La revocatoria del mandato de Petro: hagan sus apuestas
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La iniciativa para revocar el mandato del alcalde de la capital resulta un excelente pretexto para inspeccionar algunas curiosidades de la idiosincrasia política de los colombianos. Y de paso burlarse de los políticos.
La iniciativa para revocar el mandato del alcalde de la capital resulta un excelente pretexto para inspeccionar algunas curiosidades de la idiosincrasia política de los colombianos. Y de paso burlarse de los políticos.Paul Bromberg
La Constitución de 1991 institucionalizó y aumentó los espacios donde “el pueblo” decidiría directamente. Foto: laconstituyentede1991.blogspot.com
Prólogo a un revolcón
En uso de figuras institucionalizadas, Miguel Gómez Martínez — miembro de un partido opuesto al actual alcalde y representante por Bogotá (así se le dice) en la Cámara — acaba de iniciar un proceso de revocatoria del mandato del Alcalde Mayor.
Revisaré aquí los aspectos institucionales de la figura jurídica y su evolución, sin entrar a “fallar de fondo” sobre si la figura es conveniente o si las condiciones de Bogotá corresponden a lo que la figura pretende en las declaraciones de principio que se han esgrimido como soporte jurídico-político.
Haré también un ensayo corto de cómo podría analizarse el revuelo político, sin caer en la ingenuidad de pensar que los políticos dicen sus cosas por amor a la verdad y a la justicia.
Curiosas reglas de juego
Nuestra Constitución bebió, entre otras, de las dos fuentes siguientes:
- La teoría política moderna, en parte la que está de moda: en este caso, la democracia liberal que amplía la noción de ciudadanía con los derechos económico-sociales;
- Las expectativas políticas de una porción sustancial de los integrantes de la Asamblea Constituyente, que fueron elegidos a pesar de ser tradicionales perdedores en las lides electorales para cuerpos colegiados y ejecutivos.
Expósitos del poder institucional, los perdedores tradicionales presionaron por la apertura de canales que consideraron más afines a sus fortalezas, uno de los cuales es la democracia asambleísta. La Constitución institucionalizó y aumentó los espacios donde “el pueblo” decidiría directamente.
Así, estableció el voto programático para gobernadores y alcaldes, que efectivamente el Congreso reglamentó mediante la ley 131 de 1994, específica para esta figura. Los candidatos a la alcaldía adquirieron la obligación de acompañar su nombre con un programa de gobierno escrito, que en caso de ganar se convierte en mandato.
“Se entiende por Voto Programático el mecanismo de participación mediante el cual los ciudadanos que votan para elegir gobernadores y alcaldes, imponen como mandato al elegido el cumplimiento del programa de gobierno que haya presentado como parte integral en la inscripción de su candidatura” (Artículo 1).
Al pasar un año, tiempo considerado suficiente por el legislador, se podría solicitar la revocatoria por incumplimiento del mandato. Pero la ley 131 nació con inconsistencias inevitables.
Por ejemplo, resulta evidente que deberían tener un rol importante en una solicitud de revocatoria aquellos ciudadanos que votaron por el alcalde, pero verificar quién votó por él es incomprobable, porque el voto es secreto.
Así que la ley tuvo que contentarse con procurar que la solicitud fuera suscrita por lo menos por quienes votaron en la correspondiente elección (artículo 7, reformado por ley posterior). Por otra parte, dice en su artículo 8, “el memorial de solicitud de convocatoria a pronunciamiento popular para la revocatoria deberá sustentar las razones que la animan”. Tan sólo cabe suponer por el contenido integral de la ley, no por imposición explícita, que los argumentos se refieran al incumplimiento del programa. Al fin y al cabo, es una ley sobre voto programático.
La primera víctima de la figura en Bogotá, y el único antecedente hasta la fecha, fue Enrique Peñalosa (1998-2000). Las firmas se consiguieron fácilmente, porque abundaban activistas interesados (muy especial, pero no únicamente, los vendedores ambulantes), y el alcalde sufría un descrédito notable al final de su primer año.
El alcalde llegó a asustarse; aumentó sustancialmente el gasto publicitario, que empleó para atenazar a los medios de comunicación; ordenó apresurar obras en todos los barrios, se entrevistó con funcionarios de la Registraduría Distrital, según trascendió en la prensa. Al fin, se anularon muchas firmas, y no se llegó a las urnas.
