El sistema pensional en Colombia tiene problemas, pero la transformación que el gobierno propone puede agravar la situación de los próximos años.
Leonardo Urrea*
El fracaso del sistema pensional
Aún se tienen muchas preguntas sobre la propuesta de reforma pensional que pasará el gobierno nacional en abril de 2023. Los problemas de los sistemas pensionales son graves en casi todas partes del mundo y, por lo general, tienen sus raíces en las demografías y en el mal funcionamiento de los mercados laborales.
Esto es especialmente cierto en países como Colombia en donde la economía, el sistema impositivo y las reglas de contratación consolidan la informalidad y la baja productividad laboral.
Hay que aceptar el consenso técnico. El sistema pensional colombiano ha fracasado a la hora de satisfacer sus principales propósitos:
- Evitar la pobreza de las personas mayores —26 % de adultos mayores viven en pobreza—;
- Evitar caídas extremas de ingreso después del retiro laboral de los trabajadores.
El sistema no pensiona a las personas: sólo 1 de cada 5 tiene acceso a su pensión. Además, es excesivamente costoso —30 % del presupuesto nacional— en parte porque tenemos un grupo de personas con mega pensiones —de más de 6 millones de pesos o hasta de más de 30 millones— subsidiadas con impuestos de todos los colombianos —pues no están soportadas en ahorro individual—.
El problema del sistema de ahorro es que replica los vicios del mercado laboral que por su informalidad hace que casi nadie tenga suficientes semanas ni ahorro para asegurarse una pensión decente.
La señal inequívoca del fracaso del sistema es que las transferencias monetarias a adultos mayores en pobreza sólo cubren a 1,6 millones de personas —con 80.000 pesos cuando la línea de pobreza extrema es de 150.000 pesos— y deja a 2,9 millones sin ningún tipo de protección económica.
Los dos modelos
Existen dos extremos en los sistemas pensionales del mundo que la gente debe conocer.
- El Régimen Prima Media, Colpensiones. Este simplemente recolecta aportes de los trabajadores en una bolsa común y con esa plata paga las pensiones de la gente en retiro que cumplió con los requisitos.
- El Régimen de Ahorro Individual o el de fondos privados. En este cada trabajador tiene una bolsa de ahorro en un fondo privado que invierte la plata financiando empresas, gobiernos y proyectos de inversión para mantener y aumentar el valor de la plata en el tiempo.
Los dos sistemas tienen problemas y bondades. La bondad del sistema de reparto es que permite hacer transferencias directamente con las contribuciones de empleados hacia los pensionados. En Colombia, lamentablemente, es un Robin Hood inverso.
El problema del sistema de Colpensiones es que funciona si, y solo si, hay más gente joven que vieja. Pero se sabe que en el futuro habrá más personas viejas que jóvenes, de modo que el Ministerio de Hacienda estará en graves problemas para conseguir la plata y honrar la dignidad de los adultos mayores.
Por su parte, el sistema de ahorro individual permite acumular un seguro para las pensiones futuras de muchos colombianos mientras financia diversos proyectos de inversión e incluso financia el déficit del gobierno nacional. En esos fondos los colombianos han ahorrado —de forma privada y no pública— 340 billones que están invertidos 50 % en el exterior, un 30 % en deuda pública y el restante en inversiones en empresas.
El problema del sistema de ahorro es que replica los vicios del mercado laboral que por su informalidad hace que casi nadie tenga suficientes semanas ni ahorro para asegurarse una pensión decente.
Por ello, lo mejor es un sistema mixto, pues se resuelve el problema de la pobreza en la vejez sin destruir los incentivos al ahorro ni la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El sistema de pilares
La propuesta del gobierno es un sistema de pilares. Se plantea un primer pilar solidario que cubriría medio salario mínimo —aproximadamente 500.000 pesos— para personas que no alcancen a pensionarse con las reglas del sistema —semanas cotizadas—.
El segundo pilar es uno contributivo para personas con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos —4 millones de pesos—, en el que la plata iría directamente a Colpensiones para pagar pensiones y subsidios. Esto sería el traslado de casi 16 millones de aportantes actuales de fondos privados que acumulan aproximadamente entre el 60 % y el 70 % de la masa de cotizaciones anuales.
Finalmente, el tercer pilar estipula que las personas con ingresos por encima de 4 millones de pesos aportarían sólo el excedente por encima de 4 millones a los fondos privados.
No obstante, hay dos piezas clave que aún no se han aclarado y que son el Florero de Llorente de la reforma: de cuánto será el subsidio a la vejez para quienes no alcancen a pensionarse, y cómo se financiará este pilar solidario.
Por ahora, sobre lo primero, el gobierno ha dicho que serán 500.000 pesos que se obtendrán a partir de las contribuciones del 95% de los trabajadores que hoy están en fondos privados y que pasarían directamente a Colpensiones con la reforma.
