En Colombia, a las primeras damas se les juzga como objeto decorativo del presidente. La forma en la que actúan es vigilada por una sociedad que no les permite salirse del molde machista al que fueron sometidas.
Angélica Bernal Olarte*
En la mira
Un cambio de gobierno implica casi de manera inevitable que la familia del nuevo mandatario se vea sometida al escrutinio público, y en particular la pareja, que es objeto del análisis desde sus formas de vestir, su sonrisa o su involucramiento en los asuntos nacionales de diverso orden.
Hay que recordar que Ana Milena Muñoz de Gaviria, Jacquin Strouss de Samper, Nohra Puyana de Pastrana, Lina Moreno de Uribe, María Clemencia Rodríguez de Santos y María Juliana Ruiz (por nombrar las más recientes) estuvieron en uno u otro momento de los gobiernos de sus esposos en la mira pública por diversas razones, pero siempre como objeto de controversia sobre la figura de la primera dama y sus prerrogativas.
En este momento el turno es para Verónica Alcocer, que ha estado en el centro de la polémica por diversas razones, desde agosto pasado, cuando el gobierno Petro comenzó: sus viajes internacionales, sus fotografías y, más recientemente, por su participación directa en escenarios institucionales donde se debaten las reformas impulsadas por el gobierno y en curso actualmente.
La primera pregunta que surge es si esta primera dama es especialmente problemática por tomarse atribuciones que no le corresponden. En este sentido cabe recordar que, desde 1994, a través de la sentencia C-089 la Corte Constitucional emitió un concepto sobre la figura de “Primera Dama” y estableció que “no ostenta el carácter de servidor público, y, por tanto, solamente puede desempeñar las atribuciones públicas que la ley específicamente le confiera, en virtud de lo dispuesto en el artículo 210 de la Carta”.
Dicho artículo señala, entre otras cosas, que “los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley”. Hay entonces un problema, ya que la primera dama no hace parte de la función pública, pero sin embargo se le pueden asignar funciones siempre y cuando no sean atribuidas directamente por el presidente.
El terreno jurídico, siempre sujeto a interpretaciones, no permite un panorama completo y por ello una segunda consideración que debe ser tomada en cuenta es el carácter mismo de la figura con independencia de quien lo ejerce.
Aunque no es del todo claro el origen de la figura, lo cierto es que existe primordialmente en sistemas políticos presidencialistas, es decir, que el hecho de que este tipo de sistemas tenga una única cabeza en el ejecutivo, que además es electo mediante votación, otorga grandes poderes a una persona y le da una visibilidad extraordinaria, así como a su pareja.
Algunos estudios indican que fueron las esposas de los presidentes de Estados Unidos las primeras que ostentaron esta denominación y dicha figura fue retomada en otros países presidencialistas, aunque en la actualidad se ha extendido a otros sistemas políticos.
En Colombia la primera vez que se usó esta expresión parece haber sido en 1934, para referirse a María Michelsen de López, esposa del presidente Alfonso López Pumarejo.
Una figura decorativa
La polémica que entraña la figura es que de partida es ideológica y decorativa porque permite mostrar que el primer hombre de la nación es heterosexual y que tiene una familia de acuerdo con la tradición.
La primera dama sirve de compañía en ceremonias oficiales y recepciones protocolarias de Estado y usualmente suele ser vista como una figura cuyos alcances están determinados por jugar un papel en asuntos de asistencia social, caridad pública, recolectar regalos de navidad, asistencia a la niñez desamparada o cualquier otro asunto tomado por la tradición machista como el papel público adecuado para las mujeres, que se relacionan con hacerse cargo desinteresadamente del cuidado de las personas desprotegidas.
En este sentido, la figura ha servido para reproducir, en primer lugar, los roles tradicionales de género: el hombre como presidente público, racional, político y poderoso; y mujer cuidadora, emotiva, decorativa.
En segundo lugar, ha servido para reproducir estereotipos sobre los significados de la presencia pública o política de las mujeres, ya que las primeras damas ocupan lo público solo mediante el vínculo con un hombre.
