Kyle Johnson, autor en Razón Pública
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La suspensión del cese al fuego y la división interna del Estado Mayor Central han intensificado la violencia en el Cauca. ¿Cómo alcanzar la paz?

Kyle Johnson*

La suspensión del cese bilateral

Desde la suspensión del cese bilateral entre el gobierno y el comúnmente llamado “Estado Mayor Central” (“EMC”) el 17 de marzo de este año en el Valle del Cauca, Cauca y Nariño, ha habido una intensificación (esperada) de la violencia en el segundo de estos tres departamentos. 

La suspensión del cese bilateral en Valle, Cauca y Nariño fue la respuesta del gobierno Petro al asesinato de Carmelina Yule Paví, lideresa indígena quien fue asesinada cuando miembros del Frente Dagoberto Ramos abrieron fuego contra un grupo de indígenas, quienes, con bastones, habían ido tras el grupo armado para recuperar un menor de edad forzosamente reclutado por el mismo.

Este aumento de acciones militares, principalmente entre las fuerzas estatales y las unidades del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (BOJCA), de lo que era el “EMC”, también ha llevado a que varias voces hayan criticado que el gobierno siga negociando con este grupo armado. 

Dichos cuestionamientos, de todas formas, están basados en una lectura equivocada de la situación actual de este grupo armado: los que sí están negociando aún no son los responsables de la violencia en el Cauca. 

Acá le mostramos, entonces, un análisis rápido de la violencia en el Cauca, la situación actual de lo que se conocía como el “EMC” y del proceso de negociación actual con algunas unidades de esta disidencia. 

Le recomendamos: ¿En qué van las negociaciones con el “Estado Mayor Central”?

La confrontación en el Cauca se intensifica y transforma

La suspensión del cese bilateral en Valle, Cauca y Nariño fue la respuesta del gobierno Petro al asesinato de Carmelina Yule Paví, lideresa indígena quien fue asesinada cuando miembros del Frente Dagoberto Ramos abrieron fuego contra un grupo de indígenas, quienes, con bastones, habían ido tras el grupo armado para recuperar un menor de edad forzosamente reclutado por el mismo. 

Hasta ese momento, la violencia relacionada con los conflictos armados en el Cauca, durante el cese bilateral entre el “EMC” y el gobierno, tenían dos aspectos predominantes. El primero era que se daban enfrentamientos entre grupos armados ilegales, principal – pero no únicamente – en lugares como Argelia y Balboa (en el sur) y Santander de Quilichao y Silvia (en el norte). 

El segundo era la violencia ejercida por los grupos armados contra la población civil: asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados y controles sobre la vida social y diaria de la gente. 

Estas afectaciones contra la población civil fueron especialmente fuertes contra las comunidades Nasa en el norte del Cauca, como ellas mismas documentaron y expresaron en una carta al BOCJA:

Sólo en los últimos cuatro años en el norte del Cauca su organización ha sido responsable de 374 asesinatos contra Kiwe Thegnas, autoridades y comuneros, dejando heridos a decenas más; ha puesto explosivos a 42 personas, sin contar los que han afectado viviendas y caminos vecinales; ha realizado 214 hostigamientos a bienes civiles como casas y escuelas; ha hecho 225 amenazas individuales a miembros de nuestros comunidades y 112 amenazas indiscriminadas; ha reclutado a 785 menores de edad; han desaparecido forzosamente al menos a 25 personas; y extorsionado casi todas las comunidades. Hablamos de por lo menos 1777 acciones contra las comunidades NASA del norte del Cauca.

Actualmente, lo “nuevo” de la violencia en el Cauca es que se ha vuelto a ver un elemento que durante el cese bilateral con el “EMC” pasaba con poca frecuencia: las confrontaciones entre Estado y disidencia – especialmente los combates – y las acciones militares de esta contra la infraestructura policial o militar, como el ataque sostenido contra la estación de Policía en Morales, en la que murieron dos policías, un recluso y otro civil, en el fuego cruzado. 

Ese mismo día, el frente Jaime Martínez también atacó la estación de Policía de Suárez y la de Dagua (Valle del Cauca), y pusieron una motobomba contra un hotel donde suelen residir miembros de la Policía Nacional en la cabecera de Jamundí (Valle del Cauca). Días antes, una moto bomba en una vía rural de Mirando, Cauca, mató a dos personas e hirió a otra.

Cabe recordar que entre julio y mediados del octubre del 2023 – cuando tampoco había un cese entre el “EMC” y el gobierno – fue este mismo frente uno de los más activos militarmente y con varias acciones contra el Ejército y la Policía, incluyendo una carrobomba en Timba (corregimiento de Buenos Aires), contra la estación de Policía. Por eso, la Defensoría del Pueblo advirtió en octubre de 2023 que otro escenario sin cese traería afectaciones para la población civil. 

La intensificación de la violencia ha tenido efectos humanitarios, como el desplazamiento forzado y el confinamiento de cientos de familias en dos puntos de Argelia, en abril; el desplazamiento de cerca de 30 familias en Caloto, a comienzos de mayo; y el confinamiento de cerca de 350 personas en una iglesia en Suárez, por confrontaciones entre el frente Jaime Martínez y el Ejército. 

Este incremento en la violencia y su transformación después de la suspensión del cese bilateral era de esperarse. Además, el presidente Petro ha dicho que la ofensiva contra la BOCJA en el Cauca será “total”, lo cual significa que esta violencia seguirá siendo un constante. 

Pese a que no tiene tanto protagonismo como antes, cabe señalar que continúan las confrontaciones entre grupos armados ilegales, incluyendo el Frente 57, una unidad disidente del BOCJA que ha entrado al norte de Cauca y ha atacado a la población civil, aunque lo ha negado en comunicados. También el ELN y la Segunda Marquetalia están enfrentados con el BOCJA en el sur y el norte del departamento.

Por lo tanto, es fundamental que la Fuerza Pública implemente la política de seguridad que el Ministerio de Defensa planteó hace un poco más de un año, en particular los aspectos de la protección de la población civil. 

El peor escenario para el Cauca, en este momento, sería que la situación para las comunidades esté aún peor sin el cese.

¿En qué va el BOCJA?

Foto: Defensoría - Un aspecto de la violencia ejercida por los grupos armados es contra la población civil: asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados y controles sobre la vida social y diaria de la gente.

el BOCJA hace parte del ala de lo que era el “EMC” que ya no hace parte de las negociaciones. Dice que su posición no es en contra de negociaciones per se, sino que exige un cese bilateral con todas las unidades ahora fuera de la mesa como prerrequisito para sentarse a dialogar, algo inaceptable para el presidente en este momento.

Esta unidad de lo que se conocía como el “EMC” era la más poderosa en términos militares y económicos, hasta la ruptura de la organización en abril de esto año; después de esta, lo sigue siendo también. Según datos del Estado, este bloque tendría alrededor de 1.500 miembros, entre combatientes y milicianos. 

Su poder económico ayuda a explicar su poder militar, pues le permite comprar armas de alto calibre, por ejemplo, y vehículos de alta gama que le permite moverse fácilmente por la zona y llevar a cabo ataques como el de Morales. De todas formas, hay mucha variación entre sus unidades y sus relaciones con actividades económicas ilegales: varias tienen vínculos con el narcotráfico, aunque por la crisis de la comercialización de la cocaína, éstos han cambiado. También han diversificado sus rentas, como el Frente Carlos Patiño, con la minería ilegal. 

En términos organizacionales, el BOCJA hace parte del ala de lo que era el “EMC” que ya no hace parte de las negociaciones. Dice que su posición no es en contra de negociaciones per se, sino que exige un cese bilateral con todas las unidades ahora fuera de la mesa como prerrequisito para sentarse a dialogar, algo inaceptable para el presidente en este momento. 

El BOCJA ha dicho que sigue las directrices de ‘Iván Mordisco’, quien sigue siendo jefe de las unidades del “EMC” que están fuera de las negociaciones: El BOCJA, el Bloque Amazonas y el Bloque Central Isaías Pardo (la existencia de la totalidad de las unidades que harían parte de esta unidad todavía no está confirmada). El Comando Conjunto del Oriente no está en la mesa en este momento, pero es posible que sea un caso aparte.

Finalmente, recientemente, el BOCJA ha afirmado que las otras unidades que siguen en la mesa – el Bloque Jorge Suárez Briceño, el Bloque Magdalena Medio y el Frente Raúl Reyes (la parte del Frente Carolina Ramírez que sigue vinculado a las negociaciones) – solo representan el cinco por ciento de lo que era el “EMC”. 

Sin embargo, esto simplemente no es cierto: el Jorge Suárez Briceño, por ejemplo, era el segundo bloque más grande del “EMC”. La proporción de los que no están en la mesa frente a los que sí sería más cerca de 65 % versus 35 %, respectivamente. 

El futuro de las negociaciones

Con las unidades de lo que era el “EMC” en la mesa, el enfoque de la negociación ahora son las transformaciones territoriales. Comandantes como ‘Calarcá’ – jefe del Bloque Jorge Suárez Briceño – son conscientes de que el nuevo balance de poder en la mesa es mucho más desfavorable para ellos y por lo tanto solo pueden aspirar a éstas. 

Un primer reto es terminar de definir quién negocia y quién no. Algunas unidades originalmente se mostraron interesadas en seguir, pero por eventos en la confrontación con las fuerzas estatales, se alejaron de la mesa. 

Si vuelven, depende de quién es y su relación con los que aún están negociando. Por ejemplo, si ‘Mordisco’ busca volver a la mesa en bloque con las unidades que públicamente han dicho que lo apoyan, probablemente tendrá que ser en un proceso aparte del existente. Pero si otras quieren volver individualmente, por rupturas futuras u otras más pequeñas, puede ser válido considerar incluirlas en el proceso actual.

De todas formas, hay otros temas que tienen que incluirse lo más pronto posible. Primero, la dejación de armas. Aunque ‘Andrey’ (jefe del Frente 33 y representante principal del Bloque Magdalena Medio) y ‘Calarcá’ han dicho que una línea roja es la “entrega de armas”, es probable que no estén en contra de todas las posibles formas de dejarlas, sino más bien rechazan un proceso semejante al de las FARC-EP viejas. 

Igual, tiene que quedar aún más claro ahora en la mesa que se implementarán las transformaciones territoriales – algunas inmediatamente y otras más adelante – a cambio de que el grupo deje sus armas.

