Por una política y una justicia garante de un mejor estado - Razón Pública

Por una política y una justicia garante de un mejor estado

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Por: Martha Lucía Ramírez Candidata presidencial por el Partido Conservador Colombiano
En términos de organización del Estado, la tarea continúa siendo una deuda con el pueblo colombiano. Hoy con un Estado más fuerte y con mayor presencia en gran parte del territorio, se continúan presentando problemas que ponen de ante mano la necesidad de garantizar la efectiva división de las ramas del poder público, el reto de tener un sistema judicial oportuno, eficiente y garante de la ley, contar con instancias del control público legitimadas y partidos políticos y elecciones que reflejen la visión de país de los colombianos.

La corrupción, la politización, la ineficiencia, la personalización y conveniencia personal por encima de la institucionalidad, honestidad, independencia y eficiencia en el funcionamiento del Estado son males que han afectado el funcionamiento y legitimidad del Estado Colombiano. Es por esto que planteamos la presentación simultánea de dos reformas que el país requiere con urgencia: una reforma a la justicia y una reforma política, las dos, por supuesto, requieren reformar la Constitución, pero sobre todo requieren acabar con la indolencia y permisibilidad a las conductas que han afectado al Estado. Se debe volver a la formación en VALORES DESDE LA FAMILIA, acabar con la cultura de lo fácil, de lo superfluo, rescatando el respeto por el otro y los procedimientos por los conductos debidos.

La reforma a la justicia la he planteado en nuestro programa de gobierno en el marco de los Cinco Pactos Nacionales a los que me comprometo y pretendo trabajar con todos los colombianos. El Pacto por la Justicia, este pacto requiere de una trasformación profunda y generalizada, la cual no puede ser llevada a cabo únicamente a través de normas jurídicas, sino que para ello es necesario invitar a toda la comunidad a participar de manera activa y comprometida, en su calidad de usuaria y veedora de la misma.

La Rama Judicial tiene grandes problemas que impiden que el sistema sea ágil y efectivo. El primero está relacionado con la congestión judicial y la acumulación de procesos. En 2012, la justicia inició el año con un inventario de 2.532.621 procesos y lo terminó con 2.309.721 en su inventario final, un número muy alto de procesos acumulados.

Según el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, los países que más han mejorado la eficiencia y agilidad de la justicia son aquellos que ven como una prioridad los procesos gerenciales, logísticos y tecnológicos de la justicia. Colombia actualmente ocupa el puesto 95 entre 148 países en el ranking de indicadores de eficiencia para resolver disputas.

El segundo problema es la falta de efectividad en la gestión de los recursos, tal como lo señala un estudio del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. Es preocupante que la falta de eficiencia conlleve a un retraso en la implementación del Código General del Proceso (CGP) y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPCyCA).

En Colombia se invierten en promedio 1.346 días en un proceso comercial, lo que supera en mucho los 727 días registrados por los demás países de la región y los 510 de los países de la OECD. Asimismo, los costos como porcentaje de la demanda en Colombia son del 47,9%, frente al 30,8 de los demás países de América Latina y el Caribe, y el 20,1% de los miembros de la OECD.

Por lo tanto algunas de nuestras propuestas en el marco del Pacto por la Justicia son:

a.  Reforma constitucional estructural de la Rama judicial para asegurar la independencia de las ramas del poder público, donde los magistrados de las altas cortes se elegirán bajo un mecanismo nuevo y que por tanto la rama legislativa no elegirá magistrados.

b.  Estableceremos un sistema de inhabilidades más rígido para altos funcionarios de la Rama Judicial extendiéndose a familiares de cierto grado para evitar las componendas y el tráfico de influencias en los nombramientos de personal en aquellos organismos cuya cabeza es nombrada por las cortes.

c.  Castigaremos drásticamente la corrupción en magistrados y jueces

d.  Dignificaremos la actividad profesional de los jueces, magistrados y fiscales generando criterios de selección, llevando a los mejores a la magistratura.

e.  Impulsaremos la descentralización de la justicia llevando los juzgados a todos los municipios de Colombia. Volveremos a los jueces promiscuos.

