Cuando la conveniencia política cuesta más que la tasa de interés

El retiro del Gobierno de la Junta del Banco de la República reabre el debate sobre la autonomía monetaria. Más que una pugna técnica, el conflicto revela el riesgo de la inconsistencia fiscal y el alto costo social de perder la credibilidad.

El pasado 31 de marzo, el ministro de Hacienda abandonó intempestivamente la sesión de la Junta Directiva del Banco de la República, rechazando el segundo incremento consecutivo de 100 puntos básicos en la tasa de interés de política monetaria, que pasó de 9,25% a 11,25% en apenas dos reuniones. El presidente Petro anunció que “el gobierno se retira de la junta” y el Ejecutivo adelantó su intención de reformar constitucionalmente el mecanismo de decisión del emisor. En paralelo, una carta abierta promovida por el Centro de Pensamiento Vida denunció que el Banco opera como “un representante político de los rentistas”, mientras que dos comunicados, uno firmado por siete decanos de economía y otro por más de 200 economistas, salieron en defensa de la autonomía institucional.

El debate ha escalado a un terreno que combina teoría económica, pugna distributiva y política electoral. Pero detrás de la retórica abundan malentendidos profundos sobre por qué existen bancos centrales independientes, cuál es la naturaleza del problema que resuelven y quiénes pagan realmente cuando esa independencia se erosiona. Este artículo busca aportar claridad desde la tradición teórica que formalizó estas cuestiones: la de Thomas Sargent, Christopher Sims, Finn Kydland y Edward Prescott.

El problema es de credibilidad

La justificación teórica de la independencia de la banca central no descansa en una preferencia ideológica por el “capital” ni en un culto tecnocrático a la estabilidad de precios como fin en sí mismo. Descansa en un problema lógico que Kydland y Prescott formalizaron en 1977 y que les valió el Premio Nobel en 2004: la inconsistencia temporal de la política económica.

El argumento es el siguiente: supongamos un gobierno benevolente —no corrupto ni capturado por élites— que genuinamente quiere maximizar el bienestar de la sociedad. Ese gobierno enfrenta una tentación permanente: si los agentes económicos esperan una inflación baja, el gobierno puede generar una inflación sorpresiva que reduzca temporalmente el desempleo y abarate el servicio de la deuda. Pero los agentes no son ingenuos. Si saben que el gobierno tiene esa tentación, ajustarán sus expectativas al alza. El resultado es un equilibrio perverso: una inflación más alta sin ninguna ganancia de empleo. Es lo que Barro y Gordon (1983) formalizaron como el “sesgo inflacionario” de la política discrecional.

La independencia del banco central es un mecanismo de compromiso diseñado para escapar de esa trampa. No se trata de quitarle poder al pueblo; se trata de resolver un problema de inconsistencia que ningún gobierno, por bienintencionado que sea, puede superar solo con buenas intenciones. Como lo formalizó Rogoff (1985), delegar la política monetaria en un agente “conservador” —más averso a la inflación que la sociedad en promedio— produce un resultado superior al que obtendría un planificador social benevolente con plena discrecionalidad. La independencia del banco central no es una concesión al capital financiero: es una solución institucional a un problema que persiste incluso cuando el gobierno busca genuinamente el bienestar de los trabajadores. Lo que estamos viendo en Colombia es un ejemplo de libro de texto: el gobierno y sus aliados actúan exactamente como la teoría predice.

Las lecciones ignoradas de Sargent

Thomas Sargent, en su célebre estudio sobre el fin de cuatro grandes inflaciones europeas del período de entreguerras, demostró que las hiperinflaciones no terminaron mediante ajustes graduales de las tasas de interés, sino mediante reformas institucionales creíbles que separaron parcialmente la política fiscal de la monetaria. En Austria, Hungría, Polonia y Alemania, lo que detuvo la espiral fue el establecimiento de bancos centrales independientes, con la prohibición de financiar directamente al gobierno. Cuando los agentes perciben que la autoridad monetaria está subordinada al poder político, ninguna tasa de interés es suficiente para anclar las expectativas. La credibilidad institucional es condición necesaria.

La “aritmética monetarista desagradable” de Sargent y Wallace (1981) refuerza esta lección: cuando la política fiscal domina —cuando el gasto público se determina sin considerar la restricción presupuestaria intertemporal y se espera que el banco central acomode—, el resultado inevitable es una inflación futura mayor. En Colombia, un aumento del salario mínimo del 23,7% en una economía con inflación del 5,1% y expectativas desancladas constituye exactamente el tipo de choque que esta literatura describe como generador de presiones inflacionarias persistentes.

