A la negociación del paro le falta una representación que refleje las distintas comunidades que han sido parte de las marchas.
Angélica Bernal Olarte*
Representación y democracia
La representación política del paro para negociar con el gobierno ha dado pie a serios debates, que se enmarcan en la pregunta sobre la extensión o amplitud efectiva de la democracia.
Mucho se ha escrito sobre las bondades del ejercicio de la representación política como mecanismo para concretar un “gobierno del pueblo”:
- Por una parte, se diseñan y adoptan mecanismos para que las instituciones gubernamentales “reflejen” la pluralidad de la sociedad.
- Por otra parte, se buscan herramientas para seleccionar el personal político de manera que en efecto “represente” a sectores más amplios de la sociedad.
Desde esta segunda perspectiva es claro que la práctica real de la democracia ha sido posible porque las personas participan en la escogencia de sus gobernantes. Por eso los partidos políticos, sindicatos y otras agremiaciones han sido claves para recoger las preferencias políticas, es decir, para facilitar o simplificar la participación política.
Pero estas organizaciones son cada vez menos eficaces para expresar o representar a la ciudadanía, y la participación política ha tendido a reducirse a los aspectos procedimentales, como acudir a las urnas cada cuatro años.
Las mayorías sin representación
Las comunidades que en Colombia han sido discriminadas — negras/afrodescendientes, indígenas, campesinas y sectores populares —, así como las nuevas generaciones, desconfían de los partidos y otras organizaciones políticas por no tener en cuenta sus demandas, necesidades e intereses.
Los jóvenes no están accediendo al trabajo formal y por tanto no tienen contacto con sindicatos. El pequeño porcentaje que accede a la educación superior puede haber tenido otras formas de vinculación política por la vía de organizaciones juveniles o causas concretas — como el feminismo o la defensa del territorio y el medioambiente—. Pero la democracia ha perdido legitimidad, pues no incluye a estos grandes sectores sociales y políticos.
La democracia ha funcionado a partir de exclusiones que han ido minando su propia legitimidad. En Colombia el corporativismo que caracteriza a la mayor parte de gobiernos, al Congreso y a los partidos ha alejado a las élites políticas de las necesidades reales de las personas. Esa falta de representación se traduce en que el Estado no garantiza derechos básicos como la salud, la educación, la vivienda o el trabajo.
Es más: los mecanismos de participación establecidos por la Constitución de 1991 no han parecido funcionar en favor de una ciudadanía activa y deliberante. Como agravante habría que añadir que experiencias muy ricas de participación ciudadana — como la defensa del agua contra de la minería— han sido derrotadas en despachos judiciales o administrativos y no en las urnas.
Iniciativas como la revocatoria de mandatarios locales han sido ignoradas o boicoteadas por las instituciones que deberían proteger este mecanismo de participación.
Las marchas, plantones, paros y demás expresiones de protesta han sido reprimidas de modo que nuestra democracia ha persistido en medio de una enorme injusticia social, de la negación permanente de derechos, pero, además, de la respuesta represiva por parte del Estado, incapaz de atender las causas profundas de estos problemas.
El paro
Hemos vivido días atravesados por la esperanza de una juventud activa y comprometida, pero también por el miedo y el dolor que ha dejado el saldo de quizás 47 personas asesinadas–39 por violencia policial–, 12 víctimas de violencia sexual y centenares de desaparecidos.
La democracia ha funcionado a partir de exclusiones que han ido minando su propia legitimidad. En Colombia el corporativismo que caracteriza a la mayor parte de gobiernos, al Congreso y a los partidos ha alejado a las élites políticas de las necesidades reales de las personas.
Calles, estaciones de policía, estaciones de transporte público, parques y monumentos se han convertido en escenarios de acción política directa, en donde la gente manifiesta su hastío por la marginación, la exclusión, la falta de oportunidades y de lo básico para vivir con dignidad.
El Estado ha respondido con violencia desmedida que no comprende que la represión no basta para contener el descontento social, sino que lo agrava. La gente oye un discurso oficial según el cual no hay recursos suficientes para una renta básica universal que mitigue los peores efectos de la pandemia; para comprar las vacunas; para salvar las pequeñas y medianas empresas; pero sí hay recursos para poner en marcha la máquina de guerra contra los ciudadanos que reclaman sus derechos.
