Una ola de protestas en América del Sur

Las movilizaciones masivas y las acciones violentas de las últimas semanas en Colombia y en particular en Cali se dan en un contexto internacional de insatisfacción y demandas ciudadanas.

Durante los últimos tres años se ha producido eventos similares en Chile, Ecuador y Venezuela. Aunque cada caso tiene sus particularidades, en general los ciudadanos han marchado para reivindicar la democracia y buscar cambios en relación con ciertos temas comunes, por ejemplo, la estabilidad laboral, la protección del medio ambiente y los derechos humanos.

En Chile, un aumento en la tarifa del transporte público provocó graves enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad del Estado. Aunque el gobierno insistió durante semanas en su estrategia represiva, acabó por ceder al llamado popular y convocó una asamblea para cambiar la constitución que regía desde la época de Pinochet.

En Ecuador, en 2019, los pueblos indígenas se opusieron a un decreto que eliminaba el subsidio a la gasolina. Hicieron movilizaciones y bloqueos que también incluyeron serios enfrentamientos con la fuerza pública. Finalmente, con la intermediación de la ONU, el gobierno cedió y derogó el decreto de la discordia.

En Venezuela, los ciudadanos marcharon por un descontento generalizado con el gobierno. En este caso, el régimen de Maduro se reafirmó, con el apoyo del ejército, la policía y las milicias civiles armadas. La represión violenta y los conflictos sociales se mantienen aún hoy.

El paro del 2019

En el caso colombiano, las movilizaciones comenzaron en noviembre de 2019. Los manifestantes tenían un amplio repertorio de exigencias, entre las cuales figuraba el cumplimiento del incumplido acuerdo de La Habana.

Las protestas de entonces tuvieron lugar en varias ciudades del país, incluida Cali. La mayoría de los manifestantes se concentraron pacíficamente en el Centro Administrativo Municipal (CAM), entusiasmados por la música y el teatro callejero. La Policía estuvo presente, pero se abstuvo de intervenir.

Ya en horas de la tarde, cuando los manifestantes empezaban a irse, ocurrieron episodios de vandalismo y saqueo, ante lo cual el alcalde Maurice Armitage declaró el toque de queda. Durante las primeras horas de la noche empezó a difundirse en redes sociales el rumor de que los vándalos se estaban tomando los conjuntos residenciales en distintos sectores de la ciudad, en especial en el sur. Se llamaba a los residentes a armarse y defender su propiedad. Pero no se constató ningún hecho multitudinario de vandalismo ni de invasión de unidades residenciales.

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El paro de 2021

El conflicto no se canalizó adecuadamente. El gobierno nacional convocó a unas conversaciones que no tuvieron consecuencias prácticas y las movilizaciones quedaron ahogadas por la llegada de la pandemia en marzo de 2020.

Pero el descontento social no disminuyó, sino que se intensificó. La crisis sanitaria llegó de la mano con una crisis económica: en Cali, la pobreza monetaria aumentó del 21,9 % al 36,6 % entre 2019 y 2020 y la clase media se redujo en un 22 %.

De forma inexplicable en ese contexto, al gobierno se le ocurrió presentar una reforma tributaria que recaía especialmente sobre la clase media trabajadora y empobrecida. Indignada por la indolencia del gobierno, desde el 28 de abril la gente salió masivamente a las calles, y Cali se convirtió en el epicentro del paro nacional.

Pero hay un contexto de descontento ciudadano todavía más amplio, que viene gestándose desde hace años. Durante mucho tiempo, la voz de la Colombia rural que ha vivido en medio del conflicto armado ha sido ignorada. A eso se ha sumado la voz de nuevos sectores urbanos que se sienten excluidos por el orden social y político existente.

Hoy, esas poblaciones protestan contra el orden vigente que los ha perjudicado de tiempo atrás. El incumplimiento de los acuerdos de paz, el desempleo, la falta de educación y el asesinato de líderes sociales son algunas de las injusticias que los llevan a alzar la voz. Quieren ser oídos por un gobierno que no les ofrece alternativas y los considera vándalos o terroristas.

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Cali, epicentro de conflictos

Aunque la situación en Cali ha sido particularmente grave, los hechos de violencia se han repetido en casi todas las ciudades principales del país. Por eso parece que estamos ante un fenómeno nacional y marcadamente urbano.

Pero ¿por qué el estallido social he tenido especial fuerza en esta ciudad? Cali es el centro que articula los problemas urbanos y rurales de toda la región suroccidental. Su geografía más inmediata incluye un eje sur-norte, desde Santander de Quilichao hasta Cartago y un eje este-oeste, que parte de la vertiente occidental de la cordillera central, pasa por Cali y llega a la ciudad de Buenaventura.

La historia de la sociedad vallecaucana y caleña es una historia de la fragmentación. La región tiene economías y poblaciones étnicas diversas y un pasado de conflicto armado y violencia que no ha podido ser superada. La desigualdad social es muy pronunciada y se ha agravado con el paso del tiempo: hay unos pocos poseedores y otros muchos desposeídos con pocas posibilidades de movilidad social.

Desde el punto de vista étnico, se ha formado un sentido de superioridad de la población blanca sobre la población negra e indígena. Esto puede haber cambiado un poco desde la Constitución de 1991, pero es claro que el racismo subsiste hasta hoy en día.

Los sectores que han sufrido las consecuencias de la fragmentación étnica y de clase experimentan un sentimiento de injusticia que se confirma e intensifica con el curso del tiempo. Piden respeto, derechos e identidad y organizan cada vez más y mejor sus reclamos.

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Narcotráfico y violencia

En medio de la desigualdad y la injusticia, el orden social y político en la ciudad y la región se ha sostenido por medio de una “hegemonía filantrópica”.

Bajo este modelo los sectores empresariales, agrarios e industriales que detentaban el poder económico se compenetraron con las instituciones estatales. Parte de sus utilidades y su poder se canalizaron hacia organizaciones no gubernamentales en beneficio de la ciudadanía, y el gasto público se tradujo en el progreso de la ciudad y su población. Esta forma de ejercer el poder se mantuvo hasta la primera alcaldía de Rodrigo Guerrero (1992-1994), con su programa bandera “Desarrollo, Seguridad y Paz” (Desepaz).

Pero el establecimiento llegó a una crisis cuando en 1994 se hizo evidente que la política regional y nacional estaba vinculada con el narcotráfico. En este nuevo período hubo varios momentos y no todos los actores tuvieron la misma responsabilidad. En todo caso, con el tiempo se entronizó un sentido paramafioso de hacer política, de ganar las elecciones y de participar en utilidades a partir de la contratación pública y el acceso a la burocracia estatal.

Los efectos negativos del narcotráfico y el lavado de dinero han sido enormes y son una parte importante de la explicación sobre la violencia urbana y rural que ha vivido la región en los últimos treinta años. El narcotráfico permeó la política y tejió una sociedad paramafiosa y armada en todos los niveles socioeconómicos.

¿De qué otro modo se explica que entre 1991 y 2021, Cali, Valle del Cauca y el Norte del Cauca hayan tenido tasas de homicidios que en promedio están 25 puntos por encima de las tasas nacionales? En 2019, la tasa de homicidios de Cali fue de 49,7 por cada 100.000 habitantes, es decir, casi el doble de la nacional (25,1).

No obstante, es importante tener en cuenta que las élites regionales no son homogéneas y que la parte “civilista” de ellas ha tratado de recomponer la sociedad con una alternativa de la cual participan de nuevo los sectores empresariales y los jóvenes. Pero estas alternativas no han tenido éxito hasta el momento:

• Rodrigo Guerrero no lo pudo hacer en su segunda alcaldía;
• Maurice Armitage lo hizo solo parcialmente, mediante un buen manejo de las finanzas municipales, más inversión en el sector educativo y la inclusión de personas afro a su administración; y
• El actual alcalde, por segunda vez en el gobierno municipal, tiene el apoyo de sectores populares, pero carga con el inri de la corrupción, con contrataciones a favor de sus familiares y amigos políticos.

En síntesis, en Cali hay una acuerdo social y político muy débil sobre las reglas básicas para manejar el Estado local y regional. Que la hegemonía sea precaria y el poder esté disperso incentiva el conflicto y la violencia. Y todavía existen camarillas que viven del funcionamiento del Estado y del gasto público.