El presupuesto para 2023 no alcanza para ejecutar los planes del nuevo gobierno. ¿Cómo avanzar en materia de ingresos y gastos para lograr las mejoras que esperan los ciudadanos?
Jorge Iván González* y Paula Martínez**
El presupuesto que propuso Duque
Este 29 de julio el Ministerio de Hacienda y Crédito Público radicó ante el Congreso el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para 2023.
Este presupuesto incorpora las voluntades de la administración saliente, pero el Congreso debe debatirlo y aprobarlo para incorporar las prioridades del gobierno entrante.
El monto global que se propone para 2023 es de $391,4 billones. 64 % del presupuesto está destinado a los gastos de funcionamiento, 20 %, al servicio de la deuda, y 16 % a la inversión.
Pero la deuda pública es de $78 billones, y el costo de los intereses es de $42,1 billones. Mientras tanto, la inversión es de apenas $62,7 billones. Cada vez es más evidente que la deuda desplaza otras prioridades del gasto: la deuda aumenta y la inversión disminuye.
Algunos portavoces de la actual administración recalcaron que las prioridades son llevar a cabo una reforma tributaria progresiva, incentivar los programas sociales y ejecutar la reforma rural integral. Pero estos propósitos no están reflejados en el presupuesto para 2023.
El desafío de Petro
La organización del presupuesto es un reto enorme para el nuevo gobierno y los recursos son insuficientes. El tamaño del gasto público sigue siendo bajo si se lo compara con el de otros países. Pero la administración Petro está profundamente convencida de la necesidad de aumentarlo y por eso considera que se necesita una reforma tributaria.
Para cumplir estos propósitos habría que examinar las posibilidades de reducir la carga de la deuda. Aunque el margen de maniobra es estrecho, deben encontrarse alternativas que funcionen a largo plazo, bien sea porque los tributos aumenten, o bien porque se posterguen algunos pagos.
La inversión siempre ha sido una categoría muy ambigua. Allí se incluyen rubros muy diversos. Uno de los componentes más importantes es el del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), el cual es esencial para los propósitos del nuevo gobierno. Su presupuesto para 2023 sería de $6,7 billones, de los cuales $6,4 se califican como inversión.
Pero estos montos son considerablemente inferiores a los actuales, que giran alrededor de $15,2 billones. La notable reducción que se propone para 2023 golpea fuertemente las aspiraciones programáticas de Petro.
La reforma tributaria es fundamental para conseguir los recursos necesarios para llevar a cabo las ambiciosas propuestas hechas durante la campaña presidencial. Pero la equidad no puede lograrse únicamente a través de impuestos; por ello se necesitan programas sociales agresivos y de calidad.
No menos importante: la agenda de reformas es extremadamente amplia. En su libro La estrategia del conflicto, Schelling aseguró que cuando existe una relación complicada con demasiados temas sobre la mesa, debe tenerse claridad sobre el orden en los que se abordarán los problemas. De lo contrario, la variedad de temas podría impedir que se encuentre las soluciones más importantes. Es crucial saber jerarquizar.
Compromiso con el campo
Además de las limitaciones de los programas sociales, es notorio el bajísimo presupuesto del sector agropecuario. Y este es un asunto que preocupa a la nueva administración.
El monto correspondiente a este sector es de apenas $1,3 billones, algo insuficiente para hacer una verdadera revolución agraria, que modernice el sector, aumente su productividad y reduzca la dependencia de la importación de alimentos.
La elaboración y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo para el nuevo gobierno, y la aprobación del presupuesto para 2023 serán temas de debates que deben solucionarse con urgencia.
La reforma rural integral es uno de los temas más importantes y olvidados en el país. La importancia del sector agropecuario no se reconoce en las ciudades. De hecho, según la encuesta “Fortalezas y debilidades de la democracia colombiana” realizada este año por la Universidad Nacional y la empresa Cifras y Conceptos, apenas el 34 % de los encuestados considera que la reforma agraria es importante, los demás anteponen en la jerarquía otras reformas: salud, laboral y pensional.
De acuerdo con Jennifer Mojica, quien coordinó el equipo de empalme del sector agropecuario, la administración Petro le dará prioridad a la reforma rural integral propuesta en el acuerdo de paz con las FARC. Claramente, el presupuesto del 2023 desprecia esta estrategia.
El presupuesto y el Plan de Desarrollo
La elaboración y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo para el nuevo gobierno, y la aprobación del presupuesto para 2023 serán temas de debates que deben solucionarse con urgencia. El Congreso deberá modificar el presupuesto radicalmente. Y es urgente que haya armonía entre el plan y el presupuesto.
Dicha armonía permitirá definir jerarquías y ordenar mejor la distribución del gasto. Pero aun si se avanza en esta dirección, quedan tres problemas sin resolver:
- los recursos son insuficientes incluso con una reforma tributaria;
- hace falta un presupuesto por programa, y
- la calidad y la eficiencia del gasto siguen siendo problemáticas.
Más allá de las ambigüedades inherentes a la diferencia entre gastos de funcionamiento e inversión, debe hacerse énfasis en la importancia del presupuesto por programa. Aunque se la recuerda de manera reiterada, rara vez se pone en práctica. Sería ideal que el presupuesto se organizara por programas, y que algún día pueda dejarse de lado la errática diferenciación entre funcionamiento e inversión.
En cuanto a la eficiencia del gasto, esta administración debe diseñar instrumentos que permitan evaluar los resultados precisos de cada programa. Esto es importante para el conjunto del gasto, pero la situación es particularmente preocupante para el Departamento de la Prosperidad Social.
*Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad de los autores.