Este es un imaginario que ha estado siempre presente en la tradición misógina que considera que las mujeres usan a los hombres para escalar en el mundo laboral, académico o político. La polémica entonces subyace a la figura que ni legal ni políticamente parece conveniente.
Lucha contra la tradición
Las mujeres en Colombia han trabajado por décadas para desestructurar la opresión que ha limitado el ejercicio de su libertad, su autonomía y el goce efectivo de sus derechos, pero además para que su ciudadanía se materialice en una presencia pública que les permita incidir en la toma de decisiones colectivas, lucha que no ha sido sencilla y cuyos logros son siempre parciales.
Aunque hoy hay instrumentos legales que impulsan la presencia pública de las mujeres la realidad sigue siendo que apenas son el 30% del Congreso, por ejemplo.
La política ha sido un escenario especialmente difícil para estas porque las mejoras en materia de educación, la expedición de leyes y el avance en las políticas de género no ha tenido éxito en alcanzar una representación paritaria en los cargos de elección popular, en tanto se lucha contra una profunda tradición que considera que el lugar de las mujeres es lo doméstico, que su palabra no tiene valor en el debate público y que la supuesta racionalidad masculina es la que debe conducir los asuntos del Estado.
Muchas mujeres en política luchan contra los estereotipos, contra las prácticas políticas que las excluyen y contra los hombres, incluso los de su propio partido, para hacerse un espacio.
Estas mujeres tratan de ser creíbles para los votantes y de que los medios de comunicación hablen más de sus posiciones políticas que de sus formas de hablar o de vestir, de modo que la existencia de un papel como el de primera dama representa, cuando menos, un lastre en estos esfuerzos.
Entre el papel activo y pasar desapercibidas
Desde otra perspectiva, las primeras damas han sido criticadas tanto por jugar un papel activo y tener presencia pública como por tratar de pasar desapercibidas. A las primeras se les critica porque supuestamente “se aprovechan” de los privilegios que otorga la figura; a las segundas por no tener visibilidad y reproducir la imagen de “la mujer detrás del hombre”, asunto que tampoco es bien visto.
Estas mujeres han tenido que lidiar con uno u otro señalamiento en algún momento del periodo de gobierno de sus conyugues.
Sería en todo caso simplista homogenizar sus experiencias y por eso hay que señalar que las primeras damas que han sido mejor valoradas son aquellas que no se destacan, no tienen una palabra pública propia y aquellas que hacen parte de la élite política o económica del país.
Aunque de estas últimas los medios realizan sesudos análisis sobre su porte, estilo, sentido de la moda, etc. Una primera dama sin sentido de la moda es especialmente señalada, aunque si gasta demasiado dinero para tener una apariencia elegante también lo será.
Pero no sólo se les juzga por este tipo de asuntos sino que algunas han sido señaladas por aprovecharse de su posición para usar recursos del Estado en sus asuntos privados (aviones o helicópteros para llevar sus hijos de paseo, por ejemplo), entre otras situaciones que pueden ser incluso ilegales.
Aunque este papel parece tener una existencia sustentada en la costumbre y tal vez no se elimine mediante una decisión formal de acabar con él, es necesario ser críticos ante su propia existencia desde los medios de comunicación, la sociedad civil, los movimientos de mujeres y en general las mujeres en política.
Es posible afirmar que las “primeras damas” han sido sujetos políticos activos con independencia de sus esposos, defienden ideologías y posiciones políticas propias, han tenido trayectorias profesionales o académicas, en fin, tienen una vida más allá de ser esposas, de modo que también ellas podrían contribuir a derrumbar este anacronismo dejando de presentarse públicamente con este apelativo.
Es legítimo que las esposas de políticos tengan aspiraciones políticas, ya que son ciudadanas y deberían tener la posibilidad de actuar en este sentido, pero no apelando a una figura que no las reconoce como sujetos políticos, sino que las transforma en un objeto decorativo que además es usado como arma política en múltiples momentos de la confrontación entre gobierno y oposición.
