Colombia 2026: por qué necesitamos un diagnóstico antes de prometer soluciones

El debate económico de cara al próximo cuatrienio sigue atrapado en la retórica de las grandes transformaciones. Pero sin un análisis riguroso de las causas estructurales del subdesarrollo, cualquier programa de gobierno será un catálogo de buenas intenciones.

Cuando fui a la Universidad Nacional de Colombia a estudiar economía, existía una especie de consenso: “Colombia está sobrediagnosticada”. Siempre pensé que no era cierto; se sabían los qué, pero no los cómo. Petro se eligió para solucionar problemas legítimos que afectan a una población históricamente excluida de las oportunidades. El reclamo social detrás de esa elección es real y permanente: la desigualdad, la exclusión y la pobreza institucional no son invenciones retóricas. Sin embargo, no basta con tener objetivos nobles; se necesitan diagnósticos correctos de las causas y sus respectivas soluciones. Lo que este gobierno demostró es que confundir los síntomas con las causas produce políticas que agravan lo que pretenden resolver.

A medida que se acerca el ciclo electoral de 2026, las propuestas económicas empiezan a circular con la cadencia habitual: erradicar la pobreza, industrializar el campo, radicalizar la inversión social, construir un capitalismo productivo. Los términos varían según el candidato, pero la estructura argumentativa es la misma: un diagnóstico genérico seguido de promesas grandilocuentes. El problema no está en la ambición sino en que Colombia sigue debatiendo efectos como si fueran causas, y proponiendo soluciones agregadas para problemas cuyas raíces son sectoriales y específicas.

Decir que más del 40% de la población vive en la pobreza es describir un síntoma. Decir que el tejido empresarial es insuficiente es evidenciar una consecuencia. La pregunta relevante —y la que casi ningún programa de gobierno responde con rigor— es ¿por qué? ¿Por qué la productividad laboral colombiana es inferior a la de Argentina, Chile y Uruguay? ¿Por qué la mitad de las Mipymes quiebran antes de cumplir un año? ¿Por qué un hogar del decil más bajo necesitaría once generaciones para alcanzar el ingreso promedio nacional, cuando en Dinamarca bastan dos? Sin responder a estas preguntas con un análisis riguroso —entendiendo los mecanismos concretos que producen esos resultados— cualquier propuesta económica será un catálogo de aspiraciones. Más aún si se culpa a una conspiración de “ricos”, o se anhela un pasado que les falló a tantos colombianos. El país no tolera más un discurso sin mecanismos.

La falacia del diagnóstico agregado

Un error recurrente en el debate económico colombiano es tratar al país como una unidad homogénea. Se habla de la pobreza, de la informalidad, del desempleo, como si estos fenómenos operaran bajo las mismas lógicas en Bogotá, en Chocó y en el Eje Cafetero. No es así. Colombia presenta brechas de desarrollo en al menos seis sectores respecto a países de ingreso similar —educación, gobernanza, agricultura, transporte, inclusión financiera y género— según el análisis comparativo del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero cuando se compara con los estándares de la OCDE, las brechas aparecen en todos los sectores, sin excepción. Esto no es solo un dato estadístico: es un indicador de que el país necesita políticas que aborden las causas específicas de cada sector, no paquetes generalistas que tratan todos los males con la misma receta.

Tomemos el caso de la estructura productiva. Colombia tiene apenas 71.500 empresas formales con más de diez trabajadores para una población económicamente activa que supera los 23 millones de personas. Las Mipymes representan el 95,5% del tejido empresarial, generan más del 65% del empleo, pero apenas aportan el 30% del PIB. La productividad promedio de una empresa grande es siete veces mayor que la de una Mipyme. ¿Por qué? Porque las empresas pequeñas enfrentan barreras concretas de acceso a crédito —con tasas de interés real entre las más altas de la región—, baja cualificación de su capital humano, tecnología obsoleta en el 70% de los casos, y un marco regulatorio y tributario que las ahoga antes de crecer. Estos son mecanismos específicos, no abstractos. Y cada uno requiere una intervención distinta.

Lo que el campo necesita no es lo que le prometen

El sector agrícola colombiano concentra buena parte de la mitología electoral. Hay una corriente que propone transformar la economía campesina en el motor del desarrollo nacional mediante una reforma agraria acelerada. La idea es políticamente seductora, pero económicamente incompleta. Existen tres obstáculos centrales del sector: el bajo nivel educativo de la población rural, cuyo máximo alcanzado es generalmente la primaria; la informalidad masiva en la tenencia de la tierra, y la altísima concentración de esta, lo que se relaciona con la ineficiencia en su uso. A estos se suman la infraestructura de riego insuficiente, la ausencia de cadenas logísticas y las barreras de acceso al crédito.

La titulación de tierras, por sí sola, no genera desarrollo agrícola —menos aún si ni siquiera es titulación sino una promesa de compraventa. Un campesino que recibe un título pero no tiene acceso a crédito formal, a asistencia técnica ni a formación empresarial básica, seguirá operando un minifundio de subsistencia. Confundir la redistribución de activos con la transformación productiva es un error conceptual grave. La reforma agraria necesaria no es la que reparte tierra: es la que construye un ecosistema productivo en torno a esa tierra y pone incentivos al uso eficiente. Ese ecosistema requiere inversión en capital humano, infraestructura física, acceso a mercados financieros y tecnología —exactamente lo que el análisis del sector revela como ausente.

