¿Qué hacer con Córdoba? - Razón Pública
Victor Negrete

¿Qué hacer con Córdoba?

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Victor NegreteConflicto armado, narcotráfico, pobreza e inseguridad ciudadana: coctel explosivo y concentrado en un territorio rico y torturado por la historia, que parece ir al garete.

Víctor Negrete Barrera *

Córdoba nos duele a todos

Muchos colombianos, desde el Presidente de la República y su Ministro de Defensa, hasta el más humilde de los desescamadores de pescado en la ciénaga de Ayapel se hacen esta pregunta a diario en medio de la impotencia y la rabia. Están preocupados.

La presión es grande y la solución no se ve cercana. Algunos intentan ayudar con oraciones, buenos deseos, peticiones y reclamos, pero la violencia no cesa. Las autoridades toman medidas, pero no logran disminuir los efectos de la inseguridad y el miedo. Todos hablan y proponen, pero la solución o mitigación no llega. No mencionemos cifras ni divulguemos declaraciones. En esta ocasión, veamos lo que dice la prensa local.

La violencia vista a través de la prensa local

Desde el 5 de agosto del año pasado hasta el 9 de febrero del presente, el periódico El Meridiano de Córdoba tituló en la primera página como noticia principal en 49 oportunidades hechos relacionados con el conflicto que afecta al departamento.

En agosto comenzó con el asesinato de taxistas; siguió con los disturbios de Tierralta por ocupación de terrenos aledaños a la cabecera durante varios días con enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, muchos de ellos acusados de ser miembros de las llamadas bandas criminales o bacrim; la Defensora del Pueblo, como ya es costumbre, alertó sobre las acciones de  estas bandas en varios municipios; sucedieron nuevos casos de homicidios, la violencia no para; a 35 kilómetros de Montería hubo guerra entre las bandas, Córdoba se recalentó con otros asesinatos.

En septiembre: cayeron miembros de las bacrim, un reptil de siete cabezas; otra masacre, se desangra el sur; más asesinatos, siguió racha criminal; a sangre fría exparas confesaron  numerosos crímenes; ocurrió la séptima masacre, bandas se dan duro; La Doctrina, en el corregimiento de Lorica, es el reino del miedo.

En octubre: descubren armas en ambulancias; en el corregimiento Los Córdobas de Montelíbano, las bandas utilizaron los tableros de las escuelas como panfletos para amenazar a los pobladores; asonada en Cereté por mototaxistas.

En noviembre: el departamento está a la deriva, sin comandante titular de la policía; mataron a líder comunal, seis muertos en el bajo Sinú; ¿hasta cuándo?, Córdoba se desangra; …y aquí no pasa nada, 6 masacrados en Montelíbano y plomera en Cereté (haciendo referencia a declaraciones del ministro de Defensa tratando de minimizar la situación); con Dios y sin ley la seguridad en Córdoba; 17 capturados, policías envainados (comprometidos); Córdoba no necesita magos, sí un ministro de defensa.

En diciembre: 6 mil personas piden escoltas; 4 muertos, no fue noche de paz; no paran las muertes, 4 nuevos crímenes.

En enero: 14 pandillas de un sector de Montería entregaron armas; las bacrim nos rodean; cuestionamientos a la autoridad, piden menos dichos y más hechos; 6 muertos más, ¿quién podrá defendernos?; mortal confusión (sobre la muerte de los universitarios bogotanos en San Bernardo del Viento); emboscada, bacrim ataca a policías; qué pasó con la tregua que habían prometido las bacrim… masacre en Planeta Rica; 299 desaparecidos en el 2010; Cereté militarizada y bandidos “hacen fiesta”; la seguridad, un “chicharrón peludo”; en Cereté matan a dos estudiantes; Córdoba bajo el hampa, Cereté está acorralado; Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador, el triángulo de la muerte.

La larga historia de grupos armados ilegales

En Córdoba  nacieron, crecieron, se desarrollaron o se desmovilizaron grupos armados ilegales con ideologías e intereses diferentes hace casi sesenta años.

