos se usó como arma arrojadiza para atacar al Ministerio y a la vicepresidenta directamente. Este caso y todos los que a diario se denuncian dejan en evidencia que aún estamos lejos de lograr la desestructuración y la transformación de las relaciones de poder que permiten que el acoso sexual de jefes a trabajadoras siga siendo una dolorosa e indignante realidad cotidiana que se debe combatir con mayor firmeza. 

Otra arista del problema es que la vicepresidenta Márquez decidió asumir la tarea titánica de estructurar el Ministerio al tiempo que ejercía como vicepresidenta. Es posible pensar en casos anteriores de vicepresidentas como Martha Lucía Ramírez (que simultáneamente fue ministra de Relaciones Exteriores). Pero no hay antecedentes de un vicepresidente o vicepresidenta que tuviera que poner en marcha un ministerio tan emblemático y con tantos desafíos políticos e institucionales. Seguramente muchas decisiones habrían podido ser distintas, más expeditas o estratégicas, en términos de la estructuración del Ministerio. Pero no se podía esperar que en tres años se lograran los cambios prometidos. Abordar temáticas como los derechos de los pueblos étnicos, la juventud, las mujeres, las orientaciones sexuales y las identidades de género, la población migrante, el campesinado, las personas con discapacidad, la lucha contra el hambre y la provisión de agua, etc., implica una tarea no solo enorme, sino imposible: ¿Cómo habría sido posible hacer en tres años lo que en doscientos años de vida republicana nunca se había querido o podido abordar? El Ministerio no puede reemplazar al resto del Estado o actuar como si se tratara de un pequeño Estado para las poblaciones excluidas, marginadas y explotadas.

Un futuro incierto

El riesgo de la sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequible la Ley 2281 de 2023, mediante la cual se creó el Ministerio de Igualdad y Equidad, según la cual a partir del 20 de julio de 2026 se eliminará esta entidad si no se subsanan todos los fallos identificados y vuelve a pasar por la aprobación del Congreso, es que se pierden no solo la inversión presupuestal, los esfuerzos emprendidos en estos años, las expectativas de  los colectivos que esperan resultados, sino además el trabajo de los cientos de personas que no tienen certeza de lo que pasará si finalmente se cierra el Ministerio. Además, por la concentración de funciones desde la creación del Ministerio, los asuntos de las juventudes, de las mujeres, de las personas con discapacidad y de los sectores LGBTIQ+, y algunos aspectos del trabajo con pueblos étnicos y el campesinado terminarían sin una institucionalidad en el nivel de gobierno nacional responsable de dar cumplimiento a los innumerables compromisos asumidos con las garantías de sus derechos en múltiples instrumentos normativos. Preocupa además que el posible cierre del Ministerio se da en un momento político muy violento en el que parece haberse legitimado la defensa pública de la misoginia, el odio a la diversidad, el racismo y, en general, de retroceso en las políticas de reparación histórica. El cierre del Ministerio será un triunfo para el racismo, el sexismo, el odio de clase y la exclusión. 

El presidente Petro exhortó esta semana al personal del Ministerio a salir a la calle a “defender el ministerio”, una muestra más de la falta de apoyo a este ministerio desde su creación. Es evidente que esta entidad es necesaria en muchos sentidos, también es cierto que el diseño institucional requiere profundos cambios, pero la manera de defender el Ministerio es con su respaldo político como jefe de gobierno y de Estado, con asesoría jurídica y todos los medios necesarios para responder a los requerimientos de la Corte y lograr mantener el Ministerio como un compromiso de Estado y no solo de gobierno, en tanto los desafíos que esta cartera busca enfrentar son parte sustantiva del cambio estructural que el gobierno de Petro prometió emprender.

Las feministas seguiremos exigiendo una institucionalidad que se comprometa en su conjunto con la garantía plena de los derechos de los colectivos históricamente excluidos, que los recursos de todo el Estado se orienten a cerrar las brechas de desigualdad, que la paz sea más que la negociación entre guerreros y sea una propuesta de lucha contra la desigualdad y la exclusión. Si el Ministerio se cae, en todo caso la lucha social y política continúa, pero ojalá no haya que volver a empezar justo luego de un gobierno que apoyamos y del que esperamos más.  

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