La segunda era Trump: estigmatización y criminalización de la migración venezolana

La segunda administración de Donald Trump ha adelantado una serie de medidas para estigmatizar y criminalizar a la población migrante venezolana en Estados Unidos ignorando las necesidades de Protección Internacional que presenta esta población.

Entre estas medidas se encuentran las siguientes:

1. La terminación del Temporary Protetion Status (TPS) para población venezolana. 
2. Cortes presupuestales a programas de cooperación estadounidense para población venezolana.
3. Militarización de la frontera imponiendo restricciones a las solicitudes de asilo realizadas en frontera.
4. Una potencial restricción a nacionales venezolanos de ingresar a Estados Unidos.
5. Deportaciones a población venezolana a terceros países, Venezuela o a la base militar de Guantánamo.

Estas medidas han sido desarrolladas sobre la base de un discurso que criminaliza la migración venezolana al asociarla a una invasión y a que todo migrante de esta nacionalidad es miembro de la organización criminal del Tren de Aragua, ignorando la emergencia humanitaria compleja que ocurre en Venezuela. 

A continuación, presentaré un breve resumen de algunas de las medidas tomadas por la administración Trump y haré una serie de acotaciones sobre los impactos de estas medidas y cómo estas acciones han configurado un discurso xenófobo, de persecución y criminalización en contra de población en movilidad humana venezolana en el propósito de disuadir y penalizar a dicha población.

La finalización del TPS

En febrero de 2025 se anunció que el Temporary Protection Status sería revocado para cerca de 350.000 venezolanos a partir de abril debido a que este permiso va en contra del interés nacional de Estados Unidos. También refiere que si bien hay condiciones de riesgo en el país, hay avances en “la economía, la salud pública y la delincuencia, que permiten que estos ciudadanos regresen de manera segura a su país de origen”. El texto también refiere que hay miembros del grupo criminal del Tren de Aragua dentro de la población venezolana en Estados Unidos y que existe un nexo entre el grupo criminal y esta población.

La medida vulnera los riesgos de la población venezolana en movilidad humana en Estados Unidos por cuanto aún existen riesgos a la integridad física por motivos políticos y por la pertenencia a un grupo social determinado para regresar de manera segura al país como es el caso de población LGBTQ+ y mujeres víctimas de violencia de género. Las personas que han sido deportadas a Venezuela luego de que su solicitud de asilo ha sido negada han sufrido detenciones arbitrarias, tortura y persecución política tras ser considerados opositores. 

Una potencial restricción a nacionales venezolanos de ingresar a Estados Unidos

Según varios medios de comunicación, la administración de Donald Trump implementará en los próximos días una prohibición de ingreso a Estados Unidos de nacionales provenientes de ciertos países, entre estos Venezuela, la mayoría de ellos musulmanes, argumentando que son una fuente de terrorismo, un riesgo para la seguridad nacional y para la seguridad pública. En el listado filtrado en los medios que aún no se ha oficializado, Venezuela es el único país de Suramérica. Esta medida es discriminatoria y xenofóbica ya que considera a todos los nacionales venezolanos per se como miembros de grupos criminales y terroristas, en razón de su nacionalidad., a través de un fuerte componente discursivo y mediático en el cual se adoptaron términos como “Illegal alien” que había sido eliminado del vocabulario de la administración pública desde 2021 y que directamente criminaliza y deshumaniza al migrante. 

Esto, sumado a imágenes de grandes contingentes militares en frontera en conjunto con redadas masivas a lo largo del país, construye el imaginario del migrante como criminal y como horda invasiva que viene a ocupar el trabajo de los nacionales. A la fecha, las restricciones a las solicitudes de asilo en frontera continúan.

Deportaciones de población venezolana a terceros países, Venezuela o a la base militar de Guantánamo

El 11 de febrero de 2025 fueron enviados a la prisión de Guantánamo un grupo de migrantes entre los cuales había unos venezolanos que fueron señalados como miembros del grupo criminal Tren de Aragua. No obstante, hubo varias denuncias acerca de la vulneración al debido proceso y a la ausencia de material probatorio y evidencia que confirmara que estas personas eran miembros de la organización. Así mismo, estas personas fueron detenidas en condiciones indignas y sin ningún cargo en su contra. Efectivamente, se desconocen las acusaciones y los vínculos de pertenencia al grupo criminal. De esta manera, hubo detenciones arbitrarias y vulneración a derechos humanos fundamentales como a la libertad y a un juicio.