La iniciativa partió, por supuesto, de activistas políticos como el concejal Bruno Díaz —hoy miembro del Movimiento Progresistas— a pesar de que el alcalde sí estaba cumpliendo con su programa de gobierno.
Supongo que este punto no se juzgó en ninguna instancia por dos razones:
- Porque no estaba previsto. ¿Se supondría que era el ciudadano en el momento de votar —en caso de llegarse a este punto— quien juzgaría la sutil diferencia entre unas políticas que no le gustaban y el incumplimiento del programa?
- Pero, además, porque entraron a operar otras reglas de juego con la ley 134: “normas sobre mecanismos de participación ciudadana”.
Debido a esta ley, la revocatoria se convirtió en algo más general: un mecanismo de participación ciudadana no restringido al eventual incumplimiento del programa electoral del candidato. Esta ley establece que la solicitud de revocatoria debe ser motivada, “por la insatisfacción general de la ciudadanía o por el incumplimiento del programa de Gobierno” (artículo 65).
Posteriormente, la ley 741 dio una especie de puntillazo final a los mecanismos asociados con el castigo por incumplir el programa de gobierno, pues se suprimió la obligatoriedad de que quienes suscribían la solicitud de revocatoria hubieran votado en la elección anterior.
El mecanismo cuyos engranajes son: electorado independiente —partidos laxos— voto programático —debilidad institucional del Concejo…— funcionó bastante bien en Bogotá durante algunos períodos. He atribuido en diversos trabajos de investigación a estos engranajes parte de la responsabilidad en la superación de la crisis institucional en que se encontraba la ciudad en 1992 y antes.
La inmensa minoría
Pero este mecanismo funciona en modo paradójico cuando gana un candidato minoritario. En Bogotá no se había dado la circunstancia de un triunfo tan minoritario como el del actual alcalde: tan solo un 32 por ciento de los votos.
 En Bogotá no se había dado la circunstancia de un triunfo tan minoritario como el del actual alcalde: tan solo un 32% de los votos. |
El voto programático sigue vigente y todos los engranajes de los mecanismos asociados con él. El Alcalde Mayor puede recordar a todos los contradictores políticos y a sus contertulios institucionales de todos los niveles territoriales que él tiene un programa por cumplir. Pero hablar de un mandato respaldado “por la ciudadanía” riñe con la verdad. Ganó en competencia con otros, pero tiene un respaldo “ampliamente minoritario”.
Esta situación en realidad no estuvo prevista en las motivaciones que animaron a los constituyentes y a los legisladores. Con los actuales mecanismos podría ocurrir que candidatos minoritarios pudieran gobernar solamente durante un año, pues electores disciplinados aguardarían al segundo año para producir la revocatoria, alegando de cualquier manera que “la ciudadanía está descontenta”.
Nos protege de esta perniciosa evolución de los hechos que afortunadamente el electorado bogotano no es disciplinado, para bien o para mal. Parece que los electores —ya en su rol de ciudadanos responsables— prefieren gobiernos a trifulcas políticas, y no obedecerían fácilmente a la intención de los políticos de polarizar.
Justo es advertir, en el caso de la coyuntura que aquí analizamos, que ninguna disciplina partidaria respalda la actual solicitud de revocatoria. Aunque es un round entre políticos —porque así es la política— es una iniciativa individual de un activista político poco conocido por los bogotanos, quien seguramente calculó sus ganancias en el hecho de que una proporción muy alta de los bogotanos —68 por ciento— desaprueba la gestión del alcalde actual, cifra que aún no incorpora las consecuencias de la reciente crisis de basuras.
Cómo funcionaría la cosa
Dadas las normas vigentes, las cifras para el caso de Bogotá son así:
- Deben recogerse algo más de 290.000 firmas, número equivalente al 40 por ciento de los votos obtenidos por el alcalde ganador en las elecciones anteriores. Todo lo que se exige a quienes firman es que hagan parte del censo electoral de la circunscripción.
- Luego, en la votación para la revocatoria debe participar, para que sea válida, un número de votantes que sea al menos el 55 por ciento del número de votos válidos emitidos en la jornada electoral anterior, algo más de 1.200.000 votos.
- El mandato se revoca si el “sí, lárguese” obtiene mayoría.
