La factura de agosto: lo que el próximo Minhacienda encontrará en su escritorio

Lo que el próximo ministro de Hacienda decida en sus primeras semanas determinará si Colombia estabiliza su deuda o entra en una espiral de la que no hay salida indolora.

La herencia

El próximo ministro de Hacienda tiene caja para llegar a la posesión. No tiene caja para llegar a diciembre.

El colchón de aproximadamente US$10.000 millones que dejó la Dirección de Crédito Público está deliberadamente limitado al 7 de agosto. A partir de la tercera semana del mes empiezan a vencer obligaciones que requieren refinanciación inmediata, a la tasa que sea. Con los TES por encima del 14% y, desde el 8 de abril, una calificación de S&P en BB- —grado especulativo no visto desde 1993—, esa tasa es la más alta de la historia. Esta semana, el Ministerio colocó 6 billones de pesos en una sola subasta a tasas cercanas al 15%, cuatro veces más que el monto habitual, precisamente para que el próximo gobierno no arranque sin liquidez. El plan oficial contempla subastas por cerca de 60 billones de pesos en TES durante 2026; cada una se realizará a la tasa que el mercado exija ese día. El problema no es el día de posesión; es septiembre, octubre y noviembre, cuando los vencimientos se acumulen y el nuevo equipo no haya tenido tiempo de emitir señales de ajuste que le generen confianza al mercado y permitan comprimir los spreads.

Lo que se hereda es un cuadro sin precedentes en la Colombia moderna. El déficit primario de 2025 cerró en 3,5% del PIB, el más alto en treinta años fuera de crisis macroeconómicas. El gasto primario creció 1,1 puntos del PIB en 2025, mientras que los intereses bajaron 1,5 puntos debido a operaciones contables de gestión de deuda. La mejora titular es artificial porque el deterioro subyacente es real con un aumento en el pago de intereses para los próximos años. El Plan Financiero anticipa un recorte del 1,3% del PIB en el déficit, pero nunca se dijo cómo ni cuándo. 

La regla fiscal está suspendida hasta 2027. La desviación frente a la meta fue de 3,4 puntos, 1,3 puntos por encima de lo que el propio gobierno se impuso. En su informe al Congreso de abril, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal mantuvo su calificación de “poco creíble” sobre el plan fiscal del Gobierno: proyecta un déficit primario de 3,7% del PIB para 2026 —1,6 puntos por encima de la meta oficial— y un faltante de $32,1 billones para alcanzarla. La supuesta estabilización del gasto descansa en un decreto de aplazamiento que, a finales de abril, aún no se había expedido, mientras que el 51% de las apropiaciones de inversión ya estaba comprometido. No hay ninguna consecuencia institucional (ni política, al parecer) por el incumplimiento.

Y aquí está el dato que más debería pesar en la conversación pública: en el escenario base del propio CARF, la deuda no se estabiliza. En este escenario, aun asumiendo el cumplimiento de la meta del CONFIS en 2027 y el retorno a la regla fiscal en 2028, la deuda crece hasta 65,3% del PIB en 2030. El ancla legal del 55% se ve cada vez más lejana. En el escenario inercial, sin medidas, la deuda superaría el límite legal del 71% en 2028 y llega al 82,3% del PIB en 2030. El CARF lo expone con una frase: el ajuste fiscal requerido en el próximo cuatrienio es de “entre el 4% y el 5% del PIB”, “sin precedentes” en la historia económica reciente.

A esto se suma un choque petrolero que el Plan Financiero no incorporó: el escalamiento del conflicto en Medio Oriente llevó al Brent por encima de US$100. Con ese precio, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles cerraría 2026 en $13,5 billones (0,7% del PIB), que se convertirían en pagos pendientes del gobierno nacional central en 2027.

La trampa

La herencia de Minhacienda no es solo una lista de números deteriorados. Es una trampa con cuatro componentes que se refuerzan mutuamente.

El componente fiscal. El 93% del presupuesto es legalmente inflexible. El espacio discrecional de ajuste es de apenas 1,5% del PIB. Pero las presiones van en dirección contraria: el CARF identifica riesgos adversos de hasta 0,9% del PIB para 2026, derivados del aumento del salario mínimo, de los efectos directos de la reforma laboral y de la entrada en vigor de la reforma pensional. En conjunto, esos riesgos anulan el espacio fiscal.

