La reforma laboral del gobierno puede ser más clara y enriquecedora para los trabajadores y las empresas. Especialistas de la Universidad Javeriana proponen varios cambios constructivos.
Juliana Morad* Iván Jiménez**
La situación actual
El mercado laboral colombiano presenta desafíos que necesitan atención urgente. Por eso los Observatorios Laboral y Fiscal de la Universidad Javeriana hicieron un análisis para entender la situación, basados en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).
El estudio reveló una realidad preocupante por el alto nivel de informalidad, autoempleo, salarios bajos y desigualdades de género en el trabajo doméstico. Como resultado se formuló un proyecto de reforma laboral que modifica al actual marco normativo y añade nuevos artículos para abordar las principales desigualdades.
La informalidad laboral predomina en el país y tiene cifras alarmantes, especialmente en zonas rurales donde llega a un 86 %. En las cinco principales ciudades la informalidad es menor, pero sigue siendo significativa.
Los salarios promedios son alarmantemente bajos, inferiores a 3.100.000 pesos, es decir menos de mil dólares mensuales. Además, hay una brecha salarial significativa entre la informalidad y la formalidad, que en algunos casos llega a estar por debajo del salario mínimo.
El análisis también muestra las desigualdades de género, especialmente en el trabajo doméstico no remunerado. Las mujeres, tanto casadas como solteras, enfrentan una carga desproporcionada de trabajo doméstico no remunerado, lo que limita su participación en el mercado laboral y perpetúa la brecha de género.
Cambios en el régimen de contratación
En un proyecto para mejorar la protección de los trabajadores, es crucial la cautela sobre los costos que puedan derivarse de las modificaciones propuestas, para evitar efectos negativos sobre la generación de empleo.
Teniendo en mente el objetivo de mejorar al trabajador sin desincentivar la creación de empleo, proponemos modificar la jornada nocturna, que comenzaría a las 8 pm y, en el futuro, adelantarla a las 6 pm, solo si logra reducir la tasa de desempleo e informalidad.
La medida se refiere a los sectores de comercio y entretenimiento, cuyos costos laborales aumentarían considerablemente. Cabe destacar que estos sectores son generadores de empleo, y por lo tanto importa lograr un equilibrio que beneficie tanto a los trabajadores como a las empresas.
La informalidad laboral predomina en el país y tiene cifras alarmantes, especialmente en zonas rurales donde llega a un 86 %.
Además, proponemos extender la licencia de paternidad, una vez que se logre formalizar el empleo; la intención es reconocer la importancia de la paternidad activa y garantizar el bienestar de las familias.
El recargo por trabajo dominical y festivo sería de 85 %, para equilibrar los derechos de los trabajadores con las necesidades de las empresas.
En cuanto a la indemnización por despido sin justa causa, proponemos un aumento menor del que propone el gobierno. Con esto se protegen los derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo se atiende a la realidad de las empresas, en especial de las microempresas.
Proponemos añadir un capítulo especial con reglas claras sobre trabajos especiales, concretamente lo del sector agropecuario, los trabajadores del hogar, los trabajadores sexuales y otros grupos informales altamente vulnerables, como los vendedores ambulantes. En el caso de las plataformas, sugerimos dar prioridad a la protección del trabajador.
También se proponen incentivos para contratar personas LBGTBIQ+, como la exoneración de algunos pagos parafiscales por tener al menos 1 % de esta calidad de empleados durante mínimo tres años.
Finalmente, se plantea la posibilidad de que las prestaciones sociales, como las primas y las cesantías, se paguen de manera mensualizada, lo cual aumentaría los ingresos de los trabajadores y aliviaría el impacto sobre el flujo de caja de los empresarios, especialmente para aquellos que son microempresarios.
Las relaciones de trabajo colectivas
El gobierno nacional plantea un ejercicio de diálogo social basado en el flujo de información de la empresa hacia los sindicatos, en la negociación colectiva y en una amplia regulación para facilitar las huelgas, incluso en servicios públicos esenciales.
En el documento de los observatorios se plantea un diálogo social más fluido, que incluya canales de información multilaterales entre sindicatos y empresas, es decir, que pueda haber una conversación permanente entre las empresas y los sindicatos.
Por otro lado, el gobierno propone una negociación sectorial, donde los representantes sean la empresa más representativa y el sindicato mayoritario, que agrupe al menos un 10 % de los trabajadores sindicalizados.
Por ejemplo, en un sector económico hay tres empresas. Una tiene 700 trabajadores de los cuales 77 pertenecen a una organización sindical, la otra empresa tiene 50 trabajadores pero apenas tres están en el sindicato y la última empresa tiene 30 trabajadores y ninguno sindicalizados, las condiciones económicas serán las acordadas entre el sindicato y la empresa de 700 trabajadores.
Los observatorios hemos entendido que la negociación por sector es una necesidad, pero que debe ser de carácter voluntario poque no todos los sectores están preparados.
Estas condiciones sin embargo pueden implicar la salida del mercado de las otras dos competidoras y, por ende, la pérdida de sus empleos. Como señala el CEDEC. este cambio tendría grandes efectos oligopólicos, si tenemos en cuenta que más del 99 % de las empresas son medianas o pequeñas.
Además, el modelo podría significar la desaparición de los sindicatos o, al menos, generar disputas entre las mismas organizaciones sindicales.
Los observatorios hemos entendido que la negociación por sector es una necesidad, pero que debe ser de carácter voluntario poque no todos los sectores están preparados. La propuesta es que los sindicatos y las empresas sean libres para disponer las condiciones y objetivos de negociación.
Las huelgas, por su parte, deben ser declaradas por mayoría; pero si no se llega a una huelga total, la minoría puede ejercer una huelga parcial.
Con estas ideas queremos aportar una visión más amplia y nueva al debate que quizás enriquezca el trámite legislativo y ofrezca alternativas para encontrar consensos.
Por último, cabe destacar que la propuesta ya fue considerada por los representantes David Chaparro y Víctor Salcedo que presentaron una ponencia en la Comisión Séptima del Congreso. A su vez, el representante Carlos Ardila presentó un proyecto de ley que integra el 100 % de las propuestas del observatorio.