Será importante incluir la reincorporación de los disidentes, especialmente la de los mandos medios. En este caso también los negociadores de la disidencia han expresado una resistencia al modelo de reincorporación de las FARC-EP viejas, lo cual será un desafío. Pensar un proceso de esta con un componente ambiental puede considerarse, especialmente si es para reparar el daño ambiental cometido y permitido por el grupo.

Finalmente, la justicia transicional es necesaria. Recientemente, ‘Calarcá’ dijo que aplicarle la justicia por solo ser guerrillero (en sus palabras) sería otra línea roja. Sin embargo, es probable que se puedan encontrar formulas basadas principalmente en la justicia restaurativa y que se les aplique a ambas partes en la mesa, que serían aceptables para la disidencia y el gobierno. De lo contrario, el proceso terminaría siendo inviable políticamente.

La viabilidad política de un proceso de paz normalmente es un factor central en los cálculos de las partes durante una negociación. En Colombia, el hecho de que cualquier presidente no puede tener más de un periodo de cuatro años le pone retos de tiempos a las negociaciones: éstas muy frecuentemente duran más de cuatro años.

Por lo tanto, en el caso de la mesa actual, lograr su continuidad en otro gobierno es quizá la meta más factible en este momento. La viabilidad política así coge otro sentido para el proceso y los temas pendientes de negociar.

Lea en Razón Pública: Drogas: la declaración “revolucionaria” de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (I)

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Kyle Johnson

*Cofundador e investigador de la Fundación Conflict Responses @KyleEnColombia

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Entre obstáculos y dudas avanza el proceso de negociaciones entre el gobierno y el Estado Mayor Central de las FARC-EP. Estos son los retos de un proceso que busca traer paz a los territorios.

Kyle Johnson*

Un proceso lleno de obstáculos

En dos eventos accidentados, el gobierno y la disidencia que se autodenomina FARC-EP anunciaron la instalación oficial una mesa de negociación y un cese al fuego que durará tres meses.

Acordar el cese al fuego fue una gran dificultad para el evento del 8 de octubre en Tibú (Norte de Santander). Las dos partes no podían llegar a un acuerdo, hasta que un miembro del equipo negociador del comúnmente llamado “Estado Mayor Central” (EMC) planteó una solución para comprar tiempo, aceptable para ambos equipos negociadores: suspender las acciones ofensivas mientras acababan de pactar el cese bilateral.

Este proceso ha estado lleno de obstáculos que han frenado el avance de la negociación:

  • Demoras en lograr las reuniones pactadas.
  • El rechazo del fiscal general a levantar órdenes de captura para algunos miembros de la disidencia.
  • El asesinato de los jóvenes indígenas por parte del Frente Carolina Ramírez, ante lo cual el gobierno optó por suspender el cese bilateral en cuatro departamentos.
  • El final del cese bilateral el 30 de junio, que llevó a un aumento de violencia por parte de este grupo armado, principalmente en Cauca y Nariño.
  • El anuncio de Gustavo Petro de una ofensiva militar por parte del gobierno en el Cañón de Micay y la falta de una línea clara del presidente sobre el proceso.

Además, la violencia del EMC y sus enfrentamientos con otros grupos armados ilegales han minado la confianza en el proceso.

Sin embargo, los eventos de las últimas dos semanas muestran que las partes han encontrado formas de avanzar a pesar de estos problemas en el camino.

Si bien parece que se ha formado un ala “pro-paz” dentro de la organización, esto implicaría que existe otra ala, por lo menos, escéptica frente al proceso.

Los protocolos del cese bilateral, hasta ahora conocidos, son mucho más robustos que los acordados en febrero de este año. Además, algunos elementos, aunque mínimos, del diseño del proceso ya están plasmados.

Por otra parte, también existe un acuerdo especial para un proceso participativo con el fin de sustituir la coca en el Cañón del Micay, entre Argelia y el Tambo, Cauca (uno de los lugares más conflictivos y con mayor densidad de cultivos de coca en el país).

Las partes acordaron respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en su totalidad y la disidencia está dispuestas a recibir capacitación técnica en el tema – como la Fundación CORE y otros actores han recomendado –, lo que es un paso positivo.

Le recomendamos: La paz total en medio de la escalada violenta

Los retos por delante

Pero siguen existiendo muchas dudas sobre el proceso. La expansión del “EMC” en términos de la cantidad de territorio donde tiene injerencia y la creación de nuevas unidades este año han puesto en tela de juicio su voluntad real de negociar.

Aunque esta expansión no va con la misma velocidad que durante los años del gobierno Duque, el anuncio de frentes como el Iván Díaz y el Darío Gutiérrez en Huila, el Gaitán Gutiérrez en Meta y el Amazónico han alimentado el argumento de que el grupo está aprovechando las negociaciones para fortalecerse militarmente.

Aunque en general se ve como positivo el hecho de que se incluyó explícitamente el compromiso de respetar al DIH en su totalidad, muchos analistas y veedores del proceso dudan de la capacidad del “EMC” para hacerlo.

Lo mismo ocurre con el compromiso de no obstaculizar el acceso humanitario a zonas afectadas por los conflictos armados: el aumento de restricciones impuestas sobre las organizaciones humanitarias en los últimos 18 meses ha generado escepticismo al respecto.

Al mismo tiempo, la violencia en el Cauca, el asesinato de los jóvenes indígenas entre Putumayo y Amazonas y reportes de posibles violaciones del cese bilateral entre febrero y junio de este año han alimentado la idea de que hay divisiones dentro de las autodenominadas “FARC-EP” frente a las negociaciones, las cuales disminuiría la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo.

Si bien parece que se ha formado un ala “pro-paz” dentro de la organización, esto implicaría que existe otra ala, por lo menos, escéptica frente al proceso.

Por otra parte, el balance de poder interno regional entre el suroccidente, el Magdalena Medio y los llanos y Amazonía también es cambiante. Frente a lo anterior, alias Iván Lozada ha jugado un papel importante en mantener alineados a todos.

Aunque el grupo no se ha consolidado del todo internamente, está en ese camino y la negociación le está ayudando a acelerar el proceso. Esto puede resultar siendo un gana-gana para el grupo, pues estar más cohesionado le sirve para negociar mejor, pero también le es útil en caso de que el proceso no funcione y se regrese al conflicto pleno.

Frente a este tema, es interesante ver la composición del equipo negociador del “EMC”. El Bloque Magdalena Medio tiene varios representantes, de los cuales el más importante es Andrey Avendaño, jefe negociador y comandante del Frente 33. Javier 33 también hace parte de ese frente.

El Bloque Occidental Jacobo Arenas también tiene varios representantes, incluidos Sebastián Martínez, cercano al frente Carlos Patiño y quizá su pensador político principal; y Ángela Izquierdo, quien ha jugado un papel de vocería en algunos momentos.

En el evento de 8 de octubre también estuvieron presentes en la tarima, por parte del “EMC”, Arley González y Daniel Chacal, del frente Franco Benavides, que opera en Nariño, y el Jaime Martínez, que tiene injerencia en el norte del Cauca, respectivamente.

Los nombres de ellos dos, sin embargo, no aparecen en los documentos firmados en la última semana. Diego Fernández, que es de Miranda, Cauca, se unió al Sexto Frente de las FARC en el 2014, pero no está del todo claro si actualmente opera en esa zona.

Por su parte, Alexander Farfán, conocido como Gafas, viene del Bloque Suroriental, donde se mueve Iván Lozada (también conocido como Mordisco). Leopoldo Durán viene del Bloque Jorge Briceño Suárez, y del frente que antes tenía ese mismo nombre, pero ahora parece llamarse Frente John Linares.

El avance del proceso

Los documentos de la mesa de la semana pasada incluyen “acuerdos de aplicación inmediata”, también llamados acuerdos parciales, lo cual se pensaba que sería la metodología única de la negociación.

Sin embargo, las partes resaltan que también buscarán una “agenda de cambios de fondo de mediano y largo plazo”, que posiblemente significarían acuerdos firmados en su totalidad al final del proceso, como normalmente se hace en los procesos de paz.

De ser así, representaría un ajuste metodológico que podría implicar un cambio en los incentivos para negociar, porque generaría un costo importante de levantarse de la mesa para ambas partes, pues al hacerlo se quedaría con una paz parcial cuando las comunidades que cada parte dice representar han exigido que no desistan en la búsqueda de la paz.

Foto: Facebook: Alto Comisionado para la Paz - Andrey Avendaño es el representante más importante del Bloque Magdalena Medio del EMC.

Pero lo que todavía no se ve es el tema de las armas. Aunque hay asuntos del proceso en sí que faltan por negociar, este asunto no puede quedar por fuera o sin mención alguna desde el comienzo.

Las partes también expusieron un listado largo de posibles temas por negociar en la mesa: “tierras, territorio, ambiente, seguridad, educación, despojo, desarrollo sostenible, poder local, modelos de gobernanza, víctimas del conflicto social y armado, economías hoy consideradas ilícitas, territorialidades étnicas y campesinas, garantías para las partes durante y después del acuerdo, entre otros”.

Será necesario o no discutir algunos de ellos o acotarlos muy específicamente. El tiempo del proceso – los menos de tres años que le quedan al gobierno de Petro – probablemente no dará para hablar de todos a profundidad.

Además, algunos pueden resultar políticamente sensibles, con un costo muy alto al discutirlos dentro de este proceso, dependiendo de cómo se definan. Si como parte del de “seguridad” se discute la doctrina militar, como lo ha propuesto el “EMC”, el costo político puede ser enorme.

Pero lo que todavía no se ve es el tema de las armas. Aunque hay asuntos del proceso en sí que faltan por negociar, este asunto no puede quedar por fuera o sin mención alguna desde el comienzo.

Aunque el “EMC” ha dicho que dejará las armas cuando el Estado termine de implementar lo acordado, y que es una “línea roja” política para ese grupo, no será aceptable para la sociedad colombiana un proceso que no incluya la dejación de armas transparente y clara a cambio de lo acordado. Además, una paz con armas simplemente no es una paz.

Sin embargo, lo acordado no se puede limitar a desarmar al “EMC” sin implementar lo pactado, pero tampoco puede dejarlo por fuera. Será fundamental encontrar una fórmula que permita una dejación de armas que lleve a la paz y que sea aceptable tanto para la opinión pública como para el “EMC”.