f.  Contaremos con herramientas de seguimiento de la actividad judicial, para acabar con la impunidad.

g.  Dotaremos al sistema judicial de la infraestructura física y tecnológica para que todos los movimientos dentro de los procesos judiciales sean accesibles en internet, con el  objetivo de lograr una justicia ágil, transparente y auditable por los ciudadanos.

h.  Crearemos Palacios de justica que permitan agilizar los trámites judiciales en las diferentes ramas del derecho, creados mediante Alianzas Público Privadas.  

i.  Ampliaremos las facultades de los Centros de Atención Inmediata (CAI) para que los ciudadanos presenten  denuncias en sus barrios.

j.  Sustituiremos el Consejo Superior de la Judicatura por un tribunal encargado de la actualización de los funcionarios de la Rama Judicial y de ejercer funciones disciplinarias.

k.  Robusteceremos la acción de tutela, para que todos los ciudadanos tengan acceso a esta herramienta. Para incrementar la seguridad jurídica, las acciones de tutela contra sentencias judiciales ejecutoriadas tendrán un límite máximo de tiempo para su presentación.

l.  Fomentaremos los procesos abreviados y de forma oral, en busca de la descongestión judicial.

m.  Trabajaremos por establecer la prohibición de la reelección del Procurador y el Fiscal General de la Nación.

Sin embargo, estamos convencidos de que la situación de la justicia no se resuelve simplemente con modificar normas o estatutos. En últimas, la justicia de un país no es un únicamente un mecanismo a través del cual se resuelven conflictos o se expiden sentencias. La sensación de vivir en un país justo, la experiencia de cada ciudadano y su sumatoria ciudadana es lo que define si tenemos una sociedad con futuro, en donde se puede invertir, en donde vale la pena construir un proyecto de vida, crear una familia, echar raíces y extender las alas.

Y eso no se logra únicamente con mecánica jurídica, la justicia como valor nacional, depende mucho de una cultura de la legalidad que saque de una vez por todas a la corrupción de nuestro sistema judicial.

Nuestra propuesta de reformar la justicia, donde los magistrados de las altas cortes se elegirán bajo un mecanismo nuevo, responde a que tenemos una justicia politizada. Una justicia que se vuelve instrumento de la política es una tragedia nacional.  Por eso, no solamente he propuesto eliminar la reelección presidencial, sino que pretendo llevar a cabo una Reforma Política para construir partidos que se encarguen de aumentar la legitimidad de las instituciones del Estado, representando las visiones y demandas sociales. Contando así con partidos políticos que no sean solamente un vehículo para que uno u otro personaje sea elegido, sino que sus miembros tengan responsabilidad en el actuar frente a la ideología que representan.

Lo que ha sucedido es que el ejecutivo ha venido cooptando el Congreso, destruyendo la independencia de los poderes y la esencia de los partidos, elementos que nos impiden contar con una verdadera democracia. Una de los principios rectores de nuestra reforma política será que los acuerdos políticos del gobierno deben ser con los partidos y no con los congresistas a destajo.

Es necesario fortalecer partidos con posiciones ideológicas claras y fuertes, y debates internos reales. Para eso le daré estructura a unos partidos fuertes desde lo ideológico, con una efectiva representación de las bases del partido, una estructura democrática interna para que estén blindados contra quienes pretenden tomarse su vocería con intereses económicos, burocráticos o en la contratación pública. Es fundamental reconstruir la legitimidad de los partidos y fomentar el desarrollo de liderazgos a su interior. Esto es lo que necesitamos para creer en los partidos políticos nuevamente  bajo el marco de la institucionalidad y la democracia. Vamos a mostrarle a los colombianos, que esta será una  reforma que garantice un comportamiento ético en la política nacional, pretendiendo devolverle a la política su razón de ser y sacando a la corrupción del ámbito político. Tenemos la vocación de recuperar el tono moral de Colombia, porque hemos padecido su corrupción y "mermeladización" descarada. Ambas, la reforma a la justicia y la reforma política las haremos de cara al país.

 

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