  • En 1952, tres años antes de ser departamento, ya actuaban las guerrillas liberales más numerosas y organizadas de la Costa Caribe (1949-1959).
  • El Ejército Popular de Liberación (EPL, 1967-1991), la guerrilla de izquierda con más influencia que ha tenido el departamento.
  • Distintos frentes de las FARC.
  • Grandes narcotraficantes.
  • Grupos armados privados y Fidel Castaño hicieron su aparición en los primeros años de la década de los ochenta.
  • La Corriente de Renovación Socialista y el Ejército Revolucionario del Pueblo, ambos disidentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque su área de influencia quedaba en el vecino departamento de Sucre y allí se desmovilizaron, hicieron presencia en Córdoba al finalizar la década de los 80 y los primeros años de los noventa.
  • La creación de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.
  • La conformación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y
  • En los últimos cinco años, los grupos surgidos de la desmovilización.
  • Los lugares donde operaron y actúan hoy siguen siendo los mismos: alto Sinú y San Jorge, medio San Jorge, límites con el Urabá antioqueño, margen izquierda del río Sinú en la zona costanera y el municipio de Montería. En Córdoba se  desmovilizaron dos guerrillas liberales, el EPL y Fidel Castaño y se realizó el proceso de negociación entre el gobierno y las AUC en Santafé de  Ralito.

    Acuerdos incumplidos, desatención y abandono

    Cuando se revisan la amnistía concedida a la guerrilla liberal del alto Sinú en 1953, los compromisos adquiridos con la guerrilla liberal del alto San Jorge en 1959, el acuerdo de paz con el EPL en 1991 y la negociación con las AUC (2003-2006), a pesar de las enormes diferencias ideológicas, políticas y militares, hay coincidencias que llaman la atención

    Por ejemplo, en estos acuerdos o compromisos de paz  hubo incumplimientos por parte de los gobiernos de turno y la mayoría de las  peticiones que formularon las organizaciones armadas siguieron siendo las mismas a lo largo del tiempo. Además de los subsidios económicos, la seguridad y los beneficios jurídicos, continuaron sin solución problemas de tierra, trabajo, empleo, educación, salud, servicios, capacitación, derechos humanos, convivencia y participación política.

    En otras palabras, gran número de los que abandonaron las armas no pudieron reintegrarse a la sociedad de manera digna. La mayoría de los desmovilizados de estos grupos fueron y son pobres del campo y de la ciudad, que no tienen aseguradas las opciones y oportunidades necesarias para mejorar sus condiciones de vida ni las de sus familias y comunidades.

    En cuanto a las comunidades o pueblos de donde eran o son oriundos y los sitios donde llevaron a cabo su proselitismo y su trabajo ilegal, siguen siendo los mismos con las mismas necesidades de siempre. Es más, muchos han empeorado o disminuido su población, subsistiendo a duras  penas.

    Tal vez en estos reiterados intentos por alcanzar una vida mejor, tanto personal como colectiva, radican algunas razones de por qué el conflicto está focalizado y se mantiene en los mismos sitios. Hombres y mujeres de estos lugares llevan más de cincuenta años implorando y demandando respuestas a sus clamores. Han recurrido a las organizaciones comunitarias, religiosas, políticas y al levantamiento armado…pero nada ha funcionado. Quizás forzados por tanto abandono, se convirtió en tradición familiar y social en algunos de estos pueblos hacer parte de grupos armados, distintos a los del gobierno,

    A manera de ejemplo quiero citar los siguientes pueblos, no todos por supuesto, conocidos desde hace más de cuarenta años como territorios de conflicto. Ninguno de ellos, que se sepa, ha mejorado sustancialmente sus condiciones de vida o si lo ha hecho ha sido por el tesón de sus propios habitantes.

    En Montería: Leticia, Martinica, El Tronco, Las Palomas, Nueva Lucía, Lomaverde, Pueblo Bujo, San Isidro, San Anterito, Guateque.

    En Tierralta: Batata, El Diamante, Callejas, Crucito, San Felipe de Cadillo, Volador, Santafé Ralito, Los Volcanes, El Caramelo, Palmira, Bonito Viento.

    En Puerto Libertador: Juan José, La Rica, Villa Nueva, Playa Rica, Belén, Puerto Carepa, Río Verde, San Juan, Pica Pica, Nueva Esperanza, Pueblo Regao.

    En Montelíbano: Tierradentro, Versalles, Torno Rojo, Pica Pica Nuevo, Puerto Anchica, El Palmar, Puerto Nuevo, Los Cordobas.

    En Valencia: Guadual, Mieles, San Rafael, Mata de Maíz, Villa Nueva, Cocuelo, Santo Domingo.