Vinculado a la dejación de armas está la reincorporación. Mientras se sabe que la disidencia, desde sus inicios, ha rechazado el modelo del proceso de las FARC-EP anterior, igual el grupo tendrá que ir pensando en qué modelo sería aceptable para ellos. Para eso, capacitación puede ser beneficiosa también.

El proceso de negociación con la disidencia autodenominada “FARC-EP” seguirá con dificultades y retos que las partes tendrán que enfrentar en el camino. Los anuncios accidentados de las últimas dos semanas son positivos en mostrar que las partes pueden avanzar a pesar de ellos.

Sin embargo, una agenda tan ambiciosa para los siguientes tres años, más los otros desafíos analizados acá, confirman lo que ya se sabía: el camino de la paz con este grupo armado está lleno de retos y riesgos. Superarlos será fundamental para llegar a algún tipo de acuerdo, como han exigido las comunidades afectadas por los conflictos armados en el país.

Lea en Razón Pública: Diálogos y negociaciones de paz con las FARC-EMC

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*Cofundador e investigador de la Fundación Conflict Responses @KyleEnColombia

Foto: Twitter: Alto Comisionado Paz

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Qué está pasando en las negociaciones con las disidencias de las FARC y con el ELN —y cuál es el dilema que enfrenta este gobierno—.

Kyle Johnson*

Un proceso en crisis

La “Paz Total” parece estar pasando por su peor momento: varios hechos violentos en distintos territorios, falta de una estrategia global y algunas salidas en falso ante la prensa, han despertado mucha resistencia contra el gobierno y su negociación simultánea con múltiples actores armados y criminales.

Esta presión gira sobre todo alrededor de los dos procesos quizá más adelantados: la fase de exploración con las disidencias de las FARC-EP comúnmente llamadas “Estado Mayor Central” (EMC) y la mesa de negociación con el ELN.

Puede leer: Enredo Mayor Central: ¿Será posible la negociación entre el gobierno y las disidencias?

Las disidencias de las FARC

El detonante de esta crisis fue la masacre de cuatro indígenas menores de edad que habían sido reclutados por el Frente Carolina Ramírez, parte del EMC, en Putumayo y lograron escapar para ser asesinados en límites entre Caquetá y Amazonas. Esto causó un rechazo enorme entre la sociedad colombiana, y el EMC eventualmente tuvo que reconocer su responsabilidad en los hechos.

El gobierno también tuvo que responder, ya que no hacerlo hubiera tenido un costo grande. Optó por suspender parcialmente el cese bilateral firmado entre las partes de tal forma que, según Petro, ya no hay cese en Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo.

El EMC, por su parte, anunció que el cese se levantaba en todo el territorio nacional porque este enfoque regional solo buscaba dividirlos internamente. Por su parte, un comandante importante afirmó que no llevará a cabo ataques ofensivos contra la Fuerza Pública, pero sí se defenderá en caso de ser atacado.

El EMC usa la violencia y la coerción para debilitar la democracia local, tanto para los candidatos como para los votantes. Ante este escenario, el gobierno tendrá que mejorar las estrategias y medidas para proteger a los candidatos, especialmente en municipios y departamentos donde operan unidades del EMC.

Foto: Facebook: Registraduría - Frente a las amenazas del Estado Mayor Central, el gobierno deberá fortalecer las medidas de protección a los candidatos y la seguridad antes, durante y después de las elecciones.
El EMC también amenazó a “partidos políticos, sectores militaristas, dirigentes políticos o congresistas que atizan la guerra y que pretenden desarrollar las campañas electorales regionales en áreas sobre las que tenemos control político militar…”, diciendo que serán devueltos en sus retenes o que el grupo armado les aplicará la “ley 003 del 2000” (una orden de las FARC-EP para supuestamente atacar a la corrupción en las zonas bajo su control).

Esta “ley” ya ha sido aplicada antes. Durante las elecciones del Congreso en 2022, las unidades del EMC, ahora organizadas bajo el “Bloque Occidental Jacobo Arenas”, asesinaron al ex alcalde de López de Micay, tras acusarlo de dirigir una red de compra de votos.

También, en el 2019, mataron a Karina García –entonces candidata a la alcaldía de Suárez, Cauca, por el partido Liberal– por, según el EMC, promover grupos paramilitares en la zona. Además, han limitado el acceso de candidatos a ciertas zonas bajo su control y hay denuncias de haber presionado a varias comunidades para que voten por ciertos candidatos.

El EMC usa la violencia y la coerción para debilitar la democracia local, tanto para los candidatos como para los votantes. Ante este escenario, el gobierno tendrá que mejorar las estrategias y medidas para proteger a los candidatos, especialmente en municipios y departamentos donde operan unidades del EMC. Además, tendrá que garantizar la seguridad antes, durante y después de las elecciones, para que las comunidades no acaben efectivamente presionadas por el EMC.

También, al retomar la mesa de negociación con esta disidencia, será necesario ajustar el cese bilateral, ya que su lenguaje es demasiado ambiguo y realmente solo existe un compromiso ante la población civil de respetar su vida e integridad física. Es fundamental un lenguaje claro del respeto pleno al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y un compromiso del respeto a las elecciones en todos sus sentidos y de no ejercer ningún tipo de violencia ni presión contra candidatos ni votantes. Un compromiso de este estilo solo será efectivo si se logra instalar completamente el mecanismo de monitoreo y verificación, el cual solo operó parcialmente hasta el impase reciente.

En este momento es difícil ver cómo el gobierno puede anunciar públicamente que ha retomado esta negociación sin que el EMC haga una muestra de su voluntad de paz. La presión militar puede funcionar para que la disidencia tome la negociación en serio, pero también corre el riesgo de escalar el conflicto y sus afectaciones humanitarias. Contactos privados, sin embargo, son posibles y serán claves para que las partes puedan retomar el proceso.

Este momento es semejante al del gobierno de Santos y el ELN después del atentado de esta guerrilla en Barranquilla en enero del 2018, donde murieron cinco policías y fueron heridos más de 40. Aunque eventualmente se retomaron contactos privados entre las partes, públicamente no fue hasta que el ELN anunció un cese unilateral por las elecciones al Congreso que el gobierno optó por seguir con la negociación.

La pregunta es entonces ¿cuál será la muestra pública de paz del EMC que permita retomar públicamente el proceso? Así no le guste, la pelota está en su cancha, por su anuncio frente a las elecciones.

La negociación con el ELN

Esta mesa ha sido el epicentro de un proceso de negociación lleno de altibajos y dificultades desde que se retomó el año pasado.

Uno de los momentos más difíciles para el gobierno se dio tras el anuncio por parte del presidente Petro, el 31 de diciembre del 2022, de que se habían acordado ceses bilaterales con los cinco grupos armados principales, lo cual no era verdad porque apenas existían los decretos gubernamentales de los ceses, pero nada acordado y firmado con esos grupos.

Aunque cuatro de ellos no respondieron públicamente, el ELN sí lo hizo (como era de esperar), negando que hubiera firmado un cese con el gobierno, lo cual hizo quedar muy mal a Petro ante la opinión pública.

En marzo del 2023 se presentó públicamente la “agenda de México”, la cual profundiza y especifica la que ya existía desde el gobierno Santos. Aunque fue presentada como un avance, también fue criticada por abrir la puerta a negociar con el ELN cualquier tema sobre el Estado, la democracia y el modelo económico, después de la participación de la sociedad. Además, está claro que la agenda se pactó sin ninguna consideración de cómo podría afectar a los demás procesos de negociación que está llevando a cabo el gobierno.

Poco más de 15 días después de este anuncio, el ELN en Catatumbo dio muerte a diez militares. Entonces el presidente exigió que en la siguiente ronda de negociaciones se llegara a un cese bilateral del fuego. Desde entonces, ha propuesto un cese regional que empezaría en una zona para irse extendiendo a otras, una propuesta que el ELN ha rechazado.

El siguiente incidente ocurrió hace menos de 15 días, después de un atentado en Tibú, Catatumbo, cuando murieron dos policías y una mujer civil, que el ELN se atribuyó. El Alto Comisionado, Danilo Rueda, salió a decir que el comunicado del ELN era un “gesto de responsabilidad” y que “ese reconocimiento es un avance frente a muchos fenómenos que quedan en la impunidad”.

Petro sí tomó una posición más fuerte contra las AGC a raíz de su participación en el paro minero en marzo de este año, pero para una parte de la opinión no ha sido suficiente porque otros grupos armados también han cometido actos atroces.

La lluvia de críticas llegó rápido, porque Rueda no había rechazado el atentado y porque reconocer un ataque no es ningún “gesto” ni mucho menos un “avance” hacia la paz. El Alto Comisionado tuvo que publicar un segundo video asegurando que desde el comienzo había rechazado el atentado y que también rechazaba la “tergiversación” de sus palabras. Es decir, rechazó la violencia y a los que lo criticaban en una sola comunicación.

¿Endurecer o no endurecer? Esa es la cuestión

La presión política alrededor de la paz total ha obligado al gobierno a tomar posiciones más fuertes frente a los grupos armados con los cuales había empezado a negociar.

De hecho, ya el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que “vamos a debilitar el Estado Mayor Central”. Parece, además, que la paciencia del presidente está empezando a agotarse.

Petro sí tomó una posición más fuerte contra las AGC a raíz de su participación en el paro minero en marzo de este año, pero para una parte de la opinión no ha sido suficiente porque otros grupos armados también han cometido actos atroces.

El gobierno tendrá que hacer un balance difícil entre la presión militar para que los grupos tomen más en serio sus negociaciones, y el riesgo de romper totalmente esos procesos. Este balance sería mucho más fácil con una estrategia global claramente definida de la Paz Total, y lo que se pretende lograr con ella, y menos salidas en falso con las comunicaciones.

Lea en Razón Pública: La paz con el Clan del Golfo: ¿para dónde va el proceso?

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*Cofundador e investigador de la Fundación Conflict Responses @KyleEnColombia

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En qué consiste la paz total, cuánto avanzó el gobierno durante este año y cuáles son las preguntas que siguen en el aire.

Kyle Johnson*

Una promesa

El gobierno de Gustavo Petro llegó al poder con la propuesta de la paz total. Aunque no la ha definido claramente, incluye dos elementos generales:

  • los diálogos regionales vinculantes, o ejercicios participativos en diferentes regiones para definir insumos para el Plan de Desarrollo Nacional;
  • las negociaciones con los principales grupos armados del país y con los grupos criminales de “alto impacto».

