“Seguridad” y “Legalidad” son los dos polos en esta campaña. Respetar la ley reduce los costos de transacción y por eso acelera el desarrollo económico. En cambio la ecuación Seguridad = Prosperidad carece de respaldo conceptual o empírico.
Bernardo Congote*
La parte «legal»
El candidato de las mayorías minoritarias le llamó "la parte legal"[1]. Reconcentrado en su fórmula de cartilla insiste contra evidencia en que Seguridad (más confianza inversionista y cohesión social) induce Prosperidad y en que, dentro de esta dinámica, "la parte legal" se fortalece como por arte de magia.
La afirmación arriesga ser desafortunada porque acusa un craso desconocimiento de la dinámica de los poderes en el Estado de Derecho. La tripartitura de poderes demuestra que en una sociedad no autoritaria la tensión entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial es básica para el logro de la vida buena aristotélica[2].
Por consiguiente no hay "partes" en el funcionamiento del Estado a no ser que se intente resucitar la revaluada trampa mecanicista de los seguidores del Marx joven o de la visión de Estado en Lenin[3]. Víctimas de ella los mecanicistas conciben al Estado como una mera "superestructura" que permitiría una "utilización de clase del Estado" que, en nuestro caso, consistiría en hacer del Estado colombiano un botín administrable única y exclusivamente por la conjunción de fuerzas recalcitrantes convocadas por la propuesta electoral uribista.
Poulantzas critica a los mecanicistas porque entienden las relaciones entre el Estado y la sociedad como de exterioridad, obedeciendo a "una vieja imagen juridicista del Estado, propia de la filosofía […] de los comienzos del Estado burgués, que nunca ha correspondido a la realidad"[4]. En este caso concreto la corriente uribista estaría retomando a nombre del más recalcitrante conservatismo elementos del más recalcitrante marxismo leninismo demostrando, otra vez, que los extremos se juntan más no por ello que al juntarse ofrezcan alternativas constructivas en lo político.
Bajo esta óptica la "Legalidad Democrática" propuesta por el candidato Mockus como propulsora y garante de la prosperidad en medio del orden, obedece a una moderna visión de Estado enlazando política y economía[5]. En lo político la legalidad tiene por virtud articular las tensiones de los poderes Legislativo y Judicial del Estado con el poder Ejecutivo. Y de esta forma se constituye en garantía de que en adelante, ateniéndonos al Estado de Derecho, sea imposible proponer golpes de gracia a las leyes a título de una tiranía de las mayorías que, como puede demostrarse, ocultaba intenciones civiles de darle un buen golpe al Estado[6].
Legalidad y desarrollo
Pero la propuesta de Mockus trasciende lo propiamente jurídico-político. Gracias al salto cualitativo propuesto por el neo institucionalismo finalizando el siglo XX, ahora es posible establecer cierres entre la brecha tradicional que colocaba la política en otro polo ajeno a la economía en el funcionamiento social. North ganó el premio Nobel de 1993 al sugerir la necesidad de enfocar el problema del desempeño de los agentes sociales en los procesos de producción de bienes y servicios dado el alto impacto que generan sobre la vida socio política de los ciudadanos[7]. Sus hipótesis han convertido en obligatorio que los procesos de producción tomen en cuenta los que él denomina "problemas de desempeño", consistentes en incorporar al problema de la producción los costos que trae consigo incumplir las normas constitucionales, judiciales o las reglas de juego contractuales[8].
De acuerdo con lo anterior se ha restablecido la correlación directa entre economía y política propuesta por los clásicos desde el siglo XVII de modo que para evaluar la gestión social moderna sea necesario contabilizar el factor "desempeño de los agentes". Ello induce a involucrar en el análisis socio económico y por ende, político, el problema no sólo de estimular la eficiente producción directa controlando costos variables y fijos, sino de darles relieve a los costos que se causan tanto por la distribución, publicidad y adquisición de bienes o servicios tanto como por el grado de incumplimiento de las reglas contractuales en particular y legales en general, todos éstos relacionados con la interacción entre Ciudadanos, Empresas y Estado.