Así mismo, el 16 de marzo de 2025 fueron enviadas a El Salvador 261 personas, la mayoría de ellas venezolanas, en total 238. Entre este grupo se encontraban 23 presuntos miembros de la pandilla Marasalvatrucha-13. Esta medida se respalda en una orden ejecutiva basada en la Ley de Enemigo Extranjero de 1798, en la cual se argumenta que el Tren de Aragua es una organización terrorista que invadió Estados Unidos y que es una amenaza para la seguridad pública y nacional. Así mismo, se asegura que este grupo es apoyado por el gobierno de Nicolás Maduro. Esta medida permite la detención y la deportación de extranjeros provenientes del país considerado como enemigo durante el tiempo de guerra. De esta manera, cualquier nacional venezolano mayor de 14 años que se encuentre en Estados Unidos de manera irregular y sea considerado miembro de la organización puede ser detenido y deportado al ser considerado enemigo. Las personas detenidas fueron enviadas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y recluidas en condiciones extremas que vulneran los derechos humanos, ya que en este lugar se han denunciado detenciones arbitrarias, golpizas, hacinamiento, torturas (choques eléctricos y privación de alimentos), falta de acceso a medicamentos esenciales y muertes durante la detención. Estas personas no tuvieron derecho al debido proceso por haber sido acusadas de pertenecer a una organización criminal sin ningún sustento probatorio, también se vulnera el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la defensa por parte del gobierno estadounidense. Así mismo, la administración Trump viola el derecho al asilo y a garantías mínimas del debido proceso, por ejemplo, ser presentados ante una Corte de Inmigración de los Estados Unidos. Esta administración vulnera el derecho a la no devolución por cuanto envía a personas desde su jurisdicción a un lugar donde hay razones fundadas para considerar que están en riesgo de sufrir daños irreparables como lo son tortura, maltratos y otras violaciones graves a los derechos humanos. Así mismo, este principio está incluido en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

La Convención Interamericana de los Derechos Humanos, a través del artículo 22.8, establece la prohibición de expulsión o devolución de cualquier extranjero a otro país, sea o no de origen, en el cual su derecho a la vida o a la libertad estén en riesgo de violación a causa de su nacionalidad o condición social. Así mismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos contempla que un procedimiento de expulsión o deportación de un extranjero debe tener carácter individual, evaluando las circunstancias personales de cada sujeto, sin discriminación en razón de su nacionalidad, observando garantías mínimas.

En ambos casos hay denuncias por parte de los familiares de los detenidos en el sentido de que estas personas no son miembros del grupo criminal, se encontraban de manera irregular en el país y que presuntamente serían erróneamente vinculados con esta organización en razón de que tienen tatuajes y de que esta característica y su falta de documentos en el país serían los motivos para ser injustamente relacionados con la pertenencia a la organización. Incluso en un caso de una persona que se autorreconoce como LGBTQ+, que presuntamente estaría detenida en El Salvador, no le fue permitido solicitar asilo en Estados Unidos.  

La deshumanizante construcción discursiva de la población venezolana en movilidad humana 

A través de un discurso estigmatizante, discriminatorio y xenofóbico, el presidente Donald Trump ha categorizado la movilidad humana con conceptos discriminatorios y estigmatizantes que habían sido eliminados del discurso público tales como “Illegal alien” y “Criminal Alien” por su carácter deshumanizante y discriminatorio. En particular, la administración Trump ha configurado un discurso de securitización de la migración en la agenda pública, que representa al migrante como criminal e ilegal siendo este una amenaza para la seguridad nacional bajo la figura de invasión. Así mismo, está retórica se soporta en grandes despliegues mediáticos y recurrentes en el discurso de categorizar a las personas en movilidad humana como criminales (bajo calificativos falsos y denigrantes como violadores, asesinos y miembros de organizaciones ilegales) para deshumanizar a esta población y con ello justificar acciones punitivas contra este enemigo público. Particularmente, en el caso de la población venezolana, se pretende considerar que toda la población en movilidad humana venezolana pertenece a una organización criminal y que por el hecho de estar de manera irregular en Estados Unidos puede ser sujeta a ser tratada como criminal y ser penalizada por ello. Bajo el uso de términos como monstruos se pretende deshumanizar a esta población, enviar un mensaje disuasivo a la población en movilidad humana de no ingresar al país y además obtener aprobación política a nivel interno al contar con un chivo expiatorio al cual señalar, repitiendo una y otra vez que son criminales quienes han sido deportados. 

Además, la administración Trump soporta este discurso con acciones como evadir los controles del sistema de contrapesos a nivel interno como lo es el Congreso al emitir estas órdenes ejecutivas en detrimento del sistema democrático. Así mismo, configura un sistema de externalización del sistema de refugio y detención de migrantes mediante opacos y ocultos acuerdos bilaterales con países principalmente centroamericanos para evadir su responsabilidad en la protección de personas en movilidad humana y evitar el escrutinio de Derechos Humanos a nivel interno, al obstruir, disuadir y evitar la llegada de la población en movilidad humana a su territorio. 

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