En este texto haré un balance de este segundo aspecto durante los primeros cuatro meses del gobierno Petro.

Puede leer: ¿Qué le falta a la Paz Total?

Por qué negociar con todos

La paz total, sin duda, es ambiciosa; pero puede ser la única forma de alcanzar la paz en Colombia.

El ELN, las disidencias de las FARC —vinculadas a alias Iván Lozada— y mandos medios de la Segunda Marquetalia han expresado, tanto en privado como en público, su resistencia a firmar cualquier acuerdo con el gobierno si existen otros grupos armados que puedan ocupar los territorios donde ahora operan. Esto amenazaría su seguridad y la de las comunidades que dicen representar.

Firmar con un solo grupo armado, entonces, parece inviable.

En palabras de un excomandante de bloque de las AGC, “¿qué comandante que gana unos 200 millones de pesos al mes va a querer dejar las armas para vivir de unas migas como 2 millones?”. O, según un líder social del Cauca, “¿quién va a querer dejar un negocio [con el] que le entran millones de dólares al mes para firmar la paz?” En las palabras de otro líder del suroccidente, “va a haber disidencias de las disidencias”.

En este sentido, el Gobierno ha optado por el camino correcto (en general). Sin embargo, su comienzo ha sido accidentado. Lo bueno es que varios de estos desafíos que se pueden superar para avanzar en esta agenda.

Los logros hasta ahora

Son tres los logros principales de la paz total, aunque cada uno tiene sus “peros”:

  1. Se reanudan las negociaciones con el ELN.

Este proceso se había roto cuando el gobierno Duque decidió no retomar los diálogos y se produjo además el atentado del ELN contra la Escuela de Policía General Santander, en Bogotá, que mató a más de 20 cadetes.

Las partes en este proceso acaban de anunciar un acuerdo general sobre algunos alivios humanitarios para la población carcelaria y para los municipios de San Juan (Chocó) y Calima (Valle del Cauca). Pero el Frente de Guerra Occidental anunció un paro armado y afirmó que las condiciones no están para los alivios humanitarios en la zona, lo cual ha representado un primer choque de realidad para el aterrizaje de esta negociación.

  1. Marco jurídico.

La Ley 2272  prorrogó y reformó la Ley 418 (de orden público), el 4 de noviembre de 2022, lo cual aporta un marco jurídico para las negociaciones. Era un paso necesario para la paz total pero, realmente, no ofrece muchas novedades frente a la versión anterior.

Esta ley pasó en medio de controversias: algunos ponentes pedían —por ejemplo— que las disidencias de las FARC pasaran por un proceso de sometimiento, como criminales. Esto iba en contra de los esfuerzos privados del gobierno, y las disidencias lo rechazaron, agregando que, si se les ofrece un sometimiento jurídico, no harían parte de ninguna negociación.

Lo bueno de esta ley es que da cierto margen de maniobra al gobierno para definir el tipo de proceso de negociación con lo que hoy en día se llama el “Estado Mayor Central”, liderado por alias Iván Mordisco. Sin embargo, se incluyó un artículo que podría excluir a la Segunda Marquetalia de cualquier proceso de negociación. Pese a ello, ha habido contactos entre el gobierno y este grupo, tanto en el liderazgo como en diferentes regiones como Nariño y Putumayo.

Foto: Radio Nacional de Colombia - La paz total tiene como reto combatir el desplazamiento forzado y el asesinato de líderes sociales, entre otros asuntos.

Sin tener claro el universo de organizaciones armadas con las cuales se puede negociar, los esfuerzos para diseñar estrategias, aprovechar información de inteligencia —algo clave para que avance cualquier negociación de paz— y conformar equipos quedarán estancados y podrían dificultar las negociaciones que sí se den.

Finalmente, hay una tregua en la cabecera de Buenaventura entre los Shottas y los Espartanos, lo cual ha disminuido drásticamente la cifra de homicidios en la ciudad. Los conflictos armados en la zona rural —desafortunadamente— siguen, al igual que la violencia en las comunidades. Hay denuncias de que, en vez de asesinatos, se están cometiendo desapariciones forzadas.

Quedan problemas

Todavía existen varios problemas para la paz total que obstaculizan su progreso y tendrán que resolverse en el 2023.

  1. Sigue habiendo graves consecuencias humanitarias a raíz de los conflictos armados: masacres, desplazamiento forzado, confinamiento y asesinato de líderes sociales; así lo han mostrado Indepaz, la Fundación Ideas para la Paz y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).

La violencia en lugares como Nariño, Putumayo, Arauca, Cauca y Chocó indica que será un reto mayor que la paz total se traduzca en menos violencia; que las negociaciones puedan avanzar al ritmo esperado; y que el poder de posibles saboteadores se mitigue.

2. Falta una política de seguridad. No hay ningún “garrote” para presionar a los grupos armados y criminales para que negocien de verdad.

Como hemos dicho incontables analistas en numerosos espacios, no existe una política de seguridad, mucho menos una vinculada a la paz total. El gobierno dice que la viene trabajando, pero mientras no se concrete, se mantendrá el desbalance entre garrote y zanahoria.

3. No hay suficientes personas trabajando en la negociación. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) simplemente no tiene personal suficiente para avanzar al ritmo que demandan las mesas, las comunidades, los grupos armados y la realidad política del país. Ya el Estado Mayor Central se quejó de que la OACP cancelara dos reuniones, por ejemplo, y en conversaciones privadas con ellos, está claro que sienten que los respetan poco por ese motivo.

Y es sencillo: si una negociación con el ELN requiere de un equipo negociador grande, y la de las FARC necesitó de un recurso humano importante, ¿cómo serían varias negociaciones simultáneas con varios grupos armados? Para agilizar estos procesos, hay que tener más personas lideradas por el alto comisionado.

4. Decisiones de fondo. Quedan temas delicados ante de dar comienzo a las negociaciones.

Por ejemplo, para muchas personas, las disidencias de las FARC son puros criminales. Durante los debates de la reforma a la Ley 418, el senador Ariel Ávila dijo que, para ellas, habrá sometimiento judicial y no negociación política. Pero las disidencias del Estado Mayor Central han dicho que, sin una negociación política, no se sentarán en la mesa. Aunque el Gobierno no ha opinado, tendrá que encontrar una solución a este dilema. Una categorización de los grupos armados y criminales se hace urgente.

Otro asunto donde el gobierno necesita definir algún criterio claro es con quién se va a negociar y con quién no. Así lo hemos dicho en la Fundación CORE, junto con otros en la sociedad civil, como Human Rights Watch. Sin tener claro el universo de organizaciones armadas con las cuales se puede negociar, los esfuerzos para diseñar estrategias, aprovechar información de inteligencia —algo clave para que avance cualquier negociación de paz— y conformar equipos quedarán estancados y podrían dificultar las negociaciones que sí se den.

5. La economía que incentiva la violencia. Finalmente, se necesitan políticas claras y definidas prontamente para luchar contra las economías ilegales —incluyendo al narcotráfico, pero yendo más allá de él—.

Esto es primordial: mientras existan estas economías, habrá una demanda para que alguien los regule y controle el territorio para que puedan funcionar plenamente. Aunque las motivaciones de los actores armados oscilan entre lo político, lo ideológico, lo económico y lo emocional, las rentas tan grandes que dejan las economías ilegales desincentivan a los grupos armados y criminales para que negocien de verdad.

En palabras de un excomandante de bloque de las AGC, “¿qué comandante que gana unos 200 millones de pesos al mes va a querer dejar las armas para vivir de unas migas como 2 millones?”. O, según un líder social del Cauca, “¿quién va a querer dejar un negocio [con el] que le entran millones de dólares al mes para firmar la paz?” En las palabras de otro líder del suroccidente, “va a haber disidencias de las disidencias”.

Existen otros varios problemas, que son más detallados y de menor tamaño; pero también se deberían superar el próximo año. Quedan por fuera de este balance general.

La paz total es ambiciosa. Para lograrla, de todas formas, hay que seguir construyendo sobre los logros alcanzados, corregir errores y superar los problemas más grandes.

Si 2022 fue el año de cambio en el gobierno, el 2023 tendría que ser el de los cambios estratégicos para asegurar que una de las apuestas principales del gobierno y de las comunidades sea un éxito.

Le recomendamos: El asesinato de líderes sociales: un laberinto de difícil solución

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Kyle Johnson

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Kyle Johnson

*Cofundador e investigador de la Fundación Conflict Responses @KyleEnColombia

Foto: Flickr - Estas elecciones fueron especialmente importantes para las mujeres.

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El informe del Comité Internacional de la Cruz Roja puso en evidencia el aumento de los conflictos armados y la reconfiguración de los grupos armados en Colombia. Este es el mapa completo que va encontrar el próximo gobierno.

Kyle Johnson*

Los seis conflictos armados

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) presentó su balance sobre los conflictos armados en Colombia. Sus hallazgos concuerdan con los de otras organizaciones humanitarias y con los indicadores del gobierno. Según el CICR, hubo seis conflictos armados en el 2021:

Conflictos armados en colombia
Fuente: Comité Internacional de la Cruz Roja
El balance del Comité tiene varias implicaciones interesantes. Por ejemplo, aunque la inclusión del Ejercito de Liberación Nacional (ELN) parezca una obviedad, hay quienes consideran que esta organización no tiene un mando responsable, lo que significaría que no podría hacer parte de un conflicto armado de carácter interno.  Pero el CICR incluye correctamente al ELN y reconoce que, aunque cada unidad militar de esta guerrilla tenga autonomía, sí hay un mando responsable bajo el cual actúan todas las unidades.

Además, es claro que debe incluirse el conflicto entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) como una de las causas del aumento de la violencia en el 2021, particularmente en el departamento del Chocó. Las AGC también tienen un único mando responsable.

Además, el CICR decidió agrupar a las disidencias de las FARC que coordinan con alias Gentil Duarte bajo el nombre “Antiguas FARC-EP actualmente no acogidas al Acuerdo de Paz”. Según esto, el Comité considera que Gentil tiene mando sobre estos grupos, aunque se limita a coordinarlos. Con todo, estos grupos intentaron consolidar un nuevo “secretariado” el año pasado, el cual ya tomó algunas decisiones importantes sobre sus estrategias y comunicaciones.