Pero las cuentas no cuadran… Con Jorge Llano, ex Asofondos, hemos conversado y las matemáticas de servilleta son las siguientes: el costo anual de las pensiones en Colpensiones es aproximadamente entre 25 y 30 billones, de lo cual el gobierno cubre con presupuesto un faltante de 15 billones porque la plata de cotizaciones a Colpensiones no es suficiente. Con esto el gobierno tiene un déficit de casi 50 billones anuales sumando regímenes especiales.
El pilar solidario propuesto de 500.000 pesos costaría 18 billones de pesos adicionales, que el gobierno piensa financiar con las cotizaciones de los trabajadores que están en los fondos privados que serían aproximadamente 12 billones de pesos anuales.
Sin embargo, a esa cuenta hay que restarle 9 billones que el gobierno recibe anualmente por traslados de ahorro de personas que pasan del régimen privado al público, porque después de la reforma no habrá más traslados. Así, el adicional para el gobierno serían sólo 3 billones y le quedarían faltando 15 billones para completar el pilar solidario, lo que se espera recaudar con la reforma tributaria. Habrá que ver las cuentas finales del gobierno en abril de 2023.
En mi criterio, la situación es aún más grave porque habrá en ese entonces muchos viejos con el derecho en el papel, pero sin pan en la mesa, de modo que el planteamiento del gobierno de una supuesta contraposición entre la dignidad de las personas mayores y la rentabilidad es absolutamente incorrecto. La población necesita un componente de ahorro en el sistema que habilite esa dignidad y esos derechos de forma real en el futuro.
El traslado de las cotizaciones de los aportantes en fondo privados hacia Colpensiones de forma obligatoria en teoría no trasladaría los 340 billones de ahorro de estos colombianos, pero eliminaría el 70 % del flujo del ahorro, pues esa plata ya no se destinaría para los fondos de ahorro individual sino para pagar gasto corriente del gobierno nacional. El ahorro se reduciría a una mínima expresión.
Una bomba fiscal
Marchitar esa fuente del ahorro nacional es un error macroeconómico que Argentina cometió y que el equipo económico del gobierno conoce perfectamente.
La Argentina de Kirchner aprovechó la crisis de 2008 para mostrar las pérdidas temporales de los fondos de pensiones argentinos como un fracaso del sistema y tomó 30.000 millones de dólares para financiar el gasto público. La experiencia mostró que se afectó el mercado de capitales, las tasas de interés subieron y se perdieron inversores institucionales que habilitaban operaciones de largo plazo como TES a 30 años, hipotecas de más de 20 años y mega obras de infraestructura.
El gobierno tomará todo aporte por debajo de 4 salarios mínimos de las personas que hoy están ahorrando en los fondos privados. Esa plata no se ahorrará, porque el traslado será obligatorio y el gobierno adquirirá una deuda directa con esas personas en el futuro.
Esto significa que cuando la pirámide poblacional se invierta, es decir, cuando haya más viejos que jóvenes trabajando, el gobierno de turno se verá en una situación complicada para pagar esas pensiones y sostener los derechos de todas esas personas a las que les prohibió por ley ahorrar. Se calcula que la deuda pública que tendrá esta reforma para 2050 sería de más de 50 % del PIB, una bomba fiscal con mayúsculas.
Así, pareciese que el sistema de pilares esbozado traerá una mini bonanza en el corto plazo. Pero, en el mediano y el largo plazo —2050 en adelante—, el futuro quedará hipotecado y los ministros de hacienda estarán en serios problemas.
En mi criterio, la situación es aún más grave porque habrá en ese entonces muchos viejos con el derecho en el papel, pero sin pan en la mesa, de modo que el planteamiento del gobierno de una supuesta contraposición entre la dignidad de las personas mayores y la rentabilidad es absolutamente incorrecto. La población necesita un componente de ahorro en el sistema que habilite esa dignidad y esos derechos de forma real en el futuro.
Esta reforma depende de cómo se debata y se organice. Puede ser un desastre macroeconómico y social, o un avance en equidad y política social y económica. El pilar solidario debería ser menor y más cercano a la línea de pobreza para garantizar su sostenibilidad y los incentivos de la oferta laboral.
La reforma debería tener en cuenta los cambios paramétricos del sistema y la forma de financiamiento debería ser vía Presupuesto General directamente, eliminando subsidios a pensiones altas, no tomando cotizaciones privadas y así evitando en la práctica un nuevo impuesto al trabajo.
Dado que esta reforma puede tener efectos macroeconómicos sobre el mercado de capitales y fiscales muy serios se espera que el equipo económico del gobierno tome la vocería principal en los próximos meses.
Hay que comprender que el problema de fondo es el mal funcionamiento del mercado laboral y de un sistema educativo de básica, media y superior que no está funcionando para la mayoría de los colombianos.