Sims y la teoría fiscal del nivel de precios

El recientemente fallecido Christopher Sims, ganador del Nobel junto con Sargent en 2011, desarrolló la teoría fiscal del nivel de precios (FTPL). En ella, cuando la política fiscal es “activa” —cuando el gobierno fija su gasto sin ajustarlo para garantizar la sostenibilidad de la deuda—, el nivel de precios se convierte en la variable de ajuste.

Traducido al contexto colombiano: cuando el gobierno decreta un aumento salarial que presiona el gasto público (vía salarios de funcionarios indexados al mínimo), amplía las transferencias sociales y expande el déficit fiscal, mientras simultáneamente exige que el banco central mantenga tasas de interés bajas, está configurando exactamente el escenario de dominancia fiscal que Sims describe. La inflación resultante no es un accidente ni una conspiración de rentistas: es la manifestación aritmética de una política fiscal inconsistente con la estabilidad de los precios. La respuesta del Banco —subir las tasas de forma contundente— es lo que la teoría prescribe para evitar que la política monetaria se vuelva pasivamente acomodaticia. No hacerlo equivaldría a aceptar una inflación más alta como mecanismo de ajuste, exactamente lo que la población más vulnerable padecería.

Sims ilustra este riesgo con el caso de Brasil en los años ochenta, analizado por Loyo (2000): sin interferencia directa del gobierno sobre el banco central, la disfunción fiscal hizo que subir las tasas de interés aumentara la inflación, porque los mayores pagos de intereses alimentaban una mayor emisión de deuda sin expectativa alguna de ajuste fiscal futuro. Es el ejemplo extremo de lo que ocurre cuando la política fiscal domina: la política monetaria pierde toda tracción. Colombia no está en ese extremo, pero erosionar la independencia del Banco empuja en esa dirección.

Hay que conceder un punto a los críticos: toda acción de política monetaria tiene consecuencias fiscales y distributivas. La política monetaria no es neutral. Pero la conclusión es la opuesta a la de los postkeynesianos colombianos: precisamente porque las decisiones monetarias tienen impacto fiscal, se necesita una institución aislada de las presiones electorales de corto plazo. Si el banco central toma decisiones con consecuencias distributivas y, además, está subordinado al gobierno, desaparece el contrapeso institucional.

El espejismo postkeynesiano: inflación de costos y la “tasa justa”

La crítica actual al Banco proviene, en buena medida, de una perspectiva postkeynesiana que concibe la inflación exclusivamente como un conflicto distributivo y propone una “regla justa” según la cual la tasa de interés real debería igualarse al crecimiento de la productividad laboral. Esta regla ignora el estado de la demanda agregada, las expectativas inflacionarias y la restricción de la balanza de pagos. En una economía abierta y pequeña como la de Colombia, donde la devaluación se transmite rápidamente a los precios y los flujos de capital responden a diferenciales de tasas, una regla pasiva es una receta para la inestabilidad cambiaria. Ningún banco central del mundo la ha adoptado.

El Centro Vida sostiene, además, que la inflación actual es fundamentalmente de oferta —cuellos de botella externos, encarecimientos energéticos, choques logísticos— y que elevar las tasas no resuelve esos problemas. El argumento es legítimo en abstracto, pero ignora la realidad colombiana. El aumento del salario mínimo del 23,7% no es un choque de oferta externo: es un choque de costos internos, generado por una decisión doméstica que, simultáneamente, expande la demanda agregada. Cuando el aumento supera la inflación esperada en más de 18 puntos porcentuales, estamos ante un choque macroeconómico masivo. La inflación básica sin alimentos ni energéticos alcanzó el 6,1% en febrero y la de servicios llegó al 7%: estas no son presiones de oferta por tensiones geopolíticas, sino presiones de demanda interna. Con una informalidad laboral por encima del 50% y un autoempleo cercano al 80%, una porción enorme del empleo no puede absorber aumentos de esa magnitud sin ajustes vía precios o del empleo formal. Esto será más evidente cuando el impulso fiscal artificial cese debido a restricciones materiales.

Lo más grave es lo que ocurre con las expectativas. Tras el anuncio del aumento salarial, las expectativas de inflación para el cierre de 2026 saltaron de 4,6% a 6,4%, y las implícitas en el mercado de deuda superaron el 7%. Este desanclaje no es un fenómeno “rentista”: es el mecanismo mediante el cual una inflación transitoria se vuelve persistente. Cuando todos los agentes negocian esperando 6% de inflación, el resultado es 6% de inflación, sin importar si la causa original fue de oferta o de demanda.