Asimismo, el CICR incluyó a la Segunda Marquetalia como uno de los actores del conflicto, al concluir que existen territorios bajo su control. Este es el caso de Putumayo, Nariño, y, en un territorio más reducido, el Catatumbo. Lo anterior además significa que la Segunda Marquetalia tendría un mando responsable; nuevamente, aunque cada frente tenga cierto nivel de autonomía, hay un canal de comunicación con el liderazgo y algunos incluso tienen representantes en la dirección nacional, lo cual facilita la “verticalidad” de la jerarquía que el grupo dice tener.

El Comité también considera que existe un conflicto entre la Segunda Marquetalia y los grupos vinculados con Gentil. Por un lado, existe un conflicto intenso entre unidades del Comando Coordinador del Occidente (CCO), y la columna Alfonso Cano, el frente Iván Ríos y un tal frente Daniel Aldana en Nariño. Por otro lado, el frente Carlos Patiño del CCO lucha contra el ELN y la Segunda Marquetalia en Argelia, Cauca. Además, Gentil Duarte atacó a la Segunda Marquetalia al financiar y organizar la operación donde murió alias Romaña y, según algunas fuentes en el campo, quiere acabar con los “históricos” de ese grupo.

Llama la atención que el Comité decidiera analizar el conflicto entre las Antiguas FARC-EP y los Comandos de la Frontera-Ejército Bolivariano (CdF-EB) como una disputa aparte. La razón no es muy clara. En realidad, los Comandos pertenecen a la Segunda Marquetalia, de modo que este conflicto cabría dentro de las disputas entre los grupos vinculados con Gentil y los de la Segunda Marquetalia.

Por ultimo, el Comité omitió el conflicto en Arauca entre las Antiguas FARC-EP y el ELN. La intensidad de esta disputa es similar a la del Putumayo y sucede entre dos grupos que cumplen los criterios necesarios para que el CICR lo reconozca. Pero conviene recordar que ese conflicto empezó en el 2022 y el informe cubre únicamente el 2021. El 2022 será clave para definir si esta disputa logra el umbral de violencia necesario para ser considerado un conflicto armado aparte: hay razones para pensar que será así, pero también las hay para pensar que no.

Las mismas preguntas pueden plantearse sobre las disputas entre el ELN y los grupos vinculados a Gentil en la zona rural de Buenaventura, en Argelia y en la cordillera de Nariño. Estas disputas no están incluidas en el listados de conflictos armados, – probablemente porque no alcanzan el umbral de intensidad de la violencia -, pero sí han tenido efectos humanitarios importantes que no deberían desconocerse, como los desplazamientos masivos en Argelia el año pasado.

La lectura del CICR sobre los conflictos armados en el 2021 es en general acertada. Su propuesta de múltiples conflictos concuerda con la fragmentación que ocurrió después de la firma del Acuerdo con las FARC-EP. Al mismo tiempo, recoge los avances de los grupos vinculados a Gentil y la Segunda Marquetalia por crear un mando responsable.

Conflictos armados en colombia
Foto: Flickr - El 2021 fue el año más violento después de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC.

Le recomendamos: Los desafíos para la política de seguridad de 2022

El aumento de la violencia

Según el informe, la violencia relacionada con los conflictos armados aumentó por cuarto año consecutivo.

El 2021 fue el año más violento después de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC. Esto concuerda con la información publicada por organizaciones como la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de Naciones Unidas.

Las razones de este aumento en 2021 pueden ser dos. La pandemia sería la primera, al comparar el 2020 con el 2021. Algunos indicadores de los conflictos armados disminuyeron durante la cuarentena más estricta en 2020: el desplazamiento forzado, el asesinato en zonas de conflicto y los ataques armados. Pero aunque hubo un aumento de la violencia una vez acabó la cuarentena más estricta, el aumento en 2021 fue aún más intenso.

Otra posible razón son las ofensivas fallidas de algunos grupos armados para intentar ganar territorio. El Frente 30 y las columnas móviles Franco Benavides y Urías Rondón intentaron tomarse el pacífico nariñense e incluso la zona de la carretera Pasto-Tumaco. Esto causó el desplazamiento de la mitad de la población de Roberto Payán. Al final, la Segunda Marquetalia pudo replegarlos y aseguró la violencia siga.

El frente Carlos Patiño y la columna móvil Jaime Martínez también adelantaron una ofensiva en Argelia para sacar completamente de la zona al ELN y la Segunda Marquetalia. Lograron llegar hasta los corregimientos de Sinaí y La Belleza, pero la fuerza pública y estos dos grupos armados los hicieron replegarse en una serie de combates sostenidos durante casi dos meses. El municipio tuvo casi 20 hechos de desplazamientos masivos y 76 homicidios, la gran mayoría relacionados con este conflicto.

Los CdF-EB intentaron sacar al frente Carolina Ramírez en Putumayo, avanzando por Puerto Leguízamo y por el río Caquetá principalmente. Pero no lograron acabar con el Carolina Ramírez, quien respondió con masacres en la zona.

Después de la muerte de alias Fabián, exjefe del frente de Guerra Occidental del ELN, las AGC intentaron tomarse la zona del sur del Chocó mediante combates, asesinatos y varias afectaciones humanitarias que aún no ha acabado.

El aumento de la intensidad de estos conflictos armados, y la aparición de disputas nuevas en el Sur del Bolívar y Arauca en el 2022 representan serios desafíos para la protección de la población civil, las respuestas humanitarias y la política de seguridad del próximo gobierno. Parece poco probable que el nuevo presidente pueda revertir estas tendencias, pero hacerlo es cada vez más urgente.

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Kyle Johnson

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Kyle Johnson

*Cofundador e investigador de la Fundación Conflict Responses @KyleEnColombia

Foto: Presidencia de la República - El año pasado, la mayoría de los indicadores de seguridad en Colombia empeoraron y se recrudecieron los distintos conflictos armados.

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La violencia se ha recrudecido y el gobierno parece más interesado en aumentar su popularidad que en proteger a la población.

Kyle Johnson*

Una tendencia que empeora

El año pasado, la mayoría de los indicadores de seguridad en Colombia empeoraron y se recrudecieron los distintos conflictos armados:

  • El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registró 96 masacres, cinco más que en 2020;
  • La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó que el número de personas desplazadas por la violencia en Colombia había aumentado en un 196 % hasta noviembre de 2021;
  • El número de miembros de la Fuerza Pública muertos en actos del servicio subió de 94 a 136 y, de ellos, la cantidad de soldados pasó de 49 a 67.
  • Aunque aún no se tienen cifras completas, todo indica que los homicidios llegarán a su nivel más alto desde 2013.

Muchas de estas cifras son el resultado de disputas entre actores armados ilegales o entre estos grupos y la Fuerza Pública en algunas zonas, por ejemplo:

  • El Chocó, donde existe un conflicto entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC);
  • El Pacífico Nariñense, donde hay conflictos entre diferentes grupos disidentes de las FARC;
  • El Cauca, principalmente Argelia, donde existe una disputa entre el frente Carlos Patiño, el ELN, la Segunda Marquetalia y la Fuerza Pública, y
  • El Putumayo, donde hay un conflicto entre el Frente Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera, ahora vinculados a la Segunda Marquetalia.
  • El sur del Bolívar, entre las AGC, el ELN y disidencias de las FARC.
  • Norte de Santander, entre el ELN y Los Rastrojos, principalmente.

Estas tendencias no son nuevas y siguen un patrón claro al menos desde 2017. Esto significa que el país lleva ya casi cinco años con políticas, estrategias y planes que no funcionan: no se ha logrado repetir el éxito de seguridad que representó el proceso de paz con las FARC ni se han revertido las tendencias negativas en esta materia. Por eso, lo más probable es que en 2022 la seguridad y la violencia sigan empeorando.

Los conflictos armados en 2021

Desde un punto de vista cualitativo, los conflictos armados en Colombia se han fragmentado desde la firma del Acuerdo de Paz significativamente. Sin embargo, durante el 2021, esa fragmentación parece haber empezado a disminuir. Por ejemplo, varios grupos existentes se unieron a la Segunda Marquetalia, incluyendo la Columna Alfonso Cano y los Contadores (que no son un grupo disidente), en Nariño, y los Comandos de la Frontera, en Putumayo. Por otra parte, se creó el Frente Doimer Cortés, en Cauca.

Otros grupos también parecen más unidos. Aunque Gentil Duarte aún no tiene un mando único sobre las unidades vinculadas con él, hay indicios de que su cuerpo de liderazgo –que algunos miembros de esas disidencias llaman la “Dirección Nacional”– se está consolidando y está tomando decisiones colectivas, sobre comunicaciones y algunas estrategias militares generales.

Los conflictos armados en Colombia se han fragmentado desde la firma del Acuerdo de Paz significativamente.

Además, los grupos independientes son cada vez menos y, posiblemente, hoy en día solo quedan el Frente 36, en Antioquia, y el Frente Oliver Sinisterra, en Nariño.

Otra tendencia observada desde la firma del Acuerdo de Paz ha sido la “desideologización” de los conflictos armados, pero la evidencia del 2021 señala que sería prematuro decir que los grupos enfrentados ya no tienen ideologías para nada, sino que están en construcción o es más difícil evidenciar su papel en el actuar de los grupos armados:

  • El ELN sigue teniendo su visión política, a pesar de su implicación directa con el narcotráfico en diferentes zonas del país, como el Cauca, el Chocó, el Catatumbo y el Sur de Bolívar.
  • Las disidencias de las FARC siguen en un proceso de construcción de su ideología.
  • La Segunda Marquetalia parece tener una visión política propia, aunque no está del todo claro el efecto que tendrán las muertes de Jesús Santrich, Romaña y, al parecer, del Paisa en su pensamiento político.
  • Las unidades vinculadas con Gentil Duarte también siguen construyendo una ideología, pero no está claro si se trata solo de una fachada o si va más allá de sus interpretaciones de la actualidad.

Sobre estos puntos se requiere más investigación.

Además de lo anterior, los grupos armados ilegales siguieron gobernando los territorios donde operan, muchas veces a través de la violencia letal. En lugares como Guaviare, Arauca, Cauca, Nariño, Caquetá y Catatumbo los ejemplos abundan y son bien conocidos. Recordemos, por ejemplo, el asesinato de dos menores de edad, acusados de ser ladrones, a manos de la disidencia del Frente 33.