    Tanta riqueza, tantos recursos, ¿para qué?

    Córdoba hace parte del sur de la costa Caribe colombiana, tiene un área de dos millones y media de hectáreas y millón y medio de habitantes. Su ubicación es excepcional, está situado en medio de los golfos de Urabá en Antioquia y de Morrosquillo en Sucre; cuenta con 124 kilómetros de playa, tres serranías, dos ríos importantes y ocupa la mayor parte del Parque Nacional Natural Paramillo.

    Posee tierra de buena calidad, dos distritos de riego y recursos mineros como el ferroníquel, carbón, oro y calizas. Es productor de ganado, algodón, plátano, maíz, frutas, marañón, hortalizas y cultivos forestales y agroindustriales.

    Por estas mismas condiciones en el departamento se produce el circuito completo del narcotráfico: desde los cultivos de coca y su procesamiento, el transporte a la zona costanera y su envío a playas panameñas. Montería, la capital, hace las veces de centro de comunicación, gestión e inversión.

    Las medidas de las autoridades

    Una realidad tan obstinada, vieja y compleja como es la violencia en Córdoba no ha sido bien entendida ni tratada por las autoridades civiles y policiales, quienes no han trascendido lo militar ni lo limitado de la justicia.

    Dentro de las medidas tomadas están los consejos de seguridad, celebrados con frecuencia en diferentes sitios del departamento; la creación de nuevas fiscalías y el aumento del número de jueces; el Centro de Coordinación de Acción Integral que funciona en varias comunidades de los municipios del sur; el Comando operativo especial de seguridad ciudadana del bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba.

    Recientemente se implementó el Plan Troya, un vasto operativo donde participan cerca de cuatro mil hombres  de la fuerza pública en lucha contra las bacrim durante 90 días en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Sucre y el bajo Cauca. Un millar de sus miembros pertenecen a la Policía y tres mil a las Fuerzas Armadas, Departamento Administrativo de Seguridad y un cuerpo judicial.

    Es posible que los delitos, en especial los homicidios, disminuyan en este lapso porque todos los miembros de las bacrim identificados, se dispersaron a lugares más tranquilos, a la espera del retiro de la fuerza pública.

    Coctel explosivo

    Existe una enorme preocupación por el conflicto armado, el narcotráfico, la pobreza y la inseguridad ciudadana. Es un hecho sabido que la fuerza pública es necesaria, pero insuficiente. En Córdoba coexisten estos cuatro factores desde hace mucho tiempo  pero no se dispone de una estrategia integral. Todos los análisis de expertos indican que la situación persistirá o se agravará si las autoridades no adoptan medidas rápidas y efectivas.

    Por suerte también hay grupos sociales y académicos que desde hace años vienen presentando propuestas, pero no han sido tenidas en cuenta a pesar de las múltiples solicitudes que le han hecho a las autoridades y dirigencia política. Algunas de estas propuestas son las siguientes:

    • Solicitar la presencia de los organismos de cooperación internacional que abandonaron el departamento por considerar terminado el conflicto.
    • Solicitar a organismos internacionales que hagan acompañamiento y brinden asesoría a las autoridades locales y nacionales y capaciten a investigadores y líderes sociales interesados en la elaboración de estudios e investigaciones integrales, que permitan conocer la situación y buscar soluciones adecuadas.
    • Conformar un equipo interdisciplinario que elabore y presente un plan de actividades que nos permita buscar salidas a esta compleja y grave situación.
    • Insistir en propuestas integrales para comunidades específicas, de acuerdo con sus condiciones económicas, sociales, políticas, ambientales y culturales.
    • Buscar mecanismos para superar la desconfianza entre la Policía y las comunidades.
    • Evaluar con sentido crítico y creativo cada una de las medidas tomadas y aplicadas y los resultados obtenidos por parte de las autoridades.

    Muchos colombianos, desde el Presidente de la República y su Ministro de Defensa, hasta el más humilde de los desescamadores de pescado en la ciénaga de Ayapel se hacen esta pregunta a diario en medio de la impotencia y la rabia. Están preocupados.

     

    *Trabajador social e investigador social; Director de la Fundación del Sinú, ONG que adelanta estudios sociales, culturales, ambientales e históricos; Director del Centro de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Sinú; autor de libros y revistas.

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