- El alcalde y sus simpatizantes tienen la opción de dejar hacer, dejar pasar —la frase de combate de los economistas liberales que tanto les molesta— una estrategia que garantiza al alcalde salir airoso, pues llevar 1.200.000 opositores a las urnas es materialmente imposible.
- La oposición tiene más opción de llevar 600.000 votos, aún bastante difícil, con la expectativa de que los entusiastas partidarios del alcalde completen el umbral. Interesante dilema.
En declaraciones a un noticiero de televisión, el Registrador Nacional interpretó las transformaciones jurídicas de esta figura como una manera de rebajar requisitos para que la figura pudiera operar, pues no ha fructificado en ninguna de las 40 ocasiones en que se ha intentado. Esta interpretación supone que la figura es buena y que así lo aceptan todos.
Eso también parece indicar el resultado de la nueva Ley Estatutaria de Participación Ciudadana [1]. En el informe de conciliación se adoptan los puntos de vista que más flexibilicen. Sumando las dos flexibilidades, una vez sea promulgada la ley, el número de firmas necesarias para convocar a votaciones ya no será el 40 por ciento, sino el 30 por ciento de los votos obtenidos por el alcalde en ejercicio, y el umbral de votos para que la votación sea válida no será el 55 por ciento de la votación en la jornada correspondiente, sino el 40 por ciento.
¿Existirá de veras el consenso en torno a que la revocatoria es un buen instrumento? ¿No será más bien que todo lo que ha pasado con ella confirma que la democracia participativa es muy buena, salvo cuando se aplica?
Por algunos de los argumentos anteriores se podría afirmar que la figura original —proteger el voto programático mediante una amenaza de castigo creíble frente a candidatos poco serios— era mejor que lo que va quedando.
Un ejercicio de interpretación política
Es difícil que, aún bajo las cifras de la nueva ley, la iniciativa consiga remover al alcalde, aunque los debates se sumarán a las investigaciones disciplinarias posiblemente en la dirección de aumentar algo la imagen de mal gobierno. No conviene en todo caso asegurar nada, no sea que nos pase lo de nuestro servicio meteorológico oficial.
 La revocatoria es una iniciativa individual de un activista político poco conocido por los bogotanos, quien seguramente calculó sus ganancias en la desaprobación del alcalde. |
No sería útil interpretar el debate que ha suscitado la iniciativa en el cotarro político local, como si las afirmaciones de los actores políticos se profirieran con la intención de referirse a hechos o a lo justo en abstracto. Explico esto mediante un ejemplo que me parece muy claro:
En 2003, apareció una pinta [2] en una pared de la Universidad Nacional (UN): “Palacios (Marco Palacios, en ese entonces rector de la Universidad Nacional), Garzón (un alcalde dicharachero, en ejercicio en ese momento), Uribe (me temo que era un presidente), esbirros de Bush”. Una semana después, alguien alteró el mensaje, tachando el nombre de Garzón.
Quien afirme que de estos hechos se deduce que Garzón no es un esbirro de Bush tiene cero, no porque Garzón sea o no sea un esbirro de Bush y los otros definitivamente sí, sino porque eso no se puede deducir de los hechos.
Los hechos son dos:
- que alguien escribió la pinta;
- que alguien después tachó a Garzón y dejó a los otros dos.
Un analista objetivo dirá en primer lugar que no fue ni escrito ni financiado por Palacios, Garzón o Uribe. En seguida, más atrevido pero muy plausible, que a Palacios, Garzón o Uribe los tiene sin cuidado (sobre Bush no formularemos hipótesis); muy pero muy posiblemente, Garzón no ordenó desde el despacho que se tachara su nombre y se dejaran los otros dos. En cambio, es evidente que les importa más a sus partidarios de la base.
Para no ir a concluir que no existen partidarios de Palacios y de Uribe en la UN y en cambio sí existen partidarios de Garzón, es mejor restringir la imaginación analítico–creativa a la siguiente interesante hipótesis: los partidarios de Garzón son más afines a pintar letreros en las paredes, y por consiguiente les dan importancia; como de vez en cuando han puesto letreros, tienen brocha, pintura y especialmente ganas.
En resumen, las afirmaciones que vuelan en la coyuntura política se analizan por el contexto político, las personalidades de los activistas y los tipos de acción política que privilegian, éstos muy relacionados con su forma de ganar o conservar electores o adherentes, y no a lo largo de los ejes verdadero–falso o justo–injusto.