A la violencia policial se suman civiles que, protegidos por el discurso gubernamental, han decidido sacar sus armas y atacar con balas a quienes piden justicia.
Estas semanas de movilización han dado muestra de la pobre respuesta del Estado, pero también de la vitalidad y persistencia de quienes se están manifestando. Cali, Pereira, Barranquilla, Bucaramanga, Pasto, Popayán, Bogotá y muchos otros territorios han sido escenarios de movilizaciones masivas que parecen no perder fuerza.
El diálogo nacional y la representación
De manera tardía y torpe el gobierno ha intentado parar las protestas mediante anuncios como el retiro de la reforma tributaria, la renuncia del ministro Carrasquilla y de la canciller Blum, así como de matrícula cero en educación superior para jóvenes de estratos 1, 2 y 3.
Estas medidas son insuficientes, así que el presidente Duque ha convocado a un diálogo nacional, y es allí donde la pregunta por la representatividad cobra importancia. Quienes están dialogando no representan a quienes siguen en la calle: jóvenes sin acceso a educación superior, desempleados, mujeres de sectores populares sin trabajos formales y que a duras penas logran llevar un plato de comida a su familia, barrios y comunidades que apenas han logrado sobrevivir a este año de medidas sanitarias de aislamiento social.
Un joven pereirano que no pudo acabar su bachillerato debido a las condiciones económicas de su familia y no logra encontrar trabajo, la joven caleña que terminó su colegio pero no pudo acceder a la educación superior y ha tenido que aceptar trabajos informales, la madre cartagenera vendedora ambulante que perdió su escasa fuente de ingreso debido a las medidas de confinamiento, seguramente no se sienten representados por partidos, sindicatos y demás organizaciones sociales y gremiales convocados para negociar con el presidente.
La negociación necesita una enorme disposición a incluir, que no tema a la complejidad que implica oír y reconocer la pluralidad que ha sido callada históricamente.
El marco de la negociación reproduce las debilidades de la representación tradicional. En primer lugar, la centralización geográfica de la negociación no es una respuesta adecuada a una movilización multilocal, con una fuerza increíble en ciudades intermedias y municipios.
Una movilización de este tipo ha tenido su vitalidad en su descentralización, en su capacidad de acción independiente y autónoma, y sin una jerarquía clara. Sentar un comité en Bogotá les impone a los deliberantes la obligación de establecer mecanismos de comunicación efectiva con las ciudades, municipios e incluso barrios. Lo contrario es correr el riesgo de que sus acuerdos no tengan incidencia sobre las movilizaciones.
En segundo lugar, el gobierno no parece dispuesto a detener la violencia estatal. Desmontar el ESMAD y desmilitarizar la Policía para hacer de ella un cuerpo regulado por principios de civilidad son tareas inaplazables. Tampoco parece haber disposición a retomar la “implementación” del Acuerdo con las FARC que han exigido víctimas, pueblos indígenas y afrodescendiente.
En tercer lugar, la pluralidad de las voces incluidas. En uno de los espacios de diálogo que tuve con mis estudiantes algunos se preguntaban si no era necesaria una “comisión de sabios” para guiar el diálogo.
Mi respuesta tajante es que la sabiduría que necesitamos en este momento debe ser la de la resistencia indígena y afrodescendiente que por siglos ha sido obviada y excluida. En la fuerza de su lucha tal vez se tenga una de las claves para construir otro país.
Lo que le falta al diálogo
Se necesita la voz de las víctimas del conflicto armado que durante décadas han transformado su dolor en acción política, de modo que hoy contamos con memorias sobre los horrores de esta guerra y con mecanismos que permitirían avanzar en la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Se necesitan los saberes campesinos ignorados por la pretensión de que el saber está en los centros académicos. Se necesitan las resistencias de tantas mujeres que han encontrado en la acción colectiva la vía para las transformaciones cotidianas. Estas mujeres pasan desapercibidas, pero han mantenido un tejido social que de otra manera estaría totalmente roto.
La negociación necesita una enorme disposición a incluir, que no tema a la complejidad que implica oír y reconocer la pluralidad que ha sido callada históricamente.
El gobierno tiene la tarea de superar los canales formales y estrictamente institucionales, de acercarse a los barrios, a la gente y dar soluciones concretas e inmediatas a sus necesidades concretas y urgentes. Más que representación, necesitamos pluralidad en el debate y más democracia directa.
