El presidente Iván Duque dice que están disminuyendo, pero las cifras son escabrosas y las medidas adoptadas no producen tranquilidad. ¿Nos espera un 2019 más violento?
Sirley Muñoz Murillo*
No paran los asesinatos
En Colombia cada semana nos enfrentamos con la pérdida de vidas de líderes sociales y defensoras de derechos humanos. El pasado 21 de junio se conoció el asesinato de María del Pilar Hurtado en Tierralta, Córdoba, y la semana pasada fueron asesinados dos líderes sociales en Caloto, Cauca.
Los asesinatos siguen aumentando mientras nos preguntamos abrumados cómo y cuándo pararán estos ataques, que han arrasado cientos de vidas y afectado familias, además de silenciar voces valientes que se han atrevido a trabajar por los derechos de muchos, sin contar los procesos comunitarios que han sido destruidos.
Al parecer, la respuesta está lejos de encontrarse. Mientras tanto, en los territorios el miedo es el protagonista. Defensoras y defensores se enfrentan todos los días a sus labores con la inminencia de la amenaza o de la muerte.
La pérdida de una vida a causa de la violencia es, sin duda, una tragedia inconmensurable. Pero en la realidad de nuestro país, es una mala noticia que mañana será reemplazada por el anuncio de otro asesinato. Sea por indiferencia o por dolor, ignorar estos sucesos implica ignorar a cientos de personas que intentan alertarnos sobre lo que pasa en sus comunidades.
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El peor de los escenarios
Después de la firma del Acuerdo de Paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC, gran parte de los colombianos teníamos la esperanza de vivir en un país diferente, en el que la guerra no fuera el centro de nuestros días. Pero la ilusión solo duró algunos meses antes de desvanecerse.
El vacío que dejaron las FARC en los territorios de alrededor de 242 municipios en los que hacían presencia y ejercían poder no fueron llenados por el Estado. Nunca llegó a esas zonas el aparataje institucional que históricamente ha sido incipiente.
 Sobre los líderes sociales se ciernen un sinfín de amenazas y el gobierno se limita a condenar los asesinatos. Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica |
En su lugar, las comunidades han sido testigos de la escalada del conflicto y de la llegada a los territorios de nuevos grupos armados o del regreso de algunos ya existentes, además de las disputas por el control de zonas, corredores y población. Esta última ha quedado en medio de la violencia, en particular las personas defensoras de derechos humanos, que para estos actores son las voces incómodas que deben ser silenciadas.
Las cifras de agresiones a defensoras y defensores son contundentes. De acuerdo con el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos (SIADDHH) del Programa Somos Defensores, desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en el 2016, el número de violaciones a sus derechos ha ido en aumento.
Después de una reducción considerable en el 2016, se presentaron cifras en los años siguientes que superaron las expectativas y que van en contravía de la situación que se esperaba para un escenario de posacuerdo.
La realidad de nuestro país, es una mala noticia que mañana será reemplazada por el anuncio de otro asesinato.
Asesinatos, amenazas, atentados, detenciones, desapariciones, judicializaciones y robos de información se han presentado año tras año, con una constancia que deja el mensaje de que probablemente estamos lejos de obtener respuestas y de encontrar una solución para eliminar la violencia contra defensoras y defensores.
Así lo deja ver la cantidad sin precedentes de agresiones que lamentablemente se registraron durante el 2018 por el Programa Somos Defensores. Nunca, desde la creación del Sistema de Información en el 2010, se había registrado un número tan alto de agresiones, con un total de 805, de las cuales 155 fueron asesinatos y 583 amenazas.
Y es que las agresiones a líderes aparecen en casi todos los departamentos de Colombia, pues como lo muestra el informe La naranja mecánica del Programa Somos Defensores, durante el 2018 estas ocurrieron en 28 de los 32 departamentos del país.
El inicio del 2019 no ha sido mucho mejor. Entre los meses de enero y marzo, el Sistema de Información del Programa Somos Defensores conoció y registró un total de 245 agresiones individuales, lo que significa un incremento del 66 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2018, en el que se registraron 147 agresiones.
Durante estos meses llama la atención el alto incremento de las amenazas, ya que mientras en el primer trimestre de 2018 se conocieron 84, este año se registraron 207, un aumento que enfatiza el riesgo en el que permanecen durante este año las personas que deciden luchar por los derechos de sus comunidades.
Aunque durante el primer trimestre de 2019 el Programa Somos Defensores conoció 25 asesinatos y solo hasta julio será posible hacer públicas las cifras consolidadas del primer semestre, desde ya es posible anticipar que son muchas más las vidas que se han perdido entre abril y junio.
La herida que esto deja trasciende familias y comunidades y debería ser escuchada por todo el país. A raíz de esta situación, deberíamos cuestionarnos por qué demandar derechos y procurar el bienestar de un colectivo es razón suficiente para acabar con la vida de una persona.
Algo muy malo está pasando en el Estado, los gobiernos y la sociedad para que la capacidad de una voz sea equiparable a la brutalidad de las armas.
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Oídos sordos
En medio de esta evidente crisis de derechos humanos una pregunta ha surgido: ¿dónde está el Estado? La magnitud de la violencia que se ha ensañado en contra de los líderes hace imposible ignorar la situación. Por eso no se entiende la tímida reacción del gobierno frente a un asunto que no da espera.
 En Colombia sigue sin tener valor la vida de los líderes sociales y los defensores y defensoras de derechos humanos. Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica |
A gritos y de todas las formas posibles, las personas en los territorios nos están dejando saber que tienen miedo, que la violencia está en la puerta de sus casas, que los quieren matar. Sin embargo, la institucionalidad mira de lejos, con cierta distancia y nos hace esperar, solo para prometer después de cada muerte que el tema les interesa y que hay medidas en marcha.
Entre los meses de enero y marzo, el Sistema de Información del Programa Somos Defensores conoció y registró un total de 245 agresiones
En el último mes, el presidente Iván Duque ha afirmado que la violencia contra los defensores ha disminuido, que los asesinatos bajaron en un 32 por ciento y que el 96 por ciento del territorio nacional se encuentra libre de asesinatos de defensores.
Pero esas afirmaciones no encajan con la realidad. Las muertes continúan ocurriendo, los grupos armados se siguen disputando e instalando en los territorios y, además, es imposible e irresponsable medir la magnitud de la violencia solo haciendo referencia a los asesinatos.
El gobierno ha desconocido acuerdos que se plantearon durante la presidencia de Juan Manuel Santos y, en particular, en el Acuerdo de Paz con las FARC para desmantelar los grupos armados y garantizar la vida de defensoras y defensores.
En su lugar, ha propuesto iniciativas como el Plan de Acción Oportuna –PAO- que no son efectivas y que son problemáticas porque tienen una esencia militarista. Está comprobado que la fórmula de atacar la guerra con más guerra, repetida durante décadas, tiene efectos colaterales nefastos sobre la población civil.
Con un panorama como este, existe la necesidad de hacer un llamado al actual gobierno para que considere de manera seria las amenazas en las que se encuentran las personas defensoras de derechos humanos y se generen garantías para frenar la violencia en su contra. Además, es elemental que no se desestimen con porcentajes y cifras las agresiones que sufren de manera constante. Ni una voz más debe ser silenciada en el país.
*Periodista y magíster en Ciencia Política. Coordinadora de Comunicaciones, Incidencia y Sistema de Información del Programa Somos Defensores
