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La política de seguridad del gobierno no está funcionando

Escrito por Kyle Johnson
Kyle Johnson

El gobierno se empecina en dar de baja a los cabecillas de los grupos armados, pero esta estrategia ya no tiene la eficacia que tuvo contras las FARC. Esas son las razones.

Kyle Johnson* Ángela Olaya**

La política actual

A finales del mes pasado aparecieron noticias sobre operaciones importantes contra el disidente de las FARC Gentil Duarte en la zona del Yarí entre Caquetá, Meta y Guaviare.  Se esperaba que la Fuerza Pública le diera de baja, pero se escapó y, al parecer, se internó en las selvas de la región.

“Neutralizar” a Gentil Duarte es un buen ejemplo de la política de seguridad del gobierno que, a groso modo, se concentra en dar de baja o capturar a “blancos de alto valor” por  los cuales ofrecen grandes recompensas monetarias.

Sin embargo, numerosos indicadores del conflicto armado muestran que la intensidad de la violencia sigue aumentando, lo cual sugiere que las estrategias del gobierno no están funcionando. ¿Realmente debemos insistir en “neutralizar” a los líderes de los grupos armados para mejorar la seguridad del país? El caso de Gentil Duarte arroja luces para contestar esta pregunta.

El papel de Gentil Duarte

Como explicamos en un informe reciente de la Fundación CORE sobre las disidencias de las FARC, Gentil Duarte lidera uno de dos proyectos disidentes macro en el país. En poco tiempo, ha logrado vincularse con estructuras ubicadas en los Llanos Orientales, Cauca, Nariño, Catatumbo, Arauca y Valle del Cauca, principalmente. En este sentido, Duarte ha creado su estructura armada desde abajo hacia arriba.

Sin embargo, no está claro qué papel juega Duarte en estas organizaciones. Sabemos que no es el jefe único —como cuando Manuel Marulanda, Alfonso Cano y Timochenko lideraban las FARC-EP— pero hay indicios de que tiene la potestad de impartir órdenes sobre temas específicos, incluso, al parecer, la no participación de estas estructuras en el reciente paro nacional, por ejemplo.

Sin embargo, cada estructura tiene bastante autonomía: se encarga de sus operaciones militares, rentas ilícitas y relaciones que mantienen con las comunidades, entre otros asuntos.

Por ejemplo, alias Jhonier, jefe del Comando Coordinador del Occidente (CCO) ubicado en el suroccidente del país, le responde a Duarte como jefe. Pero Jhonier, a su vez, solo coordina el CCO: delimitaría las zonas de injerencia, por ejemplo, pero no determina los castigos que recaen sobre los miembros que se saltan las reglas internas ni define las acciones militares de la organización.

Lo anterior no quiere decir que Duarte no es importante como líder. Es único dentro de su proyecto macro, pues es el comandante que lleva más tiempo en el conflicto armado (30 años) y uno de los más reconocidos, pues fue coordinador de la región de Bajo Ariari y miembro del Estado Mayor Central. No obstante, su liderazgo no está exento de problemas. Al parecer, algunos miembros del Bloque Jorge Briceño —específicamente del Frente Séptimo y del Frente 40— están actuando por cuenta propia, lo cual indica que tienen cierta autonomía e independencia, que Duarte no tiene control total de su grupo o ambos.

De lo anterior se sigue que la muerte de Duarte sería un golpe importante, pero no definitivo para las disidencias, pues su organización y sus acciones no dependen exclusivamente de él. Como su proyecto disidente ha sido construido desde abajo, atacarlo desde arriba parece poco efectivo.

En ese orden de ideas, dar de baja a cabecillas como Duarte no sería tan contundente como dice el gobierno en términos de su política de seguridad.

Las disidencias y las FARC-EP

El gobierno insiste en “neutralizar” blancos de alto valor porque esa estrategia funcionó con las extintas FARC-EP, pero las disidencias no son una réplica exacta de esa guerrilla. Hay que entender estos grupos según sus continuidades y rupturas con las FARC, en vez de simplemente asumir que son iguales, o incluso totalmente diferentes.

Lo cierto es que perseguir a los cabecillas no ha servido para debilitar a los grupos armados ni para mejorar la situación humanitaria del país. En Nariño, el Frente Oliver Sinisterra (FOS) sigue causando estragos, pese a que Guacho fue abatido en operaciones militares.  Actualmente, las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), están prácticamente extinguidas, pero no por la muerte dos de sus cabecillas en 2016 y 2018, sino por divisiones internas.

A pesar de ello, la situación humanitaria sigue siendo crítica en la zona, especialmente en el municipio Roberto Payán, donde más de la mitad de la población ha sido desplazada desde mayo de este año.

Algo similar ocurrió en Antioquia, donde la operación contra alias Ramiro, el jefe del Frente 18, propició el debilitamiento de la organización, pero no contribuyó a mejorar la situación humanitaria como demuestran los desplazamientos recientes en Ituango.

Esta estrategia supone que dar de baja a los cabecillas es sinónimo de mejorar las condiciones de vida de las comunidades, pero lo ocurrido en diferentes zonas del país como el Catatumbo (donde el EPL ha sido golpeado), el sur del Cauca (donde una unidad de la Segunda Marquetalia fue desmantelada) o Antioquia (donde el Frente 18 fue prácticamente abatido) muestra que, muchas veces no es así porque cuando la Fuerza Pública ataca un grupo armado, otro obtiene mayor poderío en la zona.

Foto: Policía Nacional - Quizá ya sea hora de cambiar la aproximación de las estrategias de seguridad y ajustarla a la nueva realidad.

La Segunda Marquetalia

Esta disidencia de las FARC-EP liderada por Iván Márquez está expandiéndose lentamente mediante dos estrategias: la vinculación de otras organizaciones como Comandos de la Frontera,  la Columna de Alfonso Cano y Los Contadores, y el envío de líderes importantes como alias el Paisa, el Zarco, Aldinever y Walter Mendoza a diferentes zonas del país para fundar nuevos frentes. En ocasiones, han subcontratado grupos criminales para lograr su propósito: refundar las FARC-EP de arriba hacia abajo.

La Segunda Marquetalia cuenta con líderes experimentados que acumulan hasta 30 años en el conflicto armado e  hicieron parte del Secretariado o del Estado Mayor Central. Neutralizarlos podría frenar su crecimiento y expansión, pero no eliminaría las unidades existentes.

Es importante señalar que en las zonas donde la Segunda Marquetalia tiene injerencia hay presencia de otros grupos armados, lo cual implica que su debilitamiento no necesariamente mejoría la seguridad de la zona ni las condiciones de vida de los habitantes, pues los otros grupos podrían ganar más injerencia. En 2020, una de sus unidades fue desmantelada completamente en el Cauca sin que los índices de violencia en su zona de operaciones se vieran afectados.

Esto no quiere decir que la Fuerza Pública deba dejar de combatir a los grupos armados, sino que debería concentrarse en proteger a los ciudadanos, más que en neutralizar cabecillas. Para lograr este objetivo, es necesario identificar las similitudes y diferencias entre las disidencias y las FARC-EP, y adaptar las políticas de seguridad. También, es un momento propicio para empezar a crear estrategias que se enfocan en proteger territorios más que desmantelar grupos armados. Es un cambio pequeño que puede tener efectos grandes.

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