La visita de la CIDH

El 24 de mayo la vicepresidenta y canciller Marta Lucia Ramírez rechazó la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de venir a Colombia para verificar las condiciones de los derechos humanos durante las manifestaciones.

La canciller dijo que los organismos de control —Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría— deben hacer su tarea primero e “investigar cada uno de los casos” y que después podría venir la CIDH.

Pero el paro nacional comenzó hace un mes y la investigación de la CIDH o de otro organismo internacional se necesita con urgencia. Hay que explorar varios caminos para atribuir responsabilidades por las denunciadas violaciones de los derechos humanos y la posible comisión de crímenes internacionales (sobre este tema, los invito a leer los trinos de Verónica Hinestroza o Silvia Serrano y este artículo).

La visita es un mecanismo válido y expedito para conjurar la crisis de derechos humanos que atraviesa Colombia. También es una forma de garantizar que no se seguirán violando estos derechos mientras la ciudadanía ejerce su derecho a la manifestación pacífica.

Pero esto no es suficiente. Hay que considerar qué sucederá con las violaciones cometidas y asegurar que se establezcan los responsables de dichas infracciones. Esto exige un ejercicio exhaustivo, detallado y complicado de recolección, análisis y sistematización de la evidencia.

Las violaciones ocurridas durante el paro nacional no son hechos aislados, acciones individuales o prácticas novedosas. El uso desproporcionado de la fuerza contraviene los estándares internacionales de derechos humanos y es un elemento constante en las acciones de la fuerza pública colombiana que se intensificó desde 2019.

Basta con recordar casos como el de Dylan Cruz o revisar el informe de la ONG Temblores y las consideraciones de la Corte Suprema de Justicia en su sentencia de 2020 sobre la protección de la protesta social.

Estas fuentes señalan que la represión de la protesta pacífica en Colombia es un problema histórico y generalizado. Por eso, las instancias de responsabilidad individual planteadas por las autoridades o la narrativa de las “manzanas podridas” son insuficientes para solucionarlo y reflejar sus verdaderas dimensiones.

Si a lo anterior se suman las cifras de presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas en el último mes, la labor de encontrar a los responsables mediante el proceso ordinario es titánica y sus posibilidades de éxito son diminutas.

Si quiere responderse satisfactoriamente a las expectativas y obligaciones de la justicia y reflejar la naturaleza real de las violaciones, el proceso debe ser similar al de los escenarios internacionales diseñados para ocuparse de este tipo de macroincidentes. De lo contrario, la gravedad de lo ocurrido se diluirá en los procesos ordinarios individuales; los árboles no permitirán ver el bosque.

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Las graves violaciones de derechos humanos

La naturaleza masiva y sistemática de las violaciones no es compatible con el sistema jurídico de los doméstico enfocado en delitos individuales, pues este no incorpora los elementos necesarios para judicializar efectivamente los hechos cometidos.

La repetición en 2021 de lo ocurrido hace dos años muestra un hilo que conecta los hechos y que debe identificarse para responsabilizar a quienes están detrás, evitando así su reproducción. Por eso es necesario hablar de graves violaciones de los derechos humanos y crímenes internacionales, en vez de delitos domésticos.

Las graves violaciones de derechos humanos son infracciones a gran escala, con un alto grado de gravedad, bien sea por su magnitud, el tipo de violaciones, el derecho involucrado, los tipos de víctimas o por su cercanía con otros actos ilícitos internacionalmente que pueden exigir más investigación y diligencia por parte del Estado.

Estos criterios se cumplen en el contexto actual, ya sea por la vulnerabilidad de las víctimas, la ilegalidad de las violaciones —como la tortura o la desaparición forzada— y la magnitud y el número de los casos reportados.

Adicionalmente, en estos momentos hay una sospecha razonable sobre la existencia de ataques sistemáticos contra la población civil, por lo que puede hablarse de crímenes de lesa humanidad y eventualmente genocidio, en el caso de los ataques contra los pueblos indígenas en distintas ciudades del país.