El componente tributario. Con un conjunto amplio de medidas tributarias expedidas vía decreto y una alta incertidumbre sobre su viabilidad legal, se podrá generar un saldo a favor de las empresas o personas que cumplieron con sus obligaciones. Esto afectará el recaudo efectivo de los próximos años, pues, al adelantar impuestos vía retención o nuevos impuestos que se quedarían sin piso legal, varias personas o empresas tendrían una menor carga tributaria efectiva. 

El componente financiero. Las operaciones de manejo de deuda de 2025 convirtieron el riesgo de tasa de interés en un riesgo de refinanciamiento. Los ahorros de intereses de este gobierno son los costos del siguiente. El pico de cupones ocurre hacia 2029, justo cuando vence un muro de aproximadamente $89,5 billones —4,5% del PIB— concentrado en esas mismas operaciones.

El componente de credibilidad. Y aquí está el centro de la trampa: el costo de la deuda depende de la credibilidad del ajuste, pero la credibilidad depende de que el ajuste sea factible, tanto política como socialmente, para no afectar la actividad económica. Si los mercados no creen, las tasas se mantienen altas, los intereses consumen el espacio fiscal y el ajuste se vuelve aritméticamente imposible sin recesión. Si creen, las tasas bajan, los intereses se reducen y el ajuste se financia parcialmente con su propio dividendo de credibilidad. Con idéntico esfuerzo fiscal, la diferencia entre un escenario sin credibilidad y uno con credibilidad plena puede alcanzar 15 puntos del PIB en la trayectoria de la deuda hasta 2038. Eso es lo que vale la confianza. Eso es lo que está en juego.

Las decisiones

El próximo ministro tiene una ventana de tiempo de unas semanas. La señal que emita entre agosto y octubre determinará si Colombia entra en el círculo virtuoso —credibilidad, menores tasas, espacio fiscal, más credibilidad— o en el vicioso. Cuatro decisiones son ineludibles.

Primera: un recorte inmediato del orden del 0,8% del PIB en gasto discrecional, focalizado en transferencias de baja eficiencia y contratos de prestación de servicios. La protección de la formación bruta de capital debe ser explícita e inviolable: el ajuste debe recaer sobre el gasto corriente, principalmente de burocracia, y no sobre infraestructura ni sobre recursos destinados a resolver las crisis de seguridad, salud, energía y administración del Estado.

Segunda: una reforma tributaria orientada al crecimiento, no al recaudo. Colombia hizo una decena de reformas en veinte años, todas de corte fiscalista. Pero hay espacio para recomponer: ampliación progresiva de la base del IVA con devolución directa a hogares vulnerables, un rebalanceo neutral en el recaudo que reduzca las tasas y sobretasas de renta corporativa mientras amplía la base de renta personal, y un paquete amplio de medidas para el fomento y la atracción de inversión privada. El enroque corporativo-personal estimularía la inversión y la formalización sin perder recaudo. 

Tercera: un nuevo marco institucional fiscal con un CARF independiente. La regla actual fracasó: la deuda se duplicó mientras se cumplía formalmente, y cuando la indisciplina la suspendió no hubo institución capaz de impedirlo. El próximo gobierno debe legislar un marco basado en variables observables, con un mecanismo automático vinculado al riesgo soberano y un ancla de deuda explícita. Y debe darle dientes al CARF: el episodio de marzo lo ilustra con precisión —el Comité califica de “poco creíble” el plan fiscal, cuantifica un faltante de $32,1 billones y no genera consecuencia legal alguna—. Como si el mensaje no fuera suficiente, el propio CARF documenta en su informe de abril que el presupuesto que le asignaron para 2026 es 3,3% menor en términos nominales que el de 2025 y solo le alcanza para operar hasta el 31 de octubre. La institución diseñada para vigilar al Gobierno depende, para sobrevivir, del Gobierno al que vigila. Una reforma seria debe convertirla en una entidad presupuestalmente autónoma con opinión vinculante sobre cláusulas de escape.