La confusión entre gasto social e inversión productiva

Otra falacia frecuente en la discusión económica es tratar todo gasto social como si fuera una inversión para el desarrollo. La distinción importa. Una transferencia monetaria condicionada puede aliviar la pobreza inmediata, pero no forma capital humano a menos que esté vinculada a resultados educativos o de salud verificables. Un subsidio de vivienda puede mejorar las condiciones de un hogar, pero no genera encadenamientos productivos si la vivienda se construye sin conectividad, servicios y proximidad a mercados laborales.

Colombia ha tenido experiencias valiosas con programas como Familias en Acción, que evitó que unas 350.000 personas cayeran en la pobreza en un solo año. Pero la lección no es que el gasto social equivalga a la inversión productiva, es que funciona cuando está focalizado, condicionado y evaluado. La clase media colombiana, que pasó de representar el 13,8% de la población a inicios de siglo al 30% en 2019, se expandió principalmente debido a la dinámica del mercado laboral y del sector privado, no a las transferencias estatales. Sin embargo, esa clase media demostró su fragilidad durante la pandemia: 2,2 millones de personas salieron de ella entre 2019 y 2020.

Quien proponga erradicar la pobreza como motor de crecimiento económico invierte la causalidad. No se erradica la pobreza para después crecer; se crece de manera inclusiva para que la pobreza se reduzca de forma sostenible. Esto requiere políticas que eleven la productividad de los factores de producción, no solo políticas redistributivas. Y elevar la productividad exige intervenciones que comprendan el mecanismo del problema: mejorar la calidad educativa, no solo la cobertura; facilitar el acceso al financiamiento para Mipymes, no solo crear fondos de garantía; construir infraestructura logística en las regiones, no solo prometerla desde Bogotá.

Sin seguridad no hay institucionalidad territorial

Hay quienes proponen transformar los territorios mediante la presencia integral del Estado como alternativa a soluciones de seguridad convencionales. La lógica suena bien en el papel, pero tiene un problema de secuencia: no se puede construir institucionalidad donde no existe una soberanía estatal efectiva. La tasa de homicidios en Colombia, aunque ha bajado significativamente desde los años noventa, sigue siendo cuatro veces superior al promedio mundial. Departamentos como Arauca, Valle del Cauca y Putumayo registran tasas de homicidios que superan los 45 por cada cien mil habitantes. El 62% de los colombianos no confía en la Policía Nacional y apenas el 30% de los delitos se denuncia.

La seguridad no es una política sectorial más: es una precondición del desarrollo económico. Los mercados no operan donde hay vacíos de autoridad. La inversión privada no llega a donde el crimen organizado controla el territorio. Proponer una transformación territorial sin resolver primero la cuestión de la seguridad es construir sobre arena. Y proponer seguridad sin fortalecer la capacidad institucional de los municipios es militarizar sin gobernar.

Los pilares operativos de una estrategia económica 

Si el próximo gobierno quiere ir más allá de la retórica, necesita construir su programa sobre pilares operativos, no aspiracionales. Propongo cuatro. Primero, productividad sectorial: diseñar políticas económicas que identifiquen las causas concretas de la baja productividad en cada sector y ataquen sus mecanismos específicos, desde el acceso a crédito agrícola hasta la cualificación técnica para la industria de servicios. Segundo, institucionalidad territorial efectiva: fortalecer las capacidades de las alcaldías como unidad básica del Estado, reasignando recursos y talento humano al nivel local y midiendo el gasto público por resultados, no por la ejecución presupuestal.

Tercero, armonía entre las políticas macroeconómicas: las políticas fiscal, monetaria, comercial y social deben diseñarse de manera coordinada, no en silos ministeriales que se contradicen mutuamente. Colombia tuvo la disciplina fiscal como ventaja comparativa durante décadas; un objetivo central del próximo cuatrienio debe ser recuperar el grado de inversión, y para ello debemos evitar promesas de gasto sin fuentes de financiamiento explícitas. Cuarto, sostenibilidad ambiental como estrategia de diversificación productiva: la riqueza natural de Colombia no es un obstáculo al desarrollo sino un activo estratégico, pero solo si la transición energética se diseña como política industrial y no solo como eslogan de campaña.

El debate que le debemos al país

Colombia es el segundo país más desigual de América Latina. Tiene la menor movilidad social de toda la OCDE. Su informalidad laboral ronda el 55%. Su estructura productiva está atomizada en microempresas de supervivencia. Esas son las razones de fondo del triunfo de Petro, nos guste o no. Y por eso el reclamo social que lo llevó al poder no desaparecerá con él: esa tensión es ya una realidad consolidada en el diálogo nacional. El error no fue escuchar ese reclamo, fue responderle con políticas que confundían los síntomas con las causas.

El país merece un debate económico que distinga entre causas y efectos, analice los mecanismos concretos que producen exclusión en cada sector y territorio, y proponga intervenciones con financiamiento explícito y resultados medibles. Prometer la erradicación de la pobreza como política de crecimiento, o la industrialización del campo por decreto es imprecisión disfrazada de ambición. Colombia no necesita más promesas radicales desatadas de la realidad material. Necesita un programa económico que parta de un diagnóstico honesto y proponga soluciones tan complejas como los problemas que pretende resolver.

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