¿Por qué un organismo internacional?

Independientemente del órgano de investigación —sea la CIDH, una comisión autónoma como la de Guatemala o un mecanismo como en Siria o Myanmar—, un órgano internacional puede garantizar una mejor investigación y ayudar a legitimar el proceso.

Esto no quiere decir necesariamente que dicho mecanismo atribuirá responsabilidad, pero sí mejorará las investigaciones, la recolección y la organización de evidencia, para posteriormente determinar cuál es el mejor escenario para los procesos de atribución de responsabilidad.

Frente al asunto de la legitimidad, cabe decir que los órganos de control nacionales están tremendamente desprestigiados ante la ciudadanía. Por eso sus investigaciones estarían cubiertas con un manto de duda independientemente de sus resultados.

Las cabezas de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría son cercanas al gobierno. Sus declaraciones y su actuar con respecto de los hechos ocurridos en el paro nacional ponen en duda su independencia e idoneidad para llevar a buen término las investigaciones.

Allí radica la idoneidad de un órgano internacional. Pero esto no quiere decir que se relevará de su mandato constitucional a los órganos domésticos.

Por el contrario, pueden establecerse espacios de colaboración al estilo de Guatemala o mecanismos alternativos que apunten a elementos distintos como la responsabilidad internacional estatal v. las responsabilidades individuales penales o disciplinarias.

Es cierto que Colombia tiene la capacidad doméstica en algunos organismos para investigar y lidiar con fenómenos sistemáticos y macro, pero dicha capacidad es limitada y está asignada a otros procesos.

Como ya se mencionó, el sistema jurídico nacional permite únicamente una aproximación individual a la investigación y esto puede acarrear problemas de saturación y falta de representatividad de las imputaciones frente a la magnitud de los hechos.

La saturación relacionada con la falta de capacidad pondría en riesgo el éxito de los procesos y podría conducir a casos de vencimiento de términos o imposibilitaría seguir con las investigaciones; la evidencia con el paso del tiempo es más difícil de conseguir: los testigos ya no quieren declarar, la evidencia física desaparece, se contamina o se dispersa.

En contraposición, un organismo internacional integrado por expertos en este tipo de investigaciones contaría con un mandato único que podrían ejecutar de inmediato y además no estaría limitado por el sistema jurídico del proceso penal o disciplinario nacional, sino que podría contemplar otras avenidas ante sistemas regionales, internacionales o incluso de justicia universal.

Finalmente, la velocidad de las investigaciones es esencial para atribuir exitosamente las responsabilidades. Estos procesos necesitan aprovechar la coyuntura para incidir sobre las políticas y el comportamiento estatal y tener un efecto real. El paso del tiempo resta disposición a colaborar y disminuye la presión social y mediática. Dicha inmediatez es imposible con la saturación del sistema jurídico nacional.

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Los retos

En este momento en Colombia existen esfuerzos importantes de documentación por parte de las ONG, de la sociedad civil y de la misma ciudadanía. Pero dichos esfuerzos se perderán por la ausencia de un organismo de confianza que los articule.

Lastimosamente plantear la posibilidad de dicho mecanismo no es igual a ponerlo en funcionamiento. El primer obstáculo que se debe superar es la actitud del gobierno con respecto de la intervención de las organizaciones internacionales. La postura del gobierno en esa materia no es prometedora y dista mucho del comportamiento histórico de Colombia.

Otro elemento que se debe considerar son las dificultades logísticas y presupuestales para establecer el mecanismo y para garantizar su operación. Esto dependería de en qué escenario se propicie su creación y del enorme reto de la financiación que enfrentan los organismos internacionales.

Realizar una investigación de este tipo ofrece mayores garantías para los derechos de las víctimas y mejores posibilidades de encontrar responsables y eventuales reparaciones en comparación al escenario doméstico, donde aún seguimos esperando los resultados de las investigaciones individuales de 2019 y los años anteriores.