De esta forma se ha puesto en evidencia que en el estado actual de cosas el manejo secreto, ilegal o mafioso de la sociedad se ha convertido en su peor enemigo para competir tanto interna como globalmente. Este nuevo escenario obliga contabilizar los costos que genera el desempeño de los agentes institucionales que antes a lo sumo aparecían como "costos sombra" refundidos entre los Costos Fijos y, por ello, se ocultaba su impacto sobre la gestión de las empresas y el manejo del Estado.
La Colombia ilegal (y atrasada)
En este escenario resultaba imperativo ponerle atención, en la esfera de lo público, al comportamiento de los agentes que cumplen (o usurpan) la Constitución o las leyes y en lo privado, a quienes cumplen (o incumplen) las leyes penal, civil o comercial generando sanciones legales y sociales en contra de quienes inducen a la corrupción de los funcionarios estatales, violan los derechos de propiedad o incumplen las cláusulas de los contratos. Y por esta vía se abría pasa la urgencia de generar incentivos para que empleando el garrote y la zanahoria, se induzca al cumplimiento de las normas.
Ello evidencia en plenitud la validez del aserto de Mockus orientado a que pragmáticamente al pie de cada ley deba figurar, a cambio del tradicional e inútil "Publíquese y Cúmplase", el novísimo y retador "Publíquese, Explíquese, Compréndase y Cúmplase"[9].
El debate es de alta monta. En la escala moderna de globalidad social quienes funcionan con menores costos de transacción están siendo cada vez más competitivos. Dado que la tecnología gracias a su amplio acceso y volúmenes tiende a ser una especie de "costo transparente", las diferencias de precio irán cada vez más a favor de aquellos que operen a menores costos de desempeño entre los agentes sociales, léase, aquellas sociedades cuyos miembros (personas naturales y jurídicas) actúen cada vez más dentro de la ley[10]. Y de esto depende salir adelante o estancarse en el proceso de desarrollo colectivo.
* Magíster en Ciencia Política, Economista, Investigador socio político independiente.
[1] Santos, Juan, 2010, Debate Presidencial 2010, Canal Caracol TV, 2010-04-18.
[2] Montesquieu, Barón de la Brède (1741), Del espíritu de las leyes, Ed. Porrúa, México, 1998, 1ª Edición.
[3] Poulantzas, Nicos, Introducción al estudio de la hegemonía del Estado, Ed. Laia, Barcelona, 1977.
[4] Ídem cit, Estado, poder y socialismo, Ed. Paidós, Barcelona, 1978, Pp., 7-61, entre otras.
[5] 2010, Debate Presidencial 2010, Canal Caracol TV, 2010-04-18.
[6] El autor del artículo ha desarrollado a fondo estas hipótesis en "Estado de crisis o Crisis del Estado". En: Londoño, Beatriz, (Compil.), Ed. Universidad del Rosario, Bogotá, 2003, Pp.:473-489.
[7] "Se necesitan recursos para transformar factores (productivos)… y esa transformación es una función (también)… de las instituciones (por lo que)… desempeñan un papel clave en los costos de producción" NORTH, Douglass, Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1a. edición española de la 2a reimpresión inglesa, 1993. Pg. 85. (Notas entre paréntesis del autor del artículo).
[8] Ídem, cit., Pp 67 y siguientes.
[9] Mockus, Cit.
[10] Congote, Bernardo, 2007, "Responsabilidad Social Empresarial, costos de transacción y competitividad sectorial en servicios públicos. El caso de Colombia (1994-2007)" En: Revista "Criterio Jurídico", Ed. Pontificia Universidad Javeriana-Cali, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 2007, ISSN 1657-3978, Vol. 7 No.7, Pp.: 353-365. (www.criteriojuridico.puj.edu.co)