En partes de Guaviare, las disidencias adoptaron “manuales de convivencia” que se cumplen letra por letra. En Arauca, tanto en 2019 como 2020, la disidencia del Frente 10 cometió una masacre para “controlar la criminalidad” en zonas bajo su control. Y en el Sur de Bolívar, el ELN ha usado la violencia cada vez más para ejercer control sobre la población.

Por último, los conflictos armados han amenazado el desarrollo del acuerdo de paz. Aunque en 2020 y 2021 se redujeron los asesinatos de excombatientes, estos hechos siguen siendo comunes. En La Macarena (Meta), Argelia (Cauca) e Ituango (Antioquia), varios excombatientes fueron desplazados por amenazas también.

Algunas entidades gubernamentales ni siquiera han podido hacer su trabajo en ciertos territorios por la falta de condiciones de seguridad. Así lo advirtió la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre su trabajo en el pacífico nariñense.

la política de seguridad en 2022
Foto: Personería de Medellín - La política de seguridad no ha podido mitigar los efectos de las disputas armadas sobre la población civil.

Lea en Razón Pública: El pasado y el futuro de los bombarderos aéreos

Las fallas en la política de seguridad

La política de seguridad no ha podido mitigar los efectos de las disputas armadas sobre la población civil.

En lugares como Arauca, Cauca, Nariño, Chocó, Putumayo y Antioquia es urgente que el Estado proteja a los civiles. Hay que adoptar medidas preventivas y no solo reaccionar cuando las tragedias ocurren. El Estado no puede esperar a que los actores armados le pongan fin a su enfrentamiento. ¿Por qué la política de seguridad ha fallado en proteger a la población?

En primer lugar, parece que hay una lectura equivocada del contexto que sirve de base para la política de seguridad. Parece que los encargados de la seguridad creen que estamos en un contexto igual al de 2006, frente a las mismas FARC de esa época, y que lo que sirvió entonces va a servir ahora. Esto es falso e impide adoptar políticas de seguridad adecuadas al contexto actual.

En segundo lugar, parece que el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública creyeran que atacar a los grupos armados equivale a proteger a la población. Esto tampoco es cierto. Por ejemplo, se puede debilitar un grupo y en consecuencia fortalecer otro:

  • En el sur del Chocó, las AGC han podido entrar en el territorio del ELN gracias a los golpes que el Estado le ha dado a esta guerrilla.
  • En Nariño, acabar con las Guerrillas Unidas del Pacífico o atacar al Frente Oliver Sinisterra ha servido para que otros grupos armados entren en su territorio e incluso adopten a sus miembros.
  • En el Bajo Cauca Antioqueño, los golpes a los Caparros han permitido que las AGC se fortalezcan en la zona.

La seguridad y las elecciones

Pero la Fuerza Pública no solo ataca grupos armados porque piense que así está protegiendo a la población. En época preelectoral, estos golpes dan réditos políticos y aumentan la popularidad de los gobernantes.

Por eso durante los últimos meses de 2021 aumentaron las operaciones contra los cabecillas de grupos armados; algunos ejemplos son la posible “captura” de Otoniel; la muerte de Fabián del ELN, en Chocó; el disparo contra Gentil Duarte; y el intento de matar a Iván Mordisco donde murieron once disidentes en Guainía. El gobierno tiene un incentivo político para seguir adelante con una política que no funciona, pero que “da puntos” para las elecciones.

En medio de varios conflictos armados, con una política de seguridad que no funciona y las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, el panorama parece desolador.

Es probable que la seguridad se aborde de tres formas en el ciclo electoral que viene:

  • El gobierno y los candidatos más cercanos a Iván Duque serán fuertemente criticados por la falta de resultados en materia de seguridad.
  • Algunos dirán que la seguridad ha empeorado porque el acuerdo de paz no se ha cumplido de manera adecuada.
  • Pocos candidatos tendrán propuestas nuevas y concretas sobre la política de seguridad que debería adoptarse en Colombia.

El cambio de gobierno no impedirá que los golpes militares sigan siendo un incentivo político para ganar popularidad. Y aunque los candidatos presidenciales no tengan iniciativas concretas sobre esta materia en general, la excepción puede ser la promesa de retomar las negociaciones con el ELN.

Puede leer: La política de seguridad del gobierno no está funcionando

¿Qué sigue?

En medio de varios conflictos armados, con una política de seguridad que no funciona y las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, el panorama parece desolador.

Sin embargo, hay un camino que podría abrirse en 2022, aunque no tenga resultados garantizados: la consecución de acuerdos humanitarios en los territorios liderados por las mismas comunidades. En Catatumbo, Nariño, Chocó y recientemente en Cauca ya se ha intentado esta estrategia.

Los acuerdos locales pueden aliviar el sufrimiento de las comunidades hasta cierto punto y pueden garantizar el acceso humanitario a estas zonas. En todo caso, esta parece ser una respuesta temporal y no una solución duradera para los problemas de seguridad que tiene el país.

Por ahora, es necesario acompañar y fortalecer estos esfuerzos y examinar los que ya se han hecho para concluir si es necesario hacer ajustes o nuevas aproximaciones. Puede que no funcionen, pero estos acuerdos siguen siendo la salida más prometedora que tiene el país.

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Kyle Johnson

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Kyle Johnson

*Cofundador e investigador de la Fundación Conflict Responses @KyleEnColombia

Foto: Fuerza aérea - Los bombardeos aéreos hoy no son efectivos.

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Kyle Johnson

Los bombardeos fueron esenciales para combatir a las FARC-EP. Pero hoy ha disminuido su efectividad tanto en el campo militar como en el político.

Kyle Johnson*

Duque insiste en bombardear

A finales de septiembre, el gobierno bombardeó un campamento del Frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el área rural del litoral del San Juan, Chocó. Unos días después se lanzó otro bombardeo contra un campamento de la disidencia del Primer Frente de las FARC, donde habría muerto alias Mono Ferney.

Estas operaciones han sido golpes para los grupos armados, pero no han tenido la importancia que tuvieron en el pasado. Entre 2006 y 2011, este tipo de operaciones fueron clave para cambiar el rumbo de la guerra contra las FARC-EP. ¿Por qué hoy son menos efectivos?

Por qué han perdido eficacia

Los bombardeos son menos efectivos, en primer lugar, porque las disidencias —e incluso el ELN— utilizan menos los campamentos que las antiguas FARC-EP.

De hecho, las FARC-EP ya habían empezado a disminuir el uso de campamentos y reducir el tamaño de los grupos para contrarrestar el efecto de los bombardeos. Parece que las disidencias han mantenido esta estrategia. Además, varias disidencias tienen sus raíces en grupos de milicianos, que en general no viven en campamentos.

Y ese es, justamente, otro problema de los bombardeos: que no implican una mayor presencia o control del Estado en la zona.

Los bombardeos eran también efectivos contra las FARC-EP debido a la jerarquía vertical que las caracterizaba, la cual permitía presionar a un liderazgo bastante cohesionado. Hoy, una de las características de los conflictos armados en Colombia es su fragmentación: existen 30 estructuras disidentes, la mayoría de las cuales hacen parte de dos proyectos macro-disidentes que no tienen una jerarquía vertical clara.

Esto implica que los liderazgos sean cada vez más locales, igual que el alcance y la injerencia de las disidencias. Por ende, los impactos de los bombardeos también son locales. Por ejemplo, antes, bombardear al Mono Jojoy tenía un impacto sobre todo el Bloque Oriental y la moral de una guerrilla nacional. Hoy en día, un bombardeo puede afectar a una organización con injerencia en apenas dos o tres municipios.

Además, por esa misma fragmentación, cuando se golpea a un grupo armado otro entra a llenar su espacio y la población sigue siendo víctima de la violencia. Y ese es, justamente, otro problema de los bombardeos: que no implican una mayor presencia o control del Estado en la zona. Es más, los bombardeos suelen ocurrir en lugares donde las instituciones civiles del Estado no hacen presencia, y eso no cambia con las operaciones.

Vale la pena aclarar que construir el Estado no es tarea exclusiva de la fuerza pública. No obstante, desde la perspectiva de políticas como la de Zonas Futuro, la acción militar es el primer paso para luego llevar las instituciones civiles. Es de esperar que los bombardeos sean una parte de esa estrategia de tomar control militar para después empezar a construir Estado. Sin embargo, todo indica que los bombardeos no sirven ni siquiera para lograr el control militar permanente.

Puede leer: Las disidencias de las FARC: un riesgo regional sin guerra nacional

¿Por qué siguen los bombardeos?

Si los bombardeos ya no tienen la misma efectividad, ¿por qué se llevan a cabo?

Propongo tres razones principales: una política, otra de percepción y otra de incentivos institucionales.

La primera razón consiste en que la fuerza pública todavía ve los bombardeos como herramientas útiles dentro de su estrategia militar y de relaciones públicas. Para el gobierno, los bombardeos son un instrumento político para mostrar resultados. El ministro de Defensa, Diego Molano, ha utilizado estas operaciones para tratar de mostrar “grandes golpes” contra los grupos armados y así contrarrestar el discurso de que la seguridad va empeorando en el país.

La segunda razón consiste en que algunos miembros de la fuerza pública ven a las disidencias de las FARC como una continuación idéntica de la extinta guerrilla. En esa visión, las FARC eran principalmente un grupo narcotraficante y las disidencias lo siguen siendo. Como, desde su perspectiva, los bombardeos fueron esenciales en la estrategia contra las FARC-EP, también deben serlo contra las disidencias.

Por último, el Ministerio de Defensa argumenta que cualquier grupo disidente en Colombia es un grupo armado organizado (GAO) que participa en un conflicto de carácter no internacional. Aunque esta calificación ha sido discutida, es útil para el gobierno porque permite la participación del Ejército y la Fuerza Aérea y, también desde su perspectiva, minaría el argumento de que se necesita una reforma del sector de seguridad.

Poder bombardear campamentos ha sido uno de los argumentos públicos principales para justificar el continuo papel del Ejército y la Fuerza Aérea en los conflictos armados hoy en día.

Foto: Fuerza aérea - Hoy en día, los bombardeos no son una estrategia militar efectiva para combatir a los grupos armados ilegales.

Para el gobierno, los bombardeos son un instrumento político para mostrar resultados.

Los menores combatientes

En los bombardeos recientes en Caquetá y Guaviare murieron menores de edad reclutados a la fuerza por las disidencias. Esto abrió un nuevo debate sobre la conveniencia de los bombardeos y la protección que merecen los menores.

