Cerro Matoso: responsable de afectar el medio ambiente y la salud en Córdoba - Razón Pública
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Cerro Matoso: responsable de afectar el medio ambiente y la salud en Córdoba

Escrito por Víctor Negrete

Victor NegreteQué implicaciones tiene el histórico fallo de la Corte Constitucional contra la empresa minera.

Víctor Negrete Barrera*

Un fallo histórico

En marzo del año pasado escribí en Razón Pública el artículo que llamé “El lado oscuro de Cerro Matoso, donde expliqué las peticiones de las comunidades indígenas y las autoridades locales del sur de Córdoba a la empresa Cerro Matoso, con ocasión del acuerdo logrado entre los indígenas y los directivos de la empresa.

Hace dos semanas, la Corte Constitucional falló en sede de revisión la tutela de los representantes de siete comunidades del resguardo indígena Zenú del alto San Jorge y el Consejo comunitario de comunidades negras de San José de Uré. En la sentencia, la Corte le ordena a la empresa minera el cumplimiento de algunas responsabilidades para seguir operando. ¿Cuáles son esas responsabilidades y qué sigue?

¿Cerro Matoso hasta 2064?

Miembros de la Comunidad Indígena Zenú
Miembros de la Comunidad Indígena Zenú
Foto: ICBF

Desde antes de la fecha de terminación del contrato con Cerro Matoso, en septiembre del 2012, en el país hubo una gran discusión sobre la inconveniencia de continuar la explotación bajo condiciones consideradas desfavorables para el interés general.

El tema de la salud fue uno de los más resaltados por los medios de comunicación. El país se enteró de numerosos ex empleados que demandaron a la empresa por retirarlos con enfermedades respiratorias, problemas motrices, erupciones cutáneas y accidentes de trabajo. Otros sufrían de dificultades pulmonares, dermatitis y pérdida auditiva. En las poblaciones aledañas a la mina era frecuente oír sobre abortos, cáncer, envejecimiento prematuro, malformaciones  y degeneración ósea.

En las poblaciones aledañas a la mina era frecuente oír sobre abortos, cáncer, envejecimiento prematuro, malformaciones  y degeneración ósea.

Las negociaciones fueron celebradas en la más absoluta reserva entre representantes del gobierno y el equipo negociador de la empresa. El contrato se firmó hasta 2029, pero se prorrogó hasta 2044, con posibilidad de extender la prórroga hasta el 2064.

Lo que pide la comunidad

En el transcurso de las discusiones, la administración municipal de Montelíbano dio a conocer las siguientes peticiones:

  1. Salud. Los tutelantes pidieron una medición permanente e independiente de los impactos sobre la salud de las poblaciones en el área de influencia de la mina. También solicitaron que los ministerios de Salud y Ambiente verifiquen si las denuncias presentadas por afectaciones en la piel, aumento de abortos, cáncer y enfermedades respiratorias guardan relación con la explotación minera y que definan los controles y procedimientos para establecer la corresponsabilidad.
  2. Ambiental. Se solicitó que el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible corrobore los impactos causados y fije políticas y planes de manejo ambiental para la zona. También, que se definan de manera transparente las medidas compensatorias e inversiones ambientales obligatorias y   que se fortalezca la participación de la Corporación Autónoma Regional y los municipios en el monitoreo y seguimiento de las obligaciones contraídas.
  3. Social y cultural. Se pidió adoptar políticas y  programas que fortalezcan los valores, principios, derechos, deberes, identidad, capacidades, creencias y costumbres que mitiguen los impactos en entornos mineros. Dentro de los impactos sociales de la minería se cuentan  la cultura de la ilegalidad; la violencia armada, social y doméstica; la desconfianza; el miedo; la anomia; los vicios y otros riesgos sociales para mujeres, niños y adolescentes.
  4. Obras e infraestructura. Se solicitó acordar con las alcaldías de la zona las obras que deben desarrollarse, dando prioridad a las de salud, saneamiento básico, agua potable, educación técnica y superior, proyectos productivos, ciencia y tecnología, así como a procesos de transformación de materia prima y vías para el desarrollo.

