Análisis histórico de esta violencia urbana que obedece a causas distintas de las del resto del país. Las prácticas mafiosas han penetrado la economía legal y la política local. Pero el gobierno y el alcalde se limitan a poner más policías.
“… El poder y la violencia son opuestos; donde uno domina absolutamente, falta el otro”. Hannah Arendt, Sobre la Violencia (1998). Falta visión de conjunto A menudo se dice que hay suficientes “diagnósticos” sobre la violencia en Cali y que más bien se necesita pasar a las acciones.
En un foro reciente, convocado por la Cámara de Comercio, me permití afirmar que no teníamos diagnósticos de conjunto sobre lo que estaba sucediendo en la ciudad. Esta opinión no fue compartida, con el argumento de que existen buenos trabajos cuantitativos. Esos trabajos existen, en efecto, y son muy relevantes, especialmente los epidemiológicos, así como los estudios sectoriales — sobre jóvenes, violencia y género — o sobre zonas específicas de la ciudad. Pero reitero mi opinión sobre la necesidad de pasar a interpretaciones de conjunto sobre lo que está sucediendo en la ciudad. Ese tipo de interpretación es compleja: supone que quienes trabajamos sobre el tema mantengamos un diálogo académico (lo cual no ocurre regularmente), para que surjan las hipótesis, las investigaciones y las nuevas visiones más sustentadas e incluyentes. En este artículo sugiero algunos temas para esa lectura de conjunto, pero obviamente no aspiro a presentar una interpretación acabada sobre este complejo asunto.
Cómo medir la violencia urbana Las tasas de homicidios por cien mil habitantes para el municipio de Cali, para el área Metropolitana de Cali (MECAL) y para el Departamento del Valle desde 1981 hasta el presente registran tendencias muy similares entre sí, pero muy distintas de las tasas nacionales1. El hecho es importante: en el municipio de Cali el problema tiene dimensiones y características “regionales” y no sólo “locales”. Esto no sucede con las otras grandes ciudades colombianas. Buena parte del debate todavía se refiere a qué entendemos por violencia urbana y a los indicadores para medirla:
Tres coyunturas violentas En el caso de Cali, la persistencia de la violencia, especialmente desde 1984, resulta particularmente aguda, así se mida por la tasa de homicidios, o según los delitos asociados con la violencia, o mediante indicadores de criminalidad o la victimización2. Por eso resulta inútil preguntar si la situación mejora o empeora sobre la base de estadísticas de corto plazo, de la última semana o del último mes. Por el contrario, se debe analizar la historia de la ciudad, sus períodos o coyunturas de violencia:
Más allá de los movimientos ondulatorios de las tasas — que son importantes — lo que se observa es una violencia persistentemente alta, distinta de la de las otras grandes ciudades colombianas. Esto permite sugerir la existencia de una tercera “coyuntura”: la actual
Narco, mafias y captura del Estado local La violencia organizada se manifiesta bajo formas diferentes, en función del cambio en la producción de los bienes ilegales, en su comercialización y en su administración. En el caso de Cali, a finales de los 90 se produjo el desmonte y la detención de los jefes del Cartel (con detenidos pero sin muertos, como ocurrió en Medellín). Sin embargo el negocio continuó con personas no conocidas que segmentaron la organización y multiplicaron el número de empresarios ilegales, menos visibles que en épocas anteriores. Es cierto que los cultivos de coca han disminuido y que, en consecuencia, este tráfico internacional también se ha reducido. Pero en los últimos años, las organizaciones criminales se han orientado también hacia el mercado interno y han surgido nuevos productos, como una nueva variedad de marihuana. El narcotráfico sigue siendo la columna vertebral de la violencia regional y local, aunque el número de muertos que produce no sea tan grande como el de otras épocas. El narcotráfico se articula con otras fuentes de violencia que pueden aportar más homicidios. Me refiero a actividades colaterales de índole mafiosa obviamente ilegales, pero en torno de la economía legal, como el contrabando: asumen el control directo de la actividad, proporcionan seguridad y cobran por el servicio. Es usual que estas actividades reúnan a personas vinculadas al tráfico de drogas — por ejemplo, veteranos de sus aparatos de seguridad — y que además atraigan a quienes salieron de las filas de los grupos paramilitares e incluso de la guerrilla. Resulta lucrativo ofrecer protección en forma coercitiva a un comerciante o a un pequeño empresario, cobrar por ello y ajustarle cuentas si no cumple el contrato, con su vida o con sus bienes. Las oficinas de cobro identificadas por las autoridades también desarrollan en estratos populares la actividad criminal subyacente a los préstamos gota a gota. De manera que la actividad mafiosa se va diseminando hasta contaminar actividades que no relacionamos normalmente con focos de violencia. Por otro lado, la política regional y local y el funcionamiento del Estado resultan funcionales a los sectores mafiosos, proclives a utilizar la violencia: la financiación regional y local de las elecciones corresponde a una sociedad profundamente penetrada por la cultura mafiosa:
Se podría argumentar que detrás de todo este desorden no hay violencia, en sentido estricto. Pero se trata de una enorme desregulación de la vida social y del propio Estado, incapaz obviamente de contrarrestar la violencia.
Más policías, menos convivencia Después de 1992 — cuando se diseñó y puso en marcha el Programa Institucional de la Alcaldía de Santiago de Cali para el Desarrollo, la Seguridad y la Paz (DESEPAZ) — la política de seguridad y convivencia en Cali ha sido errática. A ese respecto, se había despertado una gran expectativa ante el segundo mandato del alcalde Rodrigo Guerrero. Acepté ser miembro de la comisión de empalme, y asumí su coordinación, en algunos casos. Afortunadamente dejé por escrito lo que pensaba en ese momento:
Hasta donde he podido percibir, la alcaldía de Cali se ha alejado del énfasis y de las prioridades identificadas por el DESEPAZ. Con referencia a la seguridad ciudadana, la administración municipal se ha apoyado en la propuesta nacional que viene de la Consejería Presidencial: la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PNSCC, 2011). Esta propuesta es un notable salto adelante con respecto a lo que se planteaba para las ciudades durante los gobiernos de Uribe. Pero, aunque formula la necesidad de elaborar diagnósticos, todavía no se conoce ninguno para Cali. En últimas, la política da gusto a las graderías del poder tradicional:
Está por evaluarse la efectividad del “plan cuadrantes”. Hay que reconocer que recientemente llegó de Bogotá un Grupo Especial de la Policía contra el crimen organizado, que va a operar “coyunturalmente”. Resulta fundamental — más allá de los mecanismos represivos — rescatar la importancia de las normas de convivencia, del interés general, de los principios del Estado de Derecho… Notas 1 Guzmán, Álvaro (2003). Delincuencia y violencia: nación, región y ciudad. En Álvaro Guzmán et al. Cuatro Ensayos de Coyuntura: Valle y Cauca a finales del siglo XX. Ed. CIDSE-CEREC, Cali. 2Guzmán y Quintero (2009) El Enigma de las Dimensiones de la Criminalidad. En Beatriz Castro Carvajal (comp.) La Sociedad Colombiana: cifras y tendencias. Programa Editorial de Univalle 3 Camacho y Guzmán (1990). Ciudad y Violencia. Ed. Foro por Colombia, Bogotá
Referencias Bibliográficas
* Sociólogo con un Ph.D. del Gradiate Faculty, del New School for Social research de Nueva York. Profesor jubilado del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle en 2010. Actualmente Director del Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales de la Universidad Autónoma de Occidente (CIER). |
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Álvaro Guzmán Barney *
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