Ensayo de psicología política a la colombiana
Desde este enfoque y a manera de diversión, podemos analizar algunos comportamientos y afirmaciones:
1. Representante Miguel Gómez Martínez
Con su iniciativa solo puede ganar, independientemente de si el mandato es revocado o no. Eso explica suficientemente por qué lo hace.
2. Representante Angela María Robledo
(Partido Verde, ala mockusiana)
“Tras iniciativa de Rept Miguel Gomez solo existen intereses politiqueros y electorales. Quiere ser Alcalde.”
Interpretación: La representante Robledo ganó a la sombra de un captador de votos por imagen, lo fácil de la democracia electoral. Es una buena representante, pero no le gustan las actividades políticas que hay que hacer para ganar una curul. Hará una buena labor este período y culminará su paso por el Congreso.
3. Exalcalde Enrique Peñalosa
“La revocatoria no me interesa y de ninguna manera participaría yo en un esfuerzo de revocatoria”
Interpretación: apoyar la revocatoria es “políticamente incorrecto”. Si no la apoya y no tiene éxito, bien. Si la apoya y tiene éxito, tampoco está mal. Buena fórmula.
¿Estaría de acuerdo Enrique Peñalosa en derogar el componente correspondiente de las leyes de participación ciudadana? ¿La revocatoria es un componente de democracia participativa de esos que deben estar en las leyes, pero que no conviene aplicar de veras?
Seguramente, Enrique Peñalosa dirá que él prefiere eliminar la figura de la revocatoria. Que los ciudadanos no tienen derecho a castigar a quienes proponen unos programas y hacen otras cosas, o que tienen la obligación de aguantarse un alcalde que consideran desastroso durante cuatro años.
Pero, ¿le gusta al exalcalde Peñalosa lo que está haciendo Petro? ¿No considera peligroso para el futuro de la ciudad si tiene “éxito” en imponer algunas de sus ideas, como incorporar más de mil trabajadores nuevos a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), en reemplazo de los contratos de comercialización? ¿No deja esto una semilla de largo plazo en la empresa que él considera inconveniente? Solo para citar un ejemplo.
La posición de Peñalosa es compartida por muchos. Políticos y analistas de opinión. Entre los primeros, se trata fundamentalmente de un cálculo político, tan censurable o encomiable como el de Miguel Gómez. Entre los segundos, están los asustadizos: no les gusta Petro, pero aunque temen el daño que sus obsesiones irreflexivas puedan estar causando, le tienen más temor a que Petro caiga de para arriba.
4. Gustavo Petro y Guillermo Asprilla
“Detrás de la revocatoria está el cartel de la contratación”
Al igual que los pintaparedes del ejemplo, un analista objetivo puede imaginar perfectamente a Petro y a sus partidarios movilizando zorras durante el año 1994 para regar basuras en la plaza de Bolívar o dispersando sobre las vías basuras acumuladas en las aceras para generar más desespero entre los ciudadanos con los trancones consiguientes.
Lo hicieron; estos comportamientos son afines a su estilo político y al estilo político de algunos militantes de base.
Puede imaginar a partidarios de Petro organizando revueltas contra Transmilenio, como engendro de la burguesía capitalista explotadora.
Por aquello de que entiende que Petro afirme que la tarea de recoger las basuras (perdón, los residuos sólidos) en volquetas no funcionó debido a que sus opositores hicieron lo mismo que él: sabotear. En Colombia decimos que “el ladrón juzga por su condición”.
Galería del humor
Indudablemente, el asunto resulta interesante. En el “hagan sus apuestas, señores” oiremos de todo. Y hasta caben, como siempre, notas de humor… muchas. Aquí consigno tan solo dos:
“Al alcalde Petro hay que ayudarlo, no revocarlo”
Afirmación del Vicepresidente Angelino Garzón, en declaraciones a Yamid Amat en El Tiempo, 6 de enero.
“No queremos actitudes polarizantes, que denigren del rival. Siempre tesis, acciones no violentas, sonrisas, amor. Besen al Rival.”
Tweet de Gustavo Petro.
* Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Acerca del autor
Paul Bromberg
* Exalcalde de Bogotá y miembro fundador de Razón Pública.
paul.bromberg.z@gmail.com
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Paul Bromberg
* Exalcalde de Bogotá y miembro fundador de Razón Pública. paul.bromberg.z@gmail.com