Cuarta: señalización inmediata de credibilidad. Las tres decisiones anteriores requieren tiempo legislativo; la señal debe llegar antes. El nuevo gobierno debe anunciar en su primera semana la hoja de ruta fiscal completa: la meta de déficit para 2027, los mecanismos de ajuste y el cronograma legislativo. El mercado no necesita ver el resultado; necesita creer en la intención. Y la intención se demuestra con especificidad y con capacidad técnica. Un anuncio vago será castigado más que el silencio.

El menú actual de propuestas

Mientras la herencia se acumula, la campaña apenas empieza a tocar el tema fiscal con seriedad. El tema no da votos, aunque es una condición sin la cual no se podría ejecutar ninguna de las demás propuestas. Se habla en términos muy generales de un Acuerdo Fiscal, de una posible reforma tributaria, y de un ajuste del Estado. Aunque los detalles escasean.

Paloma Valencia: propone gestionar una operación de financiamiento con Estados Unidos por US$50.000 millones (cerca del 13% del PIB y casi el doble de las reservas internacionales), una “reducción del gasto de funcionamiento” sin cifra y una reducción de los impuestos para fomentar el crecimiento. La operación con Estados Unidos atiende correctamente el diagnóstico de liquidez, pero plantea preguntas que la propia campaña debe responder: si es un swap del tipo Exchange Stabilization Fund, estabiliza, pero no resuelve; si es financiamiento bilateral, las condicionalidades importan tanto como el monto. En cualquier caso, el crédito puente compra tiempo, no compra credibilidad. Sin un plan fiscal detrás, retrasa el ajuste; con uno, lo amplifica. El caso argentino de 2018 ilustra qué pasa cuando un país recibe financiamiento extraordinario sin reformas creíbles que lo sostengan.

Abelardo De La Espriella: ofrece el número más alto y el más débil: un recorte estatal del 40% con ahorro anual de $25–30 billones. Las dos cifras no son consistentes entre sí, y un recorte del 40% del funcionamiento del GNC es físicamente imposible sin tocar SGP, pensiones y servicio de deuda —que son legalmente inflexibles. Es eslogan, no programa. Sumado a ello, también ofrece reformar el sistema tributario para fomentar la inversión. 

Sergio Fajardo y Claudia López: comparten diagnósticos: corrupción, evasión, gasto suntuario y “recaudar lo justo e invertirlo bien”, aún sin meta cuantificada del ajuste en el balance primario ni cronograma de reformas. La persecución de “los cien evasores más grandes” que propone Fajardo es una función que la DIAN ya tiene. 

Iván Cepeda: no ha sido claro con su propuesta de política fiscal. Su plataforma no va más allá de continuar con los programas del gobierno Petro, sin precisar metas de déficit, medidas de ajuste ni una hoja de ruta para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Esto implica, en la práctica, la posibilidad de insistir en nuevas reformas tributarias y de mantener el mismo nivel de gasto y endeudamiento que provocó la crisis actual. Tiene una propuesta de rebajar salarios de la alta dirección; sin embargo; un cálculo de servilleta nos dice que la medida no llega al 0,1% del PIB.

Sumadas, las propuestas concretas que circulan no alcanzan el 4%–5% del PIB de ajuste que el CARF documenta como necesario. La pregunta que el electorado debería hacerle a cada campaña es la misma: ¿cuál es su meta de balance primario para 2027 y qué reformas concretas la financian? ¿Cómo va a financiar el funcionamiento del Estado y el plan de gobierno?  Cualquier respuesta sin esos dos elementos —el número y el cómo— es retórica.

El costo de no actuar

Sin ajuste, la deuda neta del gobierno nacional central superaría el límite legal del 71% del PIB en 2028 y alcanzaría el 82% en 2030. Colombia no llegaría a 2030 en esa trayectoria; una crisis de financiamiento se materializaría mucho antes, probablemente cuando el muro de vencimientos de 2029 coincida con un entorno de tasas altas y el regalo de las operaciones de crédito público de este gobierno se haga realidad.

Con un ajuste creíble, la deuda se estabilizaría y las necesidades de financiamiento bajarían a niveles manejables. La brecha entre ambos escenarios es la diferencia entre un país que paga su deuda y puede resolver múltiples crisis y otro que no puede y cae en default.

El próximo ministro de Hacienda tiene entre sesenta y noventa días para determinar por cuál de esos dos caminos entrará Colombia. 

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