Según el Derecho Internacional Humanitario (DIH), no es necesariamente ilegal realizar operaciones militares en las que se supone que puedan ser afectados menores de edad, siempre y cuando estén participando activamente en las hostilidades. Incluso el Ministro de Defensa ha argumentado que bombardeos en que han muerto menores de edad han cumplido con los estándares del DIH en cuanto a la proporcionalidad, precaución y necesidad militar. Pero este tema no es únicamente uno legal.

En primer lugar, los menores de edad en campamentos de grupos armados no siempre juegan una función continua de combate. Pueden ser las “parejas” —léase esclavo sexual, en efecto— de los comandantes o miembros del grupo, por ejemplo.

Además, la presión política por el escándalo de la muerte de varios menores en una operación en San Vicente del Caguán en agosto del 2019 y el espíritu humanitario del DIH deberían llevar a la fuerza pública a realizar otro tipo de operaciones contra los campamentos de grupos armados ilegales. Es razonable suponer que en todos los campamentos de todos los grupos armados hay menores de edad y, por lo tanto, que en estos espacios se debería evitar el uso de bombardeos en lo más posible.

La fuerza pública tiene otras formas de operar que pueden minimizar el riesgo de afectar a menores de edad, así estén participando en las hostilidades. En ese sentido, es preferible el uso de francotiradores o la captura de cabecillas. Alias Gentil Duarte, por ejemplo, fue herido por un francotirador hace pocos meses y varios otros comandantes de disidencias han sido capturados. Este tipo de operaciones menos letales tienen otra ventaja para la fuerza pública: sirven para conseguir información que los capturados tengan en su poder.

Algunos podrían argumentar que los bombardeos se justifican por “necesidad militar”, es decir, que las ventajas militares compensan los riesgos de afectar a menores de edad. Sin embargo, esto no exime al gobierno de su obligación de minimizar las afectaciones a personas protegidas.

Además, la intensidad de los conflictos armados colombianos es baja, en comparación con la de otros conflictos en el mundo. Por lo tanto, es difícil pensar que las ventajas militares de bombardear un campamente en vez llevar a cabo otro tipo de operación siempre serán mayores que los riesgos de afectar a menores de edad.

Una práctica que va perdiendo su efectividad

Hoy en día, los bombardeos ya no tienen la misma efectividad que antes para combatir a los grupos armados ilegales. Las disidencias y el ELN usan los campamentos mucho menos que las FARC-EP y, por lo tanto, estas operaciones ya no tienen la misma importancia.

Algunos podrían argumentar que los bombardeos se justifican por “necesidad militar”, es decir, que las ventajas militares compensan los riesgos de afectar a menores de edad. Sin embargo, esto no exime al gobierno de su obligación de minimizar las afectaciones a personas protegidas.

Adicionalmente, la mayoría de los grupos armados están fragmentados y tienen injerencia en áreas muy limitadas. Esto hace que los impactos de los bombardeos también sean locales y limitados. Además, incluso si un grupo particular queda debilitado, otro llenará su espacio y los bombardeos en sí no le han permitido al Estado tener mayor presencia institucional.

Le recomendamos: Aciertos y desaciertos sobre las disidencias de las FARC

Pero, además, el gobierno tiene incentivos para dejar esta práctica a un lado. Elegir otras acciones, como el uso de francotiradores o la captura de cabecillas, evitará escándalos como el que cobró la cabeza del ministro de Defensa, Guillermo Botero, y protegerá a los menores. La baja intensidad de los conflictos armados en el país hace que este tipo de acciones sean viables.

De todas formas, la efectividad de lo militar tiene un techo en Colombia. Es difícil imaginar una “victoria militar” de la fuerza pública contra los grupos armados organizados. Por eso, los bombardeos siguen siendo un medio para un fin, pero no está claro cuál sería.

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Kyle Johnson

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Kyle Johnson

*Cofundador e investigador de la Fundación Conflict Responses @KyleEnColombia

Foto: Acacías Web - Al final de julio, en los medios nacionales empezaron a circular noticias de grandes operaciones contra Gentil Duarte en la zona del Yarí, entre Caquetá, Meta y Guaviare.

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El gobierno se empecina en dar de baja a los cabecillas de los grupos armados, pero esta estrategia ya no tiene la eficacia que tuvo contras las FARC. Esas son las razones.

Kyle Johnson* Ángela Olaya**

La política actual

A finales del mes pasado aparecieron noticias sobre operaciones importantes contra el disidente de las FARC Gentil Duarte en la zona del Yarí entre Caquetá, Meta y Guaviare.  Se esperaba que la Fuerza Pública le diera de baja, pero se escapó y, al parecer, se internó en las selvas de la región.

“Neutralizar” a Gentil Duarte es un buen ejemplo de la política de seguridad del gobierno que, a groso modo, se concentra en dar de baja o capturar a “blancos de alto valor” por  los cuales ofrecen grandes recompensas monetarias.

Sin embargo, numerosos indicadores del conflicto armado muestran que la intensidad de la violencia sigue aumentando, lo cual sugiere que las estrategias del gobierno no están funcionando. ¿Realmente debemos insistir en “neutralizar” a los líderes de los grupos armados para mejorar la seguridad del país? El caso de Gentil Duarte arroja luces para contestar esta pregunta.

El papel de Gentil Duarte

Como explicamos en un informe reciente de la Fundación CORE sobre las disidencias de las FARC, Gentil Duarte lidera uno de dos proyectos disidentes macro en el país. En poco tiempo, ha logrado vincularse con estructuras ubicadas en los Llanos Orientales, Cauca, Nariño, Catatumbo, Arauca y Valle del Cauca, principalmente. En este sentido, Duarte ha creado su estructura armada desde abajo hacia arriba.

Sin embargo, no está claro qué papel juega Duarte en estas organizaciones. Sabemos que no es el jefe único —como cuando Manuel Marulanda, Alfonso Cano y Timochenko lideraban las FARC-EP— pero hay indicios de que tiene la potestad de impartir órdenes sobre temas específicos, incluso, al parecer, la no participación de estas estructuras en el reciente paro nacional, por ejemplo.

Sin embargo, cada estructura tiene bastante autonomía: se encarga de sus operaciones militares, rentas ilícitas y relaciones que mantienen con las comunidades, entre otros asuntos.

Por ejemplo, alias Jhonier, jefe del Comando Coordinador del Occidente (CCO) ubicado en el suroccidente del país, le responde a Duarte como jefe. Pero Jhonier, a su vez, solo coordina el CCO: delimitaría las zonas de injerencia, por ejemplo, pero no determina los castigos que recaen sobre los miembros que se saltan las reglas internas ni define las acciones militares de la organización.

Lo anterior no quiere decir que Duarte no es importante como líder. Es único dentro de su proyecto macro, pues es el comandante que lleva más tiempo en el conflicto armado (30 años) y uno de los más reconocidos, pues fue coordinador de la región de Bajo Ariari y miembro del Estado Mayor Central. No obstante, su liderazgo no está exento de problemas. Al parecer, algunos miembros del Bloque Jorge Briceño —específicamente del Frente Séptimo y del Frente 40— están actuando por cuenta propia, lo cual indica que tienen cierta autonomía e independencia, que Duarte no tiene control total de su grupo o ambos.

De lo anterior se sigue que la muerte de Duarte sería un golpe importante, pero no definitivo para las disidencias, pues su organización y sus acciones no dependen exclusivamente de él. Como su proyecto disidente ha sido construido desde abajo, atacarlo desde arriba parece poco efectivo.

En ese orden de ideas, dar de baja a cabecillas como Duarte no sería tan contundente como dice el gobierno en términos de su política de seguridad.

Puede leer: De camaradas a enemigos: Cinco años de transformación de las disidencias

Las disidencias y las FARC-EP

El gobierno insiste en “neutralizar” blancos de alto valor porque esa estrategia funcionó con las extintas FARC-EP, pero las disidencias no son una réplica exacta de esa guerrilla. Hay que entender estos grupos según sus continuidades y rupturas con las FARC, en vez de simplemente asumir que son iguales, o incluso totalmente diferentes.

Lo cierto es que perseguir a los cabecillas no ha servido para debilitar a los grupos armados ni para mejorar la situación humanitaria del país. En Nariño, el Frente Oliver Sinisterra (FOS) sigue causando estragos, pese a que Guacho fue abatido en operaciones militares.  Actualmente, las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), están prácticamente extinguidas, pero no por la muerte dos de sus cabecillas en 2016 y 2018, sino por divisiones internas.

A pesar de ello, la situación humanitaria sigue siendo crítica en la zona, especialmente en el municipio Roberto Payán, donde más de la mitad de la población ha sido desplazada desde mayo de este año.

Algo similar ocurrió en Antioquia, donde la operación contra alias Ramiro, el jefe del Frente 18, propició el debilitamiento de la organización, pero no contribuyó a mejorar la situación humanitaria como demuestran los desplazamientos recientes en Ituango.

Esta estrategia supone que dar de baja a los cabecillas es sinónimo de mejorar las condiciones de vida de las comunidades, pero lo ocurrido en diferentes zonas del país como el Catatumbo (donde el EPL ha sido golpeado), el sur del Cauca (donde una unidad de la Segunda Marquetalia fue desmantelada) o Antioquia (donde el Frente 18 fue prácticamente abatido) muestra que, muchas veces no es así porque cuando la Fuerza Pública ataca un grupo armado, otro obtiene mayor poderío en la zona.

Foto: Policía Nacional - Quizá ya sea hora de cambiar la aproximación de las estrategias de seguridad y ajustarla a la nueva realidad.

Le recomendamos: Las disidencias de las FARC: un riesgo regional sin guerra nacional

La Segunda Marquetalia

Esta disidencia de las FARC-EP liderada por Iván Márquez está expandiéndose lentamente mediante dos estrategias: la vinculación de otras organizaciones como Comandos de la Frontera,  la Columna de Alfonso Cano y Los Contadores, y el envío de líderes importantes como alias el Paisa, el Zarco, Aldinever y Walter Mendoza a diferentes zonas del país para fundar nuevos frentes. En ocasiones, han subcontratado grupos criminales para lograr su propósito: refundar las FARC-EP de arriba hacia abajo.

La Segunda Marquetalia cuenta con líderes experimentados que acumulan hasta 30 años en el conflicto armado e  hicieron parte del Secretariado o del Estado Mayor Central. Neutralizarlos podría frenar su crecimiento y expansión, pero no eliminaría las unidades existentes.