Algunos citan a Hirschman para argumentar que la inflación es un “invento notable” que permite a una sociedad coexistir entre la armonía y la guerra civil. Pero olvidan la otra cara: cuando la inflación se vuelve persistente, se convierte en un mecanismo de expropiación de los más pobres. En febrero de 2026, los hogares de bajos ingresos enfrentaban una inflación de alimentos del 5,83% y en aumento. Afirmar que la desinflación colombiana se logró “a costa de los trabajadores” omite que la inflación bajó del 30% a un dígito tras la independencia del Banco, y que la evidencia académica —Meisel y Barón (2010), Otero y Ramírez (2006)— demuestra que los períodos de mayor independencia institucional coinciden con los mejores resultados inflacionarios. La experiencia del siglo XX, desde Weimar hasta las crisis latinoamericanas de los ochenta, demostró que un banco central que intenta servir a demasiados amos termina sin servir bien a ninguno.

¿Quién paga realmente la inflación?

La carta del Centro Vida afirma que “una política de tasas altas tiende a favorecer a los acreedores y a las rentas financieras, mientras castiga a los hogares”. Esta afirmación invierte la realidad distributiva de la inflación. Los hogares de altos ingresos tienen acceso a instrumentos indexados (CDTs en UVR, TES indexados, activos en dólares) que protegen su riqueza. Los hogares pobres carecen de esos instrumentos: su “portafolio” es efectivo y de consumo corriente, y no tienen acceso a deudas que se erosionen con la inflación. Cuando la inflación se acelera, cada peso en el bolsillo del trabajador informal vale menos al día siguiente.

Según el DANE, en febrero de 2026 la inflación de alimentos —el rubro que más pesa en la canasta de los hogares pobres— se aceleró al 5,83% anual, frente a una inflación general de 5,29%. El impacto en los hogares en los que el 40% del ingreso se destina a la alimentación es devastador. La ironía es profunda: el aumento del 23,7% buscaba mejorar el ingreso real de los trabajadores formales, pero si genera inflación persistente del 6-7%, el beneficio se erosiona para los formales y se convierte en impuesto regresivo para los 13 millones de informales, que no recibieron ningún aumento pero sí pagan precios más altos. La política monetaria restrictiva no busca anular la ganancia salarial; busca evitar que la inflación la devore.

Coordinar no es subordinar

El presidente ha argumentado que la Constitución obliga al Banco a “coordinar con el gobierno la coordinación general de la economía” y que una sentencia de la Corte Constitucional lo obliga a considerar objetivos de empleo y producción, no solo metas monetarias. Concluye que la Junta “se ha puesto en contra de la Constitución”. El argumento confunde la coordinación con la subordinación.

La coordinación es necesaria, pero en el sentido exactamente opuesto al que plantea el gobierno. Cuando la política fiscal es expansiva y el mercado percibe una trayectoria insostenible de deuda, son los propios mercados —no el banco central— los que encarecen el financiamiento del gobierno mediante mayores primas de riesgo soberano. El papel de una política monetaria creíble es anclar las expectativas de inflación para que ese encarecimiento no se convierta en espiral. Si el banco central pierde independencia y el mercado anticipa monetización del déficit, las tasas de los títulos de deuda subirán aún más, independientemente de lo que haga la tasa de referencia. Coordinación, en esta tradición, significa que la política fiscal se ajuste para ser consistente con la estabilidad de precios, no que el banco central abandone su meta para acomodar la expansión fiscal.

El diseño institucional colombiano ya contempla esa coordinación: el Ministro de Hacienda tiene asiento permanente en la Junta con voz y voto, precisamente para articular política fiscal y monetaria. La Corte, en su sentencia de 1999, estableció que el mandato de preservar el poder adquisitivo de la moneda debe considerar otros objetivos económicos, pero “considerar” no significa “sacrificar la estabilidad de precios cada vez que el gobierno lo demande”. Al retirarse de la Junta, el ministro no defendió la coordinación: rompió el único mecanismo constitucional diseñado para ejercerla.

Hay una diferencia abismal entre exigir transparencia y pretender subordinar la política monetaria a los objetivos de corto plazo del gobierno de turno disfrazando la subordinación de coordinación. La tradición de Sargent y Sims enseña que las instituciones importan más que las intenciones. Un gobierno que genuinamente quiere proteger a los trabajadores debería considerar al banco central independiente su mejor aliado, no su enemigo. Porque cuando la credibilidad monetaria se pierde —y la historia de América Latina ofrece lecciones dolorosas—, los costos de reconstruirla son enormes y recaen desproporcionadamente sobre quienes menos tienen.

El debate que Colombia necesita no es si el Banco debe ser independiente —la evidencia es abrumadora—, sino cómo articular una política fiscal responsable con una política monetaria creíble. Esa conversación requiere lo que Keynes demandaba: cambiar de ideas cuando los hechos lo exigen, no cuando la conveniencia política lo dicta.

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