La organización de los Juegos en Paris no estuvo exenta de polémicas: la exclusión de la delegación rusa, la ausencia de una sanción al equipo de Israel, la gentrificación y la inversión pública son algunas de ellas.

Jorge Humberto Ruiz Patiño*

Deporte y simbología cultural 

Durante julio y agosto, se realizará el evento deportivo por excelencia: los Juegos Olímpicos. En esta ocasión, se organizó en la ciudad de París, la cual celebra 100 años desde la última vez que acogió a los deportistas del mundo. Tradicionalmente, los Juegos Olímpicos (JJ. OO.) permiten a las naciones anfitrionas exhibir diversas manifestaciones estéticas y políticas de su identidad nacional, especialmente, durante las ceremonias de inauguración.

Como rituales modernos, los JJ. OO. renuevan los pactos éticos y compromisos valorativos de los deportistas. Además, sintetizan las representaciones que una nación tiene de su pasado y del lugar que desea ocupar a nivel político, económico y cultural frente a los demás países del mundo. 

Véanse las ceremonias de inauguración de los Juegos de Berlín en 1936 y Beijín en 2008. Paris siguió este mismo enfoque con un gran desfile a lo largo del río Sena, uno de los símbolos de la nación francesa, y, una puesta en escena que incorporó buena parte de su simbología cultural. 

A pesar de la importancia de estos rituales, los JJ.OO. son un escenario para la expresión de toda clase de conflictos: las disputas geopolíticas de la Guerra Fría, los estallidos sociales en México de 1986 y Río de Janeiro en 2016 o la toma de rehenes israelíes por parte de un comando palestino durante la edición olímpica de Múnich en 1972. 

Desde la caída del muro de Berlín, han surgido otros conflictos sociales y políticos con resonancia global gracias a la capacidad amplificadora de los JJ.OO. En comparación con las anteriores manifestaciones, estas se diferencian en dos aspectos: van más allá de los Estados nacionales y ponen en entredicho los valores tradicionales del olimpismo. 

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Un nuevo orden mundial 

Uno de los valores capitales del olimpismo, y a la vez el más cuestionado, es su supuesta neutralidad política. En el centro está la exclusión de la delegación rusa y la apertura de un espacio para la participación de deportistas de ese país bajo la etiqueta de “neutrales” (15 en total), es decir, sin posibilidad de exhibir emblemas nacionales. También, hay que traer a colación la ausencia de una mínima sanción al equipo olímpico de Israel.  

Por este motivo, se habla de un doble racero en el Comité Olímpico Internacional (COI) para juzgar las actuaciones de diversos estados en relación con los derechos humanos en contextos bélicos. Si se entiende la sanción a una delegación deportiva como una forma de bloquear el ejercicio propagandístico de un gobierno que ha violado principios humanitarios, en ambos casos hay una evidente desigualdad. 

Por esta razón, Irán y el Comité Olímpico Palestino han solicitado sanciones para la delegación de Israel por los crímenes cometidos contra la población palestina de Gaza. Lo cierto es que, en medio de justificaciones y críticas, la presencia de Israel debilita el pilar de la neutralidad política. 

Parece injusto que una nación reciba los costos sociales y culturales por las acciones políticas y militares de sus respectivos gobiernos, pues se sabe que no hay unidad en la población rusa o israelí frente a las acciones de Putin y Netanyahu. La sanción a una delegación deportiva puede afectar más a un pueblo que a las intenciones propagandísticas de un gobierno. 

De esta manera, para resignificar el principio de neutralidad política, el Comité podría tomar la decisión de no excluir ninguna delegación deportiva y manifestarse públicamente en contra de cualquier violación a los derechos humanos.

Inversión pública y desigualdad

La organización olímpica y las ciudades anfitrionas han defendido la realización de los Juegos como una oportunidad para modernizar la infraestructura urbana: sistemas de transporte, estructura hotelera, equipamientos deportivos, zonas urbanas deprimidas. 

En consecuencia, los gobiernos justifican las grandes sumas de dinero invertidas en la postulación y en la organización del certamen. Sin embargo, el capital proveniente de los derechos de transmisión televisiva, publicidad y turismo no supera la inversión inicial. Por este motivo, el número de ciudades postulantes ha disminuido dramáticamente desde 1997. 

Algunas organizaciones resaltan las consecuencias de carácter ambiental. Por ejemplo, los franceses pagaron 1.400 millones de dólares por la descontaminación del río Sena con el objetivo de habilitar pruebas deportivas como la maratón náutica de 10 kilómetros.

No obstante, es cuestionable que grandes inversiones de dinero público se destinen a los JJ. OO., ya que podrían destinarse al desarrollo de políticas sociales. En su momento, este fue uno de los detonantes de las movilizaciones ciudadanas en Brasil durante los juegos de 2016. Como respuesta, el COI ha propuesto un modelo de gestión basado en la sostenibilidad y la austeridad. 

En los juegos de París se aprovechó la infraestructura deportiva existente y se disminuyó la construcción de equipamientos nuevos. Con estas medidas se comenta que los JJ. OO. tendrán un costo de 9.000 millones de dólares: un logro si se compara con los 13.600 millones que costó el certamen de Tokio en 2020.

Gentrificación y turismo

La contracara de estas medidas son las denuncias por los efectos negativos de la gentrificación y la llegada masiva de turistas. Por un lado, está la situación en el barrio de Saint-Denis, una localidad empobrecida al norte de París, receptora de migrantes provenientes del norte de África. En esta zona se construyó la Villa Olímpica, que alberga a unos 10,000 deportistas, y un complejo náutico con un aforo de 5,000 personas. En torno a estas construcciones, se desató una polémica por la coincidencia entre la realización de los JJ. OO. y la reubicación de población migrante en situación de calle.

De igual manera, la llegada masiva de turistas ejerce presión sobre el uso de equipamientos urbanos y causa malestar en los habitantes de las ciudades anfitrionas. Se estima que a París arribarán 11.3 millones de visitantes, situación que incrementa los costos en alimentación y alquileres inmobiliarios. 

Además, provoca el desplazamiento de la población en los suburbios, como en el caso de Saint-Denis, y genera una sobrecarga en el sistema de transporte (atascos de tráfico y sobrecupo en el metro). Todo esto se suma al trastorno de la vida cotidiana de los parisinos, que tendrán que lidiar con los molestos controles de seguridad en una ciudad amenazada por ataques terroristas.

Los JJ. OO. de París se han publicitado como los primeros en organizarse alrededor de principios ecológicos, lo que se observa en: la eliminación del aire acondicionado y la implementación de sistemas alternativos de enfriamiento en la Villa Olímpica, la reducción en las construcciones y el fomento de transportes diferentes al automóvil en las zonas aledañas a los escenarios deportivos. Con estas medidas, se espera reducir en un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con otras ediciones olímpicas.

A pesar de estos esfuerzos, la concentración de grandes cantidades de personas en una sola ciudad no contribuye a la lucha contra el cambio climático. Por este motivo, se ha propuesto que los JJ. OO. se realicen en diferentes lugares del mundo para reducir la huella de carbono generada por el aumento de la demanda de viajes aéreos.

Finalmente, los JJ. OO. tienen como principio la inclusión y la no discriminación. En la edición olímpica de París sobresalen los casos de la atleta keniana Maximila Imali, que fue excluida por los altos niveles de testosterona que presenta su cuerpo, y la prohibición a las atletas francesas musulmanas de portar el hiyab. Estas situaciones muestran que los JJ. OO. se estructuran sobre la belleza de las proezas atléticas y unos ideales que deben ajustarse a la conflictividad social y política.

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