Más minería, más enfermedades

La preocupación por la salud de los pobladores cercanos a la zona de operación de Cerro Matoso viene desde hace por lo menos 12 años, cuando se dieron los primeros casos de personas con problemas respiratorios, afectaciones en la piel, dificultades visuales, paladar hendido, molestias gastrointestinales y cáncer.

Primero se creyó que eran casos “normales” y aislados. Luego aparecieron más casos y las comunidades empezaron a inquietarse. Cuando la preocupación salió de los pueblos, las personas se dieron cuenta de que sus vecinos también se estaban viendo afectados. Después oyeron las historias de los ex trabajadores enfermos y, sin que nadie les dijera nada, señalaron hacia el cerro de hierro y níquel y hacia la empresa que los explota.

La Corte Constitucional le ordenó a Cerro Matoso tramitar una nueva licencia ambiental, porque la que está vigente no se ajusta a los estándares constitucionales.

En 2013, los indígenas zenúes prendieron las alarmas y advirtieron la proliferación del cáncer y el aumento de abortos en sus comunidades. Los indígenas presentaron una tutela para exigir la protección de sus derechos fundamentales. Entonces, la Corte Constitucional le ordenó al ministerio de Salud “empezar con los estudios de salud pública en los municipios que circundan la mina: Montelíbano, San José de Uré y Puerto Libertador”. Medicina Legal sería la encargada de realizar dichos estudios.

Con siete meses de atraso, el estudio de Medicina Legal tomó muestras a 1.147 personas y registró porcentajes significativos de enfermedades relacionadas con la actividad minera. De acuerdo con el estudio, hay una correlación entre la cercanía a la mina y la manifestación de enfermedades:

“llama la atención que la mayor prevalencia tanto de las manifestaciones dermatológicas como de las manifestaciones irritativas de la vía aérea superior ocurre en mayor proporción en las poblaciones de Pueblo Flecha, Puerto Colombia y Torno Rojo. Es por esta razón que se realizó un abordaje analítico para determinar si la distancia a la mina está relacionada de forma indirecta con la presentación de manifestaciones clínicas, observándose que tanto las manifestaciones irritativas de la vía aérea como las manifestaciones dermatológicas ocurren con mayor frecuencia en las personas ubicadas cerca de la mina”.

Las órdenes de la Corte Constitucional

Corte Constitucional.
Corte Constitucional.
Foto: Radio Nacional de Colombia

La Corte Constitucional ordenó a la empresa Cerro Matoso:

  • Tramitar una nueva licencia ambiental, porque la que está vigente no se ajusta a los estándares constitucionales de protección al medio ambiente y a las condiciones de vida de las comunidades aledañas.
  • Compensación económica para las comunidades afectadas, la liquidación debe ser definida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
  • Financiar un Fondo Especial de Etnodesarrollo para reparar a las victimas colectivamente.
  • Atender a las personas que padecen enfermedades por el níquel y ferroníquel.

Lo que viene

Ante el reciente fallo de la Corte Constitucional surgen varias inquietudes:

¿Por qué, después de 35 años, las instancias correspondientes no han definido políticas claras sobre la contaminación producida por la explotación de ferroníquel?
  1. La empresa amplió la explotación al municipio de Puerto Libertador y posteriormente lo hará a los municipios de San José de Uré y Planeta Rica. ¿Las exigencias de la Corte se aplicarán en la medida que avance la explotación de la empresa?
  2. En el proceso de negociación de estas exigencias, que involucra directamente a directivos de la empresa y representantes del resguardo indígena y el consejo de comunidades negras, ¿qué papel desempeñarán la Corporación Autónoma Regional, las alcaldías de los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y la gobernación de Córdoba?
  3. Teniendo en cuenta las buenas relaciones existentes entre la empresa y los indígenas ¿la consulta previa estará asegurada?
  4. ¿Por qué, después de 35 años de explotación de ferroníquel, las instancias correspondientes no han definido políticas claras sobre la contaminación producida por la explotación de estos minerales?
  5. Sobre las exigencias de la Corte ¿qué opinan los grupos políticos, gremios económicos, medios de comunicación, la academia  y las iglesias?

* Director del Centro de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Sinú, Montería.

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