Es importante señalar que en las zonas donde la Segunda Marquetalia tiene injerencia hay presencia de otros grupos armados, lo cual implica que su debilitamiento no necesariamente mejoría la seguridad de la zona ni las condiciones de vida de los habitantes, pues los otros grupos podrían ganar más injerencia. En 2020, una de sus unidades fue desmantelada completamente en el Cauca sin que los índices de violencia en su zona de operaciones se vieran afectados.

Esto no quiere decir que la Fuerza Pública deba dejar de combatir a los grupos armados, sino que debería concentrarse en proteger a los ciudadanos, más que en neutralizar cabecillas. Para lograr este objetivo, es necesario identificar las similitudes y diferencias entre las disidencias y las FARC-EP, y adaptar las políticas de seguridad. También, es un momento propicio para empezar a crear estrategias que se enfocan en proteger territorios más que desmantelar grupos armados. Es un cambio pequeño que puede tener efectos grandes.

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Kyle Johnson

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Kyle Johnson

*Cofundador e investigador de la Fundación Conflict Responses @KyleEnColombia

Foto: Museo Casa de Memoria Masacres

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En septiembre aumentaron las masacres: en algunos casos hay respuestas, en otros no. ¿Qué está pasando en cada lugar y por qué la mayoría de las víctimas son jóvenes?

Kyle Johnson*

Masacres en septiembre

En agosto, una serie de masacres —incluyendo el asesinato de cinco menores de edad en Cali y ocho jóvenes en Samaniego, Nariño— provocó rechazo político y social masivo en el país. Pero, a pesar de la indignación, hasta el 21 de septiembre se habían registrado 12 masacres, una más que el mes anterior. La mayoría han tenido lugar en las mismas regiones o municipios y las víctimas han sido sobre todo jóvenes.

Gráfica: masacres por mes en 2020

Fuente: Informe de masacres en Colombia durante el 2020, Indepaz

En las últimas horas, la prensa ha anunciado otros tres hechos dolorosos:

  • Una masacre en Quibdó, Chocó, donde fallecieron tres personas.
  • Otra en Soacha, Cundinamarca, también con tres víctimas.
  • Y una masacre y secuestro masivo de indígenas Awá en Tumaco, Nariño, en la que se han confirmado por lo menos tres personas asesinadas.

Las masacres recientes parecen responder a intereses locales, como expliqué antes en esta video columna para Razón Pública. Las de septiembre, como las de todo el año, se pueden dividir en dos grupos: aquellas que ocurrieron en lugares donde existe una disputa entre grupos armados ilegales y las que sucedieron en contextos donde no hay enfrentamientos de ese tipo.

Disputas entre grupos armados

En varias partes del país, las masacres han sido parte de disputas locales entre grupos al margen de la ley.

En el bajo cauca antioqueño, por ejemplo, se enfrentan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) con los Caparrapos, un grupo que se desprendió de las AGC. Según la Defensoría del Pueblo, desde finales del 2019 las acciones de estos grupos se caracterizan por atacar las áreas de fuerte control de sus rivales y no tanto por perseguir intereses económicos.

Este cambio de estrategia ha propiciado varias masacres en la región. En su afán por aniquilar al otro actor armado, los miembros de un grupo atacan a habitantes que consideran colaboradores de su enemigo. Esto pone en grave riesgo a la población civil.

En los municipios de Argelia y Tambo, en Cauca, también continuaron las masacres. Allí se enfrentan el ELN en una aparente alianza con la Segunda Marquetalia —su presencia en la zona está confirmada, aunque Márquez y su gente todavía no la han reconocido aún— y dos grupos disidentes de las FARC conocidos como la Columna Móvil Jaime Martínez y el Frente Carlos Patiño —que según comunidades locales son en realidad grupos paramilitares, en parte por su actuar tan violento.

En estos lugares, la disputa entre grupos explica los altos niveles de violencia, pero aún queda por entender por qué optan por las masacres en vez de otros actos de violencia, o por qué están en su repertorio. En Nariño, por ejemplo, varias masacres afectaron a víctimas de una misma familia, acusada de apoyar o pertenecer a un grupo armado. Pero no siempre es ese el caso.

Aun así, es importante recordar que estas disputas en los territorios producen otros hechos de violencia que, si bien no atraen tanto la atención mediática, son más frecuentes, como los asesinatos selectivos y las amenazas.

Masacres en zonas sin disputas

Por otro lado, este año hay varios casos de masacres en zonas donde no se han registrado estas disputas por el control territorial, incluyendo los de Simití (Bolívar), Arauca (Arauca), Buenos Aires (Cauca) y Samaniego, Ricaurte y Buesaco (Nariño).

En casos como estos las explicaciones son más difíciles de encontrar. Algunos pueden ser parte de un esfuerzo de los grupos ilícitos por gobernar los territorios y ejercer control social sobre su población:

  • En el caso de Arauca en agosto, la disidencia del frente 10 de las FARC asesinó a cinco personas después de llevar a cabo un “juicio revolucionario” en el cual las acusó de robar ganado.
  • En Buenos Aires, Cauca, en abril de este año, la Columna Móvil Jaime Martínez asesinó a tres personas, al parecer por violar las normas que el grupo armado había impuesto frente a la Covid-19.
  • Sobre el asesinato de tres personas en Corinto, Cauca, en mayo, algunas versiones señalan como responsable a la Columna Móvil Dagoberto Ramos, que también imponía reglas frente a la pandemia.

Otros casos son más difíciles de explicar, pues no es claro cuál es el actor ni el motivo detrás de la masacre.

En el caso de Samaniego, la Fuerza Pública y la Fiscalía han dicho que los sicarios que cometieron la masacre pertenecían a una red local de narcotráfico, al igual que algunas personas que se encontraban en la fiesta, quienes eran el blanco del ataque. Sin embargo, los sobrevivientes y miembros de la comunidad han negado esas afirmaciones.

A pesar de múltiples disputas cerca del municipio, aún no se sabe qué ocurrió con la masacre reciente en El Charco, Nariño contra cuatro miembros de una familia que fueron sacados de sus casas en la cabecera y asesinados en manglares en el municipio de Mosquera. Tampoco existe claridad sobre el caso de las cuatro personas asesinadas en Buesaco, Nariño.

En resumen, a menudo las masacres actuales están relacionadas con las disputas locales por el control territorial y economías ilegales entre diferentes grupos armados. Pero otras se dan dentro de contextos de gobernanza criminal, y hay otras que aún no es posible entender con rigor, pues no se tiene la información suficiente.

Foto: RTVC Las masacres responden a una violencia localizada y a la disputas de distintos grupos armados

Le recomendamos: La mediocridad del gobierno: a propósito de la masacre de agosto

¿Violencia contra los jóvenes?

Un aspecto destacado de las masacres es que la mayoría de las víctimas han sido jóvenes, incluso menores de edad, entre 15 y 30 años. Por eso, varias personas y organizaciones han afirmado que las masacres son consecuencia de una nueva ola de violencia contra los jóvenes en el país.

Esta hipótesis tiene dos debilidades. En primer lugar, una parte considerable de las víctimas de las masacres recientes no pertenecen a ese grupo etario en sentido estricto. En segundo lugar, las masacres contra los jóvenes no son nuevas. De hecho, la violencia letal en el país —relacionada o no relacionada con el conflicto armado— suele afectar de forma desproporcionada a los jóvenes.

En otras palabras, no se trata de una violencia especialmente dirigida a los jóvenes, sino que, en medio de estos contextos violentos, son ellos quienes resultan más vulnerables que el resto de la población.

Según el censo de 2018, la población entre 15 y 29 años representa el 26% de la población colombiana. Sin embargo, según Medicina Legal, de las 11.880 víctimas de homicidios en 2019, el 49% hacían parte de este grupo etario.

Esto no es nuevo. Para el año 1999, Medicina Legal encontró que, de 23.209 homicidios en el país, las víctimas entre 15 y 34 años representaban el 65% de la totalidad de ellos, a pesar de que eran solamente el 43,6% de toda la población.

¿Por qué los jóvenes son más vulnerables a la violencia?

En zonas del país históricamente vinculadas al conflicto armado, las condiciones sociales y económicas explican la mayor vulnerabilidad de los jóvenes frente a la violencia. Por ejemplo, en las zonas rurales del país el desempleo de la población entre 14 y 28 años ha estado alrededor del 10% consistentemente durante los últimos 10 años, mientras la tasa de informalidad general en el campo se ha ubicado en el 80%, lo cual implica que la mayoría de jóvenes en la ruralidad vive en precariedad laboral constante, que a menudo le dificulta salir de la pobreza.

En zonas de cultivos ilícitos o minería ilegal, hay una fuerte inclinación de los jóvenes a participar en estas economías, pues a menudo creen que es la única forma de ganar dinero frente a una falta de otras oportunidades laborales. Como la violencia es una forma común de resolver conflictos en estas economías, la probabilidad de sufrirla aumenta con solo participar en ellas. Además, los expone a otros riesgos como ser reclutados por un grupo armado ilegal.

Como los jóvenes, como grupo, son más proclives a participar en el conflicto armado — siendo en efecto reclutados— es más probable que sean acusados de participar en él, o de apoyar a grupos armados ilegales, lo que no implica que esas acusaciones sean siempre ciertas.

Y dado que buena parte de la violencia letal —incluyendo las masacres— en zonas en las que los grupos armados están en disputa está relacionada con este tipo de acusaciones, los jóvenes acaban siendo víctimas con mayor frecuencia que otros grupos etarios.

La mayor vulnerabilidad de los jóvenes frente a la violencia no se limita a las masacres, también es cierto en el caso de los homicidios. En lugares como Tumaco y Medellín, por ejemplo, históricamente ser un hombre joven de cierto barrio era suficiente para que un grupo armado lo asesinara.

Es fundamental que se siga investigando los motivos de estas formas de violencia en el país, y no solo para dar claridad sobre lo ocurrido. Entender los contextos de violencia local en estos lugares podría ayudar a prevenir futuros actos de violencia.

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Kyle Johnson

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*Cofundador e investigador de la Fundación Conflict Responses @KyleEnColombia

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Las masacres de ahora parecen responder a intereses locales. Si el Estado no desarrolla una política de seguridad para proteger a la población civil, esto seguirá pasando.

Por Kyle Johnson. Continue reading «Las masacres no volvieron, porque nunca se fueron. Una semana muy violenta en Colombia»

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