Cali y el Valle: el Estado local capturado por la mafia

“… El poder y la violencia son opuestos; donde uno domina absolutamente, falta el otro”.

Hannah Arendt, Sobre la Violencia (1998).

Falta visión de conjunto

A menudo se dice que hay suficientes “diagnósticos” sobre la violencia en Cali y que más bien se necesita pasar a las acciones.

En un foro reciente, convocado por la Cámara de Comercio, me permití afirmar que no teníamos diagnósticos de conjunto sobre lo que estaba sucediendo en la ciudad. Esta opinión no fue compartida, con el argumento de que existen buenos trabajos cuantitativos. Esos trabajos existen, en efecto, y son muy relevantes, especialmente los epidemiológicos, así como los estudios sectoriales — sobre jóvenes, violencia y género — o sobre zonas específicas de la ciudad. Pero reitero mi opinión sobre la necesidad de pasar a interpretaciones de conjunto sobre lo que está sucediendo en la ciudad.

Ese tipo de interpretación es compleja: supone que quienes trabajamos sobre el tema mantengamos un diálogo académico (lo cual no ocurre regularmente), para que surjan las hipótesis, las investigaciones y las nuevas visiones más sustentadas e incluyentes.

En este artículo sugiero algunos temas para esa lectura de conjunto, pero obviamente no aspiro a presentar una interpretación acabada sobre este complejo asunto.

Cómo medir la violencia urbana

Las tasas de homicidios por cien mil habitantes para el municipio de Cali, para el área Metropolitana de Cali (MECAL) y para el Departamento del Valle desde 1981 hasta el presente registran tendencias muy similares entre sí, pero muy distintas de las tasas nacionales¹.

El hecho es importante: en el municipio de Cali el problema tiene dimensiones y características “regionales” y no sólo “locales”. Esto no sucede con las otras grandes ciudades colombianas.

Buena parte del debate todavía se refiere a qué entendemos por violencia urbana y a los indicadores para medirla:

• Usualmente se sugiere que los homicidios, sus formas y sus escenarios, constituyen un conjunto de indicadores relativamente preciso para entender el fenómeno.

• Sobre la base de la información de la revista Criminalidad de la Policía Nacional, he propuesto un indicador más incluyente, el de delitos asociados con la violencia (DAV), donde se incluyen las lesiones personales y el porte de armas, entre otros.

• Al introducir, en un ejercicio distinto, las tasas de criminalidad — que incluyen eventos no violentos — resulta evidente la importancia de entender las formas de articulación entre criminalidad y violencia. De manera significativa, cuando la criminalidad denunciada aumenta, la violencia disminuye, como resultado de la reducción en la impunidad.

• Finalmente, hoy se presentan como gran novedad las encuestas de victimización — aunque el DANE realizó la primera encuesta de ese tipo en 1985 — que tienen la virtud de aproximarse a la criminalidad real. Al desagregar la información, puede medirse la criminalidad violenta que afecta a la sociedad.

Tres coyunturas violentas

En el caso de Cali, la persistencia de la violencia, especialmente desde 1984, resulta particularmente aguda, así se mida por la tasa de homicidios, o según los delitos asociados con la violencia, o mediante indicadores de criminalidad o la victimización².

Por eso resulta inútil preguntar si la situación mejora o empeora sobre la base de estadísticas de corto plazo, de la última semana o del último mes. Por el contrario, se debe analizar la historia de la ciudad, sus períodos o coyunturas de violencia:

• La primera coyuntura se dio en 1985-1986, cuando el M-19 tuvo presencia activa en la ciudad y en respuesta se desplegaron acciones no sólo propias de la guerra urbana, sino también de limpieza social³ (Camacho y Guzmán, 1990).

• Entre 1993 y 1996 se produjo una segunda coyuntura. La tasa de homicidios por cien mil habitantes llegó a 121, en medio del auge del cartel de Cali y la detención posterior de sus principales capos:

1. 1. Durante el ascenso del cartel, Cali vivía en plena prosperidad económica: era la danza de los millones. La élite del poder local aceptó convivir con la poderosa organización criminal en grados diversos. Fue evidente su penetración en las esferas del Estado y en las actividades económicas legales.

   2. La corrupción de la Policía y de la Justicia fue notable y su efecto devastador de desinstitucionalización se ha prolongado hasta hoy. Un rasgo importante de la época: buena parte de la violencia homicida era endógena al negocio: contra sapos o faltones.

   3. No era una violencia contra los agentes del Estado, en calidad de oponentes, sino más bien en calidad de amigos desleales. Era, además, una violencia altamente nucleada, que permitía vivir a buena parte de los ciudadanos en relativa paz, mientras no cruzaban las fronteras del negocio ilícito.

• La violencia homicida bajó con la detención de los capos, entre 1997-1998 cuando la tasa se estabilizó alrededor de 86, para volver a aumentar entre 1999 y 2004, a una cifra promedio de 102.

• Entre 2005 y 2008, la violencia homicida bajó notablemente, a una tasa promedio de 71 en los cuatro años, para subir finalmente desde 2009 hasta 2012, con un promedio sostenido de 81.

Más allá de los movimientos ondulatorios de las tasas — que son importantes — lo que se observa es una violencia persistentemente alta, distinta de la de las otras grandes ciudades colombianas.

Esto permite sugerir la existencia de una tercera “coyuntura”: la actual

Narco, mafias y captura del Estado local

La violencia organizada se manifiesta bajo formas diferentes, en función del cambio en la producción de los bienes ilegales, en su comercialización y en su administración.

En el caso de Cali, a finales de los 90 se produjo el desmonte y la detención de los jefes del Cartel (con detenidos pero sin muertos, como ocurrió en Medellín). Sin embargo el negocio continuó con personas no conocidas que segmentaron la organización y multiplicaron el número de empresarios ilegales, menos visibles que en épocas anteriores.

Es cierto que los cultivos de coca han disminuido y que, en consecuencia, este tráfico internacional también se ha reducido. Pero en los últimos años, las organizaciones criminales se han orientado también hacia el mercado interno y han surgido nuevos productos, como una nueva variedad de marihuana. El narcotráfico sigue siendo la columna vertebral de la violencia regional y local, aunque el número de muertos que produce no sea tan grande como el de otras épocas.

El narcotráfico se articula con otras fuentes de violencia que pueden aportar más homicidios. Me refiero a actividades colaterales de índole mafiosa obviamente ilegales, pero en torno de la economía legal, como el contrabando: asumen el control directo de la actividad, proporcionan seguridad y cobran por el servicio.

Es usual que estas actividades reúnan a personas vinculadas al tráfico de drogas — por ejemplo, veteranos de sus aparatos de seguridad — y que además atraigan a quienes salieron de las filas de los grupos paramilitares e incluso de la guerrilla.

Resulta lucrativo ofrecer protección en forma coercitiva a un comerciante o a un pequeño empresario, cobrar por ello y ajustarle cuentas si no cumple el contrato, con su vida o con sus bienes. Las oficinas de cobro identificadas por las autoridades también desarrollan en estratos populares la actividad criminal subyacente a los préstamos gota a gota. De manera que la actividad mafiosa se va diseminando hasta contaminar actividades que no relacionamos normalmente con focos de violencia.

Por otro lado, la política regional y local y el funcionamiento del Estado resultan funcionales a los sectores mafiosos, proclives a utilizar la violencia: la financiación regional y local de las elecciones corresponde a una sociedad profundamente penetrada por la cultura mafiosa:

• Dar un manejo particularizado al presupuesto público para devolver favores.

• Capturar rentas públicas y acumular dinero en torno a las actividades del Estado.

• Organizar la contratación pública sobre reglas muy alejadas de la retórica y de la legislación sobre concursos y licitaciones.

• Favorecer a ciertas cooperativas de transporte, entidades de salud y centros educativos mediante dineros ilícitos y testaferratos.

Se podría argumentar que detrás de todo este desorden no hay violencia, en sentido estricto. Pero se trata de una enorme desregulación de la vida social y del propio Estado, incapaz obviamente de contrarrestar la violencia.

Más policías, menos convivencia

Después de 1992 — cuando se diseñó y puso en marcha el Programa Institucional de la Alcaldía de Santiago de Cali para el Desarrollo, la Seguridad y la Paz (DESEPAZ) — la política de seguridad y convivencia en Cali ha sido errática.

A ese respecto, se había despertado una gran expectativa ante el segundo mandato del alcalde Rodrigo Guerrero. Acepté ser miembro de la comisión de empalme, y asumí su coordinación, en algunos casos. Afortunadamente dejé por escrito lo que pensaba en ese momento:

• En primer lugar, reconocer el liderazgo que podía ejercer el nuevo alcalde, al asumir su rol como jefe de la policía local.

• En segundo lugar, sugerir la vinculación de lo policivo con temas de educación ciudadana y justicia.

Hasta donde he podido percibir, la alcaldía de Cali se ha alejado del énfasis y de las prioridades identificadas por el DESEPAZ.

Con referencia a la seguridad ciudadana, la administración municipal se ha apoyado en la propuesta nacional que viene de la Consejería Presidencial: la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PNSCC, 2011). Esta propuesta es un notable salto adelante con respecto a lo que se planteaba para las ciudades durante los gobiernos de Uribe. Pero, aunque formula la necesidad de elaborar diagnósticos, todavía no se conoce ninguno para Cali.

En últimas, la política da gusto a las graderías del poder tradicional:

• más y más policías, independientemente de su efectividad;

• allanamientos de las “ollas” — lugares donde la condición humana bordea abismos de degradación, comenzando por la adicción — ;

• el señalamiento de las pandillas como el origen de la violencia en la ciudad.

Está por evaluarse la efectividad del “plan cuadrantes”. Hay que reconocer que recientemente llegó de Bogotá un Grupo Especial de la Policía contra el crimen organizado, que va a operar “coyunturalmente”.

Resulta fundamental — más allá de los mecanismos represivos — rescatar la importancia de las normas de convivencia, del interés general, de los principios del Estado de Derecho…

Notas

1 Guzmán, Álvaro (2003). Delincuencia y violencia: nación, región y ciudad. En Álvaro Guzmán et al. Cuatro Ensayos de Coyuntura: Valle y Cauca a finales del siglo XX. Ed. CIDSE-CEREC, Cali.

2Guzmán y Quintero (2009) El Enigma de las Dimensiones de la Criminalidad. En Beatriz Castro Carvajal (comp.) La Sociedad Colombiana: cifras y tendencias. Programa Editorial de Univalle

3 Camacho y Guzmán (1990). Ciudad y Violencia. Ed. Foro por Colombia, Bogotá

Referencias Bibliográficas

• Arendt, Hannah (1998). Sobre la Violencia, en Crisis de La República. Ed Taurus, Buenos Aires.

• Guzmán (2007). Entre violencia organizada y desregulación. En: Luis Carlos Castillo, (comp) Sociedad y Economía: el Valle del Cauca y Colombia, Programa Editorial de Univalle, Cali.

• PNSCC (2011) Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana. DNP, Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno, Bogotá.

* Sociólogo con un Ph.D. del Gradiate Faculty, del New School for Social research de Nueva York. Profesor jubilado del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle en 2010. Actualmente Director del Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales de la Universidad Autónoma de Occidente (CIER).

Álvaro